martes, 20 de enero de 2015

LA CREDIBILIDAD DE LOS PODERES DEL ESTADO

Tras la muerte del dictador Franco en 1975, se produjo una loable transición democrática que nos llevó en sólo tres años, a una Constitución y un Estado constitucional ejemplar. Fueron precisas grandes dosis de voluntarismo, entendimiento, pacto, compromiso, perdón y sobre todo grandes dosis de ética en los políticos. El pueblo español empezó a disfrutar de la libertad, de la honradez de los dirigentes, en definitiva de un estado democrático y moderno guiado por un Poder Legislativo asentado en las Cortes Generales, un Poder Ejecutivo encomendado al Gobierno que es fiscalizado y controlado por las Cortes como órgano supremo de la representación popular y un Poder Judicial independiente desempeñado por una organización jerárquicamente organizada.

Han pasado 36 años y con tristeza empezamos a ver que, contrariamente a una evolución positiva, hemos entrado en una gran deriva anticonstitucional y una ostensible evolución de un Estado de Derecho a un llamemos Derecho del Estado, donde la separación de poderes ya es una quimera. A la vez, se vuelve a mirar atrás, se empiezan a olvidar aquellos pactos de compromiso y perdón que nos llevaron a la Constitución y surgen nuevamente los frentismos que nos llevaron a una dramática guerra civil.

Parece como si esa confianza que teníamos en el sistema constitucional, fuere falsa, porque en otro caso no se podría entender esta involución. Hoy, en una medida u otra, los tres poderes, claramente se han corrompido. Hemos entrado en tales aberraciones que nos llevan a que resulte verdaderamente difícil tener credibilidad en nuestro sistema constitucional. A nivel de calle ya se empieza a hablar de que la Constitución es papel mojado, que los políticos son unos personajes que sólo persiguen su propio enriquecimiento y por ello son un problema, que los jueces se pelean unos con otros, que Gobierno y Oposición no pactan ni de casualidad, etc.etc.

Si analizamos el poder legislativo, nos daremos cuanta rápidamente que ya no está separado del Gobierno que, cada vez más, está gobernando a golpe de Decretos Leyes. En las bancadas del Parlamento y del Senado hay muy pocos políticos vocacionales, guiados por la ética parlamentaria. Ahora tenemos a unos diputados y senadores, profesionales de la política, que llegan a los escaños buscando un salario, una posición social cómoda y algunas otras prebendas que los hacen privilegiados frente a otros profesionales y trabajadores asalariados. Si se tiene mayoría absoluta, el partido gobernante legisla como le viene en gana. Y si no se tiene, se hacen pactos aberrantes con partidos nacionalistas o con el diablo si hace falta, y se saca adelante la legislación que el Gobierno de turno quiere. Los Parlamentarios y Senadores ya no representan al pueblo que los ha elegido. Buscan alcanzar los objetivos de sus partidos políticos y su propio beneficio personal, como se decía antes.

Si se trata del poder ejecutivo, sea central, autonómico o municipal, vemos como de modo sistemático trata de controlar al poder judicial y al legislativo, además de las organizaciones sindicales. Los dirigentes políticos nos hablan con discursos huecos, como si fuéremos tontos, ocultan o manipulan informaciones, muchos de ellos ni tan siquiera tienen la mínima cualificación intelectual, mienten, manipulan e intrigan, además de gestionar muchas veces de modo absolutamente deficiente y en muchos casos caciquil. Lo mismo pasa con los partidos de la oposición que, en vez de oposición constructiva, lo que tratan permanentemente es de descalificar al contrario. Bueno, y si hablamos de corrupción qué decir de todos los casos que han ido aflorando y que aflorarán en todo el abanico político. Los dirigentes, sin despeinarse, están instalados en ese juego de ¡has robado... y tu más!. Por ningún lado se encuentra esa ética política y ese espíritu de cortar la corrupción en sus filas.

Si hablamos del poder judicial, sólo hay que ver todas las noticias que están apareciendo en la prensa sobre Jueces, sobre el Tribunal Supremo, sobre el Consejo General del Poder Judicial. La independencia de Jueces y Fiscales hoy es una quimera en cuanto que es el Gobierno y la oposición quienes designan al Fiscal General del Estado y a los miembros del Consejo. Hoy, los miembros de la carrera judicial y fiscal no pueden ser independientes. Presiones de todo tipo hacen que sus decisiones se inclinen a un lado o a otro, habida cuenta de que la interpretación de la ley no es algo matemático y que está sujeta a interpretaciones. Y si nos fijamos en la actual organización judicial, con unos métodos y procedimientos obsoletos, pensar en una tutela judicial efectiva puede ser una quimera.

Aun con este desolador panorama, quiero ser optimista. Confío en que estaremos pasando el Rubicón y que nuestro sistema constitucional se volverá a regenerar, que volvamos a tener políticos no profesionales guiados sólo por la ética parlamentaria, gobernantes que gobiernen para los ciudadanos y no para sus partidos políticos o intereses personales, y una administración de justicia absolutamente independiente. Creo que la Constitución sigue siendo válida, podrán introducirse algunas reformas, pero en conjunto es buena y también creo que una centralización administrativa es absolutamente necesaria. Espero impacientemente a esa necesaria regeneración democrática que probablemente empezará a producirse tras las próximas elecciones municipales y autonómicas, con la entrada en las instituciones de nuevos partidos emergentes como es Ciudadanos, que llegan sin lastres anteriores y con programas regeneradores, creíbles y posibilistas.


No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada