martes, 16 de diciembre de 2014

CARGO PÚBLICO O CARGA PÚBLICA

Primero empezó el lehendakari Ibarretxe con eso de los vascos y las vascas, después siguió la ministra Bibiana Aído con lo de los miembros y las miembras y ahora nos encontramos ya con todos los políticos y muchos periodistas utilizando de modo insistente los dos géneros: ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas, usuarios y usuarias, etc.

Vamos a ver, yo no soy  ningún experto lingüista,  ni tan siquiera un buen conocedor de la gramática española. Tengo 65 años y desde la escuela, pasando después por el instituto, tuve la suerte de estudiar bajo unos planes de estudio en los que se valoraba  el esfuerzo y se perseguía una formación integral. (viendo lo que veo en los modernos planes de estudio, creo que esa formación que recibíamos en aquellos tiempos era mejor que la actual). De modo concreto recuerdo que, ya en primero de bachiller, una b o una v mal puestas, o una acentuación incorrecta, implicaban una fuerte bajada de la nota de un exámen.

Ciñéndome a la gramática,  aprendí que por economía lingüística, cuando utilizamos el plural, ha de hacerse sólo en género masculino. Hoy en día, la propia Real Academia Española se manifiesta en el sentido de decir que utilizar en plural el género masculino y femenino, es un circunloquio innecesario puesto que emplear el género no marcado, es suficientemente explícito para abarcar a los individuos de uno y otro sexo. Frente al uso de “señoras y señores” o “damas y caballeros”, la RAE sostiene que puede tratarse de un tratamiento de cortesía comúnmente conocido, pero técnicamente, este tratamiento destruye la economía del lenguaje.

Parece por tanto que, una cosa es el género puramente gramatical de nuestra lengua castellana (el masculino es el género no marcado que incluye a individuos de ambos sexos)  y otra cosa distinta es el sexo de una especie. El uso del plural masculino ya tiene antecedentes latinos muy claros y variados: reges (el rey y la reina); filii (los hijos y las hijas; frates (el hermano y la hermana), etc. Y es precisamente esta confusión y también razones de tipo ideológico o sexista, la que lleva a que muchos adopten la práctica del desdoblamiento de género en sus discursos. Aducen para ello que la lengua castellana es machista al referirse en plural, sólo al género masculino, pero ignoran que ese plural genérico derivado del latin, no tiene nada que ver con la composición de nuestra sociedad y sí con la necesidad de simplificar la oratoria. Y una prueba clara de que el género no significa sexo es que, al menos que yo sepa, una mesa no tiene una vagina, al igual que un sol no tiene un pene.

Si yo ahora digo que el oso es una especie en extinción en Asturias, evidentemente me estoy refiriendo a la especie y no a los osos machos o las osas hembras. O si digo que los recortes sociales del gobierno han perjudicado a los españoles, está claro que no me estoy refiriendo sólo a los hombres por contraposición a las mujeres. O si en la calle pregunto a un amigo por sus hijos, es evidente que estoy preguntando por su hijo y su hija. Por tanto, cada vez que los políticos recurren a estos desdoblamientos, es evidente que se están apartando no ya del lenguaje gramaticalmente correcto, si no del propio lenguaje común.

Y si haciendo esas redundancias linguisticas, se quedan tan panchos y creen que son unos genios del discurso utilizando su lógica parda,  centrada en el sexo y no en el género, que me digan si cuando hablan a los vocales de una junta, van a decir señores “vocales” y señoras “vocalas”, porque entonces cuando se refieran a la “presidencia”, también tendrán que referirse al “presidencio”. Y entonces concluirán que si es una mujer será “la presidenta”, pero si es el hombre será el “presidento”. De modo similar, siguiendo su lógica basada en el sexo, en vez de “capilla ardiente” tendrían que decir “capilla ardienta”.

Señores políticos genios de la oratoria, entérense, que se dice estudiante y no estudianta; paciente y no pacienta; independiente y no independienta;  dirigente y no dirigenta; o residente y no residenta. A algunos periodistas también les diría que por el hecho de ser hombres, no son periodistos, que son periodistas.  Termino parafraseando a una profesora que dirigió una carta abierta a un grupo de personas que habían firmado un manifiesto en defensa del género y que decía: Tengo la esperanza de que esta carta llegue a esos ignorantes semovientes (no ignorantas semovientas, aunque ocupen cartas ministeriales) y hacerles ver que esos firmantes del manifiesto eran: el dentisto, el poeto, el sindicalisto, el pediatro, el pianisto, el golfisto, el arreglisto, el funambulisto, el proyectisto, el turisto, el contratisto, el paisajisto, el taxisto, el artisto, el periodisto, el taxidermisto, el telefonisto, el masajisto, el gasisto, el trompetisto, el violinisto, el maquinisto, el electricisto, el oculisto, el policío del esquino y, sobre todo, ¡el machisto!


Concluyo diciendo: No es lo mismo ser “un cargo público” que “una carga pública”  Igual estoy equivocado y pensando bien, sólo son un cargo público.

jueves, 11 de diciembre de 2014

EL CIERRE DE GOOGLE NEWS

Hoy Google acaba de comunicar que, como consecuencia de la nueva Ley española de Propiedad Intelectual, el próximo día 16 de Diciembre (antes de la entrada en vigor de la Ley, que se producirá en Enero) procederá al cierre de Google Noticias en España. Argumenta para el cierre, que la nueva legislación obliga a cualquier publicación española a cobrar una remuneración, quiera o no, y dado que el servicio de noticias de Google no genera ingresos, el nuevo enfoque de la ley, que obliga a pagar por mostrar hasta el más mínimo fragmento de una publicación, hace que el servicio sea insostenible.

De modo inmediato a esta noticia, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte lanza un comunicado diciendo que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aporta base jurídica para la negociación entre las partes (agregadores de contenidos y editores de prensa, periodistas y fotógrafos) y considera que el anuncio de Google de eliminar el servicio que presta en España, responde a una decisión empresarial, ya que próximamente se empezará el desarrollo reglamentario de la ley y lo someterá al trámite de información pública.

Ante esta situación, me asalta una duda: ¿Google News cierra porque es insostenible económicamente a causa de esta ley que introduce la llamada tasa google, o, decide cerrar porque considera que tiene otras áreas de negocio más rentables y más interesantes?

 Si leo y trato de interpretar lo que dice la Ley, llego a la conclusión, salvo opinión mejor fundada, que la compensación procederá cuando se produzca una puesta a disposición del público (artículo 20 de la LPI). Es decir, que un agregador de noticias como es Google, entraría de lleno en la obligación de compensar, al permitir que una determinada obra o noticia de prensa, se ponga a disposición del público en general. Cualquier ciudadano, mediante un simple clik en el enlace proporcionado por Google, accedería directamente al contenido de un determinado diario, por ejemplo.

 La cuestión o la pregunta que cabría hacerse es: Ese ciudadano que ha hecho click en el agregador de Google, accede a una noticia que igualmente podría acceder a ella entrando directamente en la web del periódico digital que la edita. Y esta cuestión no es baladí, porque si se accede a la noticia por el conducto del agregador, Google tendría que pagar compensación y en cambio, si se accede a la noticia de modo directo, no habría tasa alguna. Dicho de otro modo, la noticia es la misma y cualquier ciudadano puede acceder libremente a ella, pero según la vía de acceso elegida, procedería o no procedería compensación. En esta línea el Tribunal de Justicia de la UE, ya se ha pronunciado en una sentencia concluyendo que “cuando una noticia se encuentre disponible gratuitamente para todos los usuarios en otro sitio web, con el permiso de los titulares de los derechos de autor, no se produce comunicación pública y por tanto no procede reclamar compensación alguna.
Probablemente, por este aparente contrasentido, es por lo que el Ministerio lanza hoy un comunicado invitando a negociar de cara a la redacción del Reglamento. Y probablemente también Google lanza la noticia de que se va, en vez de esperar a unas posibles negociaciones, quizá para forzar posiciones. Google vino sosteniendo que los editores vieron cómo se reducía la distribución de sus periódicos impresos y que internet cambió todo esto creando enormes oportunidades para los editores, pero también importantes desafíos al aumentar la competencia por el interés de los lectores y los ingresos publicitarios.

El gigante Google tiene una potente maquinaria jurídica para recurrir a los Tribunales y anular las obligaciones de compensación, que le pudieren ser impuestas y a mi juicio, dadas las enormes carencias de la ley, que probablemente tendrán que ser resueltas por el reglamento futuro, tendría un alto grado de posibilidades de que su reclamación en vía judicial, prosperara.  A la vista de la ley y de la jurisprudencia existente, cualquier letrado sabe que cuando Google enlaza, no hay un acto de comunicación pública susceptible de compensación económica. A todas luces, en la redacción reglamentaria esto quedará claramente definido.


Llego por lo tanto a la conclusión que Google anuncia que se va, probablemente con dos objetivos: Uno que decide ir a explorar otras líneas de negocio más productivas o rentables. Otro, presionar al gobierno con este acto de fuerza para obligarlo a que en vía reglamentaria enmiende o clarifique el asunto de la llamada tasa Google. Veremos las consecuencias y los resultados en el futuro.

viernes, 5 de diciembre de 2014

EL DERECHO AL OLVIDO

Internet y en definitiva la sociedad de la información,  hacen que todo tipo de contenidos, incluso aunque sean inexactos u obsoletos, puedan ser divulgados a toda velocidad y de modo desproporcionado, tanto en los diferentes buscadores (google, yahoo, bing etc.), como en las redes sociales. Esto trae como consecuencia que los ciudadanos nos sintamos preocupados por los antecedentes que aparecen sobre nosotros, nuestra aparición en listados comerciales, ficheros de infractores de tráfico, o lo que es aún más grave, nuestra aparición en ficheros de morosos, lo que hace que tengamos en ocasiones la necesidad de bloquear o eliminar, si podemos, esos datos que circulan por internet. Es en este ámbito donde hablamos del “derecho al olvido”

Podríamos definir este derecho, llamado también “derecho a vivir en paz” como el derecho a defender y proteger a las personas para salvaguardar su reputación o sus datos personales, para desligarla de acontecimientos que le puedan afectar negativamente
El artículo 18 de nuestra Constitución dispone que la Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Una sentencia del Tribunal Constitucional recogió que ese artículo 18 revela que el Constituyente era consciente de los riesgos que podría entrañar el uso de la informática. Posteriormente, la Directiva 95/46 del Parlamento Europeo vino a configurar lo que hoy llamamos derecho al olvido y dispuso que los datos objeto de tratamiento no podrían ser excesivos, debiendo de suprimirse, rectificarse o bloquearse, aquellos que resultaren inexactos o incompletos y que a los particulares se les garantizaría la facultad para oponerse al tratamiento.

Más allá del artículo 18 de nuestra Constitución y de la directiva comentada, lo cierto es que no hay una regulación concreta del derecho al olvido. Algunos Tribunales han usado este término para referirse a los derechos que reconoce nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, como por ejemplo la cancelación o bloqueo de datos personales, la oposición a prácticas publicitarias, o la retirada y cancelación de antecedentes policiales y penales. También algunos Tribunales civiles han mencionado el derecho al olvido al tocar temas de la protección del derecho al honor, a la intimidad personal o a la propia imagen.

Los grandes operadores de internet, tanto buscadores como redes sociales, estaban debatiendo y cuestionando este derecho al olvido y sostenían que no se puede hablar de tal, cuando nuestro ordenamiento jurídico no recoge específicamente este derecho. Pero, en Abril de 2014 el Tribunal Europeo vino a reconocer el derecho al olvido, en una sentencia sobre un caso denunciado en España, y esto hizo que sólo dos semanas después de esta sentencia, Google pusiera en marcha un formulario online para que los ciudadanos pudiéramos solicitarle la retirada de los enlaces que consideráramos nos podían afectar.


Para tratar de clarificar jurídicamente la situación y con la intención de dar a conocer al ciudadano de a pie, qué es y cómo se aplica este derecho al olvido, en un momento en el que parece que cada vez más se nos olvida la importancia de esta cuestión, habida cuenta que las nuevas generaciones creen que la vida debe de ser cuanto más pública mejor y olvidan los riesgos que supone la pérdida por completo de su vida privada, el Boletín Oficial del Estado, el pasado día 3 de Diciembre, publicó el Código de Derecho al Olvido. Este Código, trata de recopilar las principales normas que se refieren al llamado “derecho al olvido, teniendo en cuenta los diferentes ámbitos en los que se puede plantear, cuales son la protección de datos, la sociedad de la información, la intimidad, el honor y la propia imagen, el registro civil, rectificación de informaciones, administraciones públicas, telecomunicaciones, consumidores y usuarios, entre otras.

jueves, 4 de diciembre de 2014

REFLEXIONES PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Los jueces decanos han reclamado este miércoles más medios humanos y materiales, la "dotación ágil de refuerzos a juzgados que lleven asuntos de especial complejidad, especialmente de corrupción", para que sus titulares se dediquen "en exclusiva a este asunto las 24 horas del día", así como la "revisión y, en su caso, supresión de aforamientos", al considerar que "entorpecen y ralentizan de forma evidente y clara la instrucción de los procedimientos".
Esas son algunas de las medidas incluidas en las conclusiones del XXIV Jornadas Nacionales de Jueces Decanos, que han congregado en Valencia a cerca de 50 profesionales, en representación de cerca de 2.000 jueces españoles, "en un momento clave para la justicia española, en el que está en juego el prestigio del sistema judicial" y en el que afirman estar "preparados" para afrontar los retos actuales, pero advierten de que "solos" no pueden por su dependencia "en lo económico y en cuanto a leyes e instrumentos procesales".
"El poder judicial será lo eficiente que quiera que sea el poder ejecutivo y legislativo", ha indicado el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, en la presentación del documento, en la que su homólogo de Málaga, José María Páez, ha urgido a "sacar la justicia del debate político" y ha reclamado "un gran pacto entre partidos para definir, de una vez, el modelo de justicia que se quiere tener".
"Tardaremos, pero vamos a llegar, y la ciudadanía puede estar absolutamente tranquila porque la justicia se aplica en España y la justicia funciona, lenta pero funciona", ha recalcado Páez, quien considera "muy difícil afrontar macrocausas" con los medios actuales.
Lucha contra la corrupción
En materia de corrupción, los jueces piden ampliar el plazo de prescripción de los delitos, introducir el delito de enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato y el de financiación ilegal de partidos políticos y agravar las penas por tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otros.
Igualmente han abogado por limitar los indultos a los que tengan informe favorable del tribunal y la suspensión de la pena mientras tramitan la petición, tras el "abuso" registrado, así como por contar con tribunales y juzgados especializados en asuntos económicos a nivel autonómico e incluso provincial, por potenciar la cooperación jurídica internacional para eliminar paraísos fiscales y por crear "una policía judicial auténtica", la figura de "juez asesor" y un cuerpo de peritos contables que asesoren a los jueces.
Defienden asimismo reducir la cuota defraudada en delitos contra la Hacienda Pública, agravar penas por omisión del deber de denunciar y perseguir determinados delitos, introducir una modalidad de delito de obstrucción a la justicia por no remitir al juez la documentación requerida o enviarla incompleta, agravar la desobediencia a la autoridad judicial cometido por funcionario, limitar o prohibir suspender o sustituir penas por corrupción y despenalizar faltas.
En sus "58 reflexiones para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción", también incluyen aumentar la ratio actual de 11 jueces por cada 100.000 habitantes hasta la media europea de 21, destinar a justicia "al menos el 3 por ciento" de los Presupuestos Generales del Estado, autonomía presupuestaria o un porcentaje "mínimo y garantizado" para justicia, ordenar el reparto de competencias, modernizar y compatibilizar sistemas informáticos autonómicos y con Fiscalía, y flexibilizar la organización judicial.
A su juicio, convendría realizar "profundos cambios" en el sistema de selección y nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, que consideran "excesivamente dependiente de los partidos políticos".
Necesidad de agilizar el proceso penal
Proponen asimismo medidas de refuerzo y apoyo y de reforma del proceso penal, básicamente para agilizarlo, como reformar el sistema de recursos contra "resoluciones de mero trámite que dilatan enormemente los sumarios", instaurar un sistema de costas y sanciones que "disuadan de pretensiones acusatorias temerarias", suprimir el "privilegio" de ciertas autoridades de declarar por escrito sin comparecer ante el juez o permitir al fiscal valorar si conviene iniciar o no el proceso penal en caso de pequeñas infracciones.
Además, proponen que los delitos cometidos por aforados y los relativos a la corrupción dejen de ser competencia del Tribunal del Jurado y, en cuanto a los aforamientos, plantean "atribuir al juez ordinario el conocimiento e instrucción de causas" de aforados, restringir esa condición a la fase de enjuiciamiento, no instrucción, y a delitos cometidos en el ejercicio del cargo e "imposibilidad de cambios de tribunal" aunque se deje de estar aforado o viceversa.
Más medios para la Fiscalía anticorrupción
Respecto a la Fiscalía, en caso de que se le atribuya la instrucción, abogan por reforzar su independencia del poder ejecutivo y la inamovilidad de los fiscales, especialmente en asuntos de corrupción o que afecten a autoridades políticas, y piden más medios para Anticorrupción y mantener la acusación popular "como contrapeso del Ministerio Fiscal, en especial si se pretende que en un futuro asuma la investigación, pero con límites para evitar abusos".
Plantean igualmente agilizar el aseguramiento cautelar de las responsabilidades pecuniarias desde el inicio de la investigación y "facilitar la actuación contra testaferros" y la colaboración con la Agencia Tributaria, Banco de España, Patrimonio e Intervención, así como mejorar la "ineficaz" Ley de Protección de Testigos y Peritos.
Ley de segunda oportunidad
Los jueces también han pedido una "ley de segunda oportunidad" para "permitir salir del agujero" a "pequeños deudores" abocados a concursos, "olvidados" por la ley actual y que "pierden todos sus bienes y, a pesar de ello, sus deudas le van a perseguir toda su vida sumiéndolo en la muerte civil y en la economía sumergida".
(EUROPA PRESS)

sábado, 29 de noviembre de 2014

FRAUDE FISCAL

Con el objetivo de que aflorara el dinero oculto de los defraudadores, el gobierno del Sr. Rajoy concedió una amnistía fiscal que siguió a otras dos anteriores que habían decretado los gobiernos socialistas. Además de que, a mi juicio, estas amnistías son a todas luces anticonstitucionales (se vulneran los principios de igualdad y progresividad que han de regir el sistema tributario conforme al artículo 31 de la Constitución), constituyen también un agravio comparativo con los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias. Y por si fuera poco, los resultados conseguidos han sido un auténtico fracaso, ya que frente al desmedido optimismo del Ministro Sr. Montoro, se ha impuesto la cruda realidad de los datos: De los 2.500 millones de recaudación previstos, finalmente sólo se consiguieron unos 1.200 millones. Es decir, el 10% que se pedía en la amnistía fiscal, al final sólo se quedó en el 3% que está muy lejos de los tipos que los ciudadanos pagamos en nuestro impuesto sobre la renta.

Además del fiasco recaudatorio que ha representado esta última amnistía, hay algo que veo bastante claro y es que este gobierno y tampoco los anteriores han tenido auténtica voluntad política de atajar este problema, máxime cuando estamos en una crisis brutal y era primordial  meter la lanza donde realmente interesaba. No es de recibo que se suban los impuestos a las clases medias y bajas y que se dedique el 90% de los efectivos de la Agencia Tributaria a controlar las pequeñas discrepancias de los asalariados y a fiscalizar a trabajadores, autónomos y pymes y que sea sólo el 10% restante, el que se dedique al gran fraude de las grandes empresas y las grandes fortunas, que es donde verdaderamente está el problema y que además a ese 10%, en muchos casos, les sugieran sus jefes políticos, oye mejor no toques ahí. Y claro, esta falta de voluntad nos ha llevado a que después de Grecia, España, junto con Italia, sea al país con más nivel de fraude de la zona euro.

El gobierno actual engañó vilmente a los ciudadanos diciéndonos que la amnistía fiscal era una alternativa a la subida del IVA y unos meses después nos sorprendió subiéndonos los tipos del IVA. Los dirigentes se limitaron a decir que no había otras alternativas a esta subida. Pues Sr. Rajoy sí había otras muchas alternativas, lo que ocurre es que Vd. no tuvo la voluntad de aplicarlas. Por ejemplo voy a apuntarle algunas: ¿por qué no dio instrucciones en la Agencia Tributaria para que modificara sus procedimientos, y en vez de destinar al 90% de sus efectivos a  cruzar datos y ver si hay discrepancias entre esos datos y lo que se declara, supervisar a esos asalariados que ya tiene controlados por el IRPF, o a esos pequeños ahorradores que tienen alguna renta del capital, o a esos pequeños autónomos y Pymes, los dirigiera a inspeccionar e investigar las grandes bolsas de fraude? Si como el Gobierno bien sabe, las bolsas de fraude mayores están en las grandes empresas y en los grandes patrimonios ¿por qué sólo dedica el 10% de los efectivos a estas bolsas? Resulta obvio que es más complicado investigar y descubrir el gran fraude que el pequeño que en la mayor parte de los casos se descubre con el cruce de datos que proporciona el potente sistema informático de la Agencia Tributaria.

El Gobierno habla continuamente  del objetivo prioritario de luchar contra el fraude (el Ministro Montoro lo repite continuamente), pero, lo cierto es que se trata de palabras huecas porque después se ve que ese objetivo no se corresponde con los medios que se están aplicando. Sólo basta fijarse en los Presupuestos Generales del Estado para ver que de los grandes objetivos de la Agencia Tributaria que son la atención al contribuyente y lucha contra el fraude, es precisamente en este objetivo de lucha en el que hay una bajada superior en efectivos. En 2014 ha habido 700 efectivos menos que en el ejercicio anterior.  Si a esto añadimos además que como medidas contra el fraude, lo único que se ha establecido es la publicación de la lista de morosos, mal vamos. ¿Por qué en vez de morosos, no se publica la lista de defraudadores que sería más efectiva que cualquier otra cosa? 

El Presidente de Geshsa dice públicamente que los 8.000 técnicos del Ministerio de Hacienda, en los últimos años tienen sus competencias cada vez más limitadas que sus manos están atadas frente al fraude y que deberían de dárseles más competencias para dedicarse más a la investigación de los grandes patrimonios y las grandes empresas. Ahora dice que básicamente están dedicados a los contribuyentes del IRPF y rentas del trabajo. Vamos, que en ese término que tanto le gusta al Sr. Rajoy, quieren dedicarse a lo que realmente interesa...También dice que deberían de publicarse los datos sobre lo que pagan las grandes empresas transnacionales (cada dos por tres aparecen artículos sobre lo que paga por ejemplo Apple, Microsoft o Twiter).

Otra alternativa es meterle mano al Impuesto de Sociedades, ya que como el Gobierno bien sabe ese tipo del 30% que tienen que pagar las grandes empresas como impuesto, al final, como consecuencia de bonificaciones y deducciones de todo tipo,  queda situado en un 10 u 11% y en cambio las pymes terminan pagando un 25%. Esto tampoco es de recibo.

Y qué decir de las  Simcav refugio de grandes fortunas, tributando sólo al 1%. Más vergonzoso aun ¿no les parece?

Por último, otra alternativa más en aras a la brevedad, porque hay otras muchas, ¿por qué no se modifica el delito fiscal en el Código Penal agravando determinadas situaciones y endureciendo las sanciones? Y paralelamente ¿por qué no se modifica la norma de funcionamiento de la Agencia Tributaria alargando plazos de inspección y de prescripción así como endureciendo también las sanciones?

Sr. Rajoy si de verdad como reiteradamente dice "hay que dedicarse a lo que interesa", ¿por qué no lo hace ya y mete mano a las bolsas de fraude fiscal que es lo que interesa? Por algunos motivos probablemente inconfesables, no lo está haciendo y yo a esto lo calificaría como "fraude político". Al menos a mí políticamente me está defraudando.


viernes, 28 de noviembre de 2014

LOS SALVAPATRIAS DE LAS ESCOBAS

Ayer, en el Pleno del Congreso de los Diputados, llamado erróneamente “contra la corrupción” ya que en realidad había sido convocado para votar dos proyectos de ley, cuales eran la Ley Orgánica de control de la actividad de los partidos y la ley del alto cargo, el Sr. Rajoy, como ha ido manteniendo los últimos meses, insistió en que “no se debía de transmitir la idea de que en España todo está corrupto, ya que se comenzaba generalizando en la corrupción, después en los políticos, en la propia política y se acabaría señalando al propio sistema.  Aludiendo claramente a Podemos terminó diciendo que de transmitir estas ideas, sólo quedaría espacio para los salvapatrias de las escobas cuyo programa consigue barrer, con las consecuencias que todos conocemos”.
Acosado sin duda por los casos de corrupción dentro de su partido, quiso tomar la iniciativa y de modo concreto, presentó un aluvión de medidas contra la corrupción, muchas de ellas antiguas ( algunas paradas desde el mes de marzo) y otras nuevas como la propuesta de cancelar la actividad de los partidos que no cumplan con la obligación de presentar sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas o que los cargos políticos necesiten que la Agencia Tributaria certifique que están al día con Hacienda..
Frente a la intervención del Sr. Rajoy, el líder del PSOE Pedro Sánchez, le echó en cara el caso Gurtel y le dijo que no estaba legitimado para introducir esas medidas. A partir de ese momento, se continuó con el ya clásico “tú más” y  las palabras vacías que siempre utilizan los líderes de los dos grandes partidos. Es decir.. bla.bla.bla.
Ante este lamentable espectáculo yo diría al Sr. Rajoy que no está legitimado y que debería de dimitir ya que al igual que ha cesado a la Ministra de Sanidad por lucrarse de una actividad delictiva, considerando que en el mismo sumario instruido por el Juez Ruz, se acusa al Partido Popular de lo mismo que se acusa a Mato,  él también tendría que dimitir como presidente que es del Partido. De otra parte, también ha perdido la legitimidad desde el momento en que en su día, muchas de esas medidas que ahora plantea, fueron propuestas por UPyD o por Ciudadanos, y su partido las rechazó.
Diría también al líder del PSOE Sr. Sánchez, que él tampoco está legitimado y que su intervención de ayer ha sido escandalosa. No puede acusar al PP de que es corrupto (que sí lo es) y no reconocer que el PSOE también lo es, aceptando y no ocultando el gigantesco saqueo de los ERE y de los Fondos para la Formación andaluces, así como otros escándalos más dentro de su partido..

En conclusión, ayer los ciudadanos hemos quedado decepcionados una vez más. Nos han vuelto a tomar el pelo con una escenografía parlamentaria que ya resulta cansina. Pues qué quieren que les diga:  Hasta ahora consiguieron mantener su partitocracia, pero, aunque no les guste, a partir de ahora empiezan a actuar los “salvapatrias de la escoba” y, por méritos propios los van a echar a patadas. Además, tengan en cuenta que esos de la escoba, no van a ser sólo los de la coleta como despectivamente los llaman, van a ser esos partidos emergentes como Ciudadanos o UPyD, que sí están legitimados porque llegan a la política sin pesadas mochilas de herencias anteriores y porque tienen unos programas y unas propuestas coherentes, tanto para luchar contra esa corrupción, como para sacar adelante este país.  Entérense de una vez por todas que su hegemonía ha finalizado, excepto, claro está, que como me imagino, finalmente lleguen a la gran coalición para defenderse de los “salvapatrias de la escoba” que son los que realmente les aterran.

jueves, 27 de noviembre de 2014

HA ENTRADO EN FUNCIANAMIENTO EL SISTEMA CLAVE

Comunicarse electrónicamente con la Administración usando el DNI electrónico u otros certificados, resulta una tarea complicada incluso para los que nos movemos bien en el mundo tecnológico. Hay que instalar en el PC el software adecuado, actualizarlo, instalar certificados, configurar el navegador y algunas otras cosas más, que hacen que el ciudadano normal tenga problemas para realizar trámites electrónicos con las Administraciones Públicas.
Tratando de salvar estos problemas, el pasado día 17 de Noviembre entró en funcionamiento el Sistema Cl@ve, que va a permitir a las personas físicas identificarse y autenticarse para realizar trámites por vía electrónica con la administración. Se trata de una plataforma común de la administración estatal para la identificación autenticación y firma electrónica, mediante el uso de una clave previamente fijada al registrarse como usuario, evitando con ello tener claves diferentes para acceder a los diferentes servicios.

Esta nueva plataforma complementa los actuales sistemas de acceso mediante DNI-e y además ha sido diseñado para ofrecer en un futuro la posibilidad de realizar firmas electrónicas en la nube,  mediante certificados personales custodiados en servidores remotos. Y lo más importante, evita que los ciudadanos tengamos que utilizar métodos de identificación diferentes para relacionarnos electrónicamente con los diferentes órganos administrativos.
Cl@ve contempla la utilización de sistemas de identificación basados en claves concertadas y certificados electrónicos (incluyendo el DNIe)
En cuanto a claves concertadas, el sistema admite dos posibilidades de uso:
·         Cl@ve ocasional (Cl@ve PIN), con validez limitada en el tiempo, que se corresponde al sistema PIN24H de la Agencia Tributaria.
·         Cl@ve permanente (Personal), con validez dilatada en el tiempo, que se corresponde con el sistema de acceso mediante usuario y contraseña, reforzado con claves de un solo uso por SMS, aplicable a los servicios de la Seguridad Social.
Para utilizar los sistemas de identificación y autenticación incluidos en Cl@ve, así como para acceder a los servicios de firma en la nube, existirá un único registro, donde el ciudadano deberá registrarse en una sola ocasión, aportando para ello los datos de carácter personal necesario.
El registro en Cl@ve podrá efectuarse :
·         Con certificado electrónico o DNIe
·         A través de Internet con carta invitación de la Agencia Tributaria donde figure el CSV
·         Presencialmente en cualquiera de las Oficinas de Registro, inicialmente en las oficinas de la Agencia Tributaria y en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social

En el caso de la Agencia Tributaria a partir del 17 de noviembre de 2014 el sistema de PIN24H cambió su denominación por la de Cl@vePIN24H.
Los ciudadanos registrados previamente en el censo PIN24H podrán registrarse en el sistema Cl@ve cuando vayan a solicitar un PIN para la realización de un trámite en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria. Para ello, deberán aportar su número de teléfono móvil, una dirección de correo electrónico y su documento de identidad con mención de la fecha de caducidad, así como aceptar las condiciones de alta en el sistema Cl@ve.
Si por el contrario, el contribuyente no desea incorporarse de momento al sistema Cl@ve, podrá solicitar su PIN a los efectos de realizar trámites electrónicos exclusivamente con la Agencia Tributaria. 
.Adicionalmente, Cl@ve está preparada para incorporar en el futuro, conforme se vayan integrando en el sistema de reconocimiento transfronterizo de identidades electrónicas previsto en la legislación europea, mecanismos de identificación de otros países de la Unión Europea.