Desde hace tiempo vengo colaborando como voluntario en una ONG y esto hace que esté particularmente sensibilizado con los problemas de la inmigración. Por ello me decido a escribir esta entrada.
Aun cuando de modo previo no se ha alcanzado ningún acuerdo europeo sobre política migratoria, el Parlamento Europeo acaba de aprobar la Directiva Europea sobre los procedimientos y normas para el retorno de nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en el territorio de un país comunitario. Se trata de una Directiva que claramente busca la primacía de las medidas de orden represivo, frente a las medidas de carácter social o integrador que deberían de caracterizar el hecho natural que suponen las migraciones en el mundo, ya que se pretende gestionar la población de inmigrantes con la política del encierro.
Esta Directiva permite la retención por un periodo de 18 meses, lo que agravará aun mas el sufrimiento humano de estos inmigrantes a los que se les empieza a considerar como delincuentes. La nueva norma comunitaria está equiparando una sanción administrativa a la pena de privación de libertad propia de delitos graves. O lo que es lo mismo, emigrar sin documentación pasa a constituir un delito grave.
Entiendo que se trata de un claro atentado a los derechos fundamentales de la persona y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como a los propios acuerdos del Consejo Europeo de 15 de Octubre de 1999 sobre creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia para los extranjeros no comunitarios que considera que el espacio de la Unión Europea de paz y prosperidad, no puede ser dominio exclusivo de los ciudadanos europeos.
Igualmente la Directiva contradice la carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea firmada el 12 de Diciembre de 2007 en su artº 4º: Nadie podrá ser sometido a penas o tratos inhumanos o degradantes y en su artículo 49: la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción.
Considero que la prioridad de las políticas migratorias debería de orientarse hacia la integración social a la que por ejemplo alude nuestra vigente Ley de Extranjería y que ahora se quiere reformar, así como al escrupuloso respeto a los derechos humanos, y no limitarse a la aplicación de medidas de control y represión.
De cara a la aplicación de esta Directiva en nuestro país, pido al Estado español que cuando proceda a la reforma de la Ley de Extranjería, legitime los derechos de los inmigrantes y la adecúe a las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, buscando la integración social antes que la represión y evitando que se vulnere la dignidad de las personas, que se cierren las fronteras y que se restrinjan los derechos, sin tener en cuenta las causas que provocan este fenómeno.
Como voluntaria de la ONG MDM me uno a la peticion que haces en tu escrito al Estado español para que esta nueva ley de extranjeria no se lleve a cabo en la manera represiva que se pretende, y se cambie hacia otras dirigidas hacia la integración social. Esta ley está atentando contra el derecho mas fundalmental de las personas, la libertad, evitando con ello moverse socialmente y evitando la posibilidad de que consigan puestos de trabajo y mejoras en sus vidas que ya son bastante precarias.
ResponderEliminarPara ellos ya supone un esfuerzo doloroso dejar sus paises de origen y sus familias, buscando una vida mejor a la que todos tenemos derecho.
Una petición muy coherente la tuya, a la que me uno. España, como Estado que fue de emigración, no puede mirar hacia otro lado -y menos al de los intereses egoístas e insolidarios en este tema del núcleo fuerte comunitario-.
ResponderEliminarUna cosa es tratar de poner orden en el caos de la inmigración, para cuyo acicate se han hecho en los últimos años, múltiples mensajes incoherentes, y otra es utilizar contra los inmigrantes el instrumento pernicioso de la restricción de derechos fundamentales, discriminándolos.
Te felicito, una vez más, Guillermo, por tu blog, bien cuidado en formato e ideas. Un placer seguirte.