martes, 23 de septiembre de 2014

EL SEÑOR GALLARDÓN TIENE QUE DIMITIR YA.

Sr. Gallardón: Como usted sabe mejor que nadie, su gestión al frente del Ministerio de Justicia, cada vez está más cuestionada. Hasta sus propios compañeros lo están criticando. Lo critican los Jueces, lo critican los secretarios judiciales, lo critican los abogados y procuradores y lo critican los ciudadanos de a pie, que hemos visto como con sus desafortunadas reformas, tenemos cada más difícil obtener una tutela judicial efectiva.

Empezó usted con una Ley de Tasas Judiciales que ha apartado de la justicia a los ciudadanos con menos recursos. Esta Ley ha provocado que muchos jueces plantearan cuestiones de constitucionalidad y ahora, por lo que sé, el Tribunal Constitucional,  movido por el fuerte rechazo social que existe, se está moviendo para resolver lo más pronto posible sobre la inconstitucionalidad de esta desastrosa Ley que el Gobierno aprobó a finales de 2012. Sus desatinos prosiguieron con el intento de modificar la Demarcación y Planta Judicial, que si bien podría ser aceptable en Madrid donde hay buenas comunicaciones, es totalmente rechazable en las zonas más despobladas. Siguió con la Ley de Justicia Gratuita que va a provocar serios perjuicios a los ciudadanos, además de deteriorar un servicio público prestado por los Colegios de Abogados. Continuó con la privatización del Registro Civil para ponerlo en manos de los Registradores de la Propiedad, algo que a todas luces podría beneficiar a esos Registradores, pero que volvería a perjudicar a los ciudadanos, porque, que yo sepa, los Registradores no van a trabajar gratis y alguien les tendrá que pagar sus servicios. Siguió con la Ley de Servicios Profesionales de nefastas consecuencias. En definitiva, todas sus reformas legislativas y los parches puestos desde su ministerio, sin consultar con Jueces, Fiscales, Secretarios, Abogados Procuradores, e incluso ciudadanos,  nos han llevado a un manifiesto alejamiento de la administración de justicia para los ciudadanos.

Para impedir el presumible agravamiento de la situación, tanto por la ineficacia de las reformas introducidas, como de los proyectos en marcha, de modo inmediato usted tiene que abandonar el cargo para dar paso a otro Ministro que derogue de inmediato la Ley de Tasas si es que antes no lo hace el Tribunal Constitucional, que reforme en profundidad la Ley Orgánica del Poder Judicial que adecúe la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y que de una vez por todas aplique la Carta de los Derechos de los Ciudadanos aprobada por todos los partidos políticos en el año 2002.  Ya que usted no lo ha hecho, se necesita a otra persona que de modo decidido busque un pacto de estado que lleve a resolver el gran problema de las deficiencias organizativas del sistema judicial, dotándolo de todos los medios personales y materiales que necesita.

Y, Sr. Gallardón, por si esto fuera poco, probablemente ahora, con la paralización de la reforma de la Ley del Aborto, seguro que por motivos electorales, sus propios compañeros en el Consejo de Ministros, ya le habrán puesto la puntilla definitiva. Así que Sr. Gallardón, en beneficio de la justicia y por ende de los ciudadanos, deje ya de amagar mareando la perdiz, para ver si se va a no se va, y lárguese a su casa ahora mismo.

domingo, 21 de septiembre de 2014

¿NECESIDAD DE AYUDA O PARASITIMO SOCIAL?

Cuando un niño ha sido educado en la cultura del esfuerzo, habrá estudiado,  habrá colaborado con sus padres en las tareas o cargas familiares, habrá ganado las cosas a pulso y al final probablemente habrá entrado en el mundo laboral, con las habilidades necesarias para trabajar con esfuerzo y para acatar las decisiones de su jefe. Por el contrario, cuando un niño se ha desarrollado sobreprotegido por sus padres, dándole todo lo que él quiere, lo normal es que llegue a la madurez con la mentalidad de “tengo derecho”, ignorará los esfuerzos de sus padres, no habrá adquirido la experiencia del esfuerzo para conseguir las cosas y no habrá alcanzado las habilidades necesarias para enfrentarse al trabajo remunerado y a un jefe que va a mandar sobre él.

En ambas hipótesis, sin lugar a duda, cuando los dos niños sean adultos, aunque tengan treinta años o más, los padres tratarán de ayudarlos si tienen problemas para encontrar un trabajo y ganarse la vida. El dilema es si verdaderamente vamos a estar ante un supuesto del joven que pese a sus esfuerzos no encuentra trabajo y por ello “necesita de ayuda”, o si por el contrario nos encontramos ante un caso de “parasitismo social”, como ocurre con harta frecuencia.

Hay jóvenes, habitualmente encasillados en la cultura del no esfuerzo,  que ante la negativa de sus padres a seguir proporcionándoles ayuda, consideran que tiene derecho a exigir y recurren a los Tribunales para pedir lo que legalmente se llama “prestar alimentos”. Veamos cómo se las apañan esos Tribunales para resolver el conflicto.

Hay una doctrina que emana de una sentencia del Tribunal Supremo de 1 de Marzo de 2001 y que dice que una persona que haya finalizado estudios universitarios, con buena salud y de unos 30 años de edad, no va a tener derecho a alimentos, ya que es un claro caso de “parasitismo social”. Es cierto que en 2001 había una sociedad moderna, con oportunidades y con posibilidades de empleo, mientras que ahora nos encontramos en una profunda crisis económica y con unas altas tasas de desempleo donde un título universitario no da garantía de encontrar un trabajo.

Ahora, hace aun poco tiempo, el día 4 de Julio, la Audiencia Provincial de La Coruña ha dictado una sentencia, en la que, aun aceptando la doctrina del parasitismo, establece la obligación del padre, de seguir abonando alimentos a su hija mayor de 30 años, al no encontrar esta un trabajo estable que le permita la independencia económica. Esta sentencia, aun cuando reconoce y acata la doctrina del Tribunal Supremo sobre el “parasitismo social”, se pronuncia concediendo el derecho a alimentos, dada la nueva situación económica y de desempleo que hoy tenemos y que en el 2001 no había, puesto que la hija no tuvo posibilidad concreta de encontrar un trabajo que le permitiese una independencia económica, ya que las remuneraciones obtenidas por trabajos esporádicos que tenía, no eran suficientes para su autonomía. La doctrina jurisprudencial ha venido estableciendo sistemáticamente que «para que cese la obligación de prestación alimenticia, es preciso que el ejercicio de una profesión, oficio o industria sea una posibilidad concreta y eficaz según las circunstancias, no una mera capacidad subjetiva».
Por desgracia, son conocidos por todos, los casos de matrimonios más o menos jóvenes, con hijos pequeños, que se ven obligados a recogerse en casa de sus padres o abuelos, y a su costa, por hallarse en desempleo, no poder pagar la hipoteca, etcétera. O los jóvenes que se había independizado y tienen que volver a casa de sus padres porque ya no ganan para pagar un alquiler. La situación de los padres ya jubilados, que tienen que acoger a hijos y nietos, viviendo todos de la pensión de aquellos, no solo ha sido objeto de múltiples espacios en los medios de comunicación, sino incluso de anuncios publicitarios. En todos estos casos, evidentemente surge la solidaridad familiar, nadie cuestiona la necesidad de ayudar y los Tribunales no tienen que intervenir.

El gran problema es cuando uno de esos jóvenes, normalmente educados en la cultura del no esfuerzo, considera que “tiene derecho” y recurre presto a los Tribunales a exigir ese derecho, como ha ocurrido en la sentencia dictada en ese Juzgado de la Coruña. Yo no voy a cuestionar la decisión judicial. Lo que si cuestiono es si ese Juez tuvo ante si alguna prueba del comportamiento social de la chica que reclamaba, para determinar si había parasitismo social o no. Por lo que he leído, esa chica terminó la carrera con 30 años de edad, lo que me da lugar a entender que muy aplicada con sus estudios no debió de ser. ¿Se investigó sobre sus actividades para encontrar un empleo? ¿se investigó sobre su vida social?. ¿se investigó sobre el tipo de móvil que tenía y los costos del mismo? Ya sé que estas son informaciones muy difíciles de conseguir y si se consiguen pueden ser tachadas de subjetividad, porque lógicamente, si se interroga a alguna de sus amigas sobre las copas que tomaban por la noche, probablemente la respuesta sería que nunca salían, e igual daría que sus padres manifestaran  supuestamente, que siempre llegaba a casa a altas horas de la madrugada.


He aquí por tanto el gran dilema ¿Cuándo estamos ante un supuesto del hijo que necesita ayuda y que el padre, mírese por donde se mire, está obligado a ayudar? O ¿Cuándo estamos ante el supuesto de un parásito social que no le gusta mucho trabajar y que exige ayuda a sus padres?.  Yo resolvería este dilema diciendo: El que en verdad necesita ayuda, no va a recurrir a los Tribunales. El parásito social si lo hará. Igual me equivoco.

sábado, 20 de septiembre de 2014

LA TIENDA DEL BARRIO

Ayer, moviéndome por Facebook, me encontré con uno de los muchos mensajes que circulan por la red social y que decía “Para qué compras en las grandes superficies y das beneficios a empresas multinacionales, de las que no sabes quienes son sus dueños, ni dónde están. Compra en las tiendas de tu barrio y así ayudarás a los autónomos que tienes al lado de tu casa.” ¡Caramba! reflexionando sobre esto, sin hacer ninguna valoración de a quien iban los beneficios de mis compras, me di cuenta de que en mi casa, se seguía al pie de la letra esta recomendación, ya que para las compras domésticas, recurrimos de modo habitual a las tiendas de al lado, donde conseguimos casi todo lo que necesitamos para nuestra intendencia diaria. Resulta cómodo, tienes un servicio personalizado, te tratan realmente bien y hasta son tus amigos. 

Para las compras habituales de carne, charcutería, vino, productos de limpieza o higiene, te bajas a Riodi donde te atienden con gran esmero, pulcritud y servicio. Dado que ya conocen tus gustos y preferencias, hasta te aconsejan sobre determinados productos que les acaban de llegar y que te pueden interesar. Además, aunque sean pocos los productos que te llevas, te facilitan la labor subiéndote a casa las bolsas de la compra. Si lo que necesitas es pescado, pues nada, te vas un poco más allá a ver a María la joyera (digo joyera porque en vez de pescado, lo que vende son joyas pisciformes) y le compras esa merluza que te encargó tu mujer, bueno, o terminas desobedeciendo a tu mujer y sales de allí con ese pez que te miró mal en el expositor y viendo la mirada cómplice de María le dijiste, pónmelo. Además, para que no esperes, le dejas el encargo, te va limpiando o cortando el pez, te vas a hacer tus cosas y a la vuelta a casa, ya recoges la bolsa y te la llevas.

Y para  todo lo demás te vas al Trampolín. Quiero comentar especialmente y quizá con mucho énfasis, lo que pasa en esta tiendina que yo suelo llamar “la casa de socorro”, porque probablemente, aunque sus dueños ni tan siquiera sean conscientes de ello, están practicando un márketing comercial digno de ser estudiado en las escuelas de negocios. El Trampolín era una tiendina pequeñita, situada al lado de un cine, que vendía chuches. De pronto el cine cerró y esto obligó a que los dueños de modo urgente a dar un giro radical a su negocio y llegaron a lo que hoy es.

Sus dueños Chelo y Jovino, son unas personas buenas donde las haya, muy trabajadoras y muy singulares. Frecuentemente, cuando están atendiendo a los clientes, riñen entre ellos y consiguen que nosotros los clientes entremos en el conflicto y mediemos en favor de Chelo si la cliente es una mujer, o a favor de Jovino si el cliente es un hombre. (se hacen notar. Gran regla del márketing). Cuando paso por delante paseando a mi perra, hago un gesto y digo: “Una especial de la casa” y cuando vuelvo del paseo entro y ya tengo una chapata preparada con el grado de cocción que a mí me gusta. Si quiero un periódico o una revista, allí la tengo. Si las tiendas ya están cerradas y necesito una botella de leche, de aceite o unos ajos, allí los tengo. Si quiero unos huevos de aldea, allí me los consiguen. Si quiero unas patatas de buena calidad, ellos me las proporcionan. Si quiero fruta, allí tengo la mejor. Una empanada para ir de excursión, un croissant para desayunar, allí hay. Desde las 8 de la mañana hasta casi las 11 de la noche, allí están al pie del cañón.

Y si faltara poco, aplican, probablemente también sin saberlo, una de las máximas del marketing que es “la fidelización del cliente”. Adoran las mascotas y todos los perros del barrio pasan por allí en busca del trozo de empanada o de cualquier otra cosa que Chelo y Jovino les dan. Si pasas con un niño, sale de allí con una chuche. Y ojo que un niño o un perro van a tener preferencia frente a cualquier cliente (el cliente que espere que pa eso ye de la casa). ¿qué más se puede pedir?


En resumen, aunque los productos puedan ser algo más caros, porque en esas tiendas de barrio no te vas a encontrar con las ofertas de las grandes superficies, al menos a mí me interesa pagar ese sobreprecio, por la comodidad y la calidad del servicio que recibo en ellas. Y además, de paso, contribuyo a que esas personas autónomas que trabajan mucho y muy duro, puedan ganarse la vida, porque además, en definitiva estos negocios son las que contribuyen a sustentar nuestra economía. 

miércoles, 17 de septiembre de 2014

A POR EL SENEGALÉS

Un joven senegalés se enfrenta a una pena de dos años de prisión por vender CDs en los bares.
Probablemente, cualquier lector que me conozca, dirá que no puedo ser imparcial en estos temas, debido a las actividades que realizo en la fundación Cauce ayudando entre otros,  a senegaleses.  No obstante, deseo dar mi opinión sobre lo que está pasando con estas gentes, que llegan a Asturias en busca de trabajo y de una vida mejor, pero que después de siete u ocho años entre nosotros, malviviendo y ganándose la vida como pueden, terminan siendo deportados y en el peor de los casos condenados a prisión, por vender CDs piratas, algo que constituye un delito contra la propiedad intelectual, tras la última reforma del Código Penal.

Después de algunos años tratando con senegaleses, me he formado una clara opinión sobre ellos: Son gentes educadas, bien aseadas, trabajadoras y muy solidarias. (No he conocido a ninguno que, a excepción de la venta de copias de CD, consideradas delito en algunos casos, hayan cometido delitos de cualquier naturaleza). No vienen buscando limosna ni ayudas sociales, ya que son orgullosos y quieren ganarse la vida trabajando. Cuando vienen a pedirnos ayuda para encontrar un trabajo, al ver su calamitoso estado físico, les ofrecemos un lote de alimentos. ¿Sabe amigo lector lo que suelen decirnos?: “No, gracias, déselo a otro que lo necesite más que yo”. Antes encontraban empleo en la construcción y trabajaban duro, pero la crisis del ladrillo hizo que perdieran el empleo. Hoy en día, la gran mayoría, como tienen habilidades para ello, suelen dedicarse a la venta ambulante en los bares, en la calle (top manta) o en los mercados.

¿Hacen daño o molestan a alguien? Parece ser que sí. De un año a esta parte, el Gobierno español llegó a algún inconfesable acuerdo con el Gobierno senegalés y como consecuencia del mismo, más o menos cada dos meses, se pasan instrucciones a la Comisaría de Policía para que proceda a la detención de un cupo de senegaleses que han de ser enviados al aeropuerto de Barajas para llenar un avión y proceder a su deportación masiva. Se calcula que en este último año han sido deportados 5000 senegaleses por el simple delito de “no tener papeles”. ¡¡Qué casualidad!! Con nosotros, en Asturias,  conviven empadronados más de cuatro mil sin papeles de múltiples nacionalidades y algunos de ellos imputados por determinados delitos, pero hete aquí que la Policía, para repatriar, a los que busca es a los senegaleses, no a otros, aunque estén imputados por algo.  Como consecuencia de estas deportaciones selectivas, se ha dado un grotesco caso que conozco, en el que detienen a un chico que convivía aquí con su mujer e hijo de dos años. Al ser detenido, pasa aviso a su mujer y esta rápidamente se persona en la Comisaría para que también la deporten a ella y a su hija de dos años, ya que sin el marido ella no hacía nada aquí. ¿Resultado final de esta detención?: El marido deportado y la mujer con su hijo pequeño aquí, abandonada a su suerte.  Ella tampoco tenía papeles, pero, claro, el cupo ya se había llenado y no cabían más en el avión. Bah,  es una simple cuestión administrativa. Y ante los procedimientos administrativos, para qué hablar de problemas solidarios.

Ahora, entre tanto se fleta otro avión para la deportación masiva, sigue la caza del senegalés pero con otros procedimientos. En el pasado mes de Abril, mi amigo Talla, es detenido en un bar tratando de vender el lote de CDs que habitualmente portan los senegaleses y que previamente tuvo que comprar a una organización mafiosa. La Policía levanta atestado, lo pone a disposición judicial y se le abren diligencias previas. Talla interpone recurso de reforma para que el asunto fuese declarado falta, pero la Audiencia Provincial resuelve diciendo que en virtud del informe emitido por la “Asociación de Gestión de los derechos intelectuales, AGEDI” el proceso debe seguir adelante, no como falta si no como delito. Resultado final: Talla es imputado y mañana deberá de comparecer el en Juzgado, en calidad de imputado por un delito contra la propiedad intelectual.

Confío en que, bien defendido por la Letrada que ha designado, el Magistrado que tenga que resolver, acogiéndose a la abundante jurisprudencia existente, entienda que no hay infracción penal alguna, dada la escasísima entidad del teórico perjuicio que Talla ha causado a los titulares de esos derechos de autor, llamados en este caso AGEDI, y por la escasísima magnitud del beneficio obtenido (50 céntimos en cada CD vendido). Si uno de los principios básicos de la rama punitiva del derecho, es el principio de la intervención mínima del derecho penal,  por qué el Ministerio del Interior se empeña en criminalizar este tipo de ventas. Por qué  colapsamos  los Juzgados con este tipo de cosas y en sentido contrario, dejamos que todas las tramas de corrupción sigan impunes y sin que ninguno de esos ladrones políticos y de guante blanco que han robado el dinero de los ciudadanos, ni tan siquiera entren en prisión. Ante flagrantes delitos, ni tan siquiera la Fiscalía solicita la aplicación de medidas cautelares. Por el contrario sí que está presto para acusar y condenar a un pobre senegalés que vende CDs piratas.

Que nadie me malinterprete, que yo no estoy defendiendo la venta de copias falsas, que lo que estoy denunciando aquí es que si lo que se están vendiendo son copias de películas en su mayor parte americanas, que AGEDI persiga a las tramas organizadas que duplican burdamente estas películas y que se forran vendiéndoselas después a los senegaleses, o que vayan a la vía administrativa a defender sus derechos sobre la propiedad intelectual. Pero caramba, si la copia falsa vendida es de una película americana, por ejemplo de la Metro, por qué AGEDI tiene que acusar a un senegalés, si sus socios son españoles y nada tienen que ver con los que rodaron la película en América. En definitiva, por qué malgastamos dineros públicos colapsando a los Juzgados penales para que dictaminen si esas ventas son delito o simplemente son un medio de subsistencia. Por qué no utilizamos a la Policía para perseguir a esas mafias organizadas que copian los CDs y que son las que realmente se lucran. Por qué no despenalizar las ventas de estas pobres gentes, y hacer que esas poderosas organizaciones que defienden los derechos de autor, vayan a la vía administrativa para defender sus derechos. Caramba para eso han luchado y han conseguido la Ley Sinde.

Concluyo diciendo que, aun cuando critico abiertamente los atentados contra la propiedad intelectual que es algo que ha de respetarse, considero que vender esas burdas falsificaciones de películas copiadas en un CD, provoca un escasísimo perjuicio a los titulares de los derechos de autor, que en la mayor parte de los casos ni tan siquiera son españoles (por tanto ni AGEDA, ni ASGAE ni sociedades parecidas tendrían legitimidad para exigir perjuicios) y considero también que dan a los senegaleses un escasísimo beneficio, y tienen que subsistir malamente con estas ventas, en vez de pedir limosna, algo que a todas luces debería de ser excluido de las penas que actualmente prevé el artículo 270 del Código Penal, que debería de ser modificado. 

viernes, 12 de septiembre de 2014

NOS ESTAMOS OLVIDANDO DE LOS ARTICULOS 154 Y 155 DEL CODIGO CIVIL.

En el diario El Comercio de ayer leía la noticia de que un vecino de Avilés se enfrentaba a once meses de cárcel por dar un bofetón a su hijo menor. Hoy leo que la Magistrada ha dictado sentencia in voce, absolviendo a ese ciudadano.  No voy a entrar en la valoración de lo que ha ocurrido en ese procedimiento judicial y si la acusación del Ministerio Fiscal estaba fundada en derecho o no.  Lo que si voy a entrar es en la valoración de si tanta permisividad y tanta sobreprotección de los niños, no nos va a llevar a una generación de jóvenes maleducados, desobedientes y en algunos casos violentos con sus padres, como a veces se lee en las noticias.

Antes, cuando un niño se encabritaba porque no quería lentejas, sus padres lo forzaban a tomarlas. Lo habitual era que el niño se quedaba sin comer y las lentejas se le guardaban para que las tomara a la cena o a la comida del día siguiente. Ahora ya no pasa esto. El niño dice ¡no! y tras fracasar el intento de los padres para convencerlo de que las lentejas son buenas, le retiran el plato, le fríen un filetito y aquí no pasó nada.

Antes, cuando un niño llegaba a casa y decía que el profe le había dado una reprimenda o lo había castigado, los padres le lanzaban una reprimenda aun mayor, porque el profe tenía razón. Ahora, si el niño llega a casa y dice que lo han castigado, inmediatamente sus padres lo cogen de la mano y se van al colegio a pillar al desalmado profesor para ponerle las peras al cuarto.Antes, cuando un niño se pasaba de la raya, le dabas un pescozón y aquí no pasó nada. Ahora, los padres tienen que tener mucho cuidado no vaya a ser que el niño decida denunciarlos al defensor del menor.Antes, los jóvenes menores de 18 años, eran menores con todas las consecuencias y por ello, permanecían bajo la potestad de sus padres. Ahora ya pueden practicar el sexo cuando les venga en gana, pueden abortar, o pueden adquirir la píldora del día después, que no pasa nada.

Pero claro, si los padres ahora actuaran como se actuaba en mi época, seguro que se nos tacharía de retrógrados, de carcas, de dictadores. Ahora son los propios gobernantes los que presumiendo de progresía, quieren permitir que las niñas aborten sin permiso, que adquieran la píldora incluso sin receta, que pasen de curso aunque tengan un montón de asignaturas pendientes, y que en definitiva los niños sean intocables. Y claro, de estos polvos estos lodos.
  
Ante esta situación, creo que más que nunca, se impone que pasemos revista a nuestro Código Civil en lo que se refiere a la rúbrica de las relaciones paterno-filiales. Sus preceptos están plenamente vigentes, y deberíamos de recordarlos para evitar tanto desajuste y tanta falacia. Y más aún para recordar algunos políticos,  que tener una Ley que permita el aborto de las menores sin el consentimiento de los padres, va frontalmente en contra de nuestro Código Civil.


El artículo 154, nos dice: Los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades:
1. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.
2. Representarlos y administrar sus bienes.
Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten. Los padres podrán corregir razonable y moderadamente a los hijos.

El artículo 155 nos dice: Los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella.


Se trata de dos artículos que hablan meridianamente claro. Son los padres los que tienen el derecho y el deber de educarlos y darles una formación integral. Los padres tienen el derecho de corregir a sus hijos y ese pescozón dado a tiempo, entra abiertamente en el ámbito de esa corrección moderada. Los hijos tienen la obligación de obedecer y de respetarles y esto evidentemente va en contra de un aborto sin consentimiento paterno. En este caso la reforma actual hace obligatoria “la participación de los titulares de la patria potestad”, ya sean padres o tutores, para dar el consentimiento informado y libre.

Probablemente, si los ciudadanos y mejor aún los gobernantes, tuviéremos presentes estos preceptos del Código Civil, las cosas hoy serían muy diferentes. Y en todo caso, si pese a todo, quieren seguir adelante con esas políticas de total permisividad, que tengan el valor de afrontar la reforma del Código Civil. A ver si se atreven.


miércoles, 10 de septiembre de 2014

EL DERECHO A DECIDIR

¿Tengo derecho a decidir? Yo no he nacido por mi propia decisión, sino por el acuerdo de mis padres que decidieron engendrarme. Cuando estoy en casa quiero decidir, pero resulta que mi mujer también quiere hacerlo y entonces, buscando la paz familiar, discutimos, pactamos y llegamos a una decisión consensuada. Tengo dos hijos y ellos también quieren decidir, discuten, no se ponen de acuerdo entre ellos y menos aun con mi mujer y conmigo. Nuevamente se impone la necesidad de discutir y llegar a acuerdos consensuados entre todos.

Además de todo esto vivo en una casa donde hay muchos vecinos y cada cierto tiempo nos reunimos en la Comunidad de Propietarios. Y, claro yo quiero decidir una cosa, pero si la mayoría no está de acuerdo, tengo que acatar esa decisión. Si desde estas células familiares y vecinales, pasamos al Ayuntamiento, a la Provincia, a la Comunidad Autónoma, al Estado, a la Comunidad Europea... mi derecho a decidir queda integrado en el derecho a la representación que doy con mi voto en las correspondiente elecciones.

¿qué está ocurriendo entonces?. Que yo tengo derecho a decidir y que por tanto me gustaría decidir los impuestos que voy a pagar, o la educación que quiero, o el tipo de servicios públicos que espero, las leyes que a mi me interesaría promulgar, etc. Pero, el gran problema es que mi derecho a decidir tiene límites, condiciones y reglas democráticas (mi derecho termina donde empieza el derecho de la persona que tengo en frente). Y además de todo esto, como libre y voluntariamente he votado y he dado un derecho de representación, tengo que atenerme a las reglas democráticas.

Dicho esto, deseo hacer alusión a lo que propone Artur Mas y que consiste en el derecho a decidir del pueblo catalán, sin límites ni condiciones. Imaginemos que hipotéticamente el pueblo catalán decidiera apartarse del estado español para incorporarse como estado autónomo, a la Comunidad Europea. ¿no creen Vdes. que lo que estará haciendo entonces, es enajenar su derecho a decidir, para trasladarlo al derecho de decisión que corresponde a Bruselas?.
Porque claro, me imagino que dentro de ese derecho de decisión estará el acatar las Directivas Comunitarias, o las decisiones del Banco Central Europeo, o en definitiva todas las decisiones que se adopten en el Parlamento Europeo. O, estoy yo equivocado y lo que el el Sr. Mas pretende, es dar la espalda a las decisiones comunitarias y fijar a su libre albedrío, por ejemplo el precio del petróleo, o las políticas agrícolas y pesqueras, o el mercado eléctrico, o los tipos de interés del Banco Central Europeo, etc.etc. porque para eso no es necesario integrarse en Europa.

Tal y como lo veo yo, lo que pretende el Sr.Mas, es decidir el futuro del pueblo catalán, en soledad, sin ningún tipo de interferencia externa, y dando la espalda al 50% o mas de la sociedad catalana que está pagando sus impuestos en los territorios históricos y que también quiere decidir, pero quiere hacerlo junto con otros ciudadanos españoles que viven en Asturias, en Aragón, en Castilla, o en Castalapaya de Arriba.

Tengo la sensación que lo que pretende el nacionalismo es que se reconozca que solo ellos son el pueblo catalán y que cuando alcancen el derecho a decidir van a ser magnánimos y comprensivos con los otros ciudadanos que quieren su futuro unido al de otros ciudadanos españoles. Y para ello, hasta nos van a dejar hablar español, pero eso sí, en la escuela obligatorio parlar catala. Resulta evidente que, el derecho a decidir que se persigue, implica impedir, recortar y condicionar la libertad de otros, y esto a todas luces no es justo. ¿por qué de una vez por todas, en vez de tanto hablar del derecho a decidir, empezamos a hablar del derecho que tenemos todos los ciudadanos a una convivencia pacífica, a que se respete el derecho a ser y a pensar de modo diferente, a pactar y a negociar democráticamente?.


Concluyo diciendo, mi derecho a decidir termina donde empieza el derecho a decidir de la persona que tengo en frente. Otra cosa sería imponer mi derecho al de otros.

martes, 9 de septiembre de 2014

LIBERBANK Y LAS PREFERENTES

La plataforma de afectados por las preferentes estudia la posibilidad de demandar a Liberbank por despilfarrar recursos públicos.

Hace ya un tiempo, he venido leyendo noticias relativas a las actitudes que Liberbank estaba manteniendo con sus clientes afectados por el ya superconocido escándalo de las preferentes.  De modo sintético, en una de esas noticias se decía que esta entidad “se recapitaliza utilizando a los afectados por el fraude de las preferentes y las subordinadas, continuando el expolio a decenas de miles de ahorradores”. Liberbank pretendía canjear los productos tóxicos que las Cajas de Ahorro que la integran, habían comercializado de modo fraudulento. En otra noticia se decía literalmente que “Cajastur hizo la emisión más grande de productos tóxicos dentro de todas las Cajas integradas en Liberbank”. Bajo un supuesto “plan de fidelización” la entidad les animaba a que desistieran de su derecho a una demanda judicial, a cambio de mantener sus títulos durante dos años, sin garantías de recuperar su dinero en efectivo. La última de las noticias que leí decía “Caja Cantabria, cinco engaños consecutivos para sus clientes”. Los afectados por las preferentes ya han iniciado las demandas judiciales para defender sus derechos.

Cuando empezaron a dictarse reiteradas sentencias condenando a entidades por la comercialización fraudulenta de estos productos, muchas cajas y bancos implicados en la comercialización, se movieron para buscar transacciones amistosas con sus clientes que evitaran litigios judiciales. Pero, Liberbank no hizo nada, miró para otro lado y provocó que los afectados empezaran a formular demandas ante los Tribunales de modo masivo.

El resultado de todo esto es que ya empiezan a notificarse sentencias de estas demandas formuladas. Concretamente en estos últimos días en Santander se han dictado cinco sentencias que condenan a devolver del orden de 130.000€ por participaciones preferentes comercializadas por Caja Cantabria. Son las primeras. Los diferentes fallos aprecian manifiesta temeridad en la actitud de la Caja que pese a los intentos de conciliación previa, no se allanó a las demandas y no intentó ningún acuerdo amistoso que evitara el proceso, sabiendo como sabía que había reiterada jurisprudencia que declaraba nulos de pleno derecho estos contratos.  Concretamente, una de las resoluciones, en sus fundamentos aprecia “causa torpe” ya que las tres clientes afectadas, ni siquiera suscribieron, consintieron a conocieron la contratación de sus preferentes. Recoge la sentencia que fue Caja Cantabria quien las adquirió “unilateralmente” cargando su compra en la cuenta corriente de las afectadas, sin ni tan siquiera comunicárselo, utilizando para ello, de “forma irregular y no autorizada” de un contrato de gestión de valores suscrito muchos años antes de la fecha de compra de estas participaciones.  Considera el juzgador que la Caja se aprovechó de la confianza que en ella tenían sus clientas y “suplantó su consentimiento” para suscribir con el dinero que tenían en un depósito a plazo fijo, un producto de alto riesgo del que sólo se beneficiaba la Caja.  En todas las sentencias, por causas como no tener experiencia financiera, estar aquejado de una enfermedad degenerativa, ser analfabeto o causas parecidas,  Caja Cantabria resultó condenada a devolver el dinero con el interés legal devengado desde la suscripción del producto, además de imponerle las costas causadas en los procedimientos.

A la vista de estas primeras sentencias a las que seguirán otras muchas, no alcanzo a entender qué intereses puede haber el Liberbank para que no pegue un giro radical a su política y empiece a perseguir transacciones amistosas con los perjudicados que hayan reclamado o vayan a reclamar. He leído que la Plataforma de Afectados por las Preferentes, está estudiando la posibilidad de demandar a Liberbank, por despilfarrar recursos públicos al hacer caso omiso a la reiterada jurisprudencia que existe.

Yo, sin dudar, animo a cualquier afectado, a que se lance y presente una querella contra los dirigentes de Liberbank, ya que sabiendo como saben que van a ser condenados, malgastan de modo negligente o incluso doloso, los escasos recursos de una maltrecha Administración de Justicia, a la que se le resta el tiempo que emplea para dar coscorrones a la contumacia de Liberbank. Juegan también con el sufrimiento de sus antiguos clientes, que se ven obligados a ir al Juzgado y a esperar un año para que un Juez termine dándoles la razón, como no puede ser de otro modo. Toda una tomadora de pelo tanto para los afectados, como incluso para los ciudadanos a los que se les está hurtando la posibilidad de tener una administración de justicia más rápida.