Tras la dimisión del eurodiputado de IU Willy Meyer, todos los medios de comunicación se hacen eco de la lista de europarlamentarios españoles que suscribieron voluntariamente un fondo de pensiones gestionado por una sicav en Luxemburgo. Si bien esto es legal, considero que estos políticos han hecho la suscripción poniendo a un lado la etica y la estética.
El Sr. Rajoy ha venido aplicando toda una serie de medidas para equilibrar el déficit del Estado, pero lo ha hecho poniendo todo el peso de estas cargas sobre las espaldas de las clases medias trabajadoras, autónomos, funcionarios y pensionistas. Ahora quiere vendernos una reforma fiscal que prácticamente dejará las cosas como están. Pero, contrariamente a lo que sería deseable, sigue sin meter la tijera en los despilfarros de las castas políticas y en las grandes fortunas a las que protege descaradamente. Tampoco ha metido la mano en los privilegios fiscales de algunas instituciones de inversión colectiva, de las que, con total carencia de ética, se están beneficiando 38 eurodiputados españoles.
Estas Instituciones de Inversión colectiva están reguladas en la Ley de 4 de Noviembre de 2003 que considera como tal a aquellas que capten fondos, bienes o derechos de los ciudadanos, para su gestión. Concretamente, dentro de este tipo de instituciones están encuadradas, entre otras, las Sociedades de Inversión Mobiliaria (SIM) y las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV), llamadas ahora SICAV, que tienen un régimen fiscal especial mediante el que los beneficios que obtengan, van a tributar al tipo impositivo del 1%, en vez del general del 35%.
Estas SIM y SIMCAV, tal y como vienen denunciando los Inspectores de Hacienda, se están utilizando de manera abusiva, manipulando mediante testaferros (llamados en el argot financiero "mariachis", que no tienen interés alguno en la inversión y que son hombres de paja, muchas veces empleados de la propia gestora que no han efectuado ningún tipo de desembolso económico), las condiciones que permiten acceder a este régimen especial, haciendo que entraran en ellas patrimonios controlados por familias acaudaladas que, con hábiles maniobras, hacen que no se cumplan los requisitos de partícipes mínimo, de frecuencia, de profundidad de cotización, de valoraciones de la cotización, de valores liquidativos (que son los verdaderos indicadores del valor real), etc.etc. Se consigue en definitiva, reducir al máximo la tributación en varios impuestos.
Debería de preguntarse a la Agencia Tributaria (AEAT) por qué no han dado ordenes a los Inspectores de Hacienda (aun cuando estos han puesto de manifiesto las irregularidades, de modo reiterado), para que realicen actuaciones de comprobación, aun cuando esta cuestión está recogida en el Programa de Control Tributario para investigar la gestión irregular de estas entidades. Pese a estas advertencias, los Inspectores vienen diciendo que no se realizan actuaciones, debido a un conjunto de circunstancias que impiden hacer la investigación de estos fraudes tan sofisticados.
En el Programa de Control al que se alude antes, se señalan como áreas de mayor riesgo fiscal, los paraísos fiscales, economía sumergida, blanqueo de capitales, utilización abusiva de los mercados de valores (SIM-SIMCAV), utilización abusiva del sistema de módulos (facturas falsas), tramas de fraude organizado, etc... Pero, ¿cual es la verdadera causa por la que la Inspección realmente no actúa? Pues la causa está en que a los Inspectores se les impone un objetivo cuantitativo en el número de comprobaciones, pero claro, este objetivo cuantitativo imposibilita que se puedan efectuar actuaciones investigadoras en las áreas de fraude sofisticado, ya que estas requieren mucho tiempo e impiden conseguir el objetivo cuantitativo de inspecciones a realizar.
En la misma medida que a la Agencia Tributaria, han de exigirse responsabilidades a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores ) y analizar por quien corresponda, las causas por las que dicho organismo no ha detectado las serias irregularidades que se producen. Hace unos años, la Inspección de Hacienda se puso en contacto con la CNMV, trasladándole las irregularidades que se detectaban en las primeras investigaciones que se estaban realizando en aquel momento. Sin embargo, la única preocupación para dicho organismo era que no se produjera ningún perjuicio económico para los inversores, resultándole indiferente si las SIMCAV tributaban correctamente o no, por el incumplimiento de los requisitos para poder gozar del régimen tributario especial. Le hubiera preocupado la situación si hubiera podido producirse un fraude o estafa a un numeroso grupo de pequeños inversores que hubieran depositado sus ahorros en un chiringuito financiero y los hubieran perdido. Pero en las SIMCAV no se producía dicha situación, y el único posible perjudicado era la Hacienda Pública, pero esta es lo suficientemente poderosa para defender por sí misma sus intereses.
En definitiva, si la propia Inspección de Hacienda lo deja tan claro, a qué espera el Gobierno para dar órdenes y meterse de lleno en esta gran bolsa de fraude fiscal. Por favor, no se conformen sólo con seguir achicharrando a las maltrechas clases medias. Dejen de proteger a las grandes fortunas, y empiece a meter mano a estas SIMCAV.. Por favor, no nos sigan defraudando.
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