miércoles, 22 de octubre de 2014

EL FIN DE ETA

Acabo de leer en EL COMERCIO el artículo de opinión del  Sr. Pérez Rubalcaba, sobre el final de la violencia, en el que termina diciendo que los ingredientes que condujeron a acabar con la violencia de ETA habían sido: inteligencia, firmeza, consenso y confianza.  El mismo, cuando era Ministro del Interior en el gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero y después el gobierno del Sr. Rajoy,  nos vinieron diciendo que ETA se había acabado derrotada por el Estado de Derecho. También nos vinieron diciendo de modo sucesivo que el Gobierno nunca iba a hacer concesión alguna a los terroristas.  
Siendo bien pensado, quiero interpretar que, por  formar parte de los altos secretos de estado, el Sr. Rubalcaba en este artículo y también el Sr. Rajoy,  están ocultando la negociación y las concesiones que se hicieron y se están haciendo con la banda terrorista para llegar a su extinción definitiva. Pero, pese a esas afirmaciones categóricas de que no iba a haber ningún tipo de concesión, la realidad se impone y las concesiones han salido y salen a relucir.  Si es cierto que ya han transcurrido tres años sin haberse registrado ningún atentado y esto hay que celebrarlo, pero también es más cierto que las víctimas del terrorismo están siendo desairadas de modo reiterado por ese juego oculto y supongo que su fuero interno, tendrán pocas ganas de celebrar nada.

Hace unos días, la médico forense de la Audiencia Nacional, Carmen Baena, hablaba en un medio de comunicación diciendo que cuando dictaminó que el terrorista Bolinaga no estaba aquejado de ninguna enfermedad terminal y que podía ser tratado en la prisión, recibió presiones para que modificara su informe.  Pensó que la libertad condicional de Bolinaga ya estaba decidida. Lo cierto es que, pese a su informe negativo, Bolinaga fue puesto en libertad y ahora se pasea por su pueblo jactándose de sus fechorías y sin el mínimo atisbo de arrepentimiento por el asesinato de tres guardias civiles o por tener secuestrado y torturado a José Antonio Ortega Lara durante 463 días.  Si como se ha confirmado después de dos años fuera de la cárcel, no hay enfermedad terminal, ¿ por qué no se le envía de nuevo a prisión? Si la médico forense que lo reconoció ha recibido presiones, ¿por qué la Fiscalía no ha iniciado investigaciones al respecto?
Antes de Bolinaga, Zapatero, en aquél llamado proceso de paz, autorizó la puesta en libertad del sanguinario de Juana Chaos que está prófugo desde hace seis años, que está oficialmente desaparecido, aunque la prensa ha demostrado que está refugiado en Venezuela.  Después se produjo el famoso chivatazo del Bar Faisán en el que terminaron condenados dos policías como autores directos del chivatazo, mientras que los políticos responsables y que dieron la orden, permanecían escondidos. ¿No habrán sido el Sr. Zapatero y el Sr. Rubalcaba los que, para no perjudicar ese llamado proceso de paz, dieron la orden de avisar a los etarras? A partir de ahí se siguió una hoja de ruta y se permitió que Bildu, testaferros políticos de ETA, entraran en diputaciones y ayuntamientos.
Parece más que evidente, que el famoso proceso de paz iniciado por Zapatero, es seguido ahora por Rajoy, aun cuando antes, en la oposición, se ponía al frente de las manifestaciones ciudadanas y se oponía categóricamente a que Zapatero excarcelara a De Juana, diciendo que “Sería una injusticia liberar a un terrorista que no pide perdón, que no se arrepiente, que nos desprecia y que para colmo, se ríe de nosotros con sus parodias”.  

Es evidente pues, que pese a sus afirmaciones categóricas de que no se iba a dar concesión alguna, hay una labor soterrada, antes en el gobierno del Sr Zapatero y ahora en el del Sr. Rajoy para pactar y dar concesiones a ETA, a través de las que puedan llegar a su extinción definitiva. El gran problema es que esa labor soterrada se hace, con inteligencia como dice Rubalcaba sí, pero con la Inteligencia del Estado (CNI) que pacta y da concesiones a los terroristas. Pero como se  hace y debería de hacerse, es con el Estado de Derecho  y con la Ley en la mano.


Así que termino diciendo al Sr. Rubalcaba que en modo alguno puedo estar de acuerdo con esos ingredientes de inteligencia, firmeza, consenso y confianza porque el resultado final de todo esto es que no ha habido firmeza (se han dado concesiones), no ha habido consenso (que se lo pregunten a las víctimas del terrorismo), no ha habido confianza (todo se hace de modo oculto y esto produce desconfianza) y sí ha habido inteligencia, pero es la “Inteligencia del estado” o lo que es lo mismo, el CNI.

martes, 21 de octubre de 2014

EL PROBLEMA DE ESPAÑA ES SU SISTEMA POLITICO





Contrariamente a lo que nos quieren hacer ver los políticos, los problemas de calado de España no son que los ciudadanos hayamos gastado más de lo que teníamos, o que tengamos unos sueldos muy altos (máxime cuando más de un 65% de la población ocupada gana menos de mil euros mensuales). El problema tampoco está en las pensiones de los jubilados, habida cuenta de que la pensión media está fijada en 802€, cifra esta que es un 37% más baja que la media de la Unión Europea. Tampoco está el problema en  que los españoles trabajemos pocas horas, ya que independientemente de lo que se marque en convenios colectivos generales o de las empresas, se sabe perfectamente que aquí, en la práctica, se trabajan muchas más horas que en otros países europeos. Tampoco es un problema el nivel técnico que tenemos, con muy buenos niveles de talento, creatividad, capacidad de nuestras empresas y con un alto nivel de  profesionales, ingenieros, médicos, investigadores. etc.

El verdadero problema de España es que las oligarquías políticas, financieras y económicas han ido tejiendo un  Modelo de Estado  a su medida. Los gobernantes, también de modo progresivo, han ido eliminando la independencia del poder judicial y de los órganos de control del Estado. Sin separación de poderes, sin independencia del poder judicial, sin órganos de control independientes y sin diputados y senadores que sólo representan a los partidos políticos que los han puesto en sus listas, en vez de representar a los ciudadanos que los han votado, mal pueden ir las cosas.
El verdadero problema de España es que tenemos unas autonomías, unas diputaciones y unos ayuntamientos que con unos niveles de descontrol y despilfarro que están dilapidando casi dos tercios de todo el gasto público (245.000 millones). El verdadero problema de España es que tenemos unos niveles de corrupción política, de todo punto inaceptables.

El verdadero problema de España es que teníamos unas  cajas de ahorro totalmente politizadas, que los que sus dirigentes han llevado a la bancarrota y que al mismo tiempo que engañaban a sus clientes con las preferentes, ellos se forraban asignándose unos sueldos archimillonarios,  que además complementaban con las famosas tarjetas de crédito blak.

 Es inaceptable que el Gobierno, recorte partidas para financiar educación, sanidad, o justicia y con la otra mano haya inyectado con dinero público 23.000 millones a Bankia, 16.000 millones a CAM o 7000 millones a algunas otras más pequeñas...¿por qué no liquidó y cerró estas entidades en vez de financiarlas? ¿Por qué no pidió el procesamiento de sus dirigentes? Y si por razones técnicas decidió rescatarlas, ¿por  qué usó fondos de todos los españoles como son los del FROB en vez de pedir los fondos que le ofreció Europa.


En mi opinión, antes que haber pedido dinero a Europa y con ello que todos los españoles quedemos endeudados durante generaciones, sufriendo la crisis durante muchos años, lo que hay que hacer lo más pronto posible es cambiar radicalmente  el sistema político y financiero. Hay que luchar para romper esas oscuras alianzas de las oligarquías políticas y financieras. Hay que luchar para que los ciudadanos dejemos ser esos meros comparsas que sólo servimos para ir a las urnas a votar a las listas que los partidos políticos nos ponen delante y para que de verdad empecemos a tener peso y participación en las decisiones políticas.


El timorato gobierno del Sr. Rajoy tiene que dejar a un lado palabras huecas, y empezar a moverse con rigor y firmeza para reformar profundamente Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos, que en este momento, en unos casos están fuera de control y en otros están en una clara bancarrota y llenas de corrupción por todas las esquinas. Y si tiene que convocar un referéndum para modificar todo esto, pues que lo haga a la mayor urgencia.


Ya es hora de acabar con los drásticos recortes sociales y fuertes subidas en las cargas impositivas. Por el contrario, hay una ingente cantidad de gastos con unas cifras muy relevantes, que claramente se pueden eliminar. No nos podemos permitir diecisiete Autonomías, con dicieisiste servicios multiplicados, con diecisiste servicios de meteorología, con diecisiete defensores del pueblo, don un montón de embajadas, con 60 canales de televisión local que generan fuertes pérdidas, con  3.500 empresas públicas que dan empleo al clientelismo de los partidos, que ocultan sus deudas y que no tienen control financiero alguno. Aquí hay materia suficiente para meter la tijera a fondo.


Tómense medidas para acabar con los escándalos de la corrupción. No podemos esperar más tiempo.  Hay que meter en la cárcel a toda esa red de corruptos, para que además de que se les apliquen las correspondientes sanciones penales, respondan con su patrimonio presente y futuro, de todo lo que han defraudado.


El déficit del Estado sigue creciendo y por una razón muy clara, porque se está gastando para seguir financiando el serio despilfarro de comunidades y ayuntamientos a los que les trae sin cuidado eso de la disciplina financiero fiscal. Todos están mintiendo y maquillando cifras. Además, algunos como Cataluña o Euskadi, no hacen más que presionar para conseguir privilegios.


Por tanto, Sr. Rajoy, no nos venga con eso de que estamos en el buen camino. Vd. sabe que eso no es cierto. Acepte de una vez por todas que los ciudadanos tenemos un grave déficit de democracia representativa. Acepte que como los políticos no han tenido ningún control, han despilfarrado las ayudas que hemos venido recibiendo de Europa. Acepte que con estas políticas corruptas han destrozado empleos, talento, creatividad, hasta el extremo de que un gran número de jóvenes muy bien formados, tienen que salir de España para trabajar. Acepte que con estas desastrosas políticas, están diezmando a las clases medias.


En resumen, no se trata de que los españoles trabajemos poco, o tengamos sueldos altos, o hayamos gastado más de lo que teníamos, como reiteradamente dicen. El problema es que tenemos un sistema político ineficaz, ineficiente, lleno de nepotismos y clientelismos, en muchos casos corrupto y que si no se acaba con él, terminaremos en una España arruinada para las próximas generaciones.

En este estado de cosas, a mí no me parece nada fuera de lugar que los alemanes, la UE, el BCE o el FMI, nos estén pidiendo aun más reformas. Tampoco me sorprende que surja Podemos con tantos apoyos. Los ciudadanos estamos cansados.  Así que Sr. Rajoy, señores dirigentes de la oposición, menos  discursos huecos y más rigor en la aplicación de medidas para eliminar de una vez por todo el sistema actual y para cargarse toda esa red de oligarcas políticos y económicos corruptos, que son los únicos responsables de lo que nos está ocurriendo.

miércoles, 15 de octubre de 2014

LA LEY DE DEPENDENCIA HA MUERTO

Acabo de leer que el Principado va a prescindir de los 35 técnicos eventuales, que realizaban desde el 2007, todo el proceso de evaluación, tramitación y resolución de los expedientes de solicitud de las ayudas a la dependencia. Esta noticia me hace despejar todas las dudas que tenía y me lleva a decir rotundamente que ni el Estado ni la Comunidad Autónoma, están implicados en la aplicación de la Ley de Dependencia. Y hago esta afirmación tan categórica, porque tengo mi propia experiencia personal sobre la inoperatividad y la ineficacia de la Ley.

Concretamente, en su día, yo formulé solicitud de dependencia para mi madre incapacitada. Tras innumerables gestiones, primero ante el Ayuntamiento, donde como es preceptivo, presenté la solicitud y aporté documentación, y después ante la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad, un año y cuatro meses después de presentada la solicitud, recibí una comunicación en la que se nos informa que se ha iniciado el procedimiento denominado "Reconocimiento del Grado de la Situación de Dependencia", a la vez que se nos dice que va a tener lugar una visita domiciliaria que realizará el equipo territorial de valoraciones y que en esa visita tendrá que estar presente la cuidadora de la solicitante. Conforme a la citación enviada, en la fecha prevista, se realizó la visita, se reconoció a mi madre, se interrogó a la cuidadora que tenemos contratada y finalmente se nos indicó que a partir de este momento, en marcha ya el expediente, esperáramos a la siguiente notificación.

Vuelven a pasar varios meses sin respuesta ninguna de la Consejería, me acerco a hablar con el equipo de valoración para informarme sobre la situación del expediente y allí me dicen: tenga paciencia, hay pocos medios y pocos recursos. No se impaciente. Espere. En ese largo proceso de espera, la situación clínica de mi madre se agrava y me veo obligado a trasladarla a una residencia geriátrica privada, donde pocos meses después fallece. Bastante tiempo después, recibo una comunicación de la Consejería informándome que se ha aceptado la solicitud y que mi madre es acreedora a una plaza en una residencia de ancianos del ERA. A buenas horas mangas verdes.

En resumen, que si en la situación anterior al despido de los técnicos eventuales que se ocupaban de este asunto, los expedientes se morían en un cajón, bajo el pretexto de que no había medios ni recursos, ahora, sin estos técnicos, la ley ha muerto. ¿Es esta la política social de que tanto presume el Principado? Si de verdad quieren hacer política social, por qué no pegan un cerrojazo al Consejo Consultivo que no sirve para nada y esos 1,3 millones de euros que cuesta los aplican a dependencia? ¿Por qué no cierran de una vez por todas todos esos chiringuitos llamados empresas públicas y los ahorros del cierre los trasladan a dependencia?  Claro, igual es mucho pedir porque a lo mejor ahora están corriendo como locos para averiguar dónde han ido a parar los fondos mineros o a donde han ido a parar todos esos despilfarros del Niemeyer o de la Laboral o del Musel o de no sé dónde.


Señores dirigentes del Principado de Asturias, ocupados en otras cosas partidistas, que sólo les interesan a ustedes, y prescindiendo de esos 35 técnicos, han matado por inanición a la Ley de Dependencia. Me rio yo de su política social. Demuestran su total insensibilidad hacia la dependencia, hacia el salario social o hacia otras muchas cosas que de verdad importan a los ciudadanos, pero que a ustedes les traen sin cuidado, aun cuando incumplen abiertamente las leyes que las regulan esos temas.

miércoles, 8 de octubre de 2014

EL CONTRATO SOCIAL SE HA ROTO

Cuando yo hacía derecho hace algunos años (bueno, muchos), estudié que el contrato social, cuyo planteamiento fue concretado por Rousseau, era un pacto o acuerdo realizado por los miembros de una sociedad en el que se establecían los deberes y derechos del Estado y de sus ciudadanos. En este acuerdo, por voluntad propia, los ciudadanos admiten que existe una autoridad y que hay unas normas morales y unas leyes a las que se someten. En base a este contrato, a los ciudadanos se les conceden unos derechos, a cambio de su renuncia a la libertad total que tendrían viviendo en la naturaleza. En esta teoría, vigente hasta nuestros días, todos los ciudadanos íbamos a ser iguales ante la Ley y los poderes del estado iban a ser garantes de esta igualdad. Concretamente, el Poder Judicial iba a garantizar que este contrato se cumpliera.

Hoy en día, creo que esta teoría en la que yo creía firmemente, se ha ido al traste. El contrato social se ha roto. Por un lado tenemos a unos ricos que cada vez son más ricos. Tenemos a los llamados “mercados de capitales” que, gestionados por ricos, desestabilizan de modo sistemático las economías de los estados. Tenemos una “clase política” o “casta” como la llama Pablo Iglesias, llena de politócratas y partitócratas, que es prisionera de sus propias ambiciones personales y que se ponen en manos de los banqueros, que les proporcionan la financiación que necesitan a la vez que los hacen ricos. Esa ambiciosa “clase” o “casta” política, se adueña del poder legislativo que se pone a sus pies y legisla, no sobre lo que le interesa al pueblo, si no a sus propios intereses personales o de partido. A la vez maquina insidiosamente para poner el pie en el cuello al poder judicial, al objeto de que este pierda su independencia. 

Así, los "miembros de la “clase política ", "elite política" o “casta” ,como se les quiera llamar, hicieron que su "poder" dejara de ser un poder delegado, o compartido, donde la soberanía residiera  en el pueblo, y consiguieron que la soberanía residiera en ellos. Los Presidentes, Ministros, Alcaldes, Diputados y demás cargos elegidos en las urnas, dejaron de representar y defender los intereses de sus electores y empezaron a defender sus propios intereses personales y de partido, así como los de la banca y los mercados que los sostienen. En definitiva, secuestraron la voluntad de los electores.
 
En el otro lado tenemos a unos ciudadanos para los que eso de ser iguales ante la Ley es una pura quimera. Se les incrementan los impuestos para financiar a los ricos. Se les recortan los sueldos o las pensiones. Se les recortan los servicios sanitarios. Se les recorta la facilidad de obtener una buena educación. Se les pone una sanción monumental si los pillan a las de 120 por hora. Se les pone una sanción tremenda con su correspondiente recargo de apremio si se les olvida declarar unos pocos euritos a Hacienda. Se les quita su piso si no pueden pagar la hipoteca además de seguir teniendo la deuda pendiente. Se les recortan sus derechos sociales y en definitiva se les hace víctima de las propias Administraciones Públicas.

Y, estos pobres ciudadanos, que con todas las penurias están soportando en sus espaldas todas las cargas fiscales del Estado, están viendo cómo los políticos corruptos se van de rositas a sus casas, forrados. Están viendo cómo todos los poderosos se están cachondeando del poder judicial. Están viendo como los grandes ejecutivos de las Cajas de Ahorro que las han llevado a la ruina, se han asignado unos sueldos y unas primas archimillonarias, así como las famosas tarjetas de crédito de las que tanto hablan los medios de comunicación. Están viendo como grandes empresarios se forran cada vez más al tiempo que alardean de sus grandes yates y sus grandes fortunas. Están viendo cómo la pobreza y la miseria crece a su alrededor. Está viendo como en los países del tercer mundo la gente se muere de hambre.

Ante esta situación tan injusta, ¿quién podría hacer que el contrato social se cumpla?. Incuestionablemente la Administración de Justicia. Pero, claro, un poder judicial auténticamente independiente. Un poder judicial que haga que el contrato de cumpla y que permita que sí o sí, todos los ciudadanos seamos de verdad iguales ante la ley (hasta la casa Real). Una justicia moderna, rápida, dotada de tecnología, que dicte sentencias rápidas y vele porque estas se ejecuten de inmediato, caiga quien caiga. Pero claro, para eso tenemos que contar con un poder judicial verdaderamente independiente, sin presiones del poder ejecutivo y hoy en día, evidentemente esto no es así.


Por tanto sólo tenemos dos opciones, o tiramos a la papelera el contrato social, o  si lo queremos salvar, los ciudadanos tendremos que plantearnos salir a la calle, protestar, exigir, reivindicar que el poder judicial sea verdaderamente independiente. Si no hacemos nada la injusticia social cada vez será mayor....

viernes, 3 de octubre de 2014

IGUALDAD DEL HOMBRE Y LA MUJER AL CONTRATAR UN SEGURO

Cada día entiendo menos a los políticos. En vez de dedicarse a lo que realmente importa, que es resolver los graves problemas económicos que sufrimos y a combatir el brutal desempleo existente, juegan a perder el tiempo y a moverse de modo demagógico en el Congreso, para introducir modificaciones legislativas que, desde mi punto de vista, sólo tienen un objetivo: Justificar lo que cobran. Porque, en otro caso, no podría entenderse.

He aquí un ejemplo: Fruto de una enmienda presentada por el Grupo Popular, en la Ley 11/2013 de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, se metió con calzador una disposición adicional duodécima, relativa a la igualdad de trato entre mujeres y hombres en el acceso a los bienes, servicios y su suministro, que literalmente dice: “no podrán establecerse, en el cálculo de las tarifas de los contratos de seguro, diferencias de trato entre mujeres y hombres en las primas y prestaciones de las personas aseguradas, cuando aquellas consideren el sexo como factor de cálculo”. De esta manera los diputados consagraban el principio de igualdad de trato, pero olvidaron  que esta  disposición adicional modifica la Ley de Ordenación del Seguro Privado y la chapuza es monumental.
  
Vamos a ver señores diputados, ¿con tantos asesores que tienen y que dicho sea de paso, pagamos todos los ciudadanos, sólo se les ocurre eso? ¿Conocen algo el mundo del seguro? ¿Conocen algo de cálculos actuariales? Yo creo que no tienen ni repajolera idea. Así que, voy a darles algunas aclaraciones.

Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, para determinar lo que en su argot llaman "riesgo", manejan cálculos actuariales basados en el "cálculo de probabilidades", "leyes de los grandes números" y las "leyes empíricas del azar". Concretamente, en el ámbito de los seguros de vida, suelen utilizar elaboradas tablas de mortalidad, entre las que destacan las prestigiosas tablas suizas GKM. 

En base a todos estos cálculos actuariales, se puede saber que las mujeres tienen una expectativa de vida ocho años mayor que la de los hombres, o que las mujeres son más prudentes que los hombres conduciendo y por eso tienen menos accidentes, o que las mujeres viven más que los hombres, pero en cambio sufren más intervenciones quirúrgicas, o que las mujeres practican menos deporte de riesgo que los hombres, etc.etc.
Como consecuencia, es lógico pensar que la prima de un seguro de vida para el caso de muerte, sea más cara para un hombre que para una mujer, e igualmente el seguro de auto será más caro para el coche que conduce un hombre, que para una mujer. Por el contrario si se trata de seguros de salud, como estadísticamente las mujeres tienen más intervenciones quirúrgicas y además se quedan embarazadas, las primas por lógica son más caras para las mujeres que para los hombres.

Si además de todo esto tenemos en cuenta que las aseguradoras no son entidades públicas que pueden tener precios políticos regulados por el Estado, si no que se trata de entidades mercantiles que en libre competencia persiguen unos beneficios, sin duda van a aplicar las primas que según sus cálculos corresponden a los riesgos que asumen. Por tanto si los riesgos digamos hombre o mujer, son diferentes, también lo serán las primas que van a pagar por los seguros que contraten.


Así que, amigos Diputados, dejen a un lado la demagogia barata y dedíquense a proponer medidas legislativas que de verdad estimulen el crecimiento y la creación de empleo, porque esta chorrimedida de que las aseguradoras cobren igual a hombres o a mujeres, para nada va a influir en este crecimiento o esa creación de empleo. Muy al contrario, estarán coartando la libertad de mercado de las compañías de seguros.

jueves, 2 de octubre de 2014

LOS CONSEJOS CONSULTIVOS

Yo en modo alguno comparto las teorías de “Podemos”,  pero en este caso, sólo en este caso, tengo que darles la razón: “La casta existe”. Y a las pruebas me remito. Los políticos de turno han fabricado un entramado institucional para tener jubilaciones doradas, una vez que se han apartado, o el electorado les ha apartado de la vida política.

Primero se inventaron el Consejo de Estado para acoger a ex presidentes del Gobierno de España, ex Fiscales Generales del Estado, ex ministros, ex gobernadores del Banco de España, ex presidentes de Consejos de Gobierno, de Comunidades Autónomas y ex de los más variopintos cargos políticos. Después, aun cuando este Consejo de Estado tiene competencias para asesorar a las Comunidades Autónomas, estas no se quedaron cortas y se inventaron los “Consejos Consultivos” para ese mismo asesoramiento ceñido a la respectiva Comunidad Autónoma.

Como muestra basta un botón: El Sr. Gallardón presentó su dimisión como Ministro de Justicia y transcurrido un solo día de paro, a los dos días, ya fue incorporado como Consejero de la Comunidad de Madrid, con el módico sueldo de ocho mil quinientos euros  mensuales, más despacho, secretaria y coche oficial. Pero al igual que él, en todos los Consejos autonómicos, hay infinidad de políticos que, sólo por asistir a una reunión semanal, cobran entre 60.000 y 90.000 euros anuales. Y lo que indigna es que puede que asistan a esas reuniones, pero quien les hace el trabajo y elaboran los dictámenes que ellos se limitan a suscribir, son los Letrados que tienen adscritos esos Consejos y que evidentemente cobran su sueldo como funcionarios adscritos que son. Como he leído en algún lado, “los miembros de la casta son como los marines americanos. Nunca dejan a un compañero atrás”.

Es lamentable que el Presidente Sr. Rajoy, entre el montón de medidas que propuso para la reforma de la Administración Pública y evitar duplicidades, estaba la eliminación de estos órganos consultivos y que al día de hoy, sólo Cantabria ha eliminado hace poco tiempo su Consejo Consultivo. Ciñéndonos a nuestra Comunidad, el Consejo Consultivo está compuesto por seis miembros, todos ex políticos y a su servicio tienen veinticinco funcionarios adscritos, entre los que predominan los Letrados.  Repasando su memoria anual he visto que el último año,  han tenido 42 reuniones plenarias y que han generado unos gastos anuales de 1,3 millones de euros. Entre las 371 consultas que les han formulado, predominan las reclamaciones que los ciudadanos hacen por el funcionamiento de los servicios públicos, como por ejemplo la de un ciclista que reclama por caerse de la bicicleta en una senda pública con mantenimiento deficiente. (No hay ni una sola que tenga una relevancia tan especial, que hubiere sido merecedora de una consulta al Consejo). Caramba que se trata de cuestiones que cualquier funcionario del Principado puede resolver sin esfuerzo alguno, por su escasísima complejidad. Además, si el Principado tiene contratado un seguro de responsabilidad civil, que entre otras cosas, garantiza la defensa frente a las reclamaciones de los ciudadanos y en su caso la correspondiente indemnización por los perjuicios causados, ¿para qué ir a buscar el dictamen del Consejo Consultivo si van a ser los Abogados de la compañía de seguros, los que se van a ocupar de esas reclamaciones?

Para qué queremos unos órganos que nos cuestan más de 20 millones de euros al año, y que no sirven para nada, ya que sus dictámenes no son vinculantes y además de eso, quien realmente se los curra con los Letrados funcionarios. Conforme a la Ley de Presupuestos, los sueldos de todos estos consejeros  que no aconsejan nada, tienen unos emolumentos equiparables a un Subsecretario de Estado. Es decir, cobran más de 60.000 euros anuales sólo por asistir a una reunión semanal que apenas dura unas horas.


Por tanto, señores del gobierno, ya que tienen la tijera preparada para recortar y para reducir el déficit público, recorten estos Consejos, que son costosísimos y que son ineficaces e ineficientes. Y si de verdad lo que quieren es proporcionar una jubilación dorada a sus ex, caramba, díganlo abiertamente que igual encajamos el gol mejor. Pero, en cualquier caso, si se resisten al recorte y persisten en la idea de jubilar magnánimemente a sus ex, caramba, acuérdense de que los ciudadanos de a pie, no tenemos ese privilegio y que si la empresa en la que trabajamos nos da una patada en el culo, nos vamos a la cola del paro, a ver si con suerte cobramos el subsidio un tiempo  y en base a lo que hayamos cotizado, así va a ser nuestra pensión, que nunca, en ningún caso, va a alcanzar el nivel de sus privilegiados ex políticos. ¡qué jeta!

martes, 30 de septiembre de 2014

EL CONSTITUCIONAL Y LA LEY CATALANA DE CONSULTAS

Desde la óptica estrictamente jurídica, la suspensión de la Ley Catalana de Consultas y el Decreto de Convocatoria, estaba cantada. Tras el recurso de la Abogacía del Estado, el Tribunal Constitucional ayer, se limitó a aplicar el artículo 161.2 de la Constitución y en base a la misma, suspende cuantos actos o resoluciones hayan podido dictarse así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta y vinculadas a ella. Punto final. Ha prevalecido el Estado de Derecho y por tanto no hay vuelta de hoja.
En lo que tengo muchas dudas es si además del Estado de Derecho, se ha aplicado el Estado de la Política. Y digo esto porque la extraordinaria velocidad del Tribunal Constitucional para resolver, sólo puede entenderse desde un prisma claramente político. Me sorprende que al igual que siempre se haber mantenido impasible ante urgencias políticas, ahora resuelva en sólo unas horas. Entre tanto que mantiene una lentitud exasperante en actuaciones que afectan a los ciudadanos como son la inconstitucionalidad de la ley de tasas judiciales, o la inconstitucionalidad de recortes, o los cuatro años que tardó en pronunciarse sobre el propio Estatuto de Autonomía Catalán, ahora resuelve sólo en unas horas.
Me sorprende también que la resolución del Tribunal decrete una suspensión genérica, tanto retroactiva como prospectiva. Tengo la impresión que los miembros del Tribunal han pretendido dejar un claro “aviso” a los dirigentes catalanes, al suspender no sólo la ley de consultas y el decreto de convocatoria, sino también “los actos preparatorios, vinculados y similares”. Con esta decisión el Tribunal no tiene en cuenta que cada acto administrativo tiene su tiempo y por seguridad jurídica existen mecanismos de impugnación concreta para cada uno de los actos. Creo que resumen que por razones políticas trata de cerrar las puertas a estos actos, antes incluso de que se produzcan.
Concluyo diciendo que no se precisa de amplios conocimientos jurídicos ni de dotes adivinatorias para saber que el Tribunal, en su momento estimará la inconstitucionalidad de las resoluciones catalanas que ayer ha suspendido. No obstante esto, lo que también tengo más que claro, es que la “política” ha actuado en el Gobierno del Estado, en la Generalitat catalana, en el Consejo de Estado y en el propio Tribunal Constitucional. Se ha montado un circo político que probablemente terminará su función en el momento en que se llegue a una salida negociada del conflicto creado por el Sr. Mas y estoy convencido de que esa salida será aceptada por el presidente catalán, para evitar que caiga sobre sus espaldas la estimación del recurso de inconstitucionalidad de sus resoluciones.

A mi juicio, la credibilidad del Tribunal Constitucional queda cuestionada, desde el momento que hoy se mueve a toda velocidad por razones políticas, entre tanto tarda años para resolver cuestiones estrictamente jurídicas que afectan a todos los ciudadanos.