jueves, 2 de octubre de 2014

LOS CONSEJOS CONSULTIVOS

Yo en modo alguno comparto las teorías de “Podemos”,  pero en este caso, sólo en este caso, tengo que darles la razón: “La casta existe”. Y a las pruebas me remito. Los políticos de turno han fabricado un entramado institucional para tener jubilaciones doradas, una vez que se han apartado, o el electorado les ha apartado de la vida política.

Primero se inventaron el Consejo de Estado para acoger a ex presidentes del Gobierno de España, ex Fiscales Generales del Estado, ex ministros, ex gobernadores del Banco de España, ex presidentes de Consejos de Gobierno, de Comunidades Autónomas y ex de los más variopintos cargos políticos. Después, aun cuando este Consejo de Estado tiene competencias para asesorar a las Comunidades Autónomas, estas no se quedaron cortas y se inventaron los “Consejos Consultivos” para ese mismo asesoramiento ceñido a la respectiva Comunidad Autónoma.

Como muestra basta un botón: El Sr. Gallardón presentó su dimisión como Ministro de Justicia y transcurrido un solo día de paro, a los dos días, ya fue incorporado como Consejero de la Comunidad de Madrid, con el módico sueldo de ocho mil quinientos euros  mensuales, más despacho, secretaria y coche oficial. Pero al igual que él, en todos los Consejos autonómicos, hay infinidad de políticos que, sólo por asistir a una reunión semanal, cobran entre 60.000 y 90.000 euros anuales. Y lo que indigna es que puede que asistan a esas reuniones, pero quien les hace el trabajo y elaboran los dictámenes que ellos se limitan a suscribir, son los Letrados que tienen adscritos esos Consejos y que evidentemente cobran su sueldo como funcionarios adscritos que son. Como he leído en algún lado, “los miembros de la casta son como los marines americanos. Nunca dejan a un compañero atrás”.

Es lamentable que el Presidente Sr. Rajoy, entre el montón de medidas que propuso para la reforma de la Administración Pública y evitar duplicidades, estaba la eliminación de estos órganos consultivos y que al día de hoy, sólo Cantabria ha eliminado hace poco tiempo su Consejo Consultivo. Ciñéndonos a nuestra Comunidad, el Consejo Consultivo está compuesto por seis miembros, todos ex políticos y a su servicio tienen veinticinco funcionarios adscritos, entre los que predominan los Letrados.  Repasando su memoria anual he visto que el último año,  han tenido 42 reuniones plenarias y que han generado unos gastos anuales de 1,3 millones de euros. Entre las 371 consultas que les han formulado, predominan las reclamaciones que los ciudadanos hacen por el funcionamiento de los servicios públicos, como por ejemplo la de un ciclista que reclama por caerse de la bicicleta en una senda pública con mantenimiento deficiente. (No hay ni una sola que tenga una relevancia tan especial, que hubiere sido merecedora de una consulta al Consejo). Caramba que se trata de cuestiones que cualquier funcionario del Principado puede resolver sin esfuerzo alguno, por su escasísima complejidad. Además, si el Principado tiene contratado un seguro de responsabilidad civil, que entre otras cosas, garantiza la defensa frente a las reclamaciones de los ciudadanos y en su caso la correspondiente indemnización por los perjuicios causados, ¿para qué ir a buscar el dictamen del Consejo Consultivo si van a ser los Abogados de la compañía de seguros, los que se van a ocupar de esas reclamaciones?

Para qué queremos unos órganos que nos cuestan más de 20 millones de euros al año, y que no sirven para nada, ya que sus dictámenes no son vinculantes y además de eso, quien realmente se los curra con los Letrados funcionarios. Conforme a la Ley de Presupuestos, los sueldos de todos estos consejeros  que no aconsejan nada, tienen unos emolumentos equiparables a un Subsecretario de Estado. Es decir, cobran más de 60.000 euros anuales sólo por asistir a una reunión semanal que apenas dura unas horas.


Por tanto, señores del gobierno, ya que tienen la tijera preparada para recortar y para reducir el déficit público, recorten estos Consejos, que son costosísimos y que son ineficaces e ineficientes. Y si de verdad lo que quieren es proporcionar una jubilación dorada a sus ex, caramba, díganlo abiertamente que igual encajamos el gol mejor. Pero, en cualquier caso, si se resisten al recorte y persisten en la idea de jubilar magnánimemente a sus ex, caramba, acuérdense de que los ciudadanos de a pie, no tenemos ese privilegio y que si la empresa en la que trabajamos nos da una patada en el culo, nos vamos a la cola del paro, a ver si con suerte cobramos el subsidio un tiempo  y en base a lo que hayamos cotizado, así va a ser nuestra pensión, que nunca, en ningún caso, va a alcanzar el nivel de sus privilegiados ex políticos. ¡qué jeta!

martes, 30 de septiembre de 2014

EL CONSTITUCIONAL Y LA LEY CATALANA DE CONSULTAS

Desde la óptica estrictamente jurídica, la suspensión de la Ley Catalana de Consultas y el Decreto de Convocatoria, estaba cantada. Tras el recurso de la Abogacía del Estado, el Tribunal Constitucional ayer, se limitó a aplicar el artículo 161.2 de la Constitución y en base a la misma, suspende cuantos actos o resoluciones hayan podido dictarse así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta y vinculadas a ella. Punto final. Ha prevalecido el Estado de Derecho y por tanto no hay vuelta de hoja.
En lo que tengo muchas dudas es si además del Estado de Derecho, se ha aplicado el Estado de la Política. Y digo esto porque la extraordinaria velocidad del Tribunal Constitucional para resolver, sólo puede entenderse desde un prisma claramente político. Me sorprende que al igual que siempre se haber mantenido impasible ante urgencias políticas, ahora resuelva en sólo unas horas. Entre tanto que mantiene una lentitud exasperante en actuaciones que afectan a los ciudadanos como son la inconstitucionalidad de la ley de tasas judiciales, o la inconstitucionalidad de recortes, o los cuatro años que tardó en pronunciarse sobre el propio Estatuto de Autonomía Catalán, ahora resuelve sólo en unas horas.
Me sorprende también que la resolución del Tribunal decrete una suspensión genérica, tanto retroactiva como prospectiva. Tengo la impresión que los miembros del Tribunal han pretendido dejar un claro “aviso” a los dirigentes catalanes, al suspender no sólo la ley de consultas y el decreto de convocatoria, sino también “los actos preparatorios, vinculados y similares”. Con esta decisión el Tribunal no tiene en cuenta que cada acto administrativo tiene su tiempo y por seguridad jurídica existen mecanismos de impugnación concreta para cada uno de los actos. Creo que resumen que por razones políticas trata de cerrar las puertas a estos actos, antes incluso de que se produzcan.
Concluyo diciendo que no se precisa de amplios conocimientos jurídicos ni de dotes adivinatorias para saber que el Tribunal, en su momento estimará la inconstitucionalidad de las resoluciones catalanas que ayer ha suspendido. No obstante esto, lo que también tengo más que claro, es que la “política” ha actuado en el Gobierno del Estado, en la Generalitat catalana, en el Consejo de Estado y en el propio Tribunal Constitucional. Se ha montado un circo político que probablemente terminará su función en el momento en que se llegue a una salida negociada del conflicto creado por el Sr. Mas y estoy convencido de que esa salida será aceptada por el presidente catalán, para evitar que caiga sobre sus espaldas la estimación del recurso de inconstitucionalidad de sus resoluciones.

A mi juicio, la credibilidad del Tribunal Constitucional queda cuestionada, desde el momento que hoy se mueve a toda velocidad por razones políticas, entre tanto tarda años para resolver cuestiones estrictamente jurídicas que afectan a todos los ciudadanos.

lunes, 29 de septiembre de 2014

EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Las Administraciones Públicas se están convirtiendo en el enemigo contra el que el ciudadano tiene que coger el escudo y la espada para defenderse.

Con cierta habitualidad, leo en los medios de comunicación informaciones relativas a incumplimientos de la legislación vigente por parte de las administraciones públicas. Yo mismo vengo escribiendo de modo crítico sobre esta prepotencia administrativa, ya que no puedo soportar que la administración haga de su capa un sayo, incumpliendo la ley como les venga en gana y en sentido contrario agreda a los ciudadanos con toda clase de exigencias burocráticas, plazos improrrogables, penalizaciones  y sanciones administrativas de todo tipo.

Hace unos días leía  en los diarios, y yo escribía, sobre los retrasos en las prestaciones del salario social que llegaban a casi dos años, aun cuando el Principado de Asturias, por ley, estaba obligado a resolver el tres meses. Leía también los manifiestos incumplimientos de la Ley de Dependencia al ser vulnerados sistemáticamente los derechos de los dependientes. Ahora leo que los autónomos que trabajan para la Administración, tardan en cobrar sus facturas más de cien días aun cuando hay una ley que obliga a que paguen en un plazo no superior a treinta días.  Leo también que el Ayuntamiento de Oviedo no cumple la Ley de Seguridad Vial en cuanto a la normativa de señalización de la zona azul y que pinta las zonas de aparcamiento con los colores que algún iluminado propone, porque de lo que se trata es de recaudar más y mejor por las multas de tráfico.  Leo asimismo que en el Principado de Asturias se adjudican el 65% de las licitaciones, invitando a empresas amigas, sin someterlas a concurso público.

Esto es indignante. No hay derecho. En vez de estar al servicio del ciudadano, las Administraciones Públicas se están convirtiendo en el enemigo contra el que el ciudadano tiene que coger el escudo y la espada para defenderse. Un día te llega la Agencia Tributaria, te hace una declaración paralela y te reclama 24,55€. Gastas tiempo el recopilar documentación, haces un escrito de recurso, lo presentas en el registro porque entiendes que esta reclamación no es conforme y erre que erre, la agencia dicta resolución y decreta que la deuda tributaria es de 24,55€ y que has de pagarla en el plazo de 20 días so pena de incurrir en vía de apremio.  Vas, pagas esa cantidad para que no te apliquen los recargos de apremio y formulas reclamación al Tribunal Económico Administrativo que termina dándote la razón, estimando tu pretensión y declarando que no hay deuda tributaria.  En sentido contrario, haces la declaración de la renta que te da un resultado a devolver. Se pasan todos los plazos y no se produce la devolución. Vas al mostrador de la Agencia a reclamar y te dice el funcionario, anda, se nos ha traspapelado. No se preocupe que ahora ponemos esto en marcha para que se lo devuelvan. Han pasado tres meses pero esa devolución no se ha producido.
Otro día llega La Administración del Principado y te dice que has de pagar 3000€ por hacerte la acometida al colector de saneamiento de la casina de fin de semana que tienes en el pueblo. ¿Cómo? ¡¡no puede ser!! Yo ya llevo un montón de años pagando un canon de saneamiento, destinado precisamente a que me hagan esto. He estado pagando por un servicio que no tenía. Pues nada, nueva batalla de alegaciones, recursos y tribunales para terminar resolviéndose: Sr contribuyente usted no tiene que pagar nada por esto. ¡¡coño!! pero si entre abogado y Procurador he tenido que pagar 2.000€. En sentido contrario, tienes a tu madre inválida, solicitas la ayuda por dependencia que una Ley te concedes, pasan dos años y sigues esperando. Igual cuando llegue aprobada la ayuda, tu pobre madre ya habrá fallecido.

Y para rematar, después te llega el Ayuntamiento y te pone una multa de 200€ y retirada de 4 puntos del carnet de conducir, porque te has pasado un semáforo en rojo. Ala, otra vez, alegaciones por aquí y por alla, el Ayuntamiento erre que erre y, con todo el cabreo del mundo llegas al Juzgado de lo Contencioso. Este te da la razón, ganas y se declara la sanción nula. Pero claro, has tenido que pagar 100€ de tasas judiciales que ya no te serán devueltas y además los honorarios del abogado que te llevó el asunto.

Estos no son cuentos que me invento. Son situaciones reales que he vivido y vivo, al igual que lo viven multitud de ciudadanos todos los días. Son situaciones que vas afrontando, enfrentándote además con la apatía de unos funcionarios, probablemente cabreados por sus congelaciones salariales o por su falta de estímulos, que, cuanto te acercas al mostrador, te despachan rápidamente diciéndote: Lo siento.. no trae usted el modelo –x- cumplimentado. Cumpliméntelo y vuelva otro día y ala a esperar cola otra vez. Es indignante que, víctima de la voracidad recaudatoria de las administraciones, estés obligado a pagar puntualmente impuestos, tasas, sanciones, etc. so pena de que si se te pasen los plazos e incurras en vía de apremio con los correspondientes recargos y en sentido contrario las Administraciones incumplan todo, no respeten los plazos, hagan de su capa un sayo y aquí no pasa nada.


Claro, las Administraciones saben que el ciudadano de a pie no va a recurrir a los Tribunales, porque además de una justicia lenta, anquilosada y politizada, va a tener que pagar unas tasas judiciales y unos honorarios de Abogado y Procurador que harán económicamente inviable la reclamación. Por tanto, blindadas por esa impotencia del administrado, decretan, exigen e imponen al ciudadano unas reglas del juego que ellos mismos incumplen de modo manifiesto todos los días. Su prepotencia administrativa es desbordante. Lamentable.

martes, 23 de septiembre de 2014

EL SEÑOR GALLARDÓN TIENE QUE DIMITIR YA.

Sr. Gallardón: Como usted sabe mejor que nadie, su gestión al frente del Ministerio de Justicia, cada vez está más cuestionada. Hasta sus propios compañeros lo están criticando. Lo critican los Jueces, lo critican los secretarios judiciales, lo critican los abogados y procuradores y lo critican los ciudadanos de a pie, que hemos visto como con sus desafortunadas reformas, tenemos cada más difícil obtener una tutela judicial efectiva.

Empezó usted con una Ley de Tasas Judiciales que ha apartado de la justicia a los ciudadanos con menos recursos. Esta Ley ha provocado que muchos jueces plantearan cuestiones de constitucionalidad y ahora, por lo que sé, el Tribunal Constitucional,  movido por el fuerte rechazo social que existe, se está moviendo para resolver lo más pronto posible sobre la inconstitucionalidad de esta desastrosa Ley que el Gobierno aprobó a finales de 2012. Sus desatinos prosiguieron con el intento de modificar la Demarcación y Planta Judicial, que si bien podría ser aceptable en Madrid donde hay buenas comunicaciones, es totalmente rechazable en las zonas más despobladas. Siguió con la Ley de Justicia Gratuita que va a provocar serios perjuicios a los ciudadanos, además de deteriorar un servicio público prestado por los Colegios de Abogados. Continuó con la privatización del Registro Civil para ponerlo en manos de los Registradores de la Propiedad, algo que a todas luces podría beneficiar a esos Registradores, pero que volvería a perjudicar a los ciudadanos, porque, que yo sepa, los Registradores no van a trabajar gratis y alguien les tendrá que pagar sus servicios. Siguió con la Ley de Servicios Profesionales de nefastas consecuencias. En definitiva, todas sus reformas legislativas y los parches puestos desde su ministerio, sin consultar con Jueces, Fiscales, Secretarios, Abogados Procuradores, e incluso ciudadanos,  nos han llevado a un manifiesto alejamiento de la administración de justicia para los ciudadanos.

Para impedir el presumible agravamiento de la situación, tanto por la ineficacia de las reformas introducidas, como de los proyectos en marcha, de modo inmediato usted tiene que abandonar el cargo para dar paso a otro Ministro que derogue de inmediato la Ley de Tasas si es que antes no lo hace el Tribunal Constitucional, que reforme en profundidad la Ley Orgánica del Poder Judicial que adecúe la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y que de una vez por todas aplique la Carta de los Derechos de los Ciudadanos aprobada por todos los partidos políticos en el año 2002.  Ya que usted no lo ha hecho, se necesita a otra persona que de modo decidido busque un pacto de estado que lleve a resolver el gran problema de las deficiencias organizativas del sistema judicial, dotándolo de todos los medios personales y materiales que necesita.

Y, Sr. Gallardón, por si esto fuera poco, probablemente ahora, con la paralización de la reforma de la Ley del Aborto, seguro que por motivos electorales, sus propios compañeros en el Consejo de Ministros, ya le habrán puesto la puntilla definitiva. Así que Sr. Gallardón, en beneficio de la justicia y por ende de los ciudadanos, deje ya de amagar mareando la perdiz, para ver si se va a no se va, y lárguese a su casa ahora mismo.

domingo, 21 de septiembre de 2014

¿NECESIDAD DE AYUDA O PARASITIMO SOCIAL?

Cuando un niño ha sido educado en la cultura del esfuerzo, habrá estudiado,  habrá colaborado con sus padres en las tareas o cargas familiares, habrá ganado las cosas a pulso y al final probablemente habrá entrado en el mundo laboral, con las habilidades necesarias para trabajar con esfuerzo y para acatar las decisiones de su jefe. Por el contrario, cuando un niño se ha desarrollado sobreprotegido por sus padres, dándole todo lo que él quiere, lo normal es que llegue a la madurez con la mentalidad de “tengo derecho”, ignorará los esfuerzos de sus padres, no habrá adquirido la experiencia del esfuerzo para conseguir las cosas y no habrá alcanzado las habilidades necesarias para enfrentarse al trabajo remunerado y a un jefe que va a mandar sobre él.

En ambas hipótesis, sin lugar a duda, cuando los dos niños sean adultos, aunque tengan treinta años o más, los padres tratarán de ayudarlos si tienen problemas para encontrar un trabajo y ganarse la vida. El dilema es si verdaderamente vamos a estar ante un supuesto del joven que pese a sus esfuerzos no encuentra trabajo y por ello “necesita de ayuda”, o si por el contrario nos encontramos ante un caso de “parasitismo social”, como ocurre con harta frecuencia.

Hay jóvenes, habitualmente encasillados en la cultura del no esfuerzo,  que ante la negativa de sus padres a seguir proporcionándoles ayuda, consideran que tiene derecho a exigir y recurren a los Tribunales para pedir lo que legalmente se llama “prestar alimentos”. Veamos cómo se las apañan esos Tribunales para resolver el conflicto.

Hay una doctrina que emana de una sentencia del Tribunal Supremo de 1 de Marzo de 2001 y que dice que una persona que haya finalizado estudios universitarios, con buena salud y de unos 30 años de edad, no va a tener derecho a alimentos, ya que es un claro caso de “parasitismo social”. Es cierto que en 2001 había una sociedad moderna, con oportunidades y con posibilidades de empleo, mientras que ahora nos encontramos en una profunda crisis económica y con unas altas tasas de desempleo donde un título universitario no da garantía de encontrar un trabajo.

Ahora, hace aun poco tiempo, el día 4 de Julio, la Audiencia Provincial de La Coruña ha dictado una sentencia, en la que, aun aceptando la doctrina del parasitismo, establece la obligación del padre, de seguir abonando alimentos a su hija mayor de 30 años, al no encontrar esta un trabajo estable que le permita la independencia económica. Esta sentencia, aun cuando reconoce y acata la doctrina del Tribunal Supremo sobre el “parasitismo social”, se pronuncia concediendo el derecho a alimentos, dada la nueva situación económica y de desempleo que hoy tenemos y que en el 2001 no había, puesto que la hija no tuvo posibilidad concreta de encontrar un trabajo que le permitiese una independencia económica, ya que las remuneraciones obtenidas por trabajos esporádicos que tenía, no eran suficientes para su autonomía. La doctrina jurisprudencial ha venido estableciendo sistemáticamente que «para que cese la obligación de prestación alimenticia, es preciso que el ejercicio de una profesión, oficio o industria sea una posibilidad concreta y eficaz según las circunstancias, no una mera capacidad subjetiva».
Por desgracia, son conocidos por todos, los casos de matrimonios más o menos jóvenes, con hijos pequeños, que se ven obligados a recogerse en casa de sus padres o abuelos, y a su costa, por hallarse en desempleo, no poder pagar la hipoteca, etcétera. O los jóvenes que se había independizado y tienen que volver a casa de sus padres porque ya no ganan para pagar un alquiler. La situación de los padres ya jubilados, que tienen que acoger a hijos y nietos, viviendo todos de la pensión de aquellos, no solo ha sido objeto de múltiples espacios en los medios de comunicación, sino incluso de anuncios publicitarios. En todos estos casos, evidentemente surge la solidaridad familiar, nadie cuestiona la necesidad de ayudar y los Tribunales no tienen que intervenir.

El gran problema es cuando uno de esos jóvenes, normalmente educados en la cultura del no esfuerzo, considera que “tiene derecho” y recurre presto a los Tribunales a exigir ese derecho, como ha ocurrido en la sentencia dictada en ese Juzgado de la Coruña. Yo no voy a cuestionar la decisión judicial. Lo que si cuestiono es si ese Juez tuvo ante si alguna prueba del comportamiento social de la chica que reclamaba, para determinar si había parasitismo social o no. Por lo que he leído, esa chica terminó la carrera con 30 años de edad, lo que me da lugar a entender que muy aplicada con sus estudios no debió de ser. ¿Se investigó sobre sus actividades para encontrar un empleo? ¿se investigó sobre su vida social?. ¿se investigó sobre el tipo de móvil que tenía y los costos del mismo? Ya sé que estas son informaciones muy difíciles de conseguir y si se consiguen pueden ser tachadas de subjetividad, porque lógicamente, si se interroga a alguna de sus amigas sobre las copas que tomaban por la noche, probablemente la respuesta sería que nunca salían, e igual daría que sus padres manifestaran  supuestamente, que siempre llegaba a casa a altas horas de la madrugada.


He aquí por tanto el gran dilema ¿Cuándo estamos ante un supuesto del hijo que necesita ayuda y que el padre, mírese por donde se mire, está obligado a ayudar? O ¿Cuándo estamos ante el supuesto de un parásito social que no le gusta mucho trabajar y que exige ayuda a sus padres?.  Yo resolvería este dilema diciendo: El que en verdad necesita ayuda, no va a recurrir a los Tribunales. El parásito social si lo hará. Igual me equivoco.

sábado, 20 de septiembre de 2014

LA TIENDA DEL BARRIO

Ayer, moviéndome por Facebook, me encontré con uno de los muchos mensajes que circulan por la red social y que decía “Para qué compras en las grandes superficies y das beneficios a empresas multinacionales, de las que no sabes quienes son sus dueños, ni dónde están. Compra en las tiendas de tu barrio y así ayudarás a los autónomos que tienes al lado de tu casa.” ¡Caramba! reflexionando sobre esto, sin hacer ninguna valoración de a quien iban los beneficios de mis compras, me di cuenta de que en mi casa, se seguía al pie de la letra esta recomendación, ya que para las compras domésticas, recurrimos de modo habitual a las tiendas de al lado, donde conseguimos casi todo lo que necesitamos para nuestra intendencia diaria. Resulta cómodo, tienes un servicio personalizado, te tratan realmente bien y hasta son tus amigos. 

Para las compras habituales de carne, charcutería, vino, productos de limpieza o higiene, te bajas a Riodi donde te atienden con gran esmero, pulcritud y servicio. Dado que ya conocen tus gustos y preferencias, hasta te aconsejan sobre determinados productos que les acaban de llegar y que te pueden interesar. Además, aunque sean pocos los productos que te llevas, te facilitan la labor subiéndote a casa las bolsas de la compra. Si lo que necesitas es pescado, pues nada, te vas un poco más allá a ver a María la joyera (digo joyera porque en vez de pescado, lo que vende son joyas pisciformes) y le compras esa merluza que te encargó tu mujer, bueno, o terminas desobedeciendo a tu mujer y sales de allí con ese pez que te miró mal en el expositor y viendo la mirada cómplice de María le dijiste, pónmelo. Además, para que no esperes, le dejas el encargo, te va limpiando o cortando el pez, te vas a hacer tus cosas y a la vuelta a casa, ya recoges la bolsa y te la llevas.

Y para  todo lo demás te vas al Trampolín. Quiero comentar especialmente y quizá con mucho énfasis, lo que pasa en esta tiendina que yo suelo llamar “la casa de socorro”, porque probablemente, aunque sus dueños ni tan siquiera sean conscientes de ello, están practicando un márketing comercial digno de ser estudiado en las escuelas de negocios. El Trampolín era una tiendina pequeñita, situada al lado de un cine, que vendía chuches. De pronto el cine cerró y esto obligó a que los dueños de modo urgente a dar un giro radical a su negocio y llegaron a lo que hoy es.

Sus dueños Chelo y Jovino, son unas personas buenas donde las haya, muy trabajadoras y muy singulares. Frecuentemente, cuando están atendiendo a los clientes, riñen entre ellos y consiguen que nosotros los clientes entremos en el conflicto y mediemos en favor de Chelo si la cliente es una mujer, o a favor de Jovino si el cliente es un hombre. (se hacen notar. Gran regla del márketing). Cuando paso por delante paseando a mi perra, hago un gesto y digo: “Una especial de la casa” y cuando vuelvo del paseo entro y ya tengo una chapata preparada con el grado de cocción que a mí me gusta. Si quiero un periódico o una revista, allí la tengo. Si las tiendas ya están cerradas y necesito una botella de leche, de aceite o unos ajos, allí los tengo. Si quiero unos huevos de aldea, allí me los consiguen. Si quiero unas patatas de buena calidad, ellos me las proporcionan. Si quiero fruta, allí tengo la mejor. Una empanada para ir de excursión, un croissant para desayunar, allí hay. Desde las 8 de la mañana hasta casi las 11 de la noche, allí están al pie del cañón.

Y si faltara poco, aplican, probablemente también sin saberlo, una de las máximas del marketing que es “la fidelización del cliente”. Adoran las mascotas y todos los perros del barrio pasan por allí en busca del trozo de empanada o de cualquier otra cosa que Chelo y Jovino les dan. Si pasas con un niño, sale de allí con una chuche. Y ojo que un niño o un perro van a tener preferencia frente a cualquier cliente (el cliente que espere que pa eso ye de la casa). ¿qué más se puede pedir?


En resumen, aunque los productos puedan ser algo más caros, porque en esas tiendas de barrio no te vas a encontrar con las ofertas de las grandes superficies, al menos a mí me interesa pagar ese sobreprecio, por la comodidad y la calidad del servicio que recibo en ellas. Y además, de paso, contribuyo a que esas personas autónomas que trabajan mucho y muy duro, puedan ganarse la vida, porque además, en definitiva estos negocios son las que contribuyen a sustentar nuestra economía. 

miércoles, 17 de septiembre de 2014

A POR EL SENEGALÉS

Un joven senegalés se enfrenta a una pena de dos años de prisión por vender CDs en los bares.
Probablemente, cualquier lector que me conozca, dirá que no puedo ser imparcial en estos temas, debido a las actividades que realizo en la fundación Cauce ayudando entre otros,  a senegaleses.  No obstante, deseo dar mi opinión sobre lo que está pasando con estas gentes, que llegan a Asturias en busca de trabajo y de una vida mejor, pero que después de siete u ocho años entre nosotros, malviviendo y ganándose la vida como pueden, terminan siendo deportados y en el peor de los casos condenados a prisión, por vender CDs piratas, algo que constituye un delito contra la propiedad intelectual, tras la última reforma del Código Penal.

Después de algunos años tratando con senegaleses, me he formado una clara opinión sobre ellos: Son gentes educadas, bien aseadas, trabajadoras y muy solidarias. (No he conocido a ninguno que, a excepción de la venta de copias de CD, consideradas delito en algunos casos, hayan cometido delitos de cualquier naturaleza). No vienen buscando limosna ni ayudas sociales, ya que son orgullosos y quieren ganarse la vida trabajando. Cuando vienen a pedirnos ayuda para encontrar un trabajo, al ver su calamitoso estado físico, les ofrecemos un lote de alimentos. ¿Sabe amigo lector lo que suelen decirnos?: “No, gracias, déselo a otro que lo necesite más que yo”. Antes encontraban empleo en la construcción y trabajaban duro, pero la crisis del ladrillo hizo que perdieran el empleo. Hoy en día, la gran mayoría, como tienen habilidades para ello, suelen dedicarse a la venta ambulante en los bares, en la calle (top manta) o en los mercados.

¿Hacen daño o molestan a alguien? Parece ser que sí. De un año a esta parte, el Gobierno español llegó a algún inconfesable acuerdo con el Gobierno senegalés y como consecuencia del mismo, más o menos cada dos meses, se pasan instrucciones a la Comisaría de Policía para que proceda a la detención de un cupo de senegaleses que han de ser enviados al aeropuerto de Barajas para llenar un avión y proceder a su deportación masiva. Se calcula que en este último año han sido deportados 5000 senegaleses por el simple delito de “no tener papeles”. ¡¡Qué casualidad!! Con nosotros, en Asturias,  conviven empadronados más de cuatro mil sin papeles de múltiples nacionalidades y algunos de ellos imputados por determinados delitos, pero hete aquí que la Policía, para repatriar, a los que busca es a los senegaleses, no a otros, aunque estén imputados por algo.  Como consecuencia de estas deportaciones selectivas, se ha dado un grotesco caso que conozco, en el que detienen a un chico que convivía aquí con su mujer e hijo de dos años. Al ser detenido, pasa aviso a su mujer y esta rápidamente se persona en la Comisaría para que también la deporten a ella y a su hija de dos años, ya que sin el marido ella no hacía nada aquí. ¿Resultado final de esta detención?: El marido deportado y la mujer con su hijo pequeño aquí, abandonada a su suerte.  Ella tampoco tenía papeles, pero, claro, el cupo ya se había llenado y no cabían más en el avión. Bah,  es una simple cuestión administrativa. Y ante los procedimientos administrativos, para qué hablar de problemas solidarios.

Ahora, entre tanto se fleta otro avión para la deportación masiva, sigue la caza del senegalés pero con otros procedimientos. En el pasado mes de Abril, mi amigo Talla, es detenido en un bar tratando de vender el lote de CDs que habitualmente portan los senegaleses y que previamente tuvo que comprar a una organización mafiosa. La Policía levanta atestado, lo pone a disposición judicial y se le abren diligencias previas. Talla interpone recurso de reforma para que el asunto fuese declarado falta, pero la Audiencia Provincial resuelve diciendo que en virtud del informe emitido por la “Asociación de Gestión de los derechos intelectuales, AGEDI” el proceso debe seguir adelante, no como falta si no como delito. Resultado final: Talla es imputado y mañana deberá de comparecer el en Juzgado, en calidad de imputado por un delito contra la propiedad intelectual.

Confío en que, bien defendido por la Letrada que ha designado, el Magistrado que tenga que resolver, acogiéndose a la abundante jurisprudencia existente, entienda que no hay infracción penal alguna, dada la escasísima entidad del teórico perjuicio que Talla ha causado a los titulares de esos derechos de autor, llamados en este caso AGEDI, y por la escasísima magnitud del beneficio obtenido (50 céntimos en cada CD vendido). Si uno de los principios básicos de la rama punitiva del derecho, es el principio de la intervención mínima del derecho penal,  por qué el Ministerio del Interior se empeña en criminalizar este tipo de ventas. Por qué  colapsamos  los Juzgados con este tipo de cosas y en sentido contrario, dejamos que todas las tramas de corrupción sigan impunes y sin que ninguno de esos ladrones políticos y de guante blanco que han robado el dinero de los ciudadanos, ni tan siquiera entren en prisión. Ante flagrantes delitos, ni tan siquiera la Fiscalía solicita la aplicación de medidas cautelares. Por el contrario sí que está presto para acusar y condenar a un pobre senegalés que vende CDs piratas.

Que nadie me malinterprete, que yo no estoy defendiendo la venta de copias falsas, que lo que estoy denunciando aquí es que si lo que se están vendiendo son copias de películas en su mayor parte americanas, que AGEDI persiga a las tramas organizadas que duplican burdamente estas películas y que se forran vendiéndoselas después a los senegaleses, o que vayan a la vía administrativa a defender sus derechos sobre la propiedad intelectual. Pero caramba, si la copia falsa vendida es de una película americana, por ejemplo de la Metro, por qué AGEDI tiene que acusar a un senegalés, si sus socios son españoles y nada tienen que ver con los que rodaron la película en América. En definitiva, por qué malgastamos dineros públicos colapsando a los Juzgados penales para que dictaminen si esas ventas son delito o simplemente son un medio de subsistencia. Por qué no utilizamos a la Policía para perseguir a esas mafias organizadas que copian los CDs y que son las que realmente se lucran. Por qué no despenalizar las ventas de estas pobres gentes, y hacer que esas poderosas organizaciones que defienden los derechos de autor, vayan a la vía administrativa para defender sus derechos. Caramba para eso han luchado y han conseguido la Ley Sinde.

Concluyo diciendo que, aun cuando critico abiertamente los atentados contra la propiedad intelectual que es algo que ha de respetarse, considero que vender esas burdas falsificaciones de películas copiadas en un CD, provoca un escasísimo perjuicio a los titulares de los derechos de autor, que en la mayor parte de los casos ni tan siquiera son españoles (por tanto ni AGEDA, ni ASGAE ni sociedades parecidas tendrían legitimidad para exigir perjuicios) y considero también que dan a los senegaleses un escasísimo beneficio, y tienen que subsistir malamente con estas ventas, en vez de pedir limosna, algo que a todas luces debería de ser excluido de las penas que actualmente prevé el artículo 270 del Código Penal, que debería de ser modificado.