Tras la muerte del dictador Franco en
1975, se produjo una loable transición democrática que nos llevó en sólo tres
años, a una Constitución y un Estado constitucional ejemplar. Fueron precisas
grandes dosis de voluntarismo, entendimiento, pacto, compromiso, perdón y sobre
todo grandes dosis de ética en los políticos. El pueblo español empezó a
disfrutar de la libertad, de la honradez de los dirigentes, en definitiva de un
estado democrático y moderno guiado por un Poder Legislativo asentado en las
Cortes Generales, un Poder Ejecutivo encomendado al Gobierno que es fiscalizado
y controlado por las Cortes como órgano supremo de la representación popular y
un Poder Judicial independiente desempeñado por una organización
jerárquicamente organizada.
Han pasado 36 años y con
tristeza empezamos a ver que, contrariamente a una evolución positiva, hemos
entrado en una gran deriva anticonstitucional y una ostensible evolución de un
Estado de Derecho a un llamemos Derecho del Estado, donde la separación de
poderes ya es una quimera. A la vez, se vuelve a mirar atrás, se empiezan a
olvidar aquellos pactos de compromiso y perdón que nos llevaron a la
Constitución y surgen nuevamente los frentismos que nos llevaron a una
dramática guerra civil.
Parece como si esa confianza que teníamos
en el sistema constitucional, fuere falsa, porque en otro caso no se podría
entender esta involución. Hoy, en una medida u otra, los tres poderes,
claramente se han corrompido. Hemos entrado en tales aberraciones que nos
llevan a que resulte verdaderamente difícil tener credibilidad en nuestro
sistema constitucional. A nivel de calle ya se empieza a hablar de que la
Constitución es papel mojado, que los políticos son unos personajes que sólo
persiguen su propio enriquecimiento y por ello son un problema, que los jueces
se pelean unos con otros, que Gobierno y Oposición no pactan ni de casualidad,
etc.etc.
Si analizamos el poder legislativo, nos
daremos cuanta rápidamente que ya no está separado del Gobierno que, cada vez
más, está gobernando a golpe de Decretos Leyes. En las bancadas del Parlamento
y del Senado hay muy pocos políticos vocacionales, guiados por la ética
parlamentaria. Ahora tenemos a unos diputados y senadores, profesionales de la
política, que llegan a los escaños buscando un salario, una posición social
cómoda y algunas otras prebendas que los hacen privilegiados frente a otros
profesionales y trabajadores asalariados. Si se tiene mayoría absoluta, el
partido gobernante legisla como le viene en gana. Y si no se tiene, se hacen
pactos aberrantes con partidos nacionalistas o con el diablo si hace falta, y
se saca adelante la legislación que el Gobierno de turno quiere. Los
Parlamentarios y Senadores ya no representan al pueblo que los ha elegido.
Buscan alcanzar los objetivos de sus partidos políticos y su propio beneficio
personal, como se decía antes.
Si se trata del poder ejecutivo, sea
central, autonómico o municipal, vemos como de modo sistemático trata de
controlar al poder judicial y al legislativo, además de las organizaciones
sindicales. Los dirigentes políticos nos hablan con discursos huecos, como si
fuéremos tontos, ocultan o manipulan informaciones, muchos de ellos ni tan
siquiera tienen la mínima cualificación intelectual, mienten, manipulan e
intrigan, además de gestionar muchas veces de modo absolutamente deficiente y
en muchos casos caciquil. Lo mismo pasa con los partidos de la oposición que,
en vez de oposición constructiva, lo que tratan permanentemente es de
descalificar al contrario. Bueno, y si hablamos de corrupción qué decir de
todos los casos que han ido aflorando y que aflorarán en todo el abanico
político. Los dirigentes, sin despeinarse, están instalados en ese juego de
¡has robado... y tu más!. Por ningún lado se encuentra esa ética política y ese
espíritu de cortar la corrupción en sus filas.
Si hablamos del poder judicial, sólo hay
que ver todas las noticias que están apareciendo en la prensa sobre Jueces,
sobre el Tribunal Supremo, sobre el Consejo General del Poder Judicial. La
independencia de Jueces y Fiscales hoy es una quimera en cuanto que es el
Gobierno y la oposición quienes designan al Fiscal General del Estado y a los
miembros del Consejo. Hoy, los miembros de la carrera judicial y fiscal no
pueden ser independientes. Presiones de todo tipo hacen que sus decisiones se
inclinen a un lado o a otro, habida cuenta de que la interpretación de la ley
no es algo matemático y que está sujeta a interpretaciones. Y si nos fijamos en
la actual organización judicial, con unos métodos y procedimientos obsoletos,
pensar en una tutela judicial efectiva puede ser una quimera.
Aun con este desolador panorama, quiero
ser optimista. Confío en que estaremos pasando el Rubicón y que nuestro sistema
constitucional se volverá a regenerar, que volvamos a tener políticos no
profesionales guiados sólo por la ética parlamentaria, gobernantes que
gobiernen para los ciudadanos y no para sus partidos políticos o intereses personales,
y una administración de justicia absolutamente independiente. Creo que la
Constitución sigue siendo válida, podrán introducirse algunas reformas, pero en
conjunto es buena y también creo que una centralización administrativa es
absolutamente necesaria. Espero impacientemente a esa necesaria regeneración
democrática que probablemente empezará a producirse tras las próximas
elecciones municipales y autonómicas, con la entrada en las instituciones de
nuevos partidos emergentes como es Ciudadanos, que llegan sin lastres
anteriores y con programas regeneradores, creíbles y posibilistas.
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