Desde la óptica estrictamente jurídica, la suspensión de la Ley Catalana de
Consultas y el Decreto de Convocatoria, estaba cantada. Tras el recurso de la
Abogacía del Estado, el Tribunal Constitucional ayer, se limitó a aplicar el
artículo 161.2 de la Constitución y en base a la misma, suspende cuantos actos
o resoluciones hayan podido dictarse así como las restantes actuaciones de
preparación para la convocatoria de dicha consulta y vinculadas a ella. Punto
final. Ha prevalecido el Estado de Derecho y por tanto no hay vuelta de hoja.
En lo que tengo muchas dudas es si además del Estado de Derecho, se ha
aplicado el Estado de la Política. Y digo esto porque la extraordinaria
velocidad del Tribunal Constitucional para resolver, sólo puede entenderse
desde un prisma claramente político. Me sorprende que al igual que siempre se haber
mantenido impasible ante urgencias políticas, ahora resuelva en sólo unas
horas. Entre tanto que mantiene una lentitud exasperante en actuaciones que
afectan a los ciudadanos como son la inconstitucionalidad de la ley de tasas
judiciales, o la inconstitucionalidad de recortes, o los cuatro años que tardó
en pronunciarse sobre el propio Estatuto de Autonomía Catalán, ahora resuelve
sólo en unas horas.
Me sorprende también que la resolución del Tribunal decrete una suspensión
genérica, tanto retroactiva como prospectiva. Tengo la impresión que los
miembros del Tribunal han pretendido dejar un claro “aviso” a los dirigentes
catalanes, al suspender no sólo la ley de consultas y el decreto de
convocatoria, sino también “los actos preparatorios, vinculados y similares”.
Con esta decisión el Tribunal no tiene en cuenta que cada acto administrativo
tiene su tiempo y por seguridad jurídica existen mecanismos de impugnación
concreta para cada uno de los actos. Creo que resumen que por razones políticas
trata de cerrar las puertas a estos actos, antes incluso de que se produzcan.
Concluyo diciendo que no se precisa de amplios conocimientos jurídicos ni
de dotes adivinatorias para saber que el Tribunal, en su momento estimará la
inconstitucionalidad de las resoluciones catalanas que ayer ha suspendido. No
obstante esto, lo que también tengo más que claro, es que la “política” ha
actuado en el Gobierno del Estado, en la Generalitat catalana, en el Consejo de
Estado y en el propio Tribunal Constitucional. Se ha montado un circo político
que probablemente terminará su función en el momento en que se llegue a una
salida negociada del conflicto creado por el Sr. Mas y estoy convencido de que
esa salida será aceptada por el presidente catalán, para evitar que caiga sobre
sus espaldas la estimación del recurso de inconstitucionalidad de sus
resoluciones.
A mi juicio, la credibilidad del Tribunal Constitucional queda cuestionada,
desde el momento que hoy se mueve a toda velocidad por razones políticas, entre
tanto tarda años para resolver cuestiones estrictamente jurídicas que afectan a
todos los ciudadanos.
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