LIBERBANK Y LAS PREFERENTES

La plataforma de afectados por las preferentes estudia la posibilidad de demandar a Liberbank por despilfarrar recursos públicos.

Hace ya un tiempo, he venido leyendo noticias relativas a las actitudes que Liberbank estaba manteniendo con sus clientes afectados por el ya superconocido escándalo de las preferentes.  De modo sintético, en una de esas noticias se decía que esta entidad “se recapitaliza utilizando a los afectados por el fraude de las preferentes y las subordinadas, continuando el expolio a decenas de miles de ahorradores”. Liberbank pretendía canjear los productos tóxicos que las Cajas de Ahorro que la integran, habían comercializado de modo fraudulento. En otra noticia se decía literalmente que “Cajastur hizo la emisión más grande de productos tóxicos dentro de todas las Cajas integradas en Liberbank”. Bajo un supuesto “plan de fidelización” la entidad les animaba a que desistieran de su derecho a una demanda judicial, a cambio de mantener sus títulos durante dos años, sin garantías de recuperar su dinero en efectivo. La última de las noticias que leí decía “Caja Cantabria, cinco engaños consecutivos para sus clientes”. Los afectados por las preferentes ya han iniciado las demandas judiciales para defender sus derechos.

Cuando empezaron a dictarse reiteradas sentencias condenando a entidades por la comercialización fraudulenta de estos productos, muchas cajas y bancos implicados en la comercialización, se movieron para buscar transacciones amistosas con sus clientes que evitaran litigios judiciales. Pero, Liberbank no hizo nada, miró para otro lado y provocó que los afectados empezaran a formular demandas ante los Tribunales de modo masivo.

El resultado de todo esto es que ya empiezan a notificarse sentencias de estas demandas formuladas. Concretamente en estos últimos días en Santander se han dictado cinco sentencias que condenan a devolver del orden de 130.000€ por participaciones preferentes comercializadas por Caja Cantabria. Son las primeras. Los diferentes fallos aprecian manifiesta temeridad en la actitud de la Caja que pese a los intentos de conciliación previa, no se allanó a las demandas y no intentó ningún acuerdo amistoso que evitara el proceso, sabiendo como sabía que había reiterada jurisprudencia que declaraba nulos de pleno derecho estos contratos.  Concretamente, una de las resoluciones, en sus fundamentos aprecia “causa torpe” ya que las tres clientes afectadas, ni siquiera suscribieron, consintieron a conocieron la contratación de sus preferentes. Recoge la sentencia que fue Caja Cantabria quien las adquirió “unilateralmente” cargando su compra en la cuenta corriente de las afectadas, sin ni tan siquiera comunicárselo, utilizando para ello, de “forma irregular y no autorizada” de un contrato de gestión de valores suscrito muchos años antes de la fecha de compra de estas participaciones.  Considera el juzgador que la Caja se aprovechó de la confianza que en ella tenían sus clientas y “suplantó su consentimiento” para suscribir con el dinero que tenían en un depósito a plazo fijo, un producto de alto riesgo del que sólo se beneficiaba la Caja.  En todas las sentencias, por causas como no tener experiencia financiera, estar aquejado de una enfermedad degenerativa, ser analfabeto o causas parecidas,  Caja Cantabria resultó condenada a devolver el dinero con el interés legal devengado desde la suscripción del producto, además de imponerle las costas causadas en los procedimientos.

A la vista de estas primeras sentencias a las que seguirán otras muchas, no alcanzo a entender qué intereses puede haber el Liberbank para que no pegue un giro radical a su política y empiece a perseguir transacciones amistosas con los perjudicados que hayan reclamado o vayan a reclamar. He leído que la Plataforma de Afectados por las Preferentes, está estudiando la posibilidad de demandar a Liberbank, por despilfarrar recursos públicos al hacer caso omiso a la reiterada jurisprudencia que existe.

Yo, sin dudar, animo a cualquier afectado, a que se lance y presente una querella contra los dirigentes de Liberbank, ya que sabiendo como saben que van a ser condenados, malgastan de modo negligente o incluso doloso, los escasos recursos de una maltrecha Administración de Justicia, a la que se le resta el tiempo que emplea para dar coscorrones a la contumacia de Liberbank. Juegan también con el sufrimiento de sus antiguos clientes, que se ven obligados a ir al Juzgado y a esperar un año para que un Juez termine dándoles la razón, como no puede ser de otro modo. Toda una tomadora de pelo tanto para los afectados, como incluso para los ciudadanos a los que se les está hurtando la posibilidad de tener una administración de justicia más rápida.

MIRA LO QUE LE PASA A ESTA CHICA

Como veo que cada día son mas los vídeos virales que se comparten en la red, y que los usuarios de Facebook pasan por alto el peligro que representan,  vuelvo a reproducir lo que ya he escrito hace mas de seis meses para ver si al menos consigo concienciar a alguno de mis amigos.

Supongo que cualquier usuario de la red social, en un momento u otro se habrá encontrado en su muro con el aviso de que un amigo ha compartido un enlace a un vídeo. Yo hoy he recibido uno con la foto sugerente de la chica de la foto y con una indicación: Si eres hombre mira esto y si eres mujer nunca hagas esto. Otro también con una foto sugerente dice: Pone una cámara oculta a su mujer y mira lo que pasa.

Pues cuidado, porque atraído por algo tan sugerente o morboso, vas a intentar ver ese vídeo y al hacer clik en el enlace, se te va a pedir que lo compartas en tu muro de Facebook  para verlo.

 Como somos de gatillo fácil con el ratón, no leeremos nada, nos lanzaremos a tratar de verlo y lo que estaremos haciendo es el juego a una empresa sin escrúpulos que nos manejará como conejillos de indias para sus agresivas campañas de márketing viral. 

En el caso de este vídeo de hoy, si antes de compartir hubiéramos visto la letra pequeña que como está tan escondida casi ni se ve, habríamos descubierto que al hacer clik "estaremos aceptando el uso de galletas o cookies que permitirán proporcionar referencias y datos personales, así como marcas web beacons (archivos electrónicos gráficos) que permitirán contabilizar los accesos a diferentes sitios. Igualmente aceptará páginas, promociones, micrositios, tiendas virtuales, encuestas, patrocinadores, publicistas y servicios comerciales en conjunto con otros servicios compartidos propios o de terceros que recibirán la información que este sitio les podrá revelar de toda la información proporcionada por usted. Nosotros estudiaremos las preferencias de nuestros usuarios, sus características demográficas, sus patrones de tráfico y otras informaciones de conjunto para comprender mejor a quienes nos visitan y qué necesitan. Este rastro de las preferencias nos ayudará a enviarle a Vd. los avisos publicitarios mas relevantes".

¿qué hemos hecho al hacer ese click precipitado?. Habremos hecho el juego a una empresa que parece que tiene su sede social en Argentina, pero que no conocemos su domicilio, que puede que tenga servidores en EEUU o en Castalapaya de Arriba, pero que tampoco lo sabemos y a partir de ahí, con técnicas de márqueting terriblemente agresivo, mediante procesos de autoreplicación viral análogos a la expansión de un virus informático, abrirá las puertas de tu PC y el de los PCs de tus amigos y les permitirá conocer nuestras actividades en la red, nuestros comportamientos como consumidores de productos, las páginas que visitamos, el tiempo que estamos en ellas, etc.etc. En definitiva, nos habremos desnudado ante esa empresa y pasaremos a ser presa de sus instrumentos de un agresivo e ilegal márquetig.

Así que, amigo mio, cuidado con el clik rápido. No nos movamos por anzuelos de vídeos morbosos o sensacionalistas, seamos prudentes, sopesemos las decisiones y no nos tiremos a una piscina que no va a tener agua.... Insisto en la prudencia.

ESTAMOS ANTE UN CLARO DETERIORO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La fragilidad de la justicia ante los ciudadanos, cada vez es mayor. Se está generando una clara pérdida de derechos constitucionales, cuales son la tutela judicial efectiva o el derecho a una justicia gratuita. Correlativamente, se está produciendo un empeoramiento en las condiciones de los abogados que prestan sus servicios en el turno de oficio y una importante degradación de los medios personales y materiales puestos al servicio de la administración de justicia.

La Ley de Tasas Judiciales, que aparta de la justicia a los ciudadanos con menos recursos, la modificación de la Demarcación y Planta Judicial, la Ley de Justicia Gratuita que va a provocar serios perjuicios para los ciudadanos, además de deteriorar un servicio público prestado por los Colegios de Abogados, la privatización del Registro Civil, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la imposición de costas en los procedimientos Contencioso-Administrativos, o la Ley de Servicios Profesionales, son reformas legislativas que van a provocar un alejamiento aun mayor de la administración de justicia para los ciudadanos, que no van a ser iguales ante la ley, por cuanto que su acceso quedará más limitado para los ciudadanos más débiles.

Además de esto, tenemos que hablar, aun a riesgo de ser injusto con muchos jueces o fiscales, de la manifiesta politización de la Justicia. Hay clara politización desde el momento en el que el Consejo General del Poder Judicial (órgano que controla el funcionamiento de los Tribunales), hay un número de jueces elegidos por los partidos políticos, en razón a su afinidad política o ideológica. Si bien es cierto que hay muchos jueces que mantienen su neutralidad política, también es cierto que en los altos puestos de la judicatura, se están colocando jueces politizados.

Se ha creado un sistema injusto que genera una sólida protección para personas que ostentan el poder político e incluso económico, de la que no gozamos todos los demás ciudadanos. Este sistema, permite que estas personas aforadas terminen con sus procesos judiciales en Tribunales, donde el Consejo General del Poder Judicial ha colocado a los Magistrados que les conviene. Es evidente que las reformas judiciales realizadas en los últimos 25 años, han sido dirigidas a conseguir una mayor politización tanto del Consejo General del Poder Judicial, como de la Fiscalía.

Por el contrario, los gobernantes tanto del PSOE como del PP, igual que han luchado y luchan para alcanzar una mayor politización del sistema,  han dejado a un lado la necesidad de modernizar la administración de justicia, dotándola de más y mejores medios tanto materiales como personales, con sistemas procesales más modernos e informatizados. Han dejado a un lado también la necesidad de valorar el curriculum de los jueces, magistrados y fiscales, no por su afinidad política o ideológica, sino por el mérito, capacidad profesional e imparcialidad a la que se hayan hecho acreedores en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Como ha dicho recientemente el Fiscal del Tribunal Supremo, Sr. Viada, en un artículo publicado en un medio de prensa nacional, “la justicia ha sido colonizada por el poder político que ha conseguido que esta aparezca revestida de la respetabilidad que confiere la intervención de unos pocos jueces y fiscales que tienen a ver de manera natural los problemas jurídicos, de la misma manera que la ven aquellos que los eligen”.

La Justicia necesita una profunda transformación. Necesita un Pacto de Estado de todos los partidos políticos para que mediante rigurosos análisis efectuados por quienes conocen en profundidad el día a día de los Tribunales, desde el Tribunal Supremo hasta el más modesto Juzgado de Paz, se dejen a un lado definitivamente todos esos parches, iniciativas absurdas carentes de rigor, se deje a un lado la injerencia política que recorta y en muchos casos impide el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucionalmente reconocido.  Ya basta de palabrería política hueca. Los políticos tienen que reconocer que así no se puede seguir, que la administración de justicia es un desastre, que los procedimientos judiciales son arcaicos, que la lentitud es exasperante, que muchos edificios judiciales se caen, que sus medios materiales son escasísimos.

A mi juicio, esa profunda transformación, que la Justicia necesita de modo urgente, ha de pasar por un Pacto de Estado entre los partidos políticos, para que, oyendo a jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, abogados, procuradores y usuarios, se inicien los procesos de reforma. Este pacto de estado ha de recoger la independencia de los jueces y del Consejo General del Poder Judicial, así como una Fiscalía autónoma y una Abogacía libre e independiente.

Para impedir el presumible agravamiento de la situación, tanto por la ineficacia de las reformas acometidas como de los proyectos en marcha, de modo inmediato, entre otras muchas cosas, como objetivo prioritario debería de derogarse la Ley de Tasas que de modo manifiesto ha establecido una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo a muchos ciudadanos el acceso a la misma. Debería de reformarse en profundidad la Ley Orgánica del Poder Judicial. Debería de adecuarse la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.  Debería de resolverse de una vez por todas el problema de las deficiencias organizativas del sistema judicial eliminando las sobrecargas de trabajo de los juzgados.  Debería por último mejorarse el servicio a los justiciables, aplicando la Carta de los Derechos de los Ciudadanos aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos el 16 de Abril de 2002.

¿Será mucho pedir?

SALARIO SOCIAL E INSENSIBILIDAD POLITICA

La prensa regional viene hablando con cierta frecuencia de las listas de espera para percibir el salario social. En unas informaciones se habla de la trampa burocrática de esta prestación, en el Comercio se recogen opiniones de ONGs y de algún diputado de Foro. Todo lo que se dice y muchas cosas más, yo lo sé de primera mano, porque es uno de los caballos de batalla con los que peleamos en la asesoría jurídica que algunos voluntarios realizamos en la Fundación Cauce.

Sintéticamente ha de decirse que el Principado de Asturias promulgó la Ley 4/2005 de Salario Social Básico, que tiene como objeto desarrollar el derecho fundamental de la persona a los recursos y prestaciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad humana. Esta Ley tiene su causa en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, que con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, proclama  el reconocimiento del derecho «a una ayuda social y a una ayuda a la vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes. El salario social se concibe mediante esta Ley, como una prestación económica periódica que garantiza, a las personas que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, el complemento de sus ingresos hasta unos límites que en cada caso son calculados según el tamaño de la unidad económica de convivencia independiente.

Una ley estupenda si no fuera porque el Principado la incumple de modo flagrante, envolviendo a los solicitantes en un entramado burocrático que los lleva a que año y medio después de haber presentado su solicitud, aun no hayan percibido la prestación a la que son acreedores. Como excusa  los Consejeros y los políticos de turno, dicen que no tienen un buen programa informático (desde hace mucho tiempo tienen presupuestado uno nuevo en 125.000€), que tienen pocos recursos humanos, que el trámite administrativo es muy complicado, que tras el caso Marea los controles administrativos son mayores,  etc.etc.

Pues señores políticos, qué quieren que les diga, a mí al menos no me pueden engañar con todas esas absurdas justificaciones. Se trata sólo de que tengan auténtica voluntad política para hacer que esos pobres ciudadanos totalmente desamparados puedan cobrar lo más pronto posible esa ayuda que tanto necesitan y que una Ley les concede, o al menos que como máximo la cobren el el plazo de los tres meses que la misma Ley establece.

Si dicen que no tienen personal, ¿por qué no trasladan a algunos de esos muchos enchufados que tienen colocados en ese montón de empresas públicas que apenas tienen actividad?. Si dicen que tienen muchos controles administrativos, ¿por qué no controlan a los sindicatos UGT o CCOO para que les justifiquen los dineros que han recibido de la Administración del Principado cuando saben claramente que los están destinando a otros fines distintos para los que se los dieron?. Si dicen que no tienen dinero para crear un buen programa informático ¿qué han hecho con las partidas presupuestarias que tenían previstas para el?.

Señores políticos asturianos de todo tipo y condición, si verdaderamente tuvieran un poco de sensibilidad, en modo alguno podrían permitir que haya un gran número de ciudadanos inmersos en la pobreza más absoluta, sin ningún tipo de ingresos, con hijos menores a su cargo y que como único recurso tienen el de ir a las ONGs a pedir esa ayuda básica que las administraciones públicas les niegan con cualquier tipo de excusas. Si tuvieren un poco ya no digo de sensibilidad, sino de dignidad, por qué en vez de dedicarse a defender sus prebendas y sus privilegios, no se dedican a presionar para que esta Ley del Salario Social se cumpla en toda su extensión..

Probablemente ahora ustedes estarán iniciando sus actividades políticas tras unas agradables vacaciones que seguro necesitarían para descansar, agotados por su gran actividad política,  pero, entre tanto, otros muchos ciudadanos están esperando a que Vdes hagan algo para cobrar ese salario social que tienen solicitado desde hace mucho más de un año y que por su pasividad y dejación de funciones, no van a poner tener. Y como consecuencia de eso sólo podrán contar, si es que pueden, con el paquete de lentejas que les haya dado alguna ONG, para poder subsistir.

Qué pena....Ustedes quejándose del estrés postvacacional y los demandantes del salario social, con todo su estrés y frustración por no tener trabajo y no poder llevarse nada a la boca, que se espabilen y se arreglen como puedan.... Su pasividad es lamentable, por no aplicar otro calificativo más duro que sí se lo merecen.

EL ESTADO, UNA INSTITUCIÓN DE ROBO A GRAN ESCALA

Decía el filósofo americano Murray Rothbard que "el Estado es una institución de robo a gran escala y que los impuestos son tan solo un sistema que sirve para que políticos y burócratas roben el dinero de los ciudadanos y lo despilfarren de manera vergonzosa".. ¡¡qué gran verdad!!

A estas alturas de la película, en España, con todas las tramas de corrupción política que ya conocemos, con todos los despilfarros que se han realizado en obras faraónicas de todo tipo que ni tan siquiera se han utilizado, como por ejemplo los grandes aeropuertos que se han construido, de los que no despegan aviones, los ciudadanos hemos recibido nítidamente el mensaje.

Si empezamos por nuestras Cámaras de representación, Parlamento y Senado, veremos que no son una excepción. No se puede entender que puedan estar sentados seriamente en sus escaños cuando hablan de evasión fiscal, o de subir impuestos a los ciudadanos, cuando ellos son los primeros evasores de impuestos, ya que no pagan lo mismo que el resto de los ciudadanos. No se puede entender que tengan unos privilegios sociales que no tienen otros ciudadanos.  No se puede entender que hablen de congelar o reducir pensiones entre tanto que ellos se benefician de un privilegiado esquema de pensiones no contributivas. Son los mayores evasores de impuestos, son privilegiados y se sientan en sus escaños para votar lo que les mandan sus partidos y al ciudadano que le den....

Si continuamos con nuestros representantes políticos en el Gobierno central, las Autonomías o los Ayuntamientos, la situación puede que aun sea peor. Muchos se enriquecen a costa de las ciudadanos, quedan implicados en todo tipo de tramas corruptas, cobran comisiones por la construcción de obras faraónicas que no sirven para nada, y nadie va a la cárcel. Una justicia polítizada probablemente se encargará de echarles un capote para que no terminen en la celda de una prisión.

Señores representantes de la partitocracia y politocracia en que se ha convertido nuestro Estado: Creyeron que los ciudadanos españoles ibamos a ser unos corderitos y que aquí nunca iba a pasar nada. Que nos harían unas promesas electorales, que iríamos a las urnas a votarlos y que después las incumplirían y todos tan tranquilos. Pues esto se ha acabado. Ya empieza a haber corrientes de cambio que los terminarán engullendo. Poco a poco sus blindados, opacos y poco democráticos partidos, se irán segregando. Nacerán otros partidos que serán valorados mas positivamente por los ciudadanos y ustedes se tendrán que ir a sus casas. Tengan la dignidad de marcharse antes de que los echemos.

¡¡en qué país vivimos!!

LA JUSTICIA ESPAÑOLA Y LAS CAJAS DE AHORRO QUEBRADAS

Bien por una justicia portuguesa con mayúsculas, y muy mal para una justicia española con minúsculas.

Hace tan sólo unos días, leía que BBVA había adquirido la Caixa Cataluña naci onalizada y que esta operación costaba a los ciudadanos españoles la escalofriante cifra de doce mil millones de euros (creo que son doce billones de las antiguas pesetas). Me produce estupor que ante tamaña cifra de pérdidas, hayan transcurrido ya mas de tres años desde que se adoptó la medida
de nacionalizar para evitar males mayores, según los políticos nos han contado, y la Justicia española con mayúsculas, aun no se haya movido. (probablemente ahora tendremos que hablar de la justicia, en minúscula).

 Por el contrario, hoy leo la noticia de cómo ha actuado la Justicia portuguesa en el caso de la recientísima quiebra del Banco Espíritu Santo. Su presidente Salgado fue arrestado, acusado de delitos de fraude, abuso de confianza, falsificación y blanqueo de capitales. La orden de detención fue dictada por el Tribunal de Instrucción Criminal de Lisboa. Se le ha impuesto una fianza de tres millones de euros y tras decretar su libertad provisional, se le prohíbe salir del país, así como mantener contacto con ciertas personas de su entorno (libertad vigilada). Bien por la Justicia portuguesa con mayusculas, y qué mal para la justicia española con minúsculas . ¿qué les ocurre a nuestros Tribunales? ¿por qué no actuan? ¿por qué están siendo tan pasivos mirando a otro lado?. Nuestros gobernantes, hace tres años, inyectaron a Cajas de Ahorro quebradas, del orden de cuarenta mil millones de euros, procediendo a su nacionalización. Nos contaron que esos dineros procedentes del erario público volverían a las cajas del Estado, y que la nacionalizacion se realizaba para evitar males mayores. Pero la cruda realidad se ha impuesto, como se ha visto en la venta de Caixa Cataluña y acabamos de ver cómo una vez mas, los gobernantes nos han engañado. Los miles de millones invertidos para rescatar cajas de Ahorro, iran a costa de los contribuyentes españoles. Los dirigentes de esas Cajas, han delinquido utilizando las preferentes para conseguir financiación , defraudando a muchísimos ahorradores. Esos mismos dirigentes han falseado las cuentas de la entidad para sacarlas a bolsa, y han vuelto a delinquir sin que la justicia haya hecho nada. Y qué decir de la gran cantidad de operaciones fallidas dando cuantiosos créditos a amiguetes del mercado inmobiliario, que nunca han sido devueltos. Y que decir de los ingentes créditos y ayudas no devueltas, que se han dado a los partidos políticos. Y qué decir de los salarios y pensiones multimillonarias que se han autoconcedico. Lisa y llamamente, los dirigentes de esas Cajas, empezando por todo el consejo de administracion donde se sentaban diputados, alcaldes, concejales, miembros de sindicatos y demás políticos de toda clase, y terminando por sus directores generales, consejeros delegados o como se les quiera llamar, han cometido toda serie de delitos previstos y penados por nuestro Código Penal. Han cometido delitos de fraude a sus ahorradores, delito de falsedad amañando sus balances en connivencia con ciertas auditoras, han cometido delito societario perjudicando a sus impositores y a sus posteriores accionistas, han cometido delito de estafa al apropiarse indebidamente de grandes sumas de sus ahorradores, para destinarlas a su uso personal camuflado como asignación para fondo de pensiones, han cometido delitos de blanqueo de capitales. Y todos estos delitos se han cometido en clara connivencia con los políticos de turno que se han beneficiado del sistema, y en clara connivencia con el Banco de España que no ha realizado las funciones de control y que por tanto también ha incurrido en una manifiesta dejación de funciones. Y ante este estado de cosas, pasados ya mas e tres años, ¿que ha hecho la justicia?. No ha hecho absolutamente nada. Salvo el Juez Silva que intentó meter en prision a Blesa (aun cuanto tenía toda la razón del mundo en el fondo, se equivocó en la forma, ya que el fin no justifica los medios y había de serguirse el procedimiento penal establecido). nuestra justicia no ha hecho nada. Pasados esos mas de tres años, todos esos dirigentes que han delinquido, han superado la presión medíatica que han tenido los primeros días, y ya gozan de la paz y el sosiego que necesitan para disfrutar tranquilamente en sus lujosas casas, de "toda la pasta que han afanado" a los impositores, sabiendo ya que cada día que pasa, será aun mas dificil que puedan ser llevados al banquillo de los acusados. Y menos aun para que los Tribunales les exijan las responsablidades civiles por todos los perjuicios que tambien están causando a los contribuyentes que, al final, son los paganinis de sus tropelías. Señores Juces y Magistrados competentes, señores Fiscales ¿por que miran a otro lado y aun no han hecho nada? ¿están tan politizados que han de seguir instrucciones de los gobernates?. Me temo que si. En este caso, muy mal por la justicia española.

AQUÍ NO HAY SITIO PARA TODOS

Con crisis o sin ella, en Asturias necesitamos más inmigrantes.

No hace aún muchos días,  en una charla que tuve en la Tertulia L`Alderique sobre inmigración irregular,  toqué en concreto uno de los mitos más extendidos sobre los inmigrantes: “aquí no hay sitio para todos”. Esta es una afirmación que ya he oído en muchas ocasiones y que resulta bastante peligrosa o cuanto menos, requiere bastantes matizaciones.

Hoy, leyendo la prensa diaria, me encuentro con noticias relativas a los problemas demográficos que tiene Asturias, con su creciente envejecimiento de la población y con la importante salida de jóvenes que se marchan a otros países en búsqueda de oportunidades. El 80% de estos jóvenes, son inmigrantes que llegaron a Asturias hace varios años cuando el sector de la construcción, de la agricultura  y de los servicios, generaban muchos empleos.

Esta realidad demográfica asturiana y los riesgos que los expertos vaticinan, no hace más que desmitificar esa falsa idea a la que aludía antes,  de que aquí no cabemos todos. Sí es cierto que en la época de bonanza económica y hasta hace tan sólo dos años, la población extranjera en Asturias, se había multiplicado por 10. Pero también es cierto que ahora, tras la crisis, la gran masa de esos inmigrantes, en su mayor parte sudamericanos,  están retornando a sus países, donde ya tienen más posibilidades de empleo, e incluso a otros países europeos.

Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo en que esos jóvenes y académicamente bien formados asturianos, que se ven obligados a buscar oportunidades en otros países, tendrían que tener empleo aquí. Pero lo que si es cierto que con esa sangría de inmigrantes que se están yendo (el 80%) nuestro déficit demográfico es enorme y eso, sin duda, va a lastrar nuestra economía regional y va a poner en peligro la viabilidad del sistema público de pensiones que en los últimos años, guste o no guste a muchos, estaba siendo sostenida por las cotizaciones de los inmigrantes que teníamos aquí y que de paso ha de decirse también, en su gran mayoría ya habían adquirido la nacionalidad española.

Por el conocimiento y la información que he ido adquiriendo como Coordinador de la Fundación Cauce, en la que estoy palpando de primera mano, esa marcha masiva de inmigrantes sobre todo latinoamericanos, no tengo por más que unirme a las teorías de los expertos en demografía y en economía, que dan un paso adelante y dicen que contrariamente a pensar que aquí no cabe más gente, sostienen que, dado el serio envejecimiento de nuestra población, necesitamos con bastante urgencia que en los próximos años vuelvan los inmigrantes para conseguir que nuestra economía regional funcione adecuadamente. La propia Comisión Europea nos ha dicho que hasta 2030, España necesita siete millones de población adicional y por tanto Asturias que está en los puestos más altos del ranking de envejecimiento, necesita que bastantes de esos siete millones, vengan aquí.

Guste o no guste a muchos ciudadanos, que entienden que los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo, yo sostengo que necesitamos a esos extranjeros, que vienen con unos perfiles profesionales adecuados para cubrir esos puestos de trabajo que, aun con todo el alto nivel de desempleo que tenemos, no pueden ser cubiertos por españoles que los están rechazando claramente (servicio doméstico, agricultura, ganadería, hostelería, etc.).  El ciudadano tiene que saber que cuando un extranjero llega a España, legalmente sólo puede ser empleado en aquellas actividades que el Instituto Nacional de Empelo trimestralmente cataloga entre las “profesiones de difícil ocupación”. Es decir, los puestos de trabajo que no se cubren porque no hay trabajadores españoles dispuestos a aceptarlos.

Destruido por los demógrafos expertos, como yo pienso, ese mito de que aquí no cabemos todos, lo que hay que propiciar entonces es que la inmigración vuelva a Asturias y para ello, no se trata de abrir fronteras para que nos llegue todo tipo de inmigración irregular. De lo que se  trata es que nuestros gobernantes establezcan unas claras políticas inmigratorias para propiciar la llegada a nuestra economía, de inmigrantes “regulares” dispuestos a ocupar esos puestos de trabajo que existen en el “catálogo de profesiones de difícil ocupación”.

 Una cosa es el problema de los subsaharianos que llegan en pateras,  que ha de calificarse como un grave problema humanitario, o el de esa entrada de inmigración irregular, que puede generar marginación e incluso delincuencia y otra cosa muy distinta es propiciar esa inmigración legal o regular que sin duda alguna necesitamos porque contribuirá a que nuestra economía funcione. Voto por tanto porque nuestros gobernantes establezcan unas claras políticas de inmigración regular, para anticiparnos al grave problema demográfico que se nos avecina.