martes, 2 de septiembre de 2014

EL ESTADO, UNA INSTITUCIÓN DE ROBO A GRAN ESCALA


Decía el filósofo americano Murray Rothbard que "el Estado es una institución de robo a gran escala y que los impuestos son tan solo un sistema que sirve para que políticos y burócratas roben el dinero de los ciudadanos y lo despilfarren de manera vergonzosa".. ¡¡qué gran verdad!!

A estas alturas de la película, en España, con todas las tramas de corrupción política que ya conocemos, con todos los despilfarros que se han realizado en obras faraónicas de todo tipo que ni tan siquiera se han utilizado, como por ejemplo los grandes aeropuertos que se han construido, de los que no despegan aviones, los ciudadanos hemos recibido nítidamente el mensaje.

Si empezamos por nuestras Cámaras de representación, Parlamento y Senado, veremos que no son una excepción. No se puede entender que puedan estar sentados seriamente en sus escaños cuando hablan de evasión fiscal, o de subir impuestos a los ciudadanos, cuando ellos son los primeros evasores de impuestos, ya que no pagan lo mismo que el resto de los ciudadanos. No se puede entender que tengan unos privilegios sociales que no tienen otros ciudadanos.  No se puede entender que hablen de congelar o reducir pensiones entre tanto que ellos se benefician de un privilegiado esquema de pensiones no contributivas. Son los mayores evasores de impuestos, son privilegiados y se sientan en sus escaños para votar lo que les mandan sus partidos y al ciudadano que le den....

Si continuamos con nuestros representantes políticos en el Gobierno central, las Autonomías o los Ayuntamientos, la situación puede que aun sea peor. Muchos se enriquecen a costa de las ciudadanos, quedan implicados en todo tipo de tramas corruptas, cobran comisiones por la construcción de obras faraónicas que no sirven para nada, y nadie va a la cárcel. Una justicia polítizada probablemente se encargará de echarles un capote para que no terminen en la celda de una prisión.

Señores representantes de la partitocracia y politocracia en que se ha convertido nuestro Estado: Creyeron que los ciudadanos españoles ibamos a ser unos corderitos y que aquí nunca iba a pasar nada. Que nos harían unas promesas electorales, que iríamos a las urnas a votarlos y que después las incumplirían y todos tan tranquilos. Pues esto se ha acabado. Ya empieza a haber corrientes de cambio que los terminarán engullendo. Poco a poco sus blindados, opacos y poco democráticos partidos, se irán segregando. Nacerán otros partidos que serán valorados mas positivamente por los ciudadanos y ustedes se tendrán que ir a sus casas. Tengan la dignidad de marcharse antes de que los echemos.

¡¡en qué país vivimos!!

lunes, 4 de agosto de 2014

LA JUSTICIA ESPAÑOLA Y LAS CAJAS DE AHORRO QUEBRADAS


Bien por una justicia portuguesa con mayúsculas, y muy mal para una justicia española con minúsculas.

Hace tan sólo unos días, leía que BBVA había adquirido la Caixa Cataluña naci onalizada y que esta operación costaba a los ciudadanos españoles la escalofriante cifra de doce mil millones de euros (creo que son doce billones de las antiguas pesetas). Me produce estupor que ante tamaña cifra de pérdidas, hayan transcurrido ya mas de tres años desde que se adoptó la medida
de nacionalizar para evitar males mayores, según los políticos nos han contado, y la Justicia española con mayúsculas, aun no se haya movido. (probablemente ahora tendremos que hablar de la justicia, en minúscula).

 Por el contrario, hoy leo la noticia de cómo ha actuado la Justicia portuguesa en el caso de la recientísima quiebra del Banco Espíritu Santo. Su presidente Salgado fue arrestado, acusado de delitos de fraude, abuso de confianza, falsificación y blanqueo de capitales. La orden de detención fue dictada por el Tribunal de Instrucción Criminal de Lisboa. Se le ha impuesto una fianza de tres millones de euros y tras decretar su libertad provisional, se le prohíbe salir del país, así como mantener contacto con ciertas personas de su entorno (libertad vigilada). Bien por la Justicia portuguesa con mayusculas, y qué mal para la justicia española con minúsculas . ¿qué les ocurre a nuestros Tribunales? ¿por qué no actuan? ¿por qué están siendo tan pasivos mirando a otro lado?. Nuestros gobernantes, hace tres años, inyectaron a Cajas de Ahorro quebradas, del orden de cuarenta mil millones de euros, procediendo a su nacionalización. Nos contaron que esos dineros procedentes del erario público volverían a las cajas del Estado, y que la nacionalizacion se realizaba para evitar males mayores. Pero la cruda realidad se ha impuesto, como se ha visto en la venta de Caixa Cataluña y acabamos de ver cómo una vez mas, los gobernantes nos han engañado. Los miles de millones invertidos para rescatar cajas de Ahorro, iran a costa de los contribuyentes españoles. Los dirigentes de esas Cajas, han delinquido utilizando las preferentes para conseguir financiación , defraudando a muchísimos ahorradores. Esos mismos dirigentes han falseado las cuentas de la entidad para sacarlas a bolsa, y han vuelto a delinquir sin que la justicia haya hecho nada. Y qué decir de la gran cantidad de operaciones fallidas dando cuantiosos créditos a amiguetes del mercado inmobiliario, que nunca han sido devueltos. Y que decir de los ingentes créditos y ayudas no devueltas, que se han dado a los partidos políticos. Y qué decir de los salarios y pensiones multimillonarias que se han autoconcedico. Lisa y llamamente, los dirigentes de esas Cajas, empezando por todo el consejo de administracion donde se sentaban diputados, alcaldes, concejales, miembros de sindicatos y demás políticos de toda clase, y terminando por sus directores generales, consejeros delegados o como se les quiera llamar, han cometido toda serie de delitos previstos y penados por nuestro Código Penal. Han cometido delitos de fraude a sus ahorradores, delito de falsedad amañando sus balances en connivencia con ciertas auditoras, han cometido delito societario perjudicando a sus impositores y a sus posteriores accionistas, han cometido delito de estafa al apropiarse indebidamente de grandes sumas de sus ahorradores, para destinarlas a su uso personal camuflado como asignación para fondo de pensiones, han cometido delitos de blanqueo de capitales. Y todos estos delitos se han cometido en clara connivencia con los políticos de turno que se han beneficiado del sistema, y en clara connivencia con el Banco de España que no ha realizado las funciones de control y que por tanto también ha incurrido en una manifiesta dejación de funciones. Y ante este estado de cosas, pasados ya mas e tres años, ¿que ha hecho la justicia?. No ha hecho absolutamente nada. Salvo el Juez Silva que intentó meter en prision a Blesa (aun cuanto tenía toda la razón del mundo en el fondo, se equivocó en la forma, ya que el fin no justifica los medios y había de serguirse el procedimiento penal establecido). nuestra justicia no ha hecho nada. Pasados esos mas de tres años, todos esos dirigentes que han delinquido, han superado la presión medíatica que han tenido los primeros días, y ya gozan de la paz y el sosiego que necesitan para disfrutar tranquilamente en sus lujosas casas, de "toda la pasta que han afanado" a los impositores, sabiendo ya que cada día que pasa, será aun mas dificil que puedan ser llevados al banquillo de los acusados. Y menos aun para que los Tribunales les exijan las responsablidades civiles por todos los perjuicios que tambien están causando a los contribuyentes que, al final, son los paganinis de sus tropelías. Señores Juces y Magistrados competentes, señores Fiscales ¿por que miran a otro lado y aun no han hecho nada? ¿están tan politizados que han de seguir instrucciones de los gobernates?. Me temo que si. En este caso, muy mal por la justicia española.

viernes, 4 de julio de 2014

AQUÍ NO HAY SITIO PARA TODOS

Con crisis o sin ella, en Asturias necesitamos más inmigrantes.

No hace aún muchos días,  en una charla que tuve en la Tertulia L`Alderique sobre inmigración irregular,  toqué en concreto uno de los mitos más extendidos sobre los inmigrantes: “aquí no hay sitio para todos”. Esta es una afirmación que ya he oído en muchas ocasiones y que resulta bastante peligrosa o cuanto menos, requiere bastantes matizaciones.

Hoy, leyendo la prensa diaria, me encuentro con noticias relativas a los problemas demográficos que tiene Asturias, con su creciente envejecimiento de la población y con la importante salida de jóvenes que se marchan a otros países en búsqueda de oportunidades. El 80% de estos jóvenes, son inmigrantes que llegaron a Asturias hace varios años cuando el sector de la construcción, de la agricultura  y de los servicios, generaban muchos empleos.

Esta realidad demográfica asturiana y los riesgos que los expertos vaticinan, no hace más que desmitificar esa falsa idea a la que aludía antes,  de que aquí no cabemos todos. Sí es cierto que en la época de bonanza económica y hasta hace tan sólo dos años, la población extranjera en Asturias, se había multiplicado por 10. Pero también es cierto que ahora, tras la crisis, la gran masa de esos inmigrantes, en su mayor parte sudamericanos,  están retornando a sus países, donde ya tienen más posibilidades de empleo, e incluso a otros países europeos.

Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo en que esos jóvenes y académicamente bien formados asturianos, que se ven obligados a buscar oportunidades en otros países, tendrían que tener empleo aquí. Pero lo que si es cierto que con esa sangría de inmigrantes que se están yendo (el 80%) nuestro déficit demográfico es enorme y eso, sin duda, va a lastrar nuestra economía regional y va a poner en peligro la viabilidad del sistema público de pensiones que en los últimos años, guste o no guste a muchos, estaba siendo sostenida por las cotizaciones de los inmigrantes que teníamos aquí y que de paso ha de decirse también, en su gran mayoría ya habían adquirido la nacionalidad española.

Por el conocimiento y la información que he ido adquiriendo como Coordinador de la Fundación Cauce, en la que estoy palpando de primera mano, esa marcha masiva de inmigrantes sobre todo latinoamericanos, no tengo por más que unirme a las teorías de los expertos en demografía y en economía, que dan un paso adelante y dicen que contrariamente a pensar que aquí no cabe más gente, sostienen que, dado el serio envejecimiento de nuestra población, necesitamos con bastante urgencia que en los próximos años vuelvan los inmigrantes para conseguir que nuestra economía regional funcione adecuadamente. La propia Comisión Europea nos ha dicho que hasta 2030, España necesita siete millones de población adicional y por tanto Asturias que está en los puestos más altos del ranking de envejecimiento, necesita que bastantes de esos siete millones, vengan aquí.

Guste o no guste a muchos ciudadanos, que entienden que los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo, yo sostengo que necesitamos a esos extranjeros, que vienen con unos perfiles profesionales adecuados para cubrir esos puestos de trabajo que, aun con todo el alto nivel de desempleo que tenemos, no pueden ser cubiertos por españoles que los están rechazando claramente (servicio doméstico, agricultura, ganadería, hostelería, etc.).  El ciudadano tiene que saber que cuando un extranjero llega a España, legalmente sólo puede ser empleado en aquellas actividades que el Instituto Nacional de Empelo trimestralmente cataloga entre las “profesiones de difícil ocupación”. Es decir, los puestos de trabajo que no se cubren porque no hay trabajadores españoles dispuestos a aceptarlos.


Destruido por los demógrafos expertos, como yo pienso, ese mito de que aquí no cabemos todos, lo que hay que propiciar entonces es que la inmigración vuelva a Asturias y para ello, no se trata de abrir fronteras para que nos llegue todo tipo de inmigración irregular. De lo que se  trata es que nuestros gobernantes establezcan unas claras políticas inmigratorias para propiciar la llegada a nuestra economía, de inmigrantes “regulares” dispuestos a ocupar esos puestos de trabajo que existen en el “catálogo de profesiones de difícil ocupación”.

 Una cosa es el problema de los subsaharianos que llegan en pateras,  que ha de calificarse como un grave problema humanitario, o el de esa entrada de inmigración irregular, que puede generar marginación e incluso delincuencia y otra cosa muy distinta es propiciar esa inmigración legal o regular que sin duda alguna necesitamos porque contribuirá a que nuestra economía funcione. Voto por tanto porque nuestros gobernantes establezcan unas claras políticas de inmigración regular, para anticiparnos al grave problema demográfico que se nos avecina.

jueves, 26 de junio de 2014

CARTA ABIERTA AL ALCALDE DE OVIEDO

Estimado Sr. Alcalde:
 Me imagino que usted, como está tan ocupado, no leerá esta carta, pero es igual,  yo me quedaré satisfecho si algunos conductores indignados como yo, por la voracidad recaudatoria del Ayuntamiento que preside, la leen y adquieren conciencia de que estamos siendo objetivo y víctimas propiciatorias de su afán recaudatorio, para equilibrar a través de las multas sus maltrechas arcas municipales.

Por lo que he vivido y sufrido, tengo muy claro que la prioridad del Ayuntamiento de Oviedo, en modo alguno es (como debería de ser),  sancionar a los conductores para velar por la seguridad del tráfico o para facilitar la movilidad dentro de la ciudad. Su prioridad es incrementar descaradamente la recaudación por multas de tráfico. Y si yo estoy equivocado, explíqueme por favor por qué se ha pasado de 3 millones euros previstos para multas en los presupuestos de 2011, a 4,1 millones en 2013 y a 6 millones en los presupuestos previstos para 2014. Ni más ni menos que prevé incrementar el presupuesto en un 43% con relación al ejercicio pasado y en un escalofriante 100% con relación al ejercicio 2011. ¿acaso cree que los conductores de Oviedo, afectados por algún virus maligno, de repente nos hemos vuelto locos y nos comportamos como unos irresponsables al volante?.

Necesito también que me explique por qué está instalando cámaras en semáforos que se activan inmediatamente a la puesta del semáforo en rojo, para capturar al infractor que sólo tiene el escasísimo margen de 3 segundos que dura el ciclo ámbar, para frenar el vehículo antes de la línea de detención, aunque este frenazo tan brusco implique un alto peligro de colisión por alcance, como de hecho está ocurriendo. Necesito también que me explique por qué estas cámaras no cumplen las normas UNE que establecen determinados procedimientos para la gestión del tráfico. O que me explique por qué el Defensor del Pueblo está investigando sobre la ilegalidad de las multas que se ponen en las calles peatonales, aun cuando no hay ninguna ordenanza o decreto municipal que las regule.

El Ayuntamiento de Oviedo ya no tiene suficiente con recaudar más de 11 millones de euros con el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, y con los 3,5 millones de estacionamiento en las zonas azules o con los 1,6 millones de tasas de retirada de vehículos con la grúa. Necesita recaudar más y qué cosa más fácil que instalar radares y cámaras para pillar al conductor. No se necesitan Policías Locales que vigilen. Basta con estos equipos y con un sistema informático que de modo automático inicia la instrucción del expediente sancionador. Y como además esto es un mero trámite administrativo que realiza una empresa externa llamada Auxiliar de Recaudación S.L. la cosa es sencilla.

Señor Alcalde, usted sabe perfectamente que en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, este tipo de sanciones son declaradas nulas de pleno derecho, porque cuando el conductor agraviado recurre, ustedes se niegan a proporcionar los medios de prueba que se exigen sobre controles metrológicos y de las instalaciones semafóricas que no cumplen las necesarias normas UNE. Pero aun así, como también sabe que ese ciudadano no va a recurrir a los Tribunales porque además de quedar privado del 50% de la reducción de la sanción, tendrá que pagar los honorarios de un Abogado que lleve el asunto al Juzgado  y además 100€ de tasas judiciales y lógicamente, estos gastos disuaden a cualquiera de ir a la vía judicial, aun cuando saben que tienen razón.Y como sabe perfectamente de estos costos legales, el Ayuntamiento se limita a denegar todos los recursos que se le formulen a denegar todas las pruebas metrológicas que se le soliciten y ala… a recaudar que es de lo que se trata.

Es indignante que cuando un ciudadano, como yo he hecho, recurre al Juzgado de lo Contencioso y obtiene sentencia favorable, en vez de esperar a que se le devuelva de oficio el importe de la multa que pagó, se ve obligado a continuar con laboriosos trámites para aportar sentencia, justificantes bancarios de ser titular de cuenta corriente, y otras zarandajas, para conseguir que se le devuelta el importe pagado. Pero es más indignante aun que, sólo un día después de que el Ayuntamiento notifique la resolución sancionadora, sin ni tan siquiera esperar a la firmeza de la resolución (una vez que se acaba el plazo de dos meses para recurrir a los Tribunales), el Ayuntamiento ya comunica a la Dirección General de Tráfico para que detraiga al conductor los 4 puntos de sanción. Claro, como sabe que nadie recurre, para qué esperar más. Sr. Alcalde: Sepa usted que esa comunicación precipitada que ha hecho a la Dirección General de Tráfico y que ha provocado que en mi historial de antecedentes aparezca la pérdida de cuatro puntos (aun cuando después se ha visto obligado a cancelar),  es un claro atentado contra mi honor y que por eso tengo el derecho a exigir al Ayuntamiento daños y perjuicios por su precipitación.

Por favor, señor alcalde, en vez de tanto afán recaudatorio, dedíquese a lo verdaderamente importante que es velar de verdad por la seguridad del tráfico y por la movilidad circulatoria. Y si las arcas municipales necesitan dinero, caramba, no pretenda estrujar al conductor. Igual lo que tiene que hacer es adelgazar sus estructuras, eliminar el sinfín de gastos superfluos que genera la administración municipal, no despilfarrar tanto y controlar mejor el gasto público que por ahí es por donde se nos van muchos dineros. Y de paso elimine esas cámaras en los semáforos, que ya sabe perfectamente que los Juzgados están declaradas nulas de pleno derecho, las sanciones que están imponiendo con ese instrumento de captación.


¿POR QUÉ SE MANTIENEN LOS PRIVILEGIOS DE LAS SICAV?

Tras la dimisión del eurodiputado de IU Willy Meyer, todos los medios de comunicación se hacen eco de la lista de europarlamentarios españoles que suscribieron voluntariamente un fondo de pensiones gestionado por una sicav en Luxemburgo. Si bien esto es legal, considero que estos políticos han hecho la suscripción poniendo a un lado la etica y la estética.

El Sr. Rajoy ha venido aplicando toda una serie de medidas para equilibrar el déficit del Estado, pero lo ha hecho poniendo todo el peso de estas cargas sobre las espaldas de las clases medias trabajadoras, autónomos, funcionarios y pensionistas. Ahora quiere vendernos una reforma fiscal que prácticamente dejará las cosas como están. Pero, contrariamente a lo que sería deseable, sigue sin meter la tijera en los despilfarros de las castas políticas y en las grandes fortunas a las que protege descaradamente. Tampoco ha metido la mano en los privilegios fiscales de algunas instituciones de inversión colectiva, de las que, con total carencia de ética, se están beneficiando 38 eurodiputados españoles.

Estas Instituciones de Inversión colectiva están reguladas en la Ley de 4 de Noviembre de 2003 que considera como tal a aquellas que capten fondos, bienes o derechos de los ciudadanos, para su gestión. Concretamente, dentro de este tipo de instituciones están encuadradas, entre otras, las Sociedades de Inversión Mobiliaria (SIM) y las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV), llamadas ahora SICAV, que tienen un régimen fiscal especial mediante el que los beneficios que obtengan, van a tributar al tipo impositivo del 1%, en vez del general del 35%.

Estas SIM y SIMCAV, tal y como vienen denunciando los Inspectores de Hacienda, se están utilizando de manera abusiva, manipulando mediante testaferros (llamados en el argot financiero "mariachis", que no tienen interés alguno en la inversión y que son hombres de paja, muchas veces empleados de la propia gestora que no han efectuado ningún tipo de desembolso económico), las condiciones que permiten acceder a este régimen especial, haciendo que entraran en ellas patrimonios controlados por familias acaudaladas que, con hábiles maniobras, hacen que no se cumplan los requisitos de partícipes mínimo,  de frecuencia, de profundidad de cotización, de valoraciones de la cotización, de valores liquidativos (que son los verdaderos indicadores del valor real), etc.etc. Se consigue en definitiva, reducir al máximo la tributación en varios impuestos.


Debería de preguntarse a la Agencia Tributaria (AEAT) por qué no han dado ordenes a los Inspectores  de Hacienda (aun cuando estos han puesto de manifiesto las irregularidades, de modo reiterado), para que realicen actuaciones de comprobación, aun cuando esta cuestión está recogida en el Programa de Control Tributario para investigar la gestión irregular de estas entidades. Pese a estas advertencias, los Inspectores vienen diciendo que no se realizan actuaciones, debido a un conjunto de circunstancias que impiden hacer la investigación de estos fraudes tan sofisticados.

En el Programa de Control al que se alude antes, se señalan  como áreas de mayor riesgo fiscal, los paraísos fiscales, economía sumergida, blanqueo de capitales, utilización abusiva de los mercados de valores (SIM-SIMCAV), utilización abusiva del sistema de módulos (facturas falsas), tramas de fraude organizado, etc... Pero, ¿cual es la verdadera causa por la que la Inspección realmente no actúa? Pues la causa está en que a los Inspectores se les impone un objetivo cuantitativo en el número de comprobaciones, pero claro, este objetivo cuantitativo imposibilita que se puedan efectuar actuaciones investigadoras en las áreas de fraude sofisticado, ya que estas requieren mucho tiempo e impiden conseguir el objetivo cuantitativo de inspecciones a realizar.

En la misma medida que a la Agencia Tributaria, han de exigirse responsabilidades a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores ) y analizar por quien corresponda, las causas por las que dicho organismo no ha detectado las serias irregularidades que se producen. Hace unos años, la Inspección de Hacienda se puso en contacto con la CNMV, trasladándole las irregularidades que se detectaban en las primeras investigaciones que se estaban realizando en aquel momento. Sin embargo, la única preocupación para dicho organismo era que no se produjera ningún perjuicio económico para los inversores, resultándole indiferente si las SIMCAV tributaban correctamente o no, por el incumplimiento de los requisitos para poder gozar del régimen tributario especial. Le hubiera preocupado la situación si hubiera podido producirse un fraude o estafa a un numeroso grupo de pequeños inversores que hubieran depositado sus ahorros en un chiringuito financiero y los hubieran perdido. Pero en las SIMCAV no se producía dicha situación, y el único posible perjudicado era la Hacienda Pública, pero esta es lo suficientemente poderosa para defender por sí misma sus intereses.

En definitiva, si la propia Inspección de Hacienda lo deja tan claro, a qué espera el Gobierno para dar órdenes y meterse de lleno en esta gran bolsa de fraude fiscal. Por favor, no se conformen sólo con seguir achicharrando a las maltrechas clases medias. Dejen de proteger a las grandes fortunas, y empiece a meter mano a estas SIMCAV.. Por favor, no nos sigan defraudando.


martes, 24 de junio de 2014

EL GOBIERNO DICE QUE BAJA EL IRPF CUANDO EN REALIDAD LO ESTÁ SUBIENDO

Sale el Gobierno a la palestra y nos vende una reforma fiscal que dice va a bajar los impuestos a los ciudadanos. Como uno ya es bastante incrédulo, se pone a leer la letra pequeña y caramba, se descubre el pastel. No sólo no es cierto que se bajen los impuestos sino que, muy al contrario, vamos a pagar mas por el IRPF. El Ministro Sr. Montoro, cuando nos quiere vender "la moto", olvida informar de cuestiones de gran relevancia que van a afectar de modo directo al cálculo de nuestra base imponible y por tanto a nuestra cuota tributaria final que va a sufrir un incremento de modo generalizado.

A modo de ejemplo:

  • Hasta ahora las indemnizaciones por despido estaban exentas al 100% y a partir de ahora tributarán a partir de 2.000€ por año trabajado.
  • Se elimina la reducción por rendimientos del trabajo para todos los contribuyentes que tengan mas de 6.500€ en otras rentas y que ganen mas de 14.450€ anuales.
  • Se elimina la deducción por alquiler de vivienda para el inquilino joven e igualmente se reduce del 60 al 50% la deducción para el arrendador (volvemos a la economía sumergida de los alquileres).
  • Se elimina la exención de 1.500€ por dividendos cobrados.
  • Se reduce del 40 al 30% la reducción  por ingresos irregulares.
  • En la tributación por actividades económicas queda suprimido el 5% de reducción por gastos de difícil justificación y se limita a 2.000€. Se modifica al alza el sistema de módulos.
  • Se limitan a 8.000€ las aportaciones máximas a planes de pensiones.
  • El mínimo personal se sitúa en 5.500€
Hay otras muchas reformas que sería prolijo enumerar aquí. Pero lo que queda mas que claro es que, contrariamente a lo que el Sr. Montoro nos quiere vender, no es cierto que exista bajada de impuestos. Y hago esta afirmación porque ni mas ni menos que se han tocado pilares esenciales al alza. Adornándonos con celofán una bajada de impuestos,que si es cierto se produce en las escalas mas bajas, pero que es igual porque antes tampoco tributaban, los incrementa en la mayoría de los contribuyentes que somos las clases medias. Y, por cierto, a los que mas tienen los sigue beneficiando.

Sr. Montoro: Usted si que nos está defraudando, no fiscalmente pero sí políticamente hablando.

sábado, 21 de junio de 2014

EL CIUDADANO TIENE QUE DEFENDERSE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

No es una exageración. Lamentablemente las cosas son así.  Contrariamente a estar al servicio del pueblo, las administraciones públicas se están convirtiendo en un enemigo del ciudadano, que necesita coger el escudo y defenderse de ellas como pueda, para evitar su voracidad recaudatoria. 

Un día llega la Agencia Tributaria, te hace una declaración paralela y te reclama una deuda tributaria de 24,55€. Gastas tu tiempo en recopilar documentación, hacer un escrito, presentarlo en el Registro con los documentos que quieres aportar y erre que erre, la deuda tributaria es de 24,55€. Formulas recurso porque entiendes que no es conforme y la Agencia decreta: La deuda tributaria es de 24,55€ que Vd. ha de pagar en el plazo de 20 días so pena de incurrir en vía de apremio. Vas, pagas esa cantidad para que no te apliquen recargos de apremio y formulas reclamación al Tribunal Económico Administrativo.  Caramba ¡¡qué bien !! el Tribunal Económico Administrativo me da la razón, estima mi pretensión, y declara que no hay deuda tributaria. Genial, todo un éxito. Pero claro, ese éxito, además de haber pagado ya los 24,55€ que me serán devueltos, me habría generado unos gastos en torno a 200€ por los honorarios que habría de pagar a un abogado. Menos mal que yo soy abogado y me ahorré esto.

Otro día llega La Administración del Principado y te dice que has de pagar 4.500€ por hacerte la acometida al colector de saneamiento de la casina de fin de semana que tienes en el pueblo. ¿como? ¡¡no puede ser!! Yo ya llevo un montón de años pagando un canon de saneamiento, destinado precisamente a que me hagan esto. He estado pagando por un servicio que no tenía. Pues nada, nueva batalla de alegaciones, recursos y tribunales para terminar resolviéndose: Sr contribuyente usted no tiene que pagar nada por esto. ¡¡coño!! pero si entre abogado y Procurador tendría que pagar 2.000E. Menos mal que yo soy abogado y me ahorré esto.

Y para rematar ahora me llega el Ayuntamiento y me pone una multa de 200€ y retirada de 4 puntos del carnet de conducir, porque me he pasado un semáforo en rojo. Ala, otra vez, alegaciones por aquí y por alla, el Ayuntamiento erre que erre y, con todo el cabreo del mundo llegas al Juzgado de lo Contencioso. Este te da la razón, ganas y se declara la sanción nula. Pero claro, he tenido que pagar 100€ de tasas judiciales que ya no me serán devueltas y además los honorarios del abogado que me llevó el asunto. Menos mal que yo soy abogado y me ahorré esto.

Esta es la cruda realidad. Si el ciudadano no quiere ser víctima de la voracidad recaudatoria de las Administraciones Públicas, está obligado a contratar a un abogado y un Procurador para que defiendan sus intereses en los Tribunales y esta decisión, en la generalidad de los casos, va a ser muchísimo mas costosa que las los dineros que la administración le pueda estar exigiendo. Como esto, económicamente hablando no es viable, agacha la cabeza, paga y punto final.

El gran problema es que como las Administraciones Públicas saben esto, se limitan a lo fácil que es decir no a los recursos y ala, a hacer caja, porque el administrado, disuadido por los costos de las tasas judiciales y de su defensa, salvo excepciones, no va a recurrir a los Tribunales para tener una tutela judicial efectiva.

No se lo que harán otros ciudadanos. Lo que sí sé es que conmigo, las Administraciones Públicas van a tener un guerrero dispuesto a pelear con espada y escudo contra sus resoluciones arbitrarias y contra su voracidad recaudatoria. Espero seguir ganando mas batallas y ojalá otros ciudadanos hagan lo mismo.