El pasado día 12 de Enero escribí un post sobre el famoso y mediático "Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible en el que sostenía que desde una óptica netamente jurídica, el proyecto era aberrante, incongruente y que se había metido con calzador una absurda disposición adicional primera en una también absurda y vacía Ley de Economía Sostenible, pretendiendo resolver el problema de la propiedad intelectual frente a la piratería en internet.
Aun cuando la legislación actual tiene instrumentos bastante adecuados para defender los intereses de los creadores (medidas cautelares y acción de cesación), así como unos tribunales especializados por razón de la materia (Juzgados Mercantiles y de Primera Instancia), el anteproyecto, utilizando estrategias de un auténtico haker jurídico, pretendía modificar una ley orgánica, tres leyes ordinarias y algunas otras disposiciones mas, para conseguir su objetivo que según decía la Sra. Sinde era cerrar del orden de 200 sitios web que contienen enlaces a descargas ilegales.
Para ello creaba una comisión parcial que pretendía ser la competente para salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual y lo que es mas grave, derivaba el procedimiento hacia los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, elevando con ello el rango de la propiedad intelectual, al de otros derechos fundamentales de los ciudadanos. Y por si fuera poco, esos Juzgados centrales en el plazo de cuatro días tendrían que resolver, previa audiencia del representante de la Administración, del Ministerio Fiscal y de los titulares de los derechos afectados. Pero, curiosamente, a los presuntos infractores no se les convoca a esa audiencia previa para que aleguen lo que estimen conveniente a la defensa de sus derechos. Es decir, se pretendía imponer sanciones sin ni tan siquiera dar el derecho de defensa a los infractores.
Olvidaba este absurdo anteproyecto que para cerrar 200 páginas web, la instrumentación jurídica que se pretendía dar era desproporcionada, y diría mas, inconstitucional. Olvida también que si lo que se pretende de verdad es defender la propiedad intelectual, este ridículo procedimiento y estos desproporcionados cambios legales no iban a impedir que esas páginas web cambien de nombre, se clonen y aparezcan en otros dominios. La red se mutará y esta aberrante ley quedaría sin contenido. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas.
En resumen, entendía que este anteproyecto no podía tener mucho recorrido y que lógicamente, no debería de superar los trámites parlamentarios. Se quedaría en un anteproyecto vacío. Frente al objetivo del Gobierno de que este anteproyecto viera la luz, estaban las posiciones de juristas, internautas y medios de comunicación que, con argumentos diferentes, mostraban su clara oposición al mismo.
Aun cuando la legislación actual tiene instrumentos bastante adecuados para defender los intereses de los creadores (medidas cautelares y acción de cesación), así como unos tribunales especializados por razón de la materia (Juzgados Mercantiles y de Primera Instancia), el anteproyecto, utilizando estrategias de un auténtico haker jurídico, pretendía modificar una ley orgánica, tres leyes ordinarias y algunas otras disposiciones mas, para conseguir su objetivo que según decía la Sra. Sinde era cerrar del orden de 200 sitios web que contienen enlaces a descargas ilegales.
Para ello creaba una comisión parcial que pretendía ser la competente para salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual y lo que es mas grave, derivaba el procedimiento hacia los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, elevando con ello el rango de la propiedad intelectual, al de otros derechos fundamentales de los ciudadanos. Y por si fuera poco, esos Juzgados centrales en el plazo de cuatro días tendrían que resolver, previa audiencia del representante de la Administración, del Ministerio Fiscal y de los titulares de los derechos afectados. Pero, curiosamente, a los presuntos infractores no se les convoca a esa audiencia previa para que aleguen lo que estimen conveniente a la defensa de sus derechos. Es decir, se pretendía imponer sanciones sin ni tan siquiera dar el derecho de defensa a los infractores.
Olvidaba este absurdo anteproyecto que para cerrar 200 páginas web, la instrumentación jurídica que se pretendía dar era desproporcionada, y diría mas, inconstitucional. Olvida también que si lo que se pretende de verdad es defender la propiedad intelectual, este ridículo procedimiento y estos desproporcionados cambios legales no iban a impedir que esas páginas web cambien de nombre, se clonen y aparezcan en otros dominios. La red se mutará y esta aberrante ley quedaría sin contenido. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas.
En resumen, entendía que este anteproyecto no podía tener mucho recorrido y que lógicamente, no debería de superar los trámites parlamentarios. Se quedaría en un anteproyecto vacío. Frente al objetivo del Gobierno de que este anteproyecto viera la luz, estaban las posiciones de juristas, internautas y medios de comunicación que, con argumentos diferentes, mostraban su clara oposición al mismo.
Ayer, el Congreso de los Diputados rechazó la ley Sinde y la convirtió en una norma vacía. La disposición para cerrar páginas web se encontró con la oposición de todos los grupos parlamentarios, excepto lógicamente el grupo del PSOE. En mi opinión este rechazo pone en evidencia la falta de estrategia del Gobierno que se empecinó en mantener esta disposición adicional (llamada Ley Sinde) en el marco de la Economía Sostenible.
Por tanto, me congratulo de que en el arco parlamentario haya imperado la cordura, y este aberrante anteproyecto de ley haya quedado convertido en un papel mojado. Al igual que los juristas, me imagino que los internautas estarán celebrando este rechazo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario