LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

Acabo de recibir una carta del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la que me comunica que con efecto 1 de Enero, mi pensión va a ser incrementada en un 0,25%. La leí con resignación al acordarme que a final del año pasado, en una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había admitido que ese 0,25% es un alza modesta, pero que va a tener un mayor efecto en la capacidad de compra de los pensionistas, al coincidir con una inflación igual a O o negativa.  Me acordé igualmente de que, tiempo atrás, el Presidente también había dicho que en el tema de las pensiones, el Gobierno hace lo que puede.

Ese 0,25% que se está aplicando por segundo año consecutivo, es un índice de revalorización de las pensiones que teóricamente tiene como objetivo contribuir a conseguir la estabilidad financiera de las pensiones, a medio y largo plazo. Y probablemente se seguirá aplicando en años futuros ya que, según sostiene la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF), el sistema de pensiones estará en déficit al menos hasta 2020.

Lo cierto es que, incumpliendo sus promesas electorales y después de haber negado de modo reiterado que no iba a tocar las pensiones, el Sr. Rajoy incumplió manifiestamente la propia legislación que en aquél momento existía para regularizar las pensiones y privó a los pensionistas de su adaptación al incremento del IPC que legalmente les correspondía. No me sorprende esto porque ya estoy acostumbrado a que el Presidente del Gobierno diga una cosa para hacer justamente la contraria. Dice reiteradamente que las medidas de pensiones son “difíciles y dolorosas" o que "no hacemos lo que nos gusta sino lo que podemos" o "que el objetivo es equilibrar el presupuesto". En resumen justificaciones, justificaciones y más justificaciones.

Pero, en realidad ¿el Gobierno está haciendo verdaderamente lo que puede?.. Pues yo digo categóricamente que no. Sólo ha metido  la tijera en pensionistas, trabajadores y funcionarios, pero sigue resistiéndose reiteradamente en aplicar medidas en las castas políticas.

A modo de ejemplo, ha habido una iniciativa popular firmada por más de 500.000 ciudadanos (mínimo legal exigido para poder formularla), en la que se sometía al Parlamento una Proposición de Ley para eliminar las prebendas que los políticos tenían una vez acabado su mandato. Con todo el descaro del mundo el Presidente del Congreso acordó no admitir a trámite esta iniciativa, escudándose en que el artículo 72 de la Constitución, reserva a las Cámaras, de modo exclusivo, este tipo de iniciativas. Si hubiera habido voluntad política de recortar, seguro que sí se habría admitido a trámite.

Y ¿para cuándo las reducciones de empresas públicas deficitarias de lo que tanto se habló? Apenas se ha reducido un 5%. Y ¿para cuándo la supresión del Senado que no sirve de nada? Y ¿para cuándo el recorte, solapamiento de competencias, y centralización de Administraciones Autonómicas y Ayuntamientos?

Y si hablamos de carga impositiva, en vez de tantas subidas de IVA y otros impuestos, cuando de una vez por todas, va a dar órdenes para que el 80% de los efectivos de la Agencia Tributaria sean orientados a intervenir y fiscalizar las grandes fortunas y las grandes empresas, que es donde están las grandes bolsas de fraude?

No sigo poniendo más ejemplos porque me indigno aun más... Sólo decirle Sr. Rajoy que Vd. ha prometido electoralmente unas cosas y está haciendo todas las contrarias. Está actuando como un funcionario de la UE y sólo se limita a cumplir sus instrucciones y para limitarse a hacer sólo esto, nos sobran políticos en España. Funcionarios cualificados que los tenemos y muy buenos, podían gestionar sin problema todas esas instrucciones que nos llegan de Bruselas.

Ya no me vale eso de escudarse en la herencia del anterior gobierno socialista. Al igual que el Sr. Zapatero ha sido el peor de los presidentes que hemos tenido, usted se está convirtiendo en el Presidente que está incumpliendo todas sus promesas. Yo a esto lo llamo fraude político.

FRAUDE FISCAL

Con el objetivo de que aflorara el dinero oculto de los defraudadores, el gobierno del Sr. Rajoy concedió una amnistía fiscal que siguió a otras dos anteriores que habían decretado los gobiernos socialistas. Además de que, a mi juicio, estas amnistías son a todas luces anticonstitucionales (se vulneran los principios de igualdad y progresividad que han de regir el sistema tributario conforme al artículo 31 de la Constitución), constituyen también un agravio comparativo con los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias. Y por si fuera poco, los resultados conseguidos han sido un auténtico fracaso, ya que frente al desmedido optimismo del Ministro Sr. Montoro, se ha impuesto la cruda realidad de los datos: De los 2.500 millones de recaudación previstos, finalmente sólo se consiguieron unos 1.200 millones. Es decir, el 10% que se pedía en la amnistía fiscal, al final sólo se quedó en el 3% que está muy lejos de los tipos que los ciudadanos pagamos en nuestro impuesto sobre la renta.

Además del fiasco recaudatorio que ha representado esta última amnistía, hay algo que veo bastante claro y es que este gobierno y tampoco los anteriores han tenido auténtica voluntad política de atajar este problema, máxime cuando estamos en una crisis brutal y era primordial  meter la lanza donde realmente interesaba. No es de recibo que se suban los impuestos a las clases medias y bajas y que se dedique el 90% de los efectivos de la Agencia Tributaria a controlar las pequeñas discrepancias de los asalariados y a fiscalizar a trabajadores, autónomos y pymes y que sea sólo el 10% restante, el que se dedique al gran fraude de las grandes empresas y las grandes fortunas, que es donde verdaderamente está el problema y que además a ese 10%, en muchos casos, les sugieran sus jefes políticos, oye mejor no toques ahí. Y claro, esta falta de voluntad nos ha llevado a que después de Grecia, España, junto con Italia, sea al país con más nivel de fraude de la zona euro.

El gobierno actual engañó vilmente a los ciudadanos diciéndonos que la amnistía fiscal era una alternativa a la subida del IVA y unos meses después nos sorprendió subiéndonos los tipos del IVA. Los dirigentes se limitaron a decir que no había otras alternativas a esta subida. Pues Sr. Rajoy sí había otras muchas alternativas, lo que ocurre es que Vd. no tuvo la voluntad de aplicarlas. Por ejemplo voy a apuntarle algunas: ¿por qué no dio instrucciones en la Agencia Tributaria para que modificara sus procedimientos, y en vez de destinar al 90% de sus efectivos a  cruzar datos y ver si hay discrepancias entre esos datos y lo que se declara, supervisar a esos asalariados que ya tiene controlados por el IRPF, o a esos pequeños ahorradores que tienen alguna renta del capital, o a esos pequeños autónomos y Pymes, los dirigiera a inspeccionar e investigar las grandes bolsas de fraude? Si como el Gobierno bien sabe, las bolsas de fraude mayores están en las grandes empresas y en los grandes patrimonios ¿por qué sólo dedica el 10% de los efectivos a estas bolsas? Resulta obvio que es más complicado investigar y descubrir el gran fraude que el pequeño que en la mayor parte de los casos se descubre con el cruce de datos que proporciona el potente sistema informático de la Agencia Tributaria.

El Gobierno habla continuamente  del objetivo prioritario de luchar contra el fraude (el Ministro Montoro lo repite continuamente), pero, lo cierto es que se trata de palabras huecas porque después se ve que ese objetivo no se corresponde con los medios que se están aplicando. Sólo basta fijarse en los Presupuestos Generales del Estado para ver que de los grandes objetivos de la Agencia Tributaria que son la atención al contribuyente y lucha contra el fraude, es precisamente en este objetivo de lucha en el que hay una bajada superior en efectivos. En 2014 ha habido 700 efectivos menos que en el ejercicio anterior.  Si a esto añadimos además que como medidas contra el fraude, lo único que se ha establecido es la publicación de la lista de morosos, mal vamos. ¿Por qué en vez de morosos, no se publica la lista de defraudadores que sería más efectiva que cualquier otra cosa? 

El Presidente de Geshsa dice públicamente que los 8.000 técnicos del Ministerio de Hacienda, en los últimos años tienen sus competencias cada vez más limitadas que sus manos están atadas frente al fraude y que deberían de dárseles más competencias para dedicarse más a la investigación de los grandes patrimonios y las grandes empresas. Ahora dice que básicamente están dedicados a los contribuyentes del IRPF y rentas del trabajo. Vamos, que en ese término que tanto le gusta al Sr. Rajoy, quieren dedicarse a lo que realmente interesa...También dice que deberían de publicarse los datos sobre lo que pagan las grandes empresas transnacionales (cada dos por tres aparecen artículos sobre lo que paga por ejemplo Apple, Microsoft o Twiter).

Otra alternativa es meterle mano al Impuesto de Sociedades, ya que como el Gobierno bien sabe ese tipo del 30% que tienen que pagar las grandes empresas como impuesto, al final, como consecuencia de bonificaciones y deducciones de todo tipo,  queda situado en un 10 u 11% y en cambio las pymes terminan pagando un 25%. Esto tampoco es de recibo.

Y qué decir de las  Simcav refugio de grandes fortunas, tributando sólo al 1%. Más vergonzoso aun ¿no les parece?

Por último, otra alternativa más en aras a la brevedad, porque hay otras muchas, ¿por qué no se modifica el delito fiscal en el Código Penal agravando determinadas situaciones y endureciendo las sanciones? Y paralelamente ¿por qué no se modifica la norma de funcionamiento de la Agencia Tributaria alargando plazos de inspección y de prescripción así como endureciendo también las sanciones?

Sr. Rajoy si de verdad como reiteradamente dice "hay que dedicarse a lo que interesa", ¿por qué no lo hace ya y mete mano a las bolsas de fraude fiscal que es lo que interesa? Por algunos motivos probablemente inconfesables, no lo está haciendo y yo a esto lo calificaría como "fraude político". Al menos a mí políticamente me está defraudando.

NOS HAN ESTADO SAQUEANDO

En el telediario de hoy a mediodía, se ha dado la noticia de que había sido detenido por la Guardia Civil, el ex Consejero de la Presidencia de Madrid, Francisco Granados. Junto a él, según parece, han sido detenidos algunos alcaldes y también el presidente de la Diputación de León. Una trama corrupta más que se une a la Trama Gürtel; Caso Palma Arena; Caso Noos; Operación Campeón; Operación Marea; caso de los Eres falsos; caso Pokemon; caso Banca Catalana; caso Filesa; escándalo de la Complutense; caso Tabacalera; Fraude del papel del BOE; Operación Malaya; Caso Palau, Bankia, CAM, y otra larga lista de casos más que pasan a formar parte de las casi 1.700 causas que están viendo los Tribunales con más de quinientos políticos imputados.

 Esta es una muestra de los niveles de corrupción que tenemos en España,  y que a diferencia de otros países, no tiene su origen en policías corruptos, o narcotraficantes, o empresarios mafiosos. En nuestro país el origen de la corrupción está claramente localizado en las castas políticas que incurren en delitos como la prevaricación, la revelación de secretos, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y quizá algún que otro tipo penal que en este momento estoy olvidando. Sin control efectivo del gasto público los tentáculos de la corrupción se han extendido a todos los niveles de las administraciones públicas, hasta el extremo que la propia Unión Europea, ante este desmadre, ha publicado un informe del GRECO (Grupo de Expertos sobre la corrupción en España), donde nos critica abiertamente al tiempo que exige que de modo urgente se restaure la credibilidad de las instituciones.

Basta con ver un mapa de la corrupción que circula por la red para comprobar que los partidos políticos de todo orden y condición, en connivencia con entidades financieras y algunas empresas, nos están saqueando materialmente. Muchos sillones de Diputados, Senadores, Consejeros, Ministros, Alcaldes y cargos públicos de diferente nivel, están siendo ocupados por políticos muy bien protegidos y blindados por sus partidos, aun cuando  podían estar procesados por malversación, cohecho, falsedad, apropiación indebida y muchas cosas más que omito para no alargar en exceso este artículo.

Por todo lo que se ha ido leyendo en la prensa en los últimos tiempos, es público y notorio que muchos políticos, blindados por sus partidos, conceden subvenciones a empresas amigas y sindicatos, dan puestos de trabajo a miembros de sus familias, cobran comisiones ilegales, recalifican terrenos arbitrariamente incluso aunque estén protegidos, conceden contratos públicos a amigos, realizan obras faraónicas para quedarse con buenos pellizcos de comisiones. Con todas estas operaciones, al tiempo que ellos forran sus carteras, van creando una red de clientelismo, repartiendo favores para asegurarse de este modo su reelección.

Y ¿qué decir de las Cajas de Ahorro como la CAM, o Castilla la Mancha, o Bankia?  Pues que gestionadas por políticos incompetentes, han dado créditos a constructores amigos, han financiado irregularmente a instituciones y partidos, han cobrado unos sueldos y primas millonarias, han utilizado las famosas tarjetas negras, las han dejado quebradas y ahora todos se van de rositas sin que ni los Tribunales ni los dirigentes políticos pongan mucho esfuerzo para recuperar todo el dinero que ha sido literalmente saqueado.

Y claro, para tejer bien la tela de araña, los partidos políticos ya se han ocupado de maniobrar para conseguir la politización de la Justicia y así se blindan aún más frente al riesgo de sentarse en el banquillo de los acusados. Es incuestionable que, de haber habido una justicia auténticamente imparcial, las cosas hubieran sido muy diferentes y estos altos niveles de corrupción política no se habrían permitido. 

Si no nos movilizamos para terminar con la impunidad de los políticos, para conseguir que se empiece a administrar justicia de modo imparcial, para sentar a los corruptos en el banquillo de los acusados y para  que devuelvan el botín que han saqueado, embargándoles todos sus bienes presentes y futuros, de nada nos va a servir sólo con lamentarnos. Con este escenario de corrupción, no me extrañaría nada que Podemos vuelva a arrasar en las próximas elecciones. Los partitócratas se lo están poniendo a huevo.

EL PROBLEMA DE ESPAÑA ES SU SISTEMA POLITICO

Contrariamente a lo que nos quieren hacer ver los políticos, los problemas de calado de España no son que los ciudadanos hayamos gastado más de lo que teníamos, o que tengamos unos sueldos muy altos (máxime cuando más de un 65% de la población ocupada gana menos de mil euros mensuales). El problema tampoco está en las pensiones de los jubilados, habida cuenta de que la pensión media está fijada en 802€, cifra esta que es un 37% más baja que la media de la Unión Europea. Tampoco está el problema en  que los españoles trabajemos pocas horas, ya que independientemente de lo que se marque en convenios colectivos generales o de las empresas, se sabe perfectamente que aquí, en la práctica, se trabajan muchas más horas que en otros países europeos. Tampoco es un problema el nivel técnico que tenemos, con muy buenos niveles de talento, creatividad, capacidad de nuestras empresas y con un alto nivel de  profesionales, ingenieros, médicos, investigadores. etc.

El verdadero problema de España es que las oligarquías políticas, financieras y económicas han ido tejiendo un  Modelo de Estado  a su medida. Los gobernantes, también de modo progresivo, han ido eliminando la independencia del poder judicial y de los órganos de control del Estado. Sin separación de poderes, sin independencia del poder judicial, sin órganos de control independientes y sin diputados y senadores que sólo representan a los partidos políticos que los han puesto en sus listas, en vez de representar a los ciudadanos que los han votado, mal pueden ir las cosas.

El verdadero problema de España es que tenemos unas autonomías, unas diputaciones y unos ayuntamientos que con unos niveles de descontrol y despilfarro que están dilapidando casi dos tercios de todo el gasto público (245.000 millones). El verdadero problema de España es que tenemos unos niveles de corrupción política, de todo punto inaceptables.

El verdadero problema de España es que teníamos unas  cajas de ahorro totalmente politizadas, que los que sus dirigentes han llevado a la bancarrota y que al mismo tiempo que engañaban a sus clientes con las preferentes, ellos se forraban asignándose unos sueldos archimillonarios,  que además complementaban con las famosas tarjetas de crédito blak.

 Es inaceptable que el Gobierno, recorte partidas para financiar educación, sanidad, o justicia y con la otra mano haya inyectado con dinero público 23.000 millones a Bankia, 16.000 millones a CAM o 7000 millones a algunas otras más pequeñas...¿por qué no liquidó y cerró estas entidades en vez de financiarlas? ¿Por qué no pidió el procesamiento de sus dirigentes? Y si por razones técnicas decidió rescatarlas, ¿por  qué usó fondos de todos los españoles como son los del FROB en vez de pedir los fondos que le ofreció Europa.

En mi opinión, antes que haber pedido dinero a Europa y con ello que todos los españoles quedemos endeudados durante generaciones, sufriendo la crisis durante muchos años, lo que hay que hacer lo más pronto posible es cambiar radicalmente  el sistema político y financiero. Hay que luchar para romper esas oscuras alianzas de las oligarquías políticas y financieras. Hay que luchar para que los ciudadanos dejemos ser esos meros comparsas que sólo servimos para ir a las urnas a votar a las listas que los partidos políticos nos ponen delante y para que de verdad empecemos a tener peso y participación en las decisiones políticas.

El timorato gobierno del Sr. Rajoy tiene que dejar a un lado palabras huecas, y empezar a moverse con rigor y firmeza para reformar profundamente Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos, que en este momento, en unos casos están fuera de control y en otros están en una clara bancarrota y llenas de corrupción por todas las esquinas. Y si tiene que convocar un referéndum para modificar todo esto, pues que lo haga a la mayor urgencia.

Ya es hora de acabar con los drásticos recortes sociales y fuertes subidas en las cargas impositivas. Por el contrario, hay una ingente cantidad de gastos con unas cifras muy relevantes, que claramente se pueden eliminar. No nos podemos permitir diecisiete Autonomías, con dicieisiste servicios multiplicados, con diecisiste servicios de meteorología, con diecisiete defensores del pueblo, don un montón de embajadas, con 60 canales de televisión local que generan fuertes pérdidas, con  3.500 empresas públicas que dan empleo al clientelismo de los partidos, que ocultan sus deudas y que no tienen control financiero alguno. Aquí hay materia suficiente para meter la tijera a fondo.

Tómense medidas para acabar con los escándalos de la corrupción. No podemos esperar más tiempo.  Hay que meter en la cárcel a toda esa red de corruptos, para que además de que se les apliquen las correspondientes sanciones penales, respondan con su patrimonio presente y futuro, de todo lo que han defraudado.

El déficit del Estado sigue creciendo y por una razón muy clara, porque se está gastando para seguir financiando el serio despilfarro de comunidades y ayuntamientos a los que les trae sin cuidado eso de la disciplina financiero fiscal. Todos están mintiendo y maquillando cifras. Además, algunos como Cataluña o Euskadi, no hacen más que presionar para conseguir privilegios.

Por tanto, Sr. Rajoy, no nos venga con eso de que estamos en el buen camino. Vd. sabe que eso no es cierto. Acepte de una vez por todas que los ciudadanos tenemos un grave déficit de democracia representativa. Acepte que como los políticos no han tenido ningún control, han despilfarrado las ayudas que hemos venido recibiendo de Europa. Acepte que con estas políticas corruptas han destrozado empleos, talento, creatividad, hasta el extremo de que un gran número de jóvenes muy bien formados, tienen que salir de España para trabajar. Acepte que con estas desastrosas políticas, están diezmando a las clases medias.

En resumen, no se trata de que los españoles trabajemos poco, o tengamos sueldos altos, o hayamos gastado más de lo que teníamos, como reiteradamente dicen. El problema es que tenemos un sistema político ineficaz, ineficiente, lleno de nepotismos y clientelismos, en muchos casos corrupto y que si no se acaba con él, terminaremos en una España arruinada para las próximas generaciones.

En este estado de cosas, a mí no me parece nada fuera de lugar que los alemanes, la UE, el BCE o el FMI, nos estén pidiendo aun más reformas. Tampoco me sorprende que surja Podemos con tantos apoyos. Los ciudadanos estamos cansados.  Así que Sr. Rajoy, señores dirigentes de la oposición, menos  discursos huecos y más rigor en la aplicación de medidas para eliminar de una vez por todo el sistema actual y para cargarse toda esa red de oligarcas políticos y económicos corruptos, que son los únicos responsables de lo que nos está ocurriendo.

LA TIENDA DEL BARRIO

Ayer, moviéndome por Facebook, me encontré con uno de los muchos mensajes que circulan por la red social y que decía “Para qué compras en las grandes superficies y das beneficios a empresas multinacionales, de las que no sabes quienes son sus dueños, ni dónde están. Compra en las tiendas de tu barrio y así ayudarás a los autónomos que tienes al lado de tu casa.” ¡Caramba! reflexionando sobre esto, sin hacer ninguna valoración de a quien iban los beneficios de mis compras, me di cuenta de que en mi casa, se seguía al pie de la letra esta recomendación, ya que para las compras domésticas, recurrimos de modo habitual a las tiendas de al lado, donde conseguimos casi todo lo que necesitamos para nuestra intendencia diaria. Resulta cómodo, tienes un servicio personalizado, te tratan realmente bien y hasta son tus amigos. 

Para las compras habituales de carne, charcutería, vino, productos de limpieza o higiene, te bajas a Riodi donde te atienden con gran esmero, pulcritud y servicio. Dado que ya conocen tus gustos y preferencias, hasta te aconsejan sobre determinados productos que les acaban de llegar y que te pueden interesar. Además, aunque sean pocos los productos que te llevas, te facilitan la labor subiéndote a casa las bolsas de la compra. Si lo que necesitas es pescado, pues nada, te vas un poco más allá a ver a María la joyera (digo joyera porque en vez de pescado, lo que vende son joyas pisciformes) y le compras esa merluza que te encargó tu mujer, bueno, o terminas desobedeciendo a tu mujer y sales de allí con ese pez que te miró mal en el expositor y viendo la mirada cómplice de María le dijiste, pónmelo. Además, para que no esperes, le dejas el encargo, te va limpiando o cortando el pez, te vas a hacer tus cosas y a la vuelta a casa, ya recoges la bolsa y te la llevas.

Y para  todo lo demás te vas al Trampolín. Quiero comentar especialmente y quizá con mucho énfasis, lo que pasa en esta tiendina que yo suelo llamar “la casa de socorro”, porque probablemente, aunque sus dueños ni tan siquiera sean conscientes de ello, están practicando un márketing comercial digno de ser estudiado en las escuelas de negocios. El Trampolín era una tiendina pequeñita, situada al lado de un cine, que vendía chuches. De pronto el cine cerró y esto obligó a que los dueños de modo urgente a dar un giro radical a su negocio y llegaron a lo que hoy es.

Sus dueños Chelo y Jovino, son unas personas buenas donde las haya, muy trabajadoras y muy singulares. Frecuentemente, cuando están atendiendo a los clientes, riñen entre ellos y consiguen que nosotros los clientes entremos en el conflicto y mediemos en favor de Chelo si la cliente es una mujer, o a favor de Jovino si el cliente es un hombre. (se hacen notar. Gran regla del márketing). Cuando paso por delante paseando a mi perra, hago un gesto y digo: “Una especial de la casa” y cuando vuelvo del paseo entro y ya tengo una chapata preparada con el grado de cocción que a mí me gusta. Si quiero un periódico o una revista, allí la tengo. Si las tiendas ya están cerradas y necesito una botella de leche, de aceite o unos ajos, allí los tengo. Si quiero unos huevos de aldea, allí me los consiguen. Si quiero unas patatas de buena calidad, ellos me las proporcionan. Si quiero fruta, allí tengo la mejor. Una empanada para ir de excursión, un croissant para desayunar, allí hay. Desde las 8 de la mañana hasta casi las 11 de la noche, allí están al pie del cañón.

Y si faltara poco, aplican, probablemente también sin saberlo, una de las máximas del marketing que es “la fidelización del cliente”. Adoran las mascotas y todos los perros del barrio pasan por allí en busca del trozo de empanada o de cualquier otra cosa que Chelo y Jovino les dan. Si pasas con un niño, sale de allí con una chuche. Y ojo que un niño o un perro van a tener preferencia frente a cualquier cliente (el cliente que espere que pa eso ye de la casa). ¿qué más se puede pedir?

En resumen, aunque los productos puedan ser algo más caros, porque en esas tiendas de barrio no te vas a encontrar con las ofertas de las grandes superficies, al menos a mí me interesa pagar ese sobreprecio, por la comodidad y la calidad del servicio que recibo en ellas. Y además, de paso, contribuyo a que esas personas autónomas que trabajan mucho y muy duro, puedan ganarse la vida, porque además, en definitiva estos negocios son las que contribuyen a sustentar nuestra economía. 

LIBERBANK Y LAS PREFERENTES

La plataforma de afectados por las preferentes estudia la posibilidad de demandar a Liberbank por despilfarrar recursos públicos.

Hace ya un tiempo, he venido leyendo noticias relativas a las actitudes que Liberbank estaba manteniendo con sus clientes afectados por el ya superconocido escándalo de las preferentes.  De modo sintético, en una de esas noticias se decía que esta entidad “se recapitaliza utilizando a los afectados por el fraude de las preferentes y las subordinadas, continuando el expolio a decenas de miles de ahorradores”. Liberbank pretendía canjear los productos tóxicos que las Cajas de Ahorro que la integran, habían comercializado de modo fraudulento. En otra noticia se decía literalmente que “Cajastur hizo la emisión más grande de productos tóxicos dentro de todas las Cajas integradas en Liberbank”. Bajo un supuesto “plan de fidelización” la entidad les animaba a que desistieran de su derecho a una demanda judicial, a cambio de mantener sus títulos durante dos años, sin garantías de recuperar su dinero en efectivo. La última de las noticias que leí decía “Caja Cantabria, cinco engaños consecutivos para sus clientes”. Los afectados por las preferentes ya han iniciado las demandas judiciales para defender sus derechos.

Cuando empezaron a dictarse reiteradas sentencias condenando a entidades por la comercialización fraudulenta de estos productos, muchas cajas y bancos implicados en la comercialización, se movieron para buscar transacciones amistosas con sus clientes que evitaran litigios judiciales. Pero, Liberbank no hizo nada, miró para otro lado y provocó que los afectados empezaran a formular demandas ante los Tribunales de modo masivo.

El resultado de todo esto es que ya empiezan a notificarse sentencias de estas demandas formuladas. Concretamente en estos últimos días en Santander se han dictado cinco sentencias que condenan a devolver del orden de 130.000€ por participaciones preferentes comercializadas por Caja Cantabria. Son las primeras. Los diferentes fallos aprecian manifiesta temeridad en la actitud de la Caja que pese a los intentos de conciliación previa, no se allanó a las demandas y no intentó ningún acuerdo amistoso que evitara el proceso, sabiendo como sabía que había reiterada jurisprudencia que declaraba nulos de pleno derecho estos contratos.  Concretamente, una de las resoluciones, en sus fundamentos aprecia “causa torpe” ya que las tres clientes afectadas, ni siquiera suscribieron, consintieron a conocieron la contratación de sus preferentes. Recoge la sentencia que fue Caja Cantabria quien las adquirió “unilateralmente” cargando su compra en la cuenta corriente de las afectadas, sin ni tan siquiera comunicárselo, utilizando para ello, de “forma irregular y no autorizada” de un contrato de gestión de valores suscrito muchos años antes de la fecha de compra de estas participaciones.  Considera el juzgador que la Caja se aprovechó de la confianza que en ella tenían sus clientas y “suplantó su consentimiento” para suscribir con el dinero que tenían en un depósito a plazo fijo, un producto de alto riesgo del que sólo se beneficiaba la Caja.  En todas las sentencias, por causas como no tener experiencia financiera, estar aquejado de una enfermedad degenerativa, ser analfabeto o causas parecidas,  Caja Cantabria resultó condenada a devolver el dinero con el interés legal devengado desde la suscripción del producto, además de imponerle las costas causadas en los procedimientos.

A la vista de estas primeras sentencias a las que seguirán otras muchas, no alcanzo a entender qué intereses puede haber el Liberbank para que no pegue un giro radical a su política y empiece a perseguir transacciones amistosas con los perjudicados que hayan reclamado o vayan a reclamar. He leído que la Plataforma de Afectados por las Preferentes, está estudiando la posibilidad de demandar a Liberbank, por despilfarrar recursos públicos al hacer caso omiso a la reiterada jurisprudencia que existe.

Yo, sin dudar, animo a cualquier afectado, a que se lance y presente una querella contra los dirigentes de Liberbank, ya que sabiendo como saben que van a ser condenados, malgastan de modo negligente o incluso doloso, los escasos recursos de una maltrecha Administración de Justicia, a la que se le resta el tiempo que emplea para dar coscorrones a la contumacia de Liberbank. Juegan también con el sufrimiento de sus antiguos clientes, que se ven obligados a ir al Juzgado y a esperar un año para que un Juez termine dándoles la razón, como no puede ser de otro modo. Toda una tomadora de pelo tanto para los afectados, como incluso para los ciudadanos a los que se les está hurtando la posibilidad de tener una administración de justicia más rápida.

¿POR QUÉ SE MANTIENEN LOS PRIVILEGIOS DE LAS SICAV?

Tras la dimisión del eurodiputado de IU Willy Meyer, todos los medios de comunicación se hacen eco de la lista de europarlamentarios españoles que suscribieron voluntariamente un fondo de pensiones gestionado por una sicav en Luxemburgo. Si bien esto es legal, considero que estos políticos han hecho la suscripción poniendo a un lado la etica y la estética.

El Sr. Rajoy ha venido aplicando toda una serie de medidas para equilibrar el déficit del Estado, pero lo ha hecho poniendo todo el peso de estas cargas sobre las espaldas de las clases medias trabajadoras, autónomos, funcionarios y pensionistas. Ahora quiere vendernos una reforma fiscal que prácticamente dejará las cosas como están. Pero, contrariamente a lo que sería deseable, sigue sin meter la tijera en los despilfarros de las castas políticas y en las grandes fortunas a las que protege descaradamente. Tampoco ha metido la mano en los privilegios fiscales de algunas instituciones de inversión colectiva, de las que, con total carencia de ética, se están beneficiando 38 eurodiputados españoles.

Estas Instituciones de Inversión colectiva están reguladas en la Ley de 4 de Noviembre de 2003 que considera como tal a aquellas que capten fondos, bienes o derechos de los ciudadanos, para su gestión. Concretamente, dentro de este tipo de instituciones están encuadradas, entre otras, las Sociedades de Inversión Mobiliaria (SIM) y las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV), llamadas ahora SICAV, que tienen un régimen fiscal especial mediante el que los beneficios que obtengan, van a tributar al tipo impositivo del 1%, en vez del general del 35%.

Estas SIM y SIMCAV, tal y como vienen denunciando los Inspectores de Hacienda, se están utilizando de manera abusiva, manipulando mediante testaferros (llamados en el argot financiero "mariachis", que no tienen interés alguno en la inversión y que son hombres de paja, muchas veces empleados de la propia gestora que no han efectuado ningún tipo de desembolso económico), las condiciones que permiten acceder a este régimen especial, haciendo que entraran en ellas patrimonios controlados por familias acaudaladas que, con hábiles maniobras, hacen que no se cumplan los requisitos de partícipes mínimo,  de frecuencia, de profundidad de cotización, de valoraciones de la cotización, de valores liquidativos (que son los verdaderos indicadores del valor real), etc.etc. Se consigue en definitiva, reducir al máximo la tributación en varios impuestos.

Debería de preguntarse a la Agencia Tributaria (AEAT) por qué no han dado ordenes a los Inspectores  de Hacienda (aun cuando estos han puesto de manifiesto las irregularidades, de modo reiterado), para que realicen actuaciones de comprobación, aun cuando esta cuestión está recogida en el Programa de Control Tributario para investigar la gestión irregular de estas entidades. Pese a estas advertencias, los Inspectores vienen diciendo que no se realizan actuaciones, debido a un conjunto de circunstancias que impiden hacer la investigación de estos fraudes tan sofisticados.

En el Programa de Control al que se alude antes, se señalan  como áreas de mayor riesgo fiscal, los paraísos fiscales, economía sumergida, blanqueo de capitales, utilización abusiva de los mercados de valores (SIM-SIMCAV), utilización abusiva del sistema de módulos (facturas falsas), tramas de fraude organizado, etc... Pero, ¿cual es la verdadera causa por la que la Inspección realmente no actúa? Pues la causa está en que a los Inspectores se les impone un objetivo cuantitativo en el número de comprobaciones, pero claro, este objetivo cuantitativo imposibilita que se puedan efectuar actuaciones investigadoras en las áreas de fraude sofisticado, ya que estas requieren mucho tiempo e impiden conseguir el objetivo cuantitativo de inspecciones a realizar.

En la misma medida que a la Agencia Tributaria, han de exigirse responsabilidades a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores ) y analizar por quien corresponda, las causas por las que dicho organismo no ha detectado las serias irregularidades que se producen. Hace unos años, la Inspección de Hacienda se puso en contacto con la CNMV, trasladándole las irregularidades que se detectaban en las primeras investigaciones que se estaban realizando en aquel momento. Sin embargo, la única preocupación para dicho organismo era que no se produjera ningún perjuicio económico para los inversores, resultándole indiferente si las SIMCAV tributaban correctamente o no, por el incumplimiento de los requisitos para poder gozar del régimen tributario especial. Le hubiera preocupado la situación si hubiera podido producirse un fraude o estafa a un numeroso grupo de pequeños inversores que hubieran depositado sus ahorros en un chiringuito financiero y los hubieran perdido. Pero en las SIMCAV no se producía dicha situación, y el único posible perjudicado era la Hacienda Pública, pero esta es lo suficientemente poderosa para defender por sí misma sus intereses.

En definitiva, si la propia Inspección de Hacienda lo deja tan claro, a qué espera el Gobierno para dar órdenes y meterse de lleno en esta gran bolsa de fraude fiscal. Por favor, no se conformen sólo con seguir achicharrando a las maltrechas clases medias. Dejen de proteger a las grandes fortunas, y empiece a meter mano a estas SIMCAV.. Por favor, no nos sigan defraudando.

MAS GARANTÍAS PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO

El pasado viernes 13 de Junio, ha entrado en vigor la  Ley 3/2014, por la que se modifica el texto refundido de la  Ley General de Defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias. Esta nueva norma pretende adaptar nuestro ordenamiento interno a la Directiva Comunitaria 83/2011 que tiene como objetivo implantar un marco legal común en todos los Estados miembros de la Unión Europea.  En lo que se refiere al comercio electrónico es una norma que mejora bastante la seguridad jurídica de las transacciones comerciales en internet.

De modo esquemático se puede decir que la nueva Ley introduce cinco novedades significativas en el comercio electrónico. A saber:

1.       Información previa a la celebración del contrato: La nueva ley supone un reforzamiento de la información al consumidor y usuario, a través de la ampliación de los requisitos de información precontractual exigibles en los contratos con consumidores y usuarios, que en el caso de los contratos a distancia han sido objeto de plena armonización por parte de la directiva. Así, el vendedor, con carácter previo a la celebración del contrato,  deberá de poner a disposición del comprador, de modo claro y comprensible,  información suficiente sobre el producto a comprar, así como del proceso de compra y de pagos.  Mas concretamente deberá de informar claramente sobre los precios del producto, sobre las condiciones de pago y las garantías financieras, en el caso de que se bloquee un importe en la tarjeta de crédito o de débito del consumidor o usuario, así  como de los gastos de envío o de cualquier otro gasto que lleve aparejada la compra y envío del producto. También deberán informar de la existencia de garantía legal de los productos así como de la existencia y condiciones de los servicios posventa y de las garantías comerciales que se otorguen.

2.       Derecho de desistimiento: Las modificaciones introducidas por la ley suponen una regulación más amplia del derecho de desistimiento en los contratos a distancia, que incorpora un formulario normalizado al respecto, que el consumidor y usuario podrá utilizar opcionalmente, al tiempo que se amplía el plazo para su ejercicio, de siete a catorce días naturales. En caso de que el empresario no facilite al consumidor y usuario la información sobre el derecho de desistimiento, se amplía el plazo para desistir del contrato hasta doce meses después de la fecha de expiración del periodo inicial.

3.       Precio y gastos adicionales: El vendedor debe de obtener antes del proceso de compra, el consentimiento expreso del comprador para que le carguen además del precio del producto, los gastos adicionales como por ejemplo embalajes, envío expres, etc. Como novedad, queda prohibido expresamente en uso de las casillas llamadas opt-out que quedaban marcadas por defecto para dar como válido el consentimiento del comprador.  Respecto al uso de los distintos medios de pago, se prohíbe a los vendedores el cobro de cargos bancarios que excedan del coste soportado por ellos en el uso de tales medios.

4.       Botón de pago: Al entrar en el proceso de pago, para disminuir el riesgo del común click rápido o poco meditado, el vendedor deberá velar y dejar muy claro al comprador, que este va a efectuar una compra y que expresamente es consciente de que el click que va a realizar, implica una obligación de pago legal.  La nueva ley se refiere al uso de la expresión “pedido con obligación de pago” , “comprar”, “realizar compra” u otra expresión similar. Expresamente tiene que quedar claro que al hacer click se ha realizado una compra y que se ha incurrido en la obligación de pagar su precio.

5.       Confirmación de la compra: Realizado el pago, el vendedor deberá de facilitar al comprador, en un soporte duradero y en un plazo razonable, la confirmación del contrato de compraventa. Normalmente esta confirmación se realizará por correo electrónico o a través de la propia web que incluirá un fichero descargable para ser guardado en el PC del comprador o para proceder a su impresión en soporte papel.

Aun cuando incuestionablemente esta ley ofrece mas seguridad en las transacciones, ha de quedar muy claro que, jurídicamente, su aplicación sólo va a estar en el ámbito comunitario y que por lo tanto sigue subsistiendo el riesgo y la inseguridad jurídica que existe en las transacciones comerciales que se producen fuera del ámbito europeo. Así, si como cada vez es mas frecuente, hacemos compras en sitios alojados en China u otros países asiáticos, debemos de saber que no vamos a tener ninguna seguridad jurídica y que por tanto la operación comercial puede resultar peligrosa.

Para quien quiera conocer mas a fondo este tema, dejo enlace a un artículo mio publicado en Noticias Jurídicas, que aunque antiguo, sigue teniendo vigencia:

 http://noticias.juridicas.com/articulos/20-Derecho-Informatico/200804-98765432109876.html

ESPAÑA UNO DE LOS PAISES LÍDERES EN FRAUDE FISCAL

Yo ya tenía bastante claro que en España existe un gran fraude fiscal y que quien verdaderamente soporta las cargas fiscales del estado español, son los ciudadanos de a pié y no los ricos ni las grandes empresas, pero, por si me quedaba alguna duda, hoy he visto un informe del Sidicado de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) que ya me ha disipado todas las dudas.

Los técnicos dicen que como consecuencia de la tibieza que han tenido nuestros sucesivos gobiernos en la lucha contra el fraude, España ocupa la tercera posición en el ranking de economías sumergidas de la UE, con un montante de economia sumergida equivalente al 24,6% del PIB.  Se achaca este fenómeno, entre otras razones, a la escasez de medios con los que cuenta la Agencia Tributaria para investigar y perseguir el fraude de las grandes empresas y las grandes fortunas que concentran el 72% de toda la evasión.

Resulta verdaderamente preocupante que en estos momentos, frente al escalofriante dato de que el 72% del total de la evasión fiscal, lo están cometiendo las grandes fortunas y las grandes empresas, sólo se dediquen el 20% de los efectivos de  la Agencia Tributaria a perseguir esta evasión, mientras que dedica el 80% de su plantilla a la comprobación e investigación de los pequeños fraudes fiscales que puede realizar ese ciudadano que olvidó declarar unos dinerillos en su declaración de hacienda, o esos gastos algo inflados que declaró el autónomo o la pyme para tratar de reducir su cuota tributaria. 

A la vista de estos datos facilitados por los técnicos de hacienda, hay algo que resulta incuestionable y es que el Gobierno, con una vergonzante actitud, está dedicando la mayor parte de su plantilla a perseguir a asalariados, autónomos y pymes, mientras que en sentido contrario se mueve con la mas descarada tibieza para perseguir a quienes verdaderamente realizan la gran masa de la evasión fiscal.

Sr. Rajoy, por favor, sea consciente de este problema, y siguiendo sus palabras de que va a dedicarse a lo que verdaderamente importa, dedíquese de verdad a perseguir a esos grandes nichos de fraude fiscal, centre a la gran parte de los técnicos de la Agencia Tributaria  en esa misión y y baje la presión inspectora de los ciudadanos de a pié que son los que de verdad están soportando la carga fiscal  (ya se les quita por la mano de sus nóminas) y que además son los que verdaderamente están siendo castigados por la crisis. Y si no lo hace, será Vd. el que está defraudando a todos los ciudadanos de a pié.

LOS BUITRES SOBREVUELAN ESPAÑA

Cuando empezó la fuerte crisis económica que sufrimos y se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria, los inversores internacionales abandonaron España. Ahora, algunos años después, fondos de inversión extranjeros (buitres), retornan a nuestro país en busca de las gangas del ladrillo que nos ha dejado la crisis.

 

¿qué puede estar ocurriendo? ¿por qué de modo repentino los especuladores internacionales vuelven a poner el ojo en España?. Sin duda alguna los buitres financieros nos están sobrevolando en busca precios bajos, tras muchos años de crisis. Empiezan a aparecer muchas oportunidades y grandes fondos de inversión internacionales llegan a la caza de chollos.

 

En sólo tres meses ya hay noticia de grandes operaciones especulativas sobre edificios y viviendas oficiales, sobre centros comerciales, sobre plataformas inmobiliarias de los bancos, o sobre pisos del banco malo. Estas son algunas de las operaciones conocidas:

 

• La Generalitat de Cataluña en Junio vendió trece edificios por 172 millones a la aseguradora AXA. Seguirá ocupándolos mediante un alquiler durante cinco años.
• La Comunidad de Madrid vendió al banco chino ICBC un céntrico inmueble.
• El Gobierno desamortizó 15.135 inmuebles.
• El Ayuntamiento de Madrid en Julio vendió 1.860 viviendas, por 128 millones, al fondo de inversión americano Blackstone.
• En Agosto, el Ayuntamiento de Madrid vendió por 201 millones, 2.935 pisos de protección oficial a Goldman Sachs.
• El edificio donde se ubica el Hotel Ritz y la Bolsa de Madrid es vendido a un inversor chileno.
• La aseguradora Allianz vendió por 17 millones a un grupo inversor venezonalo, el edificio que tenía en propiedad en Recoletos, 13.
• En Julio Caixabank vendió un edificio en Serrano 60, por 52 millones, al fondo Meyer Bergman. Y por 14,6 millones un fondo Suizo, Crescendo, compra el edificio de Serrano 85.
• El fondo Deka Immobilien compra por 19 millones un edificio en la Ronda San Pere 5 de Barcelona.
• El fondo Catar Qatari Diar compra el Hotel Vela de Barcelona en 200 millones.
• IBA Capital Partners compra el edificio del Corte Inglés en la Plaza de Cataluña, en 100 millones.
• Incus Capital compra tres centros comerciales de Sevilla, Alicante y Cuenca, a Morgan Stanley.
• El banco malo SAREB en Agosto vendió el 50% de 1.000 viviendas, por 50 millones, a HIH Capital. También vendió créditos de Colonial valorados en 245 millones, a Burlington Loan Management.
• Cataluña Bank vendió CXI, su compañía de gestión inmobiliaria, por 40 millones, al fondo Kennedy.
• Bankia vende su compañía de gestión inmobiliaria Hatibat, a Cerverus Capital, por 90 millones.
• Caixa vende el 51% de Servihabitat, al grupo Texas Pacific en 185 millones.
• BBVA vendió 1000 viviendas al fondo Baupost Group.
• El Banco de Sabadell vendió 278 oficinas, por 300 millones, al fondo mejicano FibraUno.

Para muestra basta un botón. Parece evidente que los grandes inversores están volviendo rápidamente para hacerse con todos los chollos que ha dejado la crisis. Esperemos que esto nos ayude.  Los buitres sobrevuelan España en busca de carroña.

LA CRISIS DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

¿Está en crisis el sistema público de pensiones?. No sé si hoy es esta la situación. Lo que si parece meridianamente claro es que el sistema atraviesa por dificultades y necesita ajustes para garantizar su futuro. Como todos sabemos, el esquema actual de las pensiones públicas está basado en un "sistema de reparto", que se equilibra mediante un principio de solidaridad intergeneracional, de modo que las cotizaciones de la población joven, permiten sostener el pago de la pensión de los mayores. Pero, hoy en día nos encontramos con dos serios problemas que complican su sostenibilidad:

Por un lado la crisis económica y el alto nivel de paro que tenemos, han provocado una importante reducción del número de trabajadores activos que han de financiar el sistema, así como una pérdida de valor de los activos financieros acumulados, por causa de su gran pérdida de rentabilidad.

Por otro lado tenemos un problema con la evolución demográfica. Como consecuencia de los avances que tiene la medicina la esperanza de vida de la población es mayor, y probablemente crecerá aun mas con los nuevos descubrimientos científicos. En este momento, según las últimas tablas de mortalidad conocidas, la esperanza de vida de los hombres es de 78,3 años y la de las mujeres 84,8. (casi el doble de la que teníamos hace 100 años).

Cuando se diseñó el sistema público de pensiones e incluso cuando se generó el Pacto de Toledo, la esperanza de vida era mas corta, el porcentaje de población activa muy superior y los activos financieros acumulados obtenían unas rentabilidades elevadas al estar en un proceso económico creciente. Además, nos incorporábamos al trabajo en edades mas jóvenes y nuestra vida laboral y por tanto de periodos de cotización, llegaba a 40 o incluso 50 años (hoy los jóvenes se incorporan al mundo laboral diez años mas tarde).

Es incuestionable por tanto que el sistema se está desequilibrando, ya que tenemos jubilados que viven mas y menos cotizantes jóvenes que son los que han de sostener el sistema. Por eso, es absolutamente necesario un serio debate sobre las pensiones públicas ya que, si no se hace nada, el desequilibrio seguirá creciendo. De otra parte, no se puede ocultar que el sistema que se llama a sí mismo solidario, es mucho mas insolidario de lo que parece.

Se debe de revisar el Pacto de Toledo para poder mantener el necesario equilibrio del sistema. De no hacerse esto y además pronto, vamos a dejar a nuestros hijos una mala herencia.

LA LEGISLACION ESPAÑOLA SOBRE EJECUCIONES HIPOTECARIAS, ES CONTRARIA AL DERECHO DE LA UNION EUROPEA

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, acaba de hacer un comunicado de prensa sobre una sentencia dictada hoy, por la que declara que la normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión .

La normativa española enumera los motivos, muy limitados, por los que un deudor puede oponerse al procedimiento de ejecución de una hipoteca. Entre esos motivos no figura la existencia de una cláusula abusiva en el contrato de préstamo hipotecario. De este modo, esta circunstancia sólo puede invocarse en un procedimiento declarativo separado, que no suspende el procedimiento de ejecución hipotecaria. Además, en el procedimiento de ejecución español, la adjudicación final de un bien hipotecado a un tercero –como un banco– adquiere, en principio, carácter irreversible. Por consiguiente, si la decisión del juez que conozca del proceso declarativo por la que declare abusiva una cláusula de un contrato de préstamo –y, por tanto, la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria– se pronuncia después de que se haya llevado a cabo la ejecución, esa decisión sólo puede garantizar al consumidor una protección a posteriori, meramente indemnizatoria, sin que la persona expulsada pueda recuperar la propiedad de su vivienda. 

En julio de 2007, el Sr. Aziz, nacional marroquí que trabajaba en España, suscribió con el banco Catalunyacaixa un contrato de préstamo con garantía hipotecaria de 138.000 euros sobre su vivienda familiar. Desde junio de 2008 dejó de pagar sus cuotas mensuales. Tras requerirle infructuosamente el pago, el banco inició un procedimiento de ejecución contra él. El Sr. Aziz no compareció, por lo que se ordenó la ejecución. Se celebró la subasta pública del inmueble sin que se presentara ninguna oferta, de modo que, con arreglo a la normativa española, el bien se adjudicó al banco por el 50 % de su valor. El 20 de enero de 2011 el Sr. Aziz fue expulsado de su vivienda. Poco antes, había presentando una demanda solicitando que se anulara una cláusula del contrato de préstamo hipotecario por su carácter abusivo y, en consecuencia, que se declarara la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria.

En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, que conoce del litigio, decidió preguntar al Tribunal de Justicia, por una parte, sobre la conformidad del Derecho español 2 con la Directiva sobre las cláusulas abusivas, 3 al considerar que hace que resulte muy complicado para el juez garantizar una protección eficaz del consumidor, y, por otra parte, sobre los elementos constitutivos del concepto de «cláusula abusiva» en el sentido de esa Directiva.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia responde, en primer lugar, que la Directiva sobre las cláusulas abusivas se opone a una normativa nacional, como la normativa española en cuestión, que no permite al juez que conozca del proceso declarativo. Es decir, el que tiene por objeto declarar el carácter abusivo de una clásula -adoptar medidas cautelares, en particular la suspensión del procedimiento de ejecución, cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisión final.

Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia recuerda que, a falta de armonización de los mecanismos nacionales de ejecución forzosa, los motivos de oposición admitidos en el procedimiento de ejecución hipotecaria y las facultades conferidas al juez que conozca del proceso declarativo forman parte del ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros. Sin embargo, esa normativa no puede ser menos favorable que la que rige situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y no debe hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad).

Pues bien, en lo que respecta a este último principio, el Tribunal de Justicia considera que el régimen procesal español menoscaba la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva. Así sucede en todos los casos en que la ejecución de un inmueble se lleve a cabo antes de que el juez que conozca del proceso declarativo declare abusiva la cláusula contractual en la que se basa la hipoteca y, en consecuencia, la nulidad del procedimiento de ejecución. En efecto, dado que el juez que conozca del proceso declarativo no tiene la posibilidad de suspender el procedimiento de ejecución, esa declaración de nulidad sólo permite garantizar al consumidor una protección a posteriori meramente indemnizatoria. Dicha indemnización resulta incompleta e insuficiente, y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de esas cláusulas. Así ocurre con mayor razón cuando, como en este caso, el bien hipotecado es la vivienda del consumidor perjudicado y de su familia, puesto que ese mecanismo de protección de los consumidores limitado al pago de una indemnización por daños y perjuicios no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda. Así pues, basta con que los profesionales inicien un procedimiento de ejecución hipotecaria para privar a los consumidores de la protección que pretende garantizar la Directiva. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declara que la normativa española no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la Directiva confiere a estos últimos.

 

En segundo lugar, al examinar el concepto de cláusula abusiva,  el Tribunal de Justicia recuerda que el «desequilibrio importante» creado por tales cláusulas debe apreciarse teniendo en cuenta las normas aplicables en Derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes en ese sentido. Asimismo, resulta pertinente a estos efectos examinar la situación jurídica en que se encuentra el consumidor a la vista de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de las cláusulas abusivas. Para determinar si el desequilibrio se causa «pese a las exigencias de la buena fe», es preciso comprobar si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual. El órgano jurisdiccional nacional deberá comprobar, a la luz de estos criterios, si la cláusula de intereses de demora incluida en el contrato firmado por el Sr. Aziz es abusiva. La cláusula establece unos intereses de demora anuales del 18,75 % automáticamente devengables respecto de las cantidades no satisfechas a su vencimiento, sin necesidad de reclamación. En particular, deberá comparar ese tipo de interés con el tipo de interés legal 5 y verificar que es adecuado para garantizar la realización de los objetivos que el interés de demora persigue en España y que no va más allá de lo necesario para alcanzarlos.

Además, la cláusula relativa al vencimiento anticipado del contrato del que se trata, permite al banco declarar exigible la totalidad del préstamo después de un solo incumplimiento de la obligación de pago del capital o de los intereses. El Juez nacional deberá comprobar especialmente si esa facultad depende de que el consumidor haya incumplido una obligación especial del contrato y si el incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo.

 

 Por último, la cláusula relativa a la liquidación unilateral de la deuda impagada del contrato estipula que el banco puede presentar directamente la liquidación de su importe para iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria. El juez nacional deberá apreciar si –y en qué medida– esa cláusula dificulta el acceso del consumidor a la justicia y el ejercicio de su derecho de defensa, a la vista de los medios procesales de que dispone.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

 

 

 

 












  

 

 

CON LAS PENSIONES HACEMOS LO QUE PODEMOS

Después de haber negado de modo reiterado que no iba a tocar las pensiones, el Sr. Rajoy se descuelga ahora privando a los pensionistas de la adaptación al incremento del IPC que legalmente les correspondía.  Yo ya me lo imaginaba, porque ya estoy acostumbrado a que el Presidente del Gobierno diga una cosa para hacer justamente la contraria.

 

 Dice que es una "medida difícil y dolorosa" o que "no hacemos lo que nos gusta sino lo que podemos" o "que el objetivo es equilibrar el presupuesto". En resumen justificaciones, justificaciones y mas justificaciones.

 

Pero en realidad ¿el Gobierno está haciendo verdaderamente lo que puede?.. Pues yo digo categóricamente que no. Sólo está metiendo la tijera en trabajadores, funcionarios, jubilados, autónomos y pymes, pero sigue resistiéndose reiteradamente en aplicar medidas en las castas políticas.

 

A modo de ejemplo, recientemente ha habido una iniciativa popular firmada por mas de 500.000 ciudadanos (mínimo legal exigido para poder formularla), en la que se sometía al Parlamento una Proposición de Ley para eliminar las prebendas que los políticos tenían una vez acabado su mandato. Con todo el descaro del mundo el Presidente del Congreso acordó no admitir a trámite esta iniciativa, escudándose en que el artículo 72 de la Constitución, reserva a las Cámaras, de modo exclusivo, este tipo de iniciativas. Si hubiera habido voluntad política de recortar, seguro que sí se habría admitido a trámite.

 

Y ¿para cuando las reducciones de empresas públicas deficitarias de lo que tanto se habló?. Apenas se ha reducido un 5%. Y ¿para cuando la supresión del Senado que no sirve de nada? Y ¿para cuando el recorte, solapamiento de competencias, y centralización de Administraciones Autonómicas y Ayuntamientos?.

 

Y si hablamos de carga impositiva, en vez de tantas subidas de IVA y otros impuestos, cuando de una vez por todas, va a dar ordenes para que el 80% de los efectivos de la Agencia Tributaria sean orientados a intervenir y fiscalizar las grandes fortunas y las grandes empresas, que es donde están las grandes bolsas de fraude?.

 

No sigo poniendo mas ejemplos porque me indigno aun mas... Sólo decirle Sr. Rajoy que Vd. ha prometido electoralmente unas cosas y está haciendo todas las contrarias. Está actuando como un funcionario de la UE y sólo se limita a cumplir sus instrucciones y para limitarse a hacer sólo esto, nos sobran políticos en España. Funcionarios cualificados que los tenemos y muy buenos, podían gestionar sin problema todas esas instrucciones que nos llegan de Bruselas.

 

Ya no me vale eso de escudarse en la herencia del anterior gobierno socialista. Al igual que el Sr. Zapatero ha sido el peor de los presidentes que hemos tenido, usted se está convirtiendo en el Presidente que está incumpliendo todas sus promesas. Yo a esto lo llamo fraude político.