jueves, 22 de enero de 2015

PODEMOS TAMBIÉN ES CASTA

Va por delante que, en gran medida, yo comparto el diagnóstico que Podemos hace de los problemas políticos, económicos y sociales que tenemos en nuestro país. A mi juicio, el diagnóstico que hace de ese  enfermo que es España, resulta bastante correcto. También puedo estar de acuerdo con su origen, que se encuentra en el manifiesto “Mover ficha: convertir la indignación en cambio político”. En lo que estoy en total desacuerdo es en las terapias y en la medicación que quiere aplicar a ese enfermo. Y estoy aún más, en total desacuerdo con unos dirigentes que entran en el ruedo de la política, investidos de limpieza, honradez y honorabilidad, para con ello legitimar sus acusaciones a la “casta política” española, cuando en realidad se está demostrando que ellos son exactamente igual que los que llaman casta.

No ha pasado mucho tiempo para enterarnos en los medios de comunicación, que entre los dirigentes de Podemos, además de graves y preocupantes contradicciones ideológicas, empiezan a aflorar temas que huelen realmente mal. Me sorprende que por un lado, veamos unas intenciones de voto tremendamente grandes y por otro, veamos cómo se mueven a gran velocidad los casos en los que sus dirigentes están implicados en asuntos tan feos que avocan a fraudes fiscales e incluso a pura corrupción política.
En estos últimos días leemos cómo el dirigente Monedero, caracterizado por sus embestidas contra los ricos, los privilegiados y la casta política, factura 425.000€ en sólo dos meses, no paga IVA por ello, se halla metido en sus bolsillos una buena pasta, y ahora eche botes de humo por todos lados para que nadie conozca a ciencia cierta, cual es el origen de esa gran cantidad de dinero. Si el habla de transparencia, por qué no justifica documentalmente eso que dice de que esas cantidades se las pagaron varios países (qué casualidad, todos en el plazo de dos meses) y entre ellos la República de Venezuela,  por un “informe sobre la moneda única bolivariana”. Yo creía que Monedero era politólogo, pero ahora descubro que tiene grandes conocimientos de macroeconomía –qué burro soy yo que habiendo pasado como pasé por la Facultad, para aprender de esta materia, sea incapaz de meterme en un tema tan profundo como este-.  Una de dos, o estos 425.000 euros cobrados son una financiación ilegal, o estamos hablando de un fraude fiscal.
También tiempo atrás, podíamos leer en los medios, cosas feas que apuntaban a delito de fraude contra la Hacienda Pública, por actuaciones del Secretario General, Pablo Iglesias, que estuvo ofreciendo los servicios de su agencia de servicios audiovisuales, Producciones con Mano Izquierda, como si fuera una empresa, cuando en realidad su estatus jurídico es el de una asociación cultural sin ánimo de lucro. Esta empresa productora realizaba programas para la TV pública iraní Hispan TV, así como documentales y spot televisivos para IU (recientemente también para Podemos). Igualmente, producía para Venezuela. En definitiva, se estuvo beneficiando de las ventajas fiscales de las asociaciones sin ánimo de lucro, cuando en realidad estaba realizando actividades claramente mercantiles. Igualmente, se habló de una serie de facturas irregulares de las de 3,7 millones de euros, sin inclusión de IVA, con lo que al igual que ocurre con Monedero, o estamos en una financiación ilegal o en un fraude fiscal. Y qué decir de los cobros en negro que recibió del Sr. Riobo y de los programas de la Tuerka. Todo dinero B y por tanto fraude fiscal. .
Además de Pablo Iglesias y Monedero, también aparece ese asunto que atufa a corrupción, de la beca de la Universidad de Málaga de la que se benefició Errejón. Todos salieron corriendo a los medios diciendo que para qué exagerar tanto, que sólo se trataba de un papel que faltaba. Vamos a ver, que no, que no se trata de un papel. Que se trata de puro tráfico de influencias o en definitiva corrupción. Que un amigo en la Universidad convoca un concurso para hacer un estudio sobre las viviendas de Andalucía, y qué casualidad, no concursa nadie salvo Errejón, al que se le adjudica. Ni aparece a hacer sus trabajos, ni cumple el horario de trabajo establecido, manda algo que ya tenía hecho antes del concurso y aquí no pasa nada.
Creo en definitiva, que en los dirigentes de Podemos, se están encarnando los mismos problemas de falta  moralidad, ética y corrupción de los que ellos acusan a los actuales dirigentes políticos. Se les llena la boca de democracia, de limpieza o de falta de valores y, como se está descubriendo, ellos llegan a la política adoleciendo de los mismos males. Sin duda son jóvenes, pero en tan poco tiempo ya han aprendido y practican todo lo que los ciudadanos reprochamos a los actuales dirigentes políticos. Así que, con esos mimbres y con tanto populismo, difícilmente podrán resolverse los problemas de España. Muy al contrario, pienso que provocarán otros problemas aún más graves. Con todo lo que los ciudadanos estamos viendo, no entiendo las razones del gran porcentaje de intención de voto que reflejan las encuestas. ¡Qué peligro para nuestra enferma democracia!


martes, 20 de enero de 2015

LA CREDIBILIDAD DE LOS PODERES DEL ESTADO

Tras la muerte del dictador Franco en 1975, se produjo una loable transición democrática que nos llevó en sólo tres años, a una Constitución y un Estado constitucional ejemplar. Fueron precisas grandes dosis de voluntarismo, entendimiento, pacto, compromiso, perdón y sobre todo grandes dosis de ética en los políticos. El pueblo español empezó a disfrutar de la libertad, de la honradez de los dirigentes, en definitiva de un estado democrático y moderno guiado por un Poder Legislativo asentado en las Cortes Generales, un Poder Ejecutivo encomendado al Gobierno que es fiscalizado y controlado por las Cortes como órgano supremo de la representación popular y un Poder Judicial independiente desempeñado por una organización jerárquicamente organizada.

Han pasado 36 años y con tristeza empezamos a ver que, contrariamente a una evolución positiva, hemos entrado en una gran deriva anticonstitucional y una ostensible evolución de un Estado de Derecho a un llamemos Derecho del Estado, donde la separación de poderes ya es una quimera. A la vez, se vuelve a mirar atrás, se empiezan a olvidar aquellos pactos de compromiso y perdón que nos llevaron a la Constitución y surgen nuevamente los frentismos que nos llevaron a una dramática guerra civil.

Parece como si esa confianza que teníamos en el sistema constitucional, fuere falsa, porque en otro caso no se podría entender esta involución. Hoy, en una medida u otra, los tres poderes, claramente se han corrompido. Hemos entrado en tales aberraciones que nos llevan a que resulte verdaderamente difícil tener credibilidad en nuestro sistema constitucional. A nivel de calle ya se empieza a hablar de que la Constitución es papel mojado, que los políticos son unos personajes que sólo persiguen su propio enriquecimiento y por ello son un problema, que los jueces se pelean unos con otros, que Gobierno y Oposición no pactan ni de casualidad, etc.etc.

Si analizamos el poder legislativo, nos daremos cuanta rápidamente que ya no está separado del Gobierno que, cada vez más, está gobernando a golpe de Decretos Leyes. En las bancadas del Parlamento y del Senado hay muy pocos políticos vocacionales, guiados por la ética parlamentaria. Ahora tenemos a unos diputados y senadores, profesionales de la política, que llegan a los escaños buscando un salario, una posición social cómoda y algunas otras prebendas que los hacen privilegiados frente a otros profesionales y trabajadores asalariados. Si se tiene mayoría absoluta, el partido gobernante legisla como le viene en gana. Y si no se tiene, se hacen pactos aberrantes con partidos nacionalistas o con el diablo si hace falta, y se saca adelante la legislación que el Gobierno de turno quiere. Los Parlamentarios y Senadores ya no representan al pueblo que los ha elegido. Buscan alcanzar los objetivos de sus partidos políticos y su propio beneficio personal, como se decía antes.

Si se trata del poder ejecutivo, sea central, autonómico o municipal, vemos como de modo sistemático trata de controlar al poder judicial y al legislativo, además de las organizaciones sindicales. Los dirigentes políticos nos hablan con discursos huecos, como si fuéremos tontos, ocultan o manipulan informaciones, muchos de ellos ni tan siquiera tienen la mínima cualificación intelectual, mienten, manipulan e intrigan, además de gestionar muchas veces de modo absolutamente deficiente y en muchos casos caciquil. Lo mismo pasa con los partidos de la oposición que, en vez de oposición constructiva, lo que tratan permanentemente es de descalificar al contrario. Bueno, y si hablamos de corrupción qué decir de todos los casos que han ido aflorando y que aflorarán en todo el abanico político. Los dirigentes, sin despeinarse, están instalados en ese juego de ¡has robado... y tu más!. Por ningún lado se encuentra esa ética política y ese espíritu de cortar la corrupción en sus filas.

Si hablamos del poder judicial, sólo hay que ver todas las noticias que están apareciendo en la prensa sobre Jueces, sobre el Tribunal Supremo, sobre el Consejo General del Poder Judicial. La independencia de Jueces y Fiscales hoy es una quimera en cuanto que es el Gobierno y la oposición quienes designan al Fiscal General del Estado y a los miembros del Consejo. Hoy, los miembros de la carrera judicial y fiscal no pueden ser independientes. Presiones de todo tipo hacen que sus decisiones se inclinen a un lado o a otro, habida cuenta de que la interpretación de la ley no es algo matemático y que está sujeta a interpretaciones. Y si nos fijamos en la actual organización judicial, con unos métodos y procedimientos obsoletos, pensar en una tutela judicial efectiva puede ser una quimera.

Aun con este desolador panorama, quiero ser optimista. Confío en que estaremos pasando el Rubicón y que nuestro sistema constitucional se volverá a regenerar, que volvamos a tener políticos no profesionales guiados sólo por la ética parlamentaria, gobernantes que gobiernen para los ciudadanos y no para sus partidos políticos o intereses personales, y una administración de justicia absolutamente independiente. Creo que la Constitución sigue siendo válida, podrán introducirse algunas reformas, pero en conjunto es buena y también creo que una centralización administrativa es absolutamente necesaria. Espero impacientemente a esa necesaria regeneración democrática que probablemente empezará a producirse tras las próximas elecciones municipales y autonómicas, con la entrada en las instituciones de nuevos partidos emergentes como es Ciudadanos, que llegan sin lastres anteriores y con programas regeneradores, creíbles y posibilistas.


jueves, 15 de enero de 2015

LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

Acabo de recibir una carta del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la que me comunica que con efecto 1 de Enero, mi pensión va a ser incrementada en un 0,25%. La leí con resignación al acordarme que a final del año pasado, en una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había admitido que ese 0,25% es un alza modesta, pero que va a tener un mayor efecto en la capacidad de compra de los pensionistas, al coincidir con una inflación igual a O o negativa.  Me acordé igualmente de que, tiempo atrás, el Presidente también había dicho que en el tema de las pensiones, el Gobierno hace lo que puede.

Ese 0,25% que se está aplicando por segundo año consecutivo, es un índice de revalorización de las pensiones que teóricamente tiene como objetivo contribuir a conseguir la estabilidad financiera de las pensiones, a medio y largo plazo. Y probablemente se seguirá aplicando en años futuros ya que, según sostiene la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF), el sistema de pensiones estará en déficit al menos hasta 2020.

Lo cierto es que, incumpliendo sus promesas electorales y después de haber negado de modo reiterado que no iba a tocar las pensiones, el Sr. Rajoy incumplió manifiestamente la propia legislación que en aquél momento existía para regularizar las pensiones y privó a los pensionistas de su adaptación al incremento del IPC que legalmente les correspondía. No me sorprende esto porque ya estoy acostumbrado a que el Presidente del Gobierno diga una cosa para hacer justamente la contraria. Dice reiteradamente que las medidas de pensiones son “difíciles y dolorosas" o que "no hacemos lo que nos gusta sino lo que podemos" o "que el objetivo es equilibrar el presupuesto". En resumen justificaciones, justificaciones y más justificaciones.

Pero, en realidad ¿el Gobierno está haciendo verdaderamente lo que puede?.. Pues yo digo categóricamente que no. Sólo ha metido  la tijera en pensionistas, trabajadores y funcionarios, pero sigue resistiéndose reiteradamente en aplicar medidas en las castas políticas.

A modo de ejemplo, ha habido una iniciativa popular firmada por más de 500.000 ciudadanos (mínimo legal exigido para poder formularla), en la que se sometía al Parlamento una Proposición de Ley para eliminar las prebendas que los políticos tenían una vez acabado su mandato. Con todo el descaro del mundo el Presidente del Congreso acordó no admitir a trámite esta iniciativa, escudándose en que el artículo 72 de la Constitución, reserva a las Cámaras, de modo exclusivo, este tipo de iniciativas. Si hubiera habido voluntad política de recortar, seguro que sí se habría admitido a trámite.

Y ¿para cuándo las reducciones de empresas públicas deficitarias de lo que tanto se habló? Apenas se ha reducido un 5%. Y ¿para cuándo la supresión del Senado que no sirve de nada? Y ¿para cuándo el recorte, solapamiento de competencias, y centralización de Administraciones Autonómicas y Ayuntamientos?

Y si hablamos de carga impositiva, en vez de tantas subidas de IVA y otros impuestos, cuando de una vez por todas, va a dar órdenes para que el 80% de los efectivos de la Agencia Tributaria sean orientados a intervenir y fiscalizar las grandes fortunas y las grandes empresas, que es donde están las grandes bolsas de fraude?

No sigo poniendo más ejemplos porque me indigno aun más... Sólo decirle Sr. Rajoy que Vd. ha prometido electoralmente unas cosas y está haciendo todas las contrarias. Está actuando como un funcionario de la UE y sólo se limita a cumplir sus instrucciones y para limitarse a hacer sólo esto, nos sobran políticos en España. Funcionarios cualificados que los tenemos y muy buenos, podían gestionar sin problema todas esas instrucciones que nos llegan de Bruselas.


Ya no me vale eso de escudarse en la herencia del anterior gobierno socialista. Al igual que el Sr. Zapatero ha sido el peor de los presidentes que hemos tenido, usted se está convirtiendo en el Presidente que está incumpliendo todas sus promesas. Yo a esto lo llamo fraude político.

lunes, 12 de enero de 2015

¿DE QUIEN ES LA MEZQUITA DE CÓRDOBA?

Cuando los políticos tienen graves problemas que no saben resolver, son grandes especialistas en confundir al ciudadano, echando botes de humo y creando otros problemas artificiales, para intentar despistar a la opinión pública. El sábado pasado, en un programa de la Sexta Noche, la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, vino a defender que la Catedral-Mezquita de Córdoba tiene que ser de titularidad pública, al considerar que no es ni legítimo, ni razonable que la Iglesia Católica la haya puesto a su nombre “por 30 euros”. Con estas manifestaciones, cualquier común televidente podría interpretar que, por un módico precio de 30 euros, la Iglesia ha comprado la Mezquita.

En el ánimo de dejar las cosas en sus correctos términos, voy a tratar de situar la cuestión, primero en el aspecto histórico y después en la óptica jurídica:

La Mezquita-Catedral de Córdoba, sin duda, es el monumento más importante de todo el Occidente islámico. Históricamente, el lugar que hoy ocupa la Mezquita-Catedral, hubo construcciones religiosas dedicadas al culto de diferentes divinidades. Bajo la dominación visigoda se construyó la basílica de San Vicente. Llega la invasión musulmana y se construye sobre su solar una primitiva mezquita, mezquita que fue evolucionando hasta representar completamente el estilo omeya de España.  Tras la reconquista, Fernando III el Santo dona la mezquita al Obispado de Córdoba. Empieza una nueva transformación de Mezquita a Catedral. Desde entonces (han transcurrido 700 años) este monumento ha ido evolucionando gestionado por la Iglesia Católica. El resultado de todo este proceso evolutivo es que en este monumento, considerado por la Unesco patrimonio de la humanidad, hay elementos constructivos visigodos, sustituidos después por la gran obra arquitectónica omeya, y completados más tarde con elementos cristianos.

Actualmente, este edificio que ha sido declarado bien de interés cultural en la categoría de monumento, que es uno de los espacios turísticos más visitados de España y que se le considera uno de los doce tesoros españoles, alberga el Cabildo Catedralicio de la Diócesis de Córdoba.

Veamos ahora los aspectos jurídicos de la titularidad de esta grandiosa obra arquitectónica: La  legislación decimonónica tenía establecido que los bienes de la Iglesia no podían inmatricularse a su nombre, pero nadie, ninguna institución, se cuestionaba si los bienes de la iglesia eran de dominio público o no. Todo el mundo entendía que, aunque no estuviesen inscritos en ningún registro, la titularidad era suya.  En 1998 se modifica la legislación de modo que, conforme al artículo 206 de la Ley Hipotecaria y el artículo 304 del reglamento de esta Ley, los obispos de la Iglesia Católica quedaban autorizados a emitir certificaciones de dominio sobre los bienes que la Iglesia considere suyos; y también por un Decreto del Gobierno, con la supresión del artículo 5 del Reglamento, esa facultad se amplió a edificios de culto, templos, ermitas y otros bienes que forman parte del patrimonio religioso.
Este artículo 206 de la Ley y 304 del Reglamento, habilitan un medio privilegiado de inmatriculación, por el que una autoridad eclesiástica –a la que se equipara como fedatario público-  puede expedir la certificación de dominio acreditando que el bien que se pretende registrar es propiedad de la Iglesia, todo ello mediante un procedimiento extraordinario que no requiere información pública, ni notaría, ni publicación de edictos y con un coste de tramitación que oscila entre los 25 y los 30 euros. Desde entonces se permite que los bienes que ya eran de la Iglesia, puedan ser inscritos a su nombre en el Registro de la Propiedad. Se pretendía entonces que la realidad jurídica de la propiedad, coincidiese con la realidad registral. Esta reforma legislativa daba un plazo de diez años para que cualquier institución pudiera reclamar la titularidad. Pasado ese plazo sin controversia, la propiedad quedaba adjudicada de modo definitivo a la Iglesia.

Tras estos razonamientos, me parece por tanto, que las pretensiones de la Presidenta andaluza de atribuir al dominio público algo que durante más de 700 años siempre perteneció a la Iglesia,  carecen del más absoluto rigor, tanto histórico como jurídico. No alcanzo a entender por qué quiere sacar ahora este debate sobre la Mezquita-Catedral.  De otra parte, si lo saca, este debate también tendría que extenderlo a todas las Catedrales, Mezquitas, Iglesias, Capillas, Tempos o Ermitas que tenemos en todo el territorio español.  Una cosa es que esa bella mezquita sea Patrimonio de la Humanidad, y otra cosa muy distinta es que la Junta de Andalucía pretenda que eso sea patrimonio suyo.

Sacando este ridículo debate ahora, apoyándolo además en que la Iglesia no paga IBI u otros tributos, está olvidando que la Iglesia Católica no paga esos impuestos, en virtud de los acuerdos firmados por todos los gobiernos democráticos con el Estado del Vaticano y que entre estos gobiernos fue ratificado concretamente por el Gobierno del Sr. Zapatero.  Y lo que me más me preocupa de esta discusión es que, con todos los problemas yihadistas que tenemos, quizá estemos provocando y abriendo una brecha para que ese mundo yihaidista reivindique como suyo ese Al Andalus soñado. Mejor es que dejemos esto quieto.