Aunque el Gobierno había anunciado que la solución adoptada iba a beneficiar a todos, lo cierto es que, tras la publicación del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, las críticas arrecian aun mas.
Podríamos decir que ante este criticado anteproyecto, hay tres posiciones claramente definidas.
Posición de los juristas
La posición de los juristas expertos en propiedad intelectual y derecho TIC, que desde una óptica netamente jurídica, estamos analizando el anteproyecto, resulta bastante coincidente. Criticamos abiertamente esta aberrante, incongruente y absurda disposición adicional primera que, metida con calzador en una también absurda y vacía Ley de Economía Sostenible, pretende resolver el problema de la propiedad intelectual frente a la piratería en internet.
Aun cuando la legislación actual tiene instrumentos bastante adecuados para defender los intereses de los creadores (medidas cautelares y acción de cesación), así como unos tribunales especializados por razón de la materia (Juzgados Mercantiles y de Primera Instancia), el anteproyecto, utilizando estrategias de un auténtico haker jurídico, pretende modificar una ley orgánica, tres leyes ordinarias y algunas otras disposiciones mas, para conseguir su objetivo que según dice la Sra. Sinde es cerrar del orden de 200 sitios web que contienen enlaces a descargas ilegales.
Para ello crea una comisión parcial que pretende sea la competente para salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual y lo que es mas grave, deriva el procedimiento hacia los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, elevando con ello el rango de la propiedad intelectual, al de otros derechos fundamentales de los ciudadanos. Y por si fuera poco, esos Juzgados centrales en el plazo de cuatro días tendrían que resolver, previa audiencia del representante de la Administración, del Ministerio Fiscal y de los titulares de los derechos afectados. Pero, curiosamente, a los presuntos infractores no se les convoca a esa audiencia previa para que aleguen lo que estimen conveniente a la defensa de sus derechos. Es decir, se pretende imponer sanciones sin ni tan siquiera dar el derecho de defensa a los infractores.
Olvida este absurdo anteproyecto que para cerrar 200 páginas web, la instrumentación jurídica que se pretende dar es desproporcionada, y diría mas, inconstitucional. Olvida también que si lo que se pretende de verdad es defender la propiedad intelectual, este ridículo procedimiento y estos desproporcionados cambios legales no van a impedir que esas páginas web cambien de nombre, se clonen y aparezcan en otros dominios. La red se mutará y esta aberrante ley quedaría sin contenido. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas.
En resumen, los juristas entendemos que este anteproyecto no puede tener mucho recorrido y que lógicamente, no debería de superar los trámites parlamentarios. Se quedaría en un anteproyecto vacío.
Posición de los medios:
Tenemos por otro lado a medios de comunicación, blogs, redes sociales, etc.etc. que bajo la insignia de los derechos constitucionales en peligro, jaleados muchas veces por conocidos blogueros y periodistas, alzan la voz, y por cierto con mucho eco, arengando a las masas sobre lo que definen como una grave violación de los derechos constitucionales.
Hacen incidencia en el derecho a la libertad de expresión, a la inviolabilidad del domicilio, a la privacidad y a la libertad de mercado. Arengan a los internautas diciendo que Sinde introduce el estado de excepción en internet y que crea un procedimiento sumarísimo para perseguir a los internautas y que se produce una grave indefensión en el entorno digital.
Argumentan que las redes p2p y el intercambio de conocimiento son un claro motor económico y que por ello la nueva ley va a entorpecer la creación cultural y que esto constituye una seria amenaza para los creadores. Dicen igualmente que ha de irse a nuevos modelos de negocio, a ideas creativas y a otras alternativas modernas y eficaces.Sostienen también que internet debe de funcionar de forma libre y sin interferencias políticas (neutralidad de la red) y que es necesario limitar los abusos de las entidades gestoras. Sostienen por último que la ley tendría que aprobarse tras el oportuno debate público y de hecho ya han forzado una entrevista con la Ministra Sinde.
En mi opinión, con poco rigor jurídico, pero con algunas buenas razones y sobre todo con mucha carga de alarmismo o sensacionalismo, consiguen movilizar a los ciudadanos (algo que no conseguimos los juristas) y crean un importante grupo de presión mediática.
Posición del Gobierno
El Gobierno de Zapatero, aun consciente de que va a resultar muy dificil que ese anteproyecto de Ley supere el debate parlamentario, introduce la disposición adicional tendente a perseguir la piratería, sin duda alguna para contentar a ese lobie o grupo de presión que son las entidades gestoras y que constituyen un importante semillero de votos socialistas.
En puertas a la Presidencia de la Unión Europea probablemente ha sufrido alguna presión procedente de Estados Unidos (no en vano en ese país se están dando noticias de que España ha aprobado una ley contra la piratería). Y probablemente también haya querido dar un ejemplo en sus socios de la Unión Europea.
Por último, aun cuando es consciente de que va a resultar muy dificil superar la barrera parlamentaria, probablemente esté pensando que en último extremo podría llegar a algún acuerdo prostituido con algún partido nacionalistas (como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores) y consiga sacar el proyecto adelante.
CONCLUSION:
Frente al objetivo del Gobierno de que este anteproyecto vea la luz, están las las dos posiciones de juristas y medios que con argumentos diferentes, muestran su clara oposición al mismo. ¿qué ocurrirá?. No lo sé. Quiero convencerme de que la ley no verá la luz, pero el riesgo está ahí.
Por eso yo pediría que, en vez de ir por separado, los dos grupos de oposición unan sus fuerzas para que los medios de comunicación, utilizando los razonamientos jurídicos de los expertos en el derecho de las TIC, traten de movilizar y sensibilizar al arco parlamentario para evitar que esta ley sea aprobada.
La unión hace la fuerza.
