APROBADO EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGANICA DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

El pasado Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica de control de actividad económica de los partidos políticos, núcleo del Programa del Plan de Regeneración Democrática impulsado por el Gobierno, junto con el de el ejercicio de las funciones de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Este texto contiene las medidas que afectan directamente a los partidos políticos para imponer nuevas obligaciones en su funcionamiento y, en especial, en lo que tiene que ver con la gestión de sus recursos; para someterlos a un régimen estricto de rendición de cuentas y para ampliar el control y fiscalización que sobre ellos ejerce el Tribunal de Cuentas, con más rigor, con más eficacia y con más prontitud.
Para definir este nuevo régimen se modifican tres leyes: la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.
En esta regulación cabe destacar las siguientes novedades:

• Prohibición de donaciones de personas jurídicas a los partidos políticos.
• Prohibición de condonaciones de deuda por entidades de crédito.
• Devolución de las donaciones indebidas.
• Obligación de todos los partidos, sin excepción, de presentar sus cuentas al Tribunal de Cuentas.
• Retención de las subvenciones a los partidos políticos que no hayan presentado sus cuentas.
• Obligaciones tasadas en la contabilidad de los partidos.
• Obligaciones más estrictas en publicidad y transparencia de los partidos.
• Regulación de la figura del responsable de la gestión económica-financiera del partido y rendición de cuentas ante el Parlamento.
• Nuevas infracciones y sanciones en materia de financiación de partidos.
• Previsión de cobro de las sanciones en período ejecutivo por la Agencia Tributaria.
• Obligación de inscripción en el Registro de Partidos de las fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos.
• Obligación de definir un procedimiento normalizado de contratación por parte de los partidos políticos.
• Regulación del contenido mínimo de los estatutos de los partidos políticos.
• Adaptación a la responsabilidad penal de los partidos políticos.
• Colaboración de las entidades integrantes del sector público con el Tribunal de Cuentas.
• Colaboración de las entidades de crédito con el Tribunal de Cuentas.
• Reconocimiento de la capacidad de creación de partidos políticos a todos los ciudadanos de la Unión Europea.

      FUENTE: Redacción NJ

VEN A OVIEDO Y SAL SI PUEDES, SIN MULTA.

Está mas que claro. La prioridad del Ayuntamiento de Oviedo no es sancionar a los conductores para velar por la seguridad del tráfico o para facilitar la movilidad. La prioridad es incrementar la recaudación por multas de tráfico, para equilibrar sus maltrechos presupuestos. Y si yo estoy equivocado, que alguien me explique por qué se pasa de 3 millones de euros previstos en los presupuestos del 2011 a 4,1 millones en el 2013 y a 6 millones en los presupuestos previstos para 2014. Ni mas ni menos que se prevé incrementar el presupuesto en un 43% con relación al ejercicio pasado y un escalofriante 100% con relación al ejercicio 2011.

 

Y si pese a esos datos económicos sigo estando equivocado, que alguien me explique por qué en la  autopista Y , tanto en el sentido de entrada como de salida de la ciudad, donde hace escaso tiempo se circulaba a una velocidad genérica de 120 km/h, ahora se ha reducido la velocidad a 50 km/h (igual que si se tratara de una vía urbana) y se instala un radar para capturar fácilmente al peligroso infractor.

 

O que se me explique por qué se están instalando cámaras en semáforos que se activan inmediatamente a la puesta del semáforo en rojo para capturar al infractor, sin aplicar ni el mas mínimo margen de tolerancia que prevé la legislación que regula la metrología de los aparatos de medición. El Ayuntamiento sabe perfectamente que en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo este tipo de sanciones serían declaradas todas nulas de pleno derecho, pero como también sabe que el conductor sancionado, si recurre al juzgado, además de quedar privado de la reducción del 50% de la sanción, tendrá que pagar a un abogado y además de ello pagar unas tasas judiciales que superarán el importe de la sanción, adelante con los faroles y a recaudar, que de eso se trata.

 

O que se me explique por qué el Defensor del Pueblo está investigando sobre la legalidad de las multas de tráfico en las calles peatonales, al no haber ninguna ordenanza o decreto municipal que las regule. Pese a eso, el Ayuntamiento sigue recaudando cada día mas, porque de eso se trata.

 

El Ayuntamiento de Oviedo ya no tiene suficiente con recaudar mas de 11 millones de euros con el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, y con los 3,5 millones de estacionamiento en las zonas azules o con los 1,6 millones de tasas de retirada de vehículos con la grúa. Necesita recaudar mas y qué cosa mas fácil que instalar rádares y cámaras para pillar al conductor. No se necesitan Policías Locales que vigilen. Basta con estos equipos y con un sistema informático que de modo automático inicia la instrucción del expediente sancionador. Y como además esto es un mero trámite administrativo que realiza una empresa externa llamada Auxiliar de Recaudación S.L. la cosa es sencilla.

 

Así que. amigo conductor, cuídate en el 2014 y no te pases ni un pelo, que te puede  costar muy caro.

 

 

 

 

 

 

 

SANCIONADO POR DESPISTADO

Ayer, el Consejo de Ministros ha aprobado el polémico anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, que está siendo duramente criticado en diferentes ámbitos. En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que  "es necesario, conveniente y oportuno" actualizar y mejorar el marco jurídico que regula esta materia con el doble objetivo de garantizar las libertades públicas y responder de manera más eficaz a nuevas conductas que constituyen amenazas para la seguridad ciudadana. El Ministro ha subrayado que la futura ley es consecuencia de una iniciativa despenalizadora del Gobierno, que considera que la respuesta más apropiada a ciertos comportamientos antijurídicos y antisociales no es el Código Penal sino sanciones administrativas.

 

Y yo digo, Sr Ministro, no nos engañe que no somos tontos. Usted no tiene ninguna iniciativa despenalizadora. Muy al contrario, lo que pretende es despenalizar una serie de conductas, para trasladarlas al ámbito de la sanción administrativa de modo que deje a un lado los Tribunales de Justicia para que la administración, actuando como juez y parte, sancione con cuantiosas multas, muchas cosas que le molestan. Y no me sirve que usted diga que los ciudadanos sancionados pueden recurrir al auxilio judicial, ya que previamente el Ministro Sr. Galladón  se encargó de establecer unas tasas judiciales lo suficientemente disuasorias para que los ciudadanos no recurran a los Tribunales de lo Contencioso Administrativos.

Como muestra basta un botón: Si por ejemplo a mi se me extravía o roban el DNI, el carnet de conducir o el pasaporte y no lo denuncio, se me va a aplicar una sanción que puede llegar a 1.000€. Esta misma sanción se me impondrá si pierdo estos documentos tres veces en el plazo de cinco años. O sea que, cuidadín que el ser tan despistado me va a resultar muy caro. Señor Ministro, ¿por qué me va a imponer esta sanción si , cuando vaya a renovar estos documentos, además me van a aplicar unas tasas, carísimas por cierto, por la obtención del duplicado de los mismos?. ¿no son suficiente sanción esas exageradas tasas que cobran a los ciudadanos?.

Señor Ministro, mientras el actual Código Penal tiene un abanico de sanciones económicas que van desde un mínimo de 20€  hasta un máximo de 288.000€ (yo no conozco ninguna sentencia a la que se le haya aplicado esa sanción máxima) usted se descuelga con un escalado de sanciones que van de 100€ como mínimo a un máximo de 600.000.  O lo que es lo mismo, usted despenaliza una serie de ilícitos penales para aplicarles la garlopa administrativa e implantar esas desmesuradas sanciones. Y cuando se apliquen, el que no esté de acuerdo que vaya al Contencioso, que pague las disuasorias tasas y que además se nombre un abogado que lo defienda.

Menos tonterías y menos falacia. Estamos ante un anteproyecto que, si sigue adelante, para nada va a garantizar mas las libertades públicas. Todo lo contrario,   va hacer que el ciudadano esté aun mas indefenso frente al arbitrio y la potestad sancionadora de la administración.

¡¡ESE CIUDADANO PROTESTA. A POR EL!!

Desde que el Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, decidió llevar al Congreso el Proyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, surgieron duras críticas de la oposición, de asociaciones de jueces, periodistas y hasta del mismo sindicato mayoritario de la policía. Paralelamente se fue elevando el tono del clamor popular para tratar de frenar esta ley que, con una manifiesta intencionalidad, pretende acallar las voces de esos ciudadanos que se manifiesten para protestar y  denunciar las picias, los incumplimientos o la corrupción de los políticos. Bajo la excusa de que van a despenalizar delitos tipificados por el Código Penal para convertirlos en sanciones administrativas, pretenden imponer desproporcionadas multas que pueden llegar a los 600.000€ .

 

Ante esta lluvia de críticas, sale el Sr. Rajoy a la palestra para defender este proyecto de ley, diciendo que no es una mordaza para los ciudadanos, que es una norma para garantizar la seguridad y la libertad. Sale también en rueda de prensa la Vicepresidenta Sra. Sáenz de Santamaría diciendo que el objetivo que persigue la ley es "proteger la convivencia y delimitar las manifestaciones al marco legal, para no sobrepasar el derecho del resto de los ciudadanos.

 

Vamos a ver, señores del gobierno, que los ciudadanos no somos tontos. No nos engañen. Ustedes lo que están pretendiendo es "restringir los derechos de los ciudadanos", porque si de verdad quisieran que nadie sobrepasase ese derecho, lo que tendrían que hacer es aprovechar el nuevo Código Penal, (donde ya están recogidas las penas por insultos, agresiones, atentado contra la autoridad, etc.) para introducir en el las correcciones que fueran precisas y punto. Pero claro, eso no les interesa porque saben que entonces la sanción no podría alcanzar las desproporcionadas cifras que pretenden en el ámbito administrativo, ya que se produciría una descomunal incongruencia cuantitativa y además de eso, esa sanción sería aplicada por los Tribunales de Justicia y claro, eso igual se les escapa de sus manos.  Y por su fuera poco el Código Penal, también tienen la ley reguladora del derecho de reunión y de manifestación.

 

Ustedes saben perfectamente que la mayoría de los ciudadanos que se manifiestan, no cometen delitos y que lo que pretenden es expresar su malestar o insatisfacción por la gestión de gobierno, por la corrupción política, o por los recortes sociales. Y como esto no entra en ámbito coercitivo de la legislación penal, pretenden acabar con esas protestas sociales imponiendo estratosféricas y disuasorias sanciones económicas en vía administrativa, sabiendo que el ciudadano común no va a poder defenderse contra eso, porque cualquier recurso administrativo no iba a prosperar y además, si tuvieren que llegar al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, la ley de tasas que el Sr. Gallardón impuso, iba a ser lo suficientemente disuasoria.

 

Señores del Gobierno, como dentro del Parlamento o dentro de sus partido, los ciudadanos no pueden ir a protestar,  les molesta enormemente oír  esas protestas que sólo pueden hacer en la calle y que a ustedes no les gustan nada porque esas verdades dichas a la cara, no gustan a nadie.

 

Concluyendo, si un escrache (palabrejo que se utiliza ahora para referirse a una manifestación), ya ha sido definido por el Tribunal Supremo como un "ejemplo de libertad de manifestación", por qué pretenden coartar mi libertad para que yo junto con otros afectados pueda manifestarme delante de la puerta del banquero que me engañó con las preferentes, o delante de la puerta del político imputado o condenado por prevaricación, para que devuelva al dinero que me robó a mi como contribuyente, o delante de la puerta de su partido para protestar porque me hizo unas promesas electorales y después no las cumplió.

 

Es evidente, ustedes no quieren eso y como no le gusta, legislan con un claro objetivo: "ese ciudadano protesta.. A por el...."

GALLARDON HA DADO UN PASO MAS PARA POLITIZAR LA JUSTICIA

Cuando el Partido Popular acudió a las pasadas elecciones, al considerar que el gobierno de los Jueces estaba excesivamente politizado y que tenía muchos defectos, se proponía regular el sistema para  devolver a la carrera judicial su independencia. Pues lisa y llanamente estamos ante una promesa mas incumplida por el PP.

 

Muy al contrario de ese compromiso de despolitización, el partido gobernante, con el único apoyo de su grupo parlamentario, sacó adelante la reforma del 27 de Junio por la que se establece una nueva regulación de la composición, el nombramiento y las funciones del Consejo General del Poder Judicial. Como consecuencia de esa reforma, algo tan esencial como es el funcionamiento de uno de los tres poderes del estado que ha de controlar a los otros dos, ha quedado aun mas politizado.

 

 El Sr. Gallardón ha diseñado un modelo que refuerza aun mas la politización de este órgano judicial. Y prueba de ello es lo que hemos estado viendo estos últimos días en los que de modo totalmente indecente e impúdico los dos grandes partidos PP y PSOE negociaron y se repartieron la composición del órgano de gobierno del Poder Judicial y no solamente de sus vocales. Ya es vox pópuli  quien va a presidir dicho órgano llegando al extremo  de decidir hoy qué presidente votarán esos vocales cuando en su día tomen posesión de sus cargos. Por consiguiente nos encontramos ante una mayor politización.

 

Los vocales elegidos a dedo, no van a ser convocados al Parlamento como sería preceptivo,  para que expongan sus proyectos, su capacitación jurídica y su trayectoria profesional para ser reconocidos como juristas de prestigio, sino que el partido gobernante y la oposición, tras negociar a puerta cerrada quienes van a ser los doce candidatos, irán al Parlamento para tener la convalidación de la decisión que de antemano ya tienen adoptada. Por tanto, sin duda alguna, estos vocales y quien los presida, van a actuar como meros instrumentos del partido que los ha elegido. En definitiva, serán auténticos testaferros del poder político.

 

 

Y en este escenario tan polítizado ¿qué puede pasar con los Jueces y Fiscales de a pié?.  Estoy convencido que habrá muchos jueces y fiscales que lucharán por su independencia, pero también estoy convencido que llegará un punto en el que sufrirán tantas insatisfacciones profesionales, que decidirán tirar la toalla porque sabrán que si no se alinean con el partido A o el partido B, su carrera profesional puede quedar muy limitada. Y los que no se alineen en la esfera de ningún partido, puede que se encojan de hombros, se acomoden y digan...yo me limitaré a cumplir y punto.

 

Pese a este horroroso escenario, quiero creer que muchos abnegados jueces y fiscales seguirán luchando por su independencia judicial y puedan quitarse de encima las presiones políticas.

¿JURISTA DE RECONOCIDO PRESTIGIO O POLÍTICO RECONOCIDO?

Por si quedaba alguna duda, las cosas ya están mas que claras. Montesquieu ha muerto y eso de la separación de poderes en España es una quimera. Los polítócratas y partitócratas siguen avanzando con paso firme y seguro hacia la total politización y desprofesionalización de la justicia.

 

Es lamentable que mientras la mayoría de los jueces luchan cada día en sus juzgados buscando su independencia, en el Consejo General de Poder Judicial, que es su órgano de gobierno, se están colando con el acuerdo casi unánime de todo el arco parlamentario, politócratas afines a sus respectivos partidos. Para  tratar de explicar qué digo cuando hablo de "politócratas", me voy a referir concretamente al socialista Alvaro Cuesta que acaba de ser elegido vocal del CGPJ, como jurista de reconocido prestigio,  mediante el pacto político alcanzado entre PP, PSOE, CiU, PNV, IU y UPN.

 

Coincidí con Alvaro en la Facultad de Derecho de Oviedo, donde ambos nos licenciamos. Ya en aquellos tiempos era miembro activo del PSOE y junto con su compañera de aquella época a la que llamábamos La Pasionaria, como representante de los estudiantes promovía asambleas y manifestaciones. Finalizados sus estudios universitarios entró directamente en la política activa y se integró en el Comité Federal de los socialistas asturianos. Entre 1978 y 1979 fue secretario de Agricultura de la preautonomía asturiana.  Concurrió a las elecciones generales de 1982 y fue Diputado por Asturias durante casi treinta años (1982 a 2011). En el interín también fue concejal del Ayuntamiento de Oviedo y candidato a la alcaldía en 1995. A lo largo de su extensa vida parlamentaria presidió diferentes Comisiones, fue portavoz en las Comisiones de justicia e interior, Secretario General adjunto del Grupo Parlamentario, etc.etc.

Por tanto, si desde la propia facultad de Derecho estuvo dedicado a la política y si además estuvo treinta años ocupado en sus actividades como Diputado, ocupando cargos parlamentarios relevantes, ¿Cuándo se dedicó a ser jurista?. Porque la Ley de Incompatibilidades es clara desde que dispone que diputados y senadores ejercerán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva. Es decir, si estuvo dedicado con exclusividad a la política, en modo alguno pudo ser jurista y menos aun de reconocido prestigio.

Antes de ser elegido como Vocal del CGPJ, la Federación socialista asturiana ya lo había propuesto para cubrir una vacante de Magistrado de la Sala de lo Civil que por cuarto turno había vacante en la Audiencia Provincial. Esa candidatura generó una gran polémica y quedó sin efecto. Para los legos en derecho ha de aclararse que además de los Magistrados de carrera, pueden ser nombrados Magistrados por una vía llamada del "cuarto turno" regulada en el artículo 313 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  Esta vacante se proveerá por concurso entre juristas de reconocida competencia y con mas de diez años de ejercicio profesional y que además superen el curso de formación que hay establecido. En este concurso los méritos a valorar son: Título de Doctor, años de ejercicio en la Abogacía o como catedrático y profesor de disciplinas jurídicas, publicaciones científico jurídicas, cursos de especialización jurídica o haber aprobado alguno de los ejercicios de la carrera judicial.

El Sr. Cuesta por su reconocida actividad parlamentaria durante treinta años y con su consiguiente incompatibilidad para realizar otras actividades, en modo alguno pudo ser jurista durante diez años y menos aun, jurista de reconocido prestigio, condiciones estas exigibles para entrar en la carrera judicial por el cuarto turno. Pues hete aquí que los partidos políticos se ponen de acuerdo, se reparten entre ellos el pastel, y "cuelan" como vocal del CJPJ a un político reconocido y no a un jurista de reconocido prestigio.

En resumen, un politócrata reconocido, sin ser jurista de reconocido prestigio, va a estar en el órgano de Gobierno de la justicia española. Y dejémoslo claro, que esto no lo digo porque el Sr. Cuesta sea militante del PSOE ya que si hubiera sido militante del PP o de otros partidos, sostendría lo mismo.. Los políticos están logrando sus objetivos. Están acabando con la separación de poderes, politizando y desprofesionalizando a la justicia.

 Sin justicia realmente independiente, no puede haber democracia

 

LA PARTITOCRACIA/POLITOCRACIA AHOGA A LOS CIUDADANOS

Acabo de leer  la última encuesta del INE sobre condiciones de vida y veo que el 21,6% de los ciudadanos españoles vive por debajo del umbral de la pobreza (tiene ingresos anuales inferiores a 7.040€). Según cálculos del Consejo General de Trabajo Social  en 2013 las peticiones de ayuda de clases medias venidas a menos, se incrementaron un 72,1%.A este escalofriante dato hay que añadir que tenemos seis millones de parados, que el 55% de los jóvenes está desempleado, que casi dos millones de esos jóvenes se han marchado a otros países en busca de oportunidades. Hay que hacer notar también, por si fuera poco, que hay mas de un millón de personas (en su mayor parte ancianos) estafados por bancos. 

 

 

Con esta realidad, la clase media cada vez mas empobrecida, está soportando sobre sus espaldas el fuerte peso de la crisis económica, achicharrada a impuestos y sufriendo sobre sus carnes fuertes recortes sociales de todo tipo (A título de ejemplo de 2011 a 2013 los presupuestos destinados a servicios sociales, se han reducido un 33,1%).

 

Y frente a esta preocupante y penosa situación ¿qué hacen nuestros políticos?. Poner todo el peso en las espaldas de los ciudadanos y de ese modo  garantizarse que ellos van a seguir manteniendo sus privilegios, sus prebendas y su red de clientelismo y de ese modo garantizan su poder. Tenemos una casta de politócratas y de partitócratas, muchos de ellos carentes de formación adecuada y con un bajo grado de ética,  que han vivido en connivencia con la gran banca y con los señores del ladrillo, y que literalmente están ahogando a los ciudadanos

 

Los partidos políticos, sindicatos y patronales,  han recibido y reciben dinero a expuertas, tanto a través de partidas presupuestarias directas como de subvenciones para fundaciones de todo tipo, cursos de formación, etc.etc. (estamos hablando de mas de 800 millones de euros en un año y además, para 2014 los presupuestos generales del Estado prevén un nuevo incremento del 28% bajo la excusa de que va a haber elecciones europeas).

 

Resulta indignante que pese a esas escandalosas cifras de dinero público, los principales partidos políticos están en quiebra técnica y pese a ello tienen una red clientelar de enchufados que supera los 145.000 militantes. Las tramas de corrupción alcanzan a todos los partidos, de todos los colores, alcanzan también a los propios sindicatos UGT y CCOO y a las patronales. Resulta indignante que por ejemplo en Asturias, los diputados se hayan subido el sueldo de modo descarado y al mismo tiempo se hayan opuesto a la reducción del número de diputados de la cámara.

 

Resulta igual de indignante que ex presidentes como Camps o Jaume Matas o Urdangarín, implicados en tramas corruptas, sigan teniendo escoltas pagados por las arcas públicas. (al Sr. Camps no lo localizó un Juzgado para declarar, porque había dado permiso a sus escoltas). Resulta indignante que se sigan manteniendo partidas presupuestarias para tener traductores de euskera, catalán y gallego, en el Senado, Cámara que de otra parte resulta totalmente inoperante y habría que eliminarla. Resulta indignante que se sigan manteniendo numerosas empresas públicas deficitarias que habría que haber cerrado ya.

 

Como es evidente, ni al gobierno anterior, ni al actual, le interesa meter mano en estos agujeros públicos tan negros, ya que si lo hicieren, inmediatamente mandarían a las colas del paro a toda su red clientelar de enchufados. Pues qué quieren que les diga, señores políticos, yo prefiero que en vez de un sueldo, pasen a cobrar las prestaciones de desempleo ya que nos ahorraríamos una buena pasta.

 

Tanto privilegio, tanta prebenda y tanto delictivo derroche, son una bofetada para el ciudadano. Señores politócratas y partitócratas, merecen que nosotros los ciudadanos los abucheemos cuando nos los encontremos por la calle, aunque claro, como son muy previsores, ya se están preparando una ley para imponer al ciudadano que haga esto, una sanción económica que puede llegar a 600.000€. Está muy claro que ustedes tienen todo previsto para seguir impunemente en sus poltronas y a los ciudadanos que les den.....Sólo cuando vuelvan a convocarse elecciones saldrán a la palestra para conseguir votos ofreciendo el oro y el moro. Pero, señores politócratas... los ciudadanos no somos tontos... No nos engañen mas que ya no cuela.

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACIDAD FRENTE A ESPIONAJE INDISCRIMINADO

En estos últimos días se está hablando en todos los medios de comunicación y en todas las tertulias radiotelevisivas, del espionaje indiscriminado que según parece ha realizado la NSA (Agencia de Seguridad Nacional estadounidense), utilizando sus sistemas de vigilancia PRISM.  Se habla incluso de la colaboración que entre otros estados ha prestado España. Con gran cinismo,  la Canciller Merkel protesta, el gobierno americano calla y el Sr. Rajoy echa balones fuera.

Para poder situarnos en el problema conviene empezar diciendo que además del sistema PRISM americano, hay un sistema ECHELON que funciona a escala mundial gracias a la cooperación de distintos Estados (el Reino Unido, los Estados Unidos, el Canadá, Australia y Nueva Zelanda). Nosotros, en España, desde 2004 tenemos implantado un primo hermano del PRISM americano. Es el sistema SITEL para interceptar las telecomunicaciones,   que empezó a desarrollarse en 2001 tras el atentado de las Torres Gemelas, cuando la colaboración entre el presidente americano Bush y nuestro presidente Aznar, era muy estrecha. De este sistema propio se habló mucho hace varios años. De hecho yo en 2009 escribí dos artículos que tuvieron bastante trascendencia mediática y en los que ponía de manifiesto las insuficientes garantías jurídicas que tenía el sistema. Pero, después, tras varios rifirrafes políticos, SITEL cayó en el olvido.

Nadie discute las grandes ventajas de un sistema informático que permite la eficaz persecución de la delincuencia organizada, pero que por el contrario se discuten las insuficientes garantías jurídicas y técnicas tanto para preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del adecuado control judicial, como para garantizar la destrucción de datos no necesarios para un Tribunal, la exactitud de los archivos que se pongan a disposición judicial, y a la seguridad en la custodia y funcionamiento del sistema que debería de estar asignado a un órgano del Estado y no a una empresa externa."

 

Por principio de buena fe, puedo entender que la Policía y la Guardia Civil hagan un uso profesional del sistema, e investiguen bajo el preceptivo control judicial.  Pero ¿qué pasa cuando el sistema es utilizado por el CNI?. Cuando el sistema lo utiliza el CNI (Centro Nacional de Inteligencia)  ya no estamos hablando de persecución de la delincuencia mediante control judicial. Estamos hablando de los servicios de inteligencia del estado y a esto, lisa y llanamente se le llama  "espionaje". El CNI usado no para perseguir la delincuencia, sino para   prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones,  como todo el mundo puede entender, va a quedar fuera del control judicial y esta carta blanca lógicamente, va a permitir el control indiscriminado de cualquier ciudadano.

 

Ahora que están tan de moda los avisos legales para la implantación de cokies en nuestros ordenadores, ¿alguien puede creer que los agentes del CNI no nos van a instalar uno de esos cokies en remoto y tras esto vigilarnos las 24 horas del día?. Frente a esta poderosa herramienta tecnológica para interceptar las telecomunicaciones, con sus carencias legales al no estar regulada por una Ley Orgánica, la privacidad de los ciudadanos está en peligro.

 

Y no voy a ser yo el que denuncia el gran riesgo para nuestra privacidad por el uso de estos sistemas de espionaje.  Lo ha hecho la Sra Pillay, Alta Comisionada para los Derechos humanos cuando en su discurso de apertura, el pasado 9 de Septiembre dijo:  Se deben de adoptar leyes y políticas destinadas a la prevención de la intrusión en la vida privada de las personas, la cual se ha convertido en una realidad a causa de las nuevas tecnologías de comunicación. "Los avances tecnológicos han sido una poderosa herramienta para la democracia, dando acceso a todos a participar en la sociedad, pero el uso cada vez mas frecuente de la minería de datos por parte de los organismos de inteligencia, desdibuja las líneas entre la vigilancia legítima y la vigilancia masiva y arbitraria".´

 

En la misma línea, el Relator Especial de la ONU, Frank LaRue, en su último informe para el Consejo de Derechos Humanos,  habló de la relación directa que existe entre la vigilancia (espionaje) del estado y la privacidad y libertad de expresión de los ciudadanos. Dijo concretamente: " Antes, la vigilancia se llevaba a cabo con objetivos específicos, pero internet ha cambiado el contexto y proporciona la posibilidad de efectuar vigilancias masivas. Este es el peligro. "El derecho a la privacidad es con frecuencia entendido como un requisito esencial para la realización del derecho a la libertad de expresión. La interferencia indebida en la privacidad de los individuos puede de manera directa e indirecta limitar el libre desarrollo y el intercambio de ideas...La infracción de un derecho puede ser la causa y consecuencia de la violación de otro derecho."

 

Al hilo de todo esto, la pregunta es: ¿Prevalece mi derecho constitucional a la privacidad, frente a los intereses ocultos del estado para realizar espionajes indiscriminados?. Mi respuesta es no. Sin privacidad no hay libertad y sin libertad no hay sociedad. Por tanto no nos callemos, no aceptemos estoicamente el espionaje del estado como algo necesario para el funcionamiento del sistema, luchemos y persigamos nuestro derecho constitucional a la privacidad. El estado somos nosotros, los ciudadanos y por ello nuestro derecho constitucional ha de estar por encima de todo.

 

 

 

 

COMPRAS POR INTERNET: NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE

Cada día es mas habitual que los ciudadanos hagamos compras por internet y en honor a la verdad he de decir que los mecanismos funcionan bien y que las compras resultan satisfactorias. Pero, no siempre es así. Puedes encontrarte con banners de anuncios que te ofrecen unos productos estupendos, de alta calidad, baratísimos y además con envío gratis si la compra superar por ejemplo los 10€.

Por ejemplo, atraído por uno de esos anuncios yo entré en http://www.miniinthebox.com/es/  y me encontré con un montón de productos baratísimos. Por ejemplo una llave usb de 8 gigas, a 3€, o un puntero laser a 4€, o  herramientas electrónicas a 5€, web cams a 5€. etc.etc. Vamos... auténticas gangas.

Interesado en la compra de alguna de esas gangas, antes de iniciar la compra, me tomé la molestia de leer, digamos, la letra pequeña. La página ofrecía garantías jurídicas y me decidí a comprar cinco productos. El precio final era de 36,5O€. Efectué el pago mediante PayPal y desde la página se me informa que los productos me serán enviados sin costes de envío y que los recibiré en tres o cuatro días laborables. En ese momento también se me informa que según sea la procedencia de esos productos, igual tengo que pagar tasas de importación. Como sé que ese impuesto es del 21% digo adelante, van a ser unos siete euros mas y me sigue interesando.

Dos o tres días después de efectuada la compra, recibo un correo electrónico donde se me indica que los productos se han enviado a expedición y que me llegarán en dos paquetes ya que en una caja no caben. Me los entregará la empresa logística DHL... Efectivamente, unos días después la empresa de transporte pica a mi puerta para entregármelos. Y es aquí donde se produce la sorpresa mayúscula... El repartidor de DHL me exige el pago de 34,75€ por uno de los paquetes y 28,25€ por otro. Veo la factura que me entrega y descubro la trampa. Los muy caraduras, en vez de enviarme un sólo paquete donde perfectamente cabrían todos los productos en el tamaño de una caja de zapatos, lo hace en dos.. ¿para qué?. porque así en cada una de las facturas por el envío de cada paquete, además del impuesto de importación que en un caso ascendía a 7€ y en el otro a 3€, me cobran un concepto por gastos de gestión de despacho de la importación de 22,30€.  En resumen, lo que como máximo me iba a costar 44€, al final se transformó en 89,86€.

Pero no queda ahí la cosa. Los productos proceden de China, los desembalo y veo que no se trata de una calidad mas o menos mediocre. Se trata de unos productos malísimos y que perfectamente podría haber comprado mas baratos, en cualquier tienda de chinos que hay en las ciudades.   Toda una tomadora de pelo. Así que.... aviso para navegantes.... Cuidado con los chollos. Lo muy barato resulta carísimo. 

FALSOS MENSAJES QUE SUPLANTAN WHATSAPP

En estos últimos días he recibido varios correos procedentes de esta dirección: WhatsApp Messaging Service <service@kuratoriumheimsheim.de>

 A primera vista se detecta que aunque el nombre de la procedencia aparece como WhatsApp el enlace a la dirección de correo electrónico es @kuratoriumheimsheim.de que nada tiene que ver con el archiconocido servicio de mensajería. Por tanto tuve precaución, ya que si llego a hacer clik en el botón Play de color verde, sería redireccionado a un lugar fraudulento...

Movido por la curiosidad traté de averiguar algo y el asunto quedó meridianamente claro: A través de AVIRA (empresa de seguridad informática) he podido ver que se trata de un fraude que es usado para engañar a los usuarios de Whatsapp, simulando que se trata de un supuesto servicio de buzón de voz. Mediante ingeniería social se incita a que hagamos clik en el botón verde que nos llevaría a una web fraudulenta donde supuestamente tendríamos un mensaje en nuestro buzón de voz.

Por tanto, si se recibe alguno de estos correos electrónicos lo aconsejable es que se borre directamente y a la vez se marque como correo "spam" para que si se siguen enviando otros posteriormente, entren directamente en el correo electrónico no deseado en vez de en nuestra bandeja de entrada.

En el caso de que, como a veces ocurre, alguien de modo precipitado haya hecho el clik, lo que procede es que inmediatamente se analice el PC o el dispositivo móvil con un buen antivirus que siempre debería de estar instalado. Además, si esto te ha ocurrido en el Smartphone o en un Tablet, deberías de comprobar si hay alguna aplicación maliciosa, para eliminarla rápidamente.

Para evitar ser víctima de este tipo de fraudes, dejo seguidamente las recomendaciones que da Oficina de Seguridad del Internauta:

• No abras correos de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado, elimínalos directamente.
• No contestes en ningún caso a estos correos.
• Precaución al hacer clic en enlaces que se faciliten en un correo o descargar ficheros adjuntos, aunque sean de contactos conocidos, pueden llevarte a sitios web maliciosos o tratarse de ficheros que llevan escondidos algún tipo de virus.
• En caso de descarga de un fichero adjunto, analízalo previamente con un antivirus.
• Antes de pulsar en un enlace, comprueba con un analizador de URLs que el sitio web al que te redirige es confiable.

Si recibes un correo que consideras que puede tratarse de una estafa o fraude, puedes denunciarlo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

¿POR QUÉ SE USA TAN POCO EL DNI ELECTRÓNICO?

Desde que en 2006 se introdujo  el DNI electrónico, hasta este momento, la Dirección General de Policía ha expedido 36 millones de documentos. Pese a esa expedición masiva y a las campañas que realizó el Ministerio del Interior para incrementar su usabilidad, al día de hoy su utilización es escasa y muy inferior a lo previsto. Las razones de su bajo uso a mi juicio son varias:

 

 Por una parte, tras lanzar las campañas y llenar de folletos explicativos las Oficinas de Expedición, la Administración en general ha dado un apoyo muy tibio a su utilización, y ha aumentado muy poco los servicios que requieran su empleo. La implantación del DNIe fue encomendada a la Dirección General de la Policía, que se centró desde el principio en crear una herramienta de verificación de la identidad que resolviera sus necesidades de seguridad, pero no tuvo como objetivo gestionar la usabilidad de aplicaciones para el DNI en la administración y el el sector privado.  . (Aun hay departamentos en la Administración, y entre ellos la Administración de Justicia que exigen que pases por sus oficinas a poner el conocido sellito de caucho para validad el proceso administrativo).

 

Por otra, la red  está llena de infinidad de servicios online (por ejemplo la banca), a los que se accede identificándose con un nombre de usuario y una clave. Esto es mucho mas sencillo para el ciudadano que pierde interés al tener que adquirir un lector de tarjetas, tiene que instalar sus drivers y bajar el lector criptográfico del DNIe y esto es muy complicado para la mayor parte de los ciudadanos. A modo de ejemplo, yo he instalado el Windows 8 en mi PC y me encuentro con el problema de que el módulo criptográfico aun no es compatible con ese sistema operativo.

 

Y lo mas importante a mi juicio,  mientras que los PCs del mercado no lleguen de fábrica con el lector de tarjetas incorporado, e instalados los módulos del DNIe,  y los certificados de autorización necesarios, de modo que el ciudadano sólo tenga que limitarse a insertar su DNI en el ordenador (enchufar y usar), el usuario medio tendrá que superar una carrera de obstáculos hasta que consiga que funcione. Tiene que adquirir un lector instalar los drivers y hacer que funcionen, instalar el módulo criptográfico de la DGP, conocer el PIN que le han dado, introducirlo un montón de veces, asegurarse de que no hayan transcurrido 30 meses y ya haya caducado y no sé cuantas cosas mas. De nada sirve que el Gobierno difunda las ventajas de utilización, si el ciudadano no es capaz de superar las barreras tecnológicas de uso

 

Probablemente por todo esto el Ministerio del Interior empieza a moverse para introducir una nueva versión del DNIe antes de tres años. De hecho en una reciente reunión de altos mandos policiales, el Director de la Policía habló de un plan estratégico para expandir la utilización del DNI desarrollando una nueva tarjeta DNI 3.0 que teóricamente va a suponer una extensión de servicios. Este plan estratégico dice que los ciudadanos debemos de estar en disposición de hacer un uso mas generalizado de la firma electrónica.  y para ello implantará el nuevo DNIe 3.0 que contará con medidas de seguridad contra el ciberdelito.

 

Se va a perseguir también que el nuevo documento pueda ser usado con mucha mas facilidad por los ciudadanos, eliminando las barreras que ahora existen. Se dice expresamente en el plan, que la nueva tarjeta debe ser empleada por todos los ciudadanos, independientemente de las carencias técnicas que tenga. El objetivo que se persigue es que el ciudadano lo use tanto el la administración electrónica como en el comercio electrónico y en la red.

 

Esperemos que así sea.

 

  

 

 

 

LOS BUITRES SOBREVUELAN ESPAÑA

Cuando empezó la fuerte crisis económica que sufrimos y se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria, los inversores internacionales abandonaron España. Ahora, algunos años después, fondos de inversión extranjeros (buitres), retornan a nuestro país en busca de las gangas del ladrillo que nos ha dejado la crisis.

 

¿qué puede estar ocurriendo? ¿por qué de modo repentino los especuladores internacionales vuelven a poner el ojo en España?. Sin duda alguna los buitres financieros nos están sobrevolando en busca precios bajos, tras muchos años de crisis. Empiezan a aparecer muchas oportunidades y grandes fondos de inversión internacionales llegan a la caza de chollos.

 

En sólo tres meses ya hay noticia de grandes operaciones especulativas sobre edificios y viviendas oficiales, sobre centros comerciales, sobre plataformas inmobiliarias de los bancos, o sobre pisos del banco malo. Estas son algunas de las operaciones conocidas:

 

• La Generalitat de Cataluña en Junio vendió trece edificios por 172 millones a la aseguradora AXA. Seguirá ocupándolos mediante un alquiler durante cinco años.
• La Comunidad de Madrid vendió al banco chino ICBC un céntrico inmueble.
• El Gobierno desamortizó 15.135 inmuebles.
• El Ayuntamiento de Madrid en Julio vendió 1.860 viviendas, por 128 millones, al fondo de inversión americano Blackstone.
• En Agosto, el Ayuntamiento de Madrid vendió por 201 millones, 2.935 pisos de protección oficial a Goldman Sachs.
• El edificio donde se ubica el Hotel Ritz y la Bolsa de Madrid es vendido a un inversor chileno.
• La aseguradora Allianz vendió por 17 millones a un grupo inversor venezonalo, el edificio que tenía en propiedad en Recoletos, 13.
• En Julio Caixabank vendió un edificio en Serrano 60, por 52 millones, al fondo Meyer Bergman. Y por 14,6 millones un fondo Suizo, Crescendo, compra el edificio de Serrano 85.
• El fondo Deka Immobilien compra por 19 millones un edificio en la Ronda San Pere 5 de Barcelona.
• El fondo Catar Qatari Diar compra el Hotel Vela de Barcelona en 200 millones.
• IBA Capital Partners compra el edificio del Corte Inglés en la Plaza de Cataluña, en 100 millones.
• Incus Capital compra tres centros comerciales de Sevilla, Alicante y Cuenca, a Morgan Stanley.
• El banco malo SAREB en Agosto vendió el 50% de 1.000 viviendas, por 50 millones, a HIH Capital. También vendió créditos de Colonial valorados en 245 millones, a Burlington Loan Management.
• Cataluña Bank vendió CXI, su compañía de gestión inmobiliaria, por 40 millones, al fondo Kennedy.
• Bankia vende su compañía de gestión inmobiliaria Hatibat, a Cerverus Capital, por 90 millones.
• Caixa vende el 51% de Servihabitat, al grupo Texas Pacific en 185 millones.
• BBVA vendió 1000 viviendas al fondo Baupost Group.
• El Banco de Sabadell vendió 278 oficinas, por 300 millones, al fondo mejicano FibraUno.

Para muestra basta un botón. Parece evidente que los grandes inversores están volviendo rápidamente para hacerse con todos los chollos que ha dejado la crisis. Esperemos que esto nos ayude.  Los buitres sobrevuelan España en busca de carroña.

PROGRAMA DE MENTORING EN COMERCIO ELECTRONICO

Más de 300 pymes podrán beneficiarse del programa "Mentoring en Comercio Electrónico" puesto en marcha por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la entidad pública Red.es, en zonas beneficiarias de fondos FEDER. El llamado ‘Mentoring’ es una técnica de asesoramiento que consiste en que una persona (mentor) transfiere a otra sus conocimientos y experiencias en una materia o tema determinado, en este caso, sobre comercio electrónico. Esta herramienta está destinada a desarrollar el potencial de las personas o pymes, basada en la transferencia de conocimientos y en el aprendizaje a través de la experiencia. Todo ello en un proceso individualizado y relación personal entre el mentor que guía y el receptor. 

El programa ofrece dos posibilidades de financiación:

- El primer grupo consiste en la concesión de ayudas para recibir servicios de asesoramiento especializado e individualizado en materia de comercio electrónico (normativa legal, soluciones tecnológicas, medios de pago, aspectos logísticos y de marketing), con el objetivo de impulsar el potencial de cada pyme y posicionarla estratégicamente en el mercado online.

- La segunda posibilidad estipula la concesión de ayudas que permitan implantar soluciones tecnológicas de comercio electrónico a los beneficiarios del primer grupo que hayan completado y cumplido todas las obligaciones derivadas de las bases.

Los interesados en obtener estas ayudas tienen hasta el próximo 7 de octubre y deberán hacerlo a través de la sede electrónica de Red.es: http://www.red.es/redes/sede-electronica   

Criterios para el otorgamiento de las ayudas

Según recogen las bases de la convocatoria, los criterios para resultar beneficiado son:

• Tener una plantilla de entre 0 y 250 empleados, y un volumen de negocios anual que no exceda de 50 millones de euros.
• Haber sido constituida con antelación a la publicación de las correspondientes bases.
• No estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003.
• No tratarse de una empresa de naturaleza pública o con accionariado de dicha naturaleza.
• Que la ubicación en la que se prestarán los servicios y/o se implantarán las soluciones tecnológicas objeto de la ayuda esté establecido en alguna de las siguientes ciudades y comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Canarias, Melilla, Murcia y Navarra.
• Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
• No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente, tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
• Disponer de una página web propia del negocio y operativa, al menos, desde el momento en que se presenta la solicitud.
• No haber sido beneficiario de la anterior convocatoria denominada “Programa de Asesoramiento a PYMEs en Comercio Electrónico B2C” C-068/11-CD.

LLEGA EL MOVIMIENTO SLOW

Mañana, último día de este mes de Julio, voy a iniciar el "movimiento slow".

 

Desde ese momento, al menos hasta mi vuelta el 1 de Septiembre, voy a tratar de hacer las cosas mas despacio, sin prisas, disfrutando de la playa, los paseos en bicicleta, la pesca, la familia y las agradables tertulias con amigos saboreando unas botellas de buena sidra, alguna que otra sabrosa andarica, o lo que se tercie.

En Agosto trataré de aplicar lo que dice el psicólogo José Luis Trechera en su libro "la sabiduría de la tortuga", y por tanto cambiaré el reloj por la brújula, me convertiré en el protagonista de mi historia, priorizaré en lo que me interese, saborearé el día a día y sobre todo perderé el tiempo.

Me despido hasta Septiembre y deseo a todos unas estupendas vacaciones.

LA CRISIS DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

¿Está en crisis el sistema público de pensiones?. No sé si hoy es esta la situación. Lo que si parece meridianamente claro es que el sistema atraviesa por dificultades y necesita ajustes para garantizar su futuro. Como todos sabemos, el esquema actual de las pensiones públicas está basado en un "sistema de reparto", que se equilibra mediante un principio de solidaridad intergeneracional, de modo que las cotizaciones de la población joven, permiten sostener el pago de la pensión de los mayores. Pero, hoy en día nos encontramos con dos serios problemas que complican su sostenibilidad:

Por un lado la crisis económica y el alto nivel de paro que tenemos, han provocado una importante reducción del número de trabajadores activos que han de financiar el sistema, así como una pérdida de valor de los activos financieros acumulados, por causa de su gran pérdida de rentabilidad.

Por otro lado tenemos un problema con la evolución demográfica. Como consecuencia de los avances que tiene la medicina la esperanza de vida de la población es mayor, y probablemente crecerá aun mas con los nuevos descubrimientos científicos. En este momento, según las últimas tablas de mortalidad conocidas, la esperanza de vida de los hombres es de 78,3 años y la de las mujeres 84,8. (casi el doble de la que teníamos hace 100 años).

Cuando se diseñó el sistema público de pensiones e incluso cuando se generó el Pacto de Toledo, la esperanza de vida era mas corta, el porcentaje de población activa muy superior y los activos financieros acumulados obtenían unas rentabilidades elevadas al estar en un proceso económico creciente. Además, nos incorporábamos al trabajo en edades mas jóvenes y nuestra vida laboral y por tanto de periodos de cotización, llegaba a 40 o incluso 50 años (hoy los jóvenes se incorporan al mundo laboral diez años mas tarde).

Es incuestionable por tanto que el sistema se está desequilibrando, ya que tenemos jubilados que viven mas y menos cotizantes jóvenes que son los que han de sostener el sistema. Por eso, es absolutamente necesario un serio debate sobre las pensiones públicas ya que, si no se hace nada, el desequilibrio seguirá creciendo. De otra parte, no se puede ocultar que el sistema que se llama a sí mismo solidario, es mucho mas insolidario de lo que parece.

Se debe de revisar el Pacto de Toledo para poder mantener el necesario equilibrio del sistema. De no hacerse esto y además pronto, vamos a dejar a nuestros hijos una mala herencia.

DERECHO AL OLVIDO

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL Sr. NIILO JÄÄSKIN EN EL CASO c-131/12 GOGLE INC. CONTRA LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS

 

El Abogado General Jääskinen considera que los proveedores de servicios de motor de búsqueda en Internet no son responsables de los datos personales incluidos en las páginas web que tratan. La normativa nacional de protección de datos les es de aplicación cuando establecen en un Estado miembro, a fin de promover y vender espacios publicitarios en su motor de búsqueda, una oficina que orienta su actividad hacia los habitantes de dicho Estado, aunque el tratamiento técnico de los datos se realice en otro lugar.

A comienzos de 1998, un periódico español de gran tirada publicó en su edición impresa dos anuncios relativos a una subasta de inmuebles relacionada con un embargo derivado de deudas a la Seguridad Social. Se mencionaba a una persona como propietaria de éstos. En un momento posterior, la editorial puso a disposición del público una versión electrónica del periódico online.

En noviembre de 2009, esta persona contactó con la editorial del periódico afirmando que, cuando introducía su nombre y apellidos en el motor de búsqueda de Google, aparecía una referencia que enlazaba con las páginas del periódico que incluían los anuncios. Alegó que el embargo estaba solucionado y resuelto desde hacía años y carecía de relevancia en aquel momento. La editorial le respondió que no procedía la cancelación de sus datos, dado que la publicación se había realizado por orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales español.

En febrero de 2010, remitió un escrito a Google Spain solicitando que al introducir su nombre y apellidos en el motor de búsqueda de Google no aparecieran en los resultados de búsqueda enlaces a ese periódico. Google Spain le remitió a Google Inc., con domicilio social en California (Estados Unidos), por entender que ésta era la empresa que presta el servicio de búsqueda en Internet.

En consecuencia, interpuso una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra la editorial y contra Google. Mediante resolución de 30 de julio de 2010, el Director de la AEPD estimó la reclamación formulada por el interesado contra Google Spain y Google Inc., instándoles a adoptar las medidas necesarias para retirar los datos de su índice e imposibilitar el acceso futuro a los mismos, pero desestimó la reclamación contra la editorial porque la publicación de los datos en la prensa tenía justificación legal. Google Spain y Google Inc. interpusieron recursos ante la Audiencia Nacional en los que solicitaban la nulidad de la resolución de la AEPD. En este marco, este tribunal español ha remitido una serie de cuestiones al Tribunal de Justicia.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Niilo Jääskinen examina en primer lugar la cuestión de la aplicabilidad territorial de la normativa nacional en materia de protección de datos. El factor primario que da lugar a su aplicabilidad es el tratamiento de datos personales llevado a cabo en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento situado en territorio del Estado miembro. Sin embargo, Google alega que en España no se lleva a cabo ningún tratamiento de datos relativo a su motor de búsqueda, que Google Spain es únicamente el representante comercial de Google para sus actividades publicitarias, y que en esta condición es responsable del tratamiento de los datos personales relativos a sus clientes españoles de los servicios publicitarios.

El Abogado General considera que esta cuestión debe examinarse teniendo en cuenta el modelo de negocio de los proveedores de servicios de motores de búsqueda en Internet. Éste se basa normalmente en la publicidad a partir de palabras clave, que es la fuente de ingresos y la razón de ser económica para proveer una herramienta de localización de información gratuita. La entidad responsable de la publicidad a partir de palabras clave está vinculada al motor de búsqueda en Internet. Esta entidad necesita tener presencia en los mercados nacionales del sector de la publicidad, y por este motivo Google ha creado filiales en muchos Estados miembros. Por tanto, a su juicio, debe considerarse que un establecimiento trata datos personales si está vinculado a un servicio que participa en la venta de publicidad orientada a los habitantes de este Estado miembro, aunque las operaciones de tratamiento técnico de los datos estén situadas en otro Estado miembro o en países terceros. Por consiguiente, el Sr. Jääskinen propone al Tribunal de Justicia que declare que se lleva a cabo tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento y que, por tanto, la normativa nacional en materia de protección de datos es de aplicación a un proveedor de un motor de búsqueda cuando éste establece en un Estado miembro, a fines de promover y vender espacios publicitarios en su motor de búsqueda, una oficina que orienta su actividad hacia los habitantes de dicho Estado.

En segundo lugar, en lo que atañe a la situación jurídica de Google como proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet, el Sr. Jääskinen recuerda que, cuando se adoptó la Directiva en 1995, Internet y los motores de búsqueda eran fenómenos novedosos y el legislador comunitario no previó su evolución actual. Opina que no se ha de considerar que Google es, con carácter general, “responsable del tratamiento” de los datos contenidos en las páginas web que procesa, siendo así que el responsable del tratamiento, según la Directiva, es responsable del respeto de las normas de protección de datos. En efecto, la puesta a disposición de una herramienta de localización de información no implica control alguno sobre el contenido incluido en páginas web de terceros. Tampoco permite al proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet realizar distinciones entre datos personales en el sentido de la Directiva, es decir, relacionados con una persona física viva identificable, y otro tipo de datos. A su juicio, el proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet no puede ni jurídicamente ni de hecho cumplir las obligaciones del responsable del tratamiento en relación con los datos personales contenidos en páginas web fuente alojadas en servidores de terceros.

En consecuencia, una autoridad nacional de protección de datos no puede requerir a un proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet que retire información de su índice, salvo en los supuestos en que el proveedor de servicios no ha respetado los códigos de exclusión o en los que no se ha dado cumplimiento a una solicitud emanada de la página web relativa a la actualización de la memoria oculta. Este supuesto no parece pertinente en relación con el presente asunto. La existencia de un procedimiento de “detección y retirada” que afecte a enlaces de las páginas web fuente con contenidos ilícitos o inapropiados es una cuestión regulada por el Derecho nacional, la responsabilidad civil basada en motivos distintos de la protección de datos personales.

En tercer lugar, la Directiva no establece ningún “derecho al olvido” generalizado. Por tanto, no puede invocarse tal derecho frente a proveedores de servicios de motor de búsqueda sobre la base de la Directiva, aun cuando ésta se interpreta con arreglo a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Los derechos de rectificación, supresión y bloqueo de datos establecidos en la Directiva se refieren a datos cuyo tratamiento no cumple lo dispuesto en la Directiva, en particular debido al carácter incompleto o inexacto de los datos. Éste no parece ser el caso en el presente asunto.

La Directiva también reconoce a toda persona el derecho a oponerse, en cualquier momento y por razones legítimas propias de su situación particular, a que los datos que le conciernan sean objeto de tratamiento, salvo cuando la legislación nacional disponga otra cosa. No obstante, el Abogado General considera que una preferencia subjetiva por sí sola no equivale a una razón legítima y que, por tanto, la Directiva no faculta a una persona para restringir o poner fin a la difusión de datos personales que considere lesivos o contrarios a sus intereses.

Es posible que la responsabilidad secundaria de los proveedores de servicio de motor de búsqueda con arreglo al Derecho nacional implique la existencia de deberes que exijan bloquear el acceso a páginas web de terceros con contenidos ilegales, como las páginas web que vulneran derechos de propiedad intelectual o que muestran información injuriosa o delictiva. En cambio, solicitar a los proveedores de servicios de motor de búsqueda que eliminen información legítima y legal que se ha hecho pública traería consigo una injerencia en la libertad de expresión del editor de la página web. En su opinión, equivaldría a una censura del contenido publicado realizada por un particular.

QUE EL RIGOR DE LA LEY CAIGA SOBRE LOS POBRES SIN RECURSOS

Reiteradamente aparecen en los medios de comunicación todos los escándalos de corrupción que tenemos en nuestro país,  las estafas gigantescas, los fraudes de todo tipo, el dinero que se roba a espuertas. Pero, con todo eso, son escasísimos los ladrones de guante blanco -y menos si son políticos-, que terminan condenados por sentencia firme. Las potentes maquinarias de prestigiosos despachos de abogados se ponen en marcha y consiguen que sus clientes eludan la condena. Como vulgarmente se dice, se van de rositas.

 

Pero ¿qué pasa cuando un pobre sin recursos económicos, hurta 8€?. Pues pasa que todo el rigor de la ley cae sobre el. El Fiscal, rigurosamente, interesa la condena del denunciado y el Juez de Instrucción correspondiente dicta una sentencia ejemplar. ¿Qué no se lo creen? ¿exagero?. Pues no. Esto es tan real como la vida misma. Voy a comentar el caso de una usuaria de la ONG Cauce donde colaboro como voluntario, para que cada uno saque sus propias conclusiones.

Soledad es una mujer, víctima de violencia de género, que trabaja a salto de mata en el servicio doméstico y que convive en un pequeño apartamento con su hija de 20 años, la pareja de esta y un bebé de seis meses. Los ingresos mensuales conjuntos de esta familia ascienden a no mas allá de 500€ y como no pueden pagar el alquiler que tienen estipulado de 300€, en este momento están en proceso de desahucio y se quedarán en la calle.

Un buen día, seguramente agobiada por su situación económica, entra en Mercadona, retira de las estanterías dos latas de conservas y una bolsita de detergente. Un vigilante   que controla las cámaras de seguridad del supermercado, ve como Soledad introduce en su bolso de mano estos productos e inmediatamente, sin esperar ni tan siquiera a que pasara por las líneas de caja para ver si iba a pagar los productos o no,  la intercepta en el área de la carnicería y procede a retenerla. A la llamada del vigilante acude la Policía Nacional que procede a su detención. En el atestado se hace constar que el valor de los productos  hurtados, asciende a 8,87€. Se hace constar también que la detenida pidió que la dejaran pagar los productos en la caja y que la dejaran libre, pero que la encargada del supermercado no accedió ya que tenía instrucciones de sus superiores de denunciar todo para que sirviera de escarmiento.

El siguiente paso es que el Juzgado de Instrucción abre el procedimiento correspondiente, se celebra juicio oral, el Ministerio Fiscal interesa la condena de Soledad como autora responsable de una falta de hurto. Resulta condenada a la pena de un mes de multa a razón de seis euros de cuota diaria, con un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas y con la imposición de las costas del juicio. O lo que es lo mismo, como es insolvente y no puede pagar esos 180€ de multa será privada de libertad durante 15 días.

Yo no voy a cuestionar aquí al procedimiento instruido, la solicitud de condena ejercitada por el Fiscal y la sentencia dictada por el Magistrado Juez, ya que en todo esto se ha observado la mas absoluta aplicación de la legalidad vigente. Lo que cuestiono es que si esta mujer hubiere tenido recursos económicos, se habría podido pagar un  abogado que la defendiera (al ser un juicio de faltas no es preceptiva la intervención de Letrado y por eso no se lo designaron de oficio), y lo mas probable es que hubiere resultado absuelta, o bien por falta de pruebas (aun no había pasado la línea de caja), o por la eximente de estado de necesidad. También me cuestiono que por un hurto de 8€ se ha puesto en marcha un procedimiento judicial que ha movilizado unos ingentes recursos tanto de la Policía Nacional como de la Administración de Justicia, que a mi juicio resultan desproporcionados.

Ya sé que alguien me puede decir hay que aleccionar a la gente y que no se pueden consentir estos pequeños hurtos. Pero yo les diría que entonces no se quejen cuando protestan porque la justicia está colapsada, porque es lenta y porque esos grandes defraudadores no son condenados. Todos los recursos que se invierten en perseguir estos pequeños hurtillos,  perfectamente pueden ser resueltos por la propia Policía, porque si se trata de escarmiento y de lección ejemplar, qué mayor escarmiento que por hurtar productos por valor de 8€ es el de estar en los calabozos de la comisaría 24 horas.

Y dicho esto, concluyo como empecé con el título de este artículo: El rigor de la ley sólo se aplica a los pobres sin recursos. Qué injusta puede ser la Justicia.

 

 

 

 

 

 

 

IGUALDAD DEL HOMBRE Y LA MUJER AL CONTRATAR UN SEGURO

Cada día entiendo menos a los políticos. En vez de dedicarse a lo que realmente importa, que es resolver los graves problemas económicos que sufrimos y a combatir el brutal desempleo existente, juegan a perder el tiempo y a moverse demagógicamente en el Congreso para introducir modificaciones legislativas que, desde mi punto de vista, sólo tienen un objetivo: Justificar lo que cobran. Porque, en otro caso, no podría entenderse.

 

He aquí un ejemplo: Hoy el Grupo Popular ha introducido dos enmiendas al Proyecto de Ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de creación de empleo (nada que objetar si realmente las enmiendas fueran dirigidas a ese fin). El problema es que estas enmiendas pretenden modificar la Ley de Ordenación del Seguro Privado, estableciendo que "en el cálculo de las tarifas de los contratos de seguro, no podrán establecerse diferencias de trato de hombres y mujeres en las primas y prestaciones de las personas aseguradas, cuando aquellas consideren en sexo como factor de cálculo". De esta manera, entienden los Diputados "se consagra el principio de igualdad de trato" recogido en la Directiva de aplicación del Principio de Igualdad en el acceso a los bienes y servicios y su suministro, aprobado por la Comisión Europea en 2004.

 

Vamos a ver señores diputados, ¿con tantos asesores que tienen y que dicho sea de paso, pagamos todos los ciudadanos, sólo se les ocurre eso? ¿conocen algo el mundo del seguro? ¿conocen algo de cálculos actuariales?. Yo creo que no tienen ni repajolera idea. Así que, voy a darles algunas aclaraciones.

 

Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, para determinar lo que en su argot llaman "riesgo", manejan cálculos actuariales basados en el "cálculo de probabilidades", "leyes de los grandes números" y las "leyes empíricas del azar". Concretamente, en el ámbito de los seguros de vida, suelen utilizar elaboradas tablas de mortalidad, entre las que destacan las prestigiosas tablas suizas GKM. 

 

En base a todos estos cálculos actuariales, se puede saber que las mujeres tienen una expectativa de vida ocho años mayor que la de los hombres, o que las mujeres son mas prudentes que los hombres conduciendo y por eso tienen menos accidentes, o que las mujeres viven mas que los hombres, pero en cambio sufren mas intervenciones quirúrgicas, o que las mujeres practican menos deporte de riesgo que los hombres, etc.etc.

Como consecuencia, es lógico pensar que la prima de un seguro de vida para el caso de muerte, sea mas cara para un hombre que para una mujer, e igualmente el seguro de auto será mas caro para el coche que conduce un hombre, que para una mujer. Por el contrario si se trata de seguros de salud, como estadísticamente las mujeres tienen mas intervenciones quirúrgicas y además se quedan embarazadas, las primas por lógica son mas caras para las mujeres que para los hombres.

 

Si además de todo esto tenemos en cuenta que las aseguradoras no son entidades públicas que pueden tener precios políticos regulados por el Estado, si no que se trata de entidades mercantiles que en libre competencia persiguen unos beneficios, sin duda van a aplicar las primas que según sus cálculos corresponden a los riesgos que asumen. Por tanto si los riesgos digamos hombre o mujer, son diferentes, también lo serán las primas que van a pagar por los seguros que contraten.

 

Así que, amigos Diputados, dejen a un lado la demagogia barata y dedíquense a proponer medidas legislativas que de verdad estimulen el crecimiento y la creación de empleo, porque esta chorrimedida de que las aseguradoras cobren igual a hombres o a mujeres, para nada va a influir en este crecimiento o esa creación de empleo. Muy al contrario, estarán coartando la libertad de mercado de las compañías de seguros.

 

 

 

 

 

 

SOBRE LA ACTUACION DE OFICIO DEL JUEZ FRENTE A CLÁUSULAS HIPOTECARIAS ABUSIVAS

Ayer se han celebrado unas Jornadas que ha organizado el Consejo General del Poder Judicial en las que se debatió sobre la aplicación transitoria de la sentencia del TJUE entre tanto no se reforme la legislación hipotecaria española. Al final de las mismas se ha redactado un texto que recoge las conclusiones a las que han llegado y que de modo resumido se recogen aquí:

• Es necesario adaptar la legislación española para garantizar a los consumidores una protección mas eficaz.
• Los Jueces, interiorizando la dimensión ética de la función judicial, han de llenar las lagunas legales y dar respuesta a los consumidores desde los principios constitucionales.
• Aun cuando ya hay una reforma legislativa en curso que responderá a las cuestiones planteadas por el TJUE, los Jueces no quedan eximidos de su deber de completar las lagunas legales, conforme a los criterios generales tanto de nuestro ordenamiento jurídico como del europeo.
• Las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios no vinculan a ningún efecto y se tendrán por no puestas.
• Para considerar una cláusula abusiva, deberá atenderse a las circunstancias que concurren en el caso concreto y en particular los considerados en la proposición de reforma de la Ley Hipotecaria presentada por el Gobierno y discutida ayer en el Senado.
• Deberán de analizarse los distintos tipos de interés referenciados en la normativa interna y en las cláusulas de vencimiento anticipado del contrato, que no deberán declararse nulas en abstracto.
• Tampoco deben considerarse nulas en principio, las denominadas cláusulas de interés remuneratorio.
• El deber de "control de oficio" por parte de los Jueces debe de ser especialmente relevante en el proceso de ejecución y el trámite procesal deberá de ajustarse a dicho deber de control, en cumplimiento de la sentencia europea.
• En el momento de admitirse una demanda, si el juez observa alguna cláusula que pudiere resultar abusiva, debe dar traslado a las partes y plazo de cinco días para que presenten las alegaciones que estimen oportunas, sin necesidad de abrir ningún incidente procesal.

 

 

LA FE NACIONAL Y LOS PROBLEMAS DE ESPAÑA

"Los dos partidos que se han concordado para turnarse pacíficamente en el Poder son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el presupuesto. Carecen de ideales, ningún fin elevado los mueve; no mejorarán en lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza, pobrísima y analfabeta. Pasarán unos tras otros dejando todo como hoy se halla, y llevarán a España a un estado de consunción que, de fijo, ha de acabar en muerte. No acometerán ni el problema religioso, ni el económico, ni el educativo; no harán más que burocracia pura, caciquismo, estéril trabajo de recomendaciones, favores a los amigotes, legislar sin ninguna eficacia práctica, y adelante con los farolitos... Si nada se puede esperar de las turbas monárquicas, tampoco debemos tener fe en la grey revolucionaria (...) No creo ni en los revolucionarios de nuevo cuño ni en los antediluvianos (...) La España que aspira a un cambio radica y violento de la política se está quedando, a mi entender, tan anémica como la otra. Han de pasar años, tal vez lustros, antes de que este Régimen, atacado de tuberculosis étnica, sea sustituido por otro que traiga nueva sangre y nuevos focos de lumbre mental".

 

Todo lo anterior ha sido escrito en 1912, por Benito Pérez Galdós bajo el título "Fe nacional y otros escritos sobre España". ¿te recuerda algo esto que decía el Sr.Pérez Galdós?.

 

Han pasado ya mas de cien años y seguimos estando como en 1912.

De modo progresivo, tras la entrada en la nueva democracia, en España se nos ha estado instalando una casta de mediocres politócratas y partitócratas,  que con el  objetivo de dedicarse  única y exclusivamente a la vida política,  en una clara connivencia con los banqueros y con los señores del ladrillo, se ha alejado de los ciudadanos, ha ido debilitando a las clases medias, ha permitido que se deteriorara el tejido económico, nos ha llevado al primer puesto del ranquing de desempleados, aplica recortes de todo tipo a las familias que cada vez se empobrecen mas, aplica amnistías fiscales para favorecer a los mas ricos, rompe el dogma de la separación de poderes politizando el poder judicial , confunde Partido y Estado y se blinda para no renunciar a sus prebendas. 

 

Esta casta de politócratas ha olvidado que la cosa pública es propiedad de la sociedad civil y pretende que los ciudadanos sólo nos limitemos a votar cada cuatro años y que además votemos a unas listas que confeccionan los partidos políticos. Estos políticos profesionales han hecho que los partidos políticos sean patrimonio sólo de unas pocas personas. Y claro, de este modo, es imposible que la voz de los ciudadanos se oiga. Hoy en día el ciudadano sólo es un instrumento para que con su voto se perpetúen las castas políticas, castas de otra parte, que como han nacido profesionalmente en la política y en ella siguen, no tienen ni la mas mínima experiencia en la sociedad civil. Este es el gran problema y la razón del aislamiento que tienen con los ciudadanos a los que teóricamente tendrían que representar.

En definitiva, estos politócratas y partitócratas han ido construyendo un blindaje jurídico para mantener sus privilegios y paralelamente han ido hurtando a los ciudadanos el protagonismo que en democracia les corresponde. 

Frente a esta situación, creo que los ciudadanos no debemos de seguir permaneciendo callados como corderitos. Creo que ya es hora de que empecemos a rebelarnos para que nuestra voz de oiga.  No se trata de generar algaradas callejeras. Se trata de presionar con sensatez en todos los medios y lugares. Entiendo que sin atacar por la base nuestro sistema constitucional salido de la Transición, nada se puede hacer. Por ello se necesita una reforma constitucional, se necesita una nueva legislación que reestablezca la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, se necesita eliminar las subvenciones a partidos políticos, sindicatos parasitados y organizaciones empresariales, se necesita una justicia independiente, rápida y eficaz, se necesita atacar el bipartidismo y votar en listas abiertas, se necesita adelgazar las autonomías centralizando sanidad, educación, justicia y obras públicas, se necesita adelgazar el senado (para qué tantos senadores), se necesita eliminar municipios, etc.etc.

Para conseguir esto hay que protestar y reclamarlo permanentemente a los políticos. Ya sé que alguien me puede decir que la única manera de pedirlo está en el Parlamento y que como los parlamentarios salen de unas elecciones controladas por los politócratas, difícil lo vamos a tener. La cuestión es que tenemos que vencer esas dificultades para conseguir cambios y esto sólo se puede conseguir si los ciudadanos en vez de permanecer callados, empezamos a presionar manifestándonos en la calle, manifestándonos en los medios de comunicación. Hoy en día, las redes sociales son un gran instrumento de movilización, son una gran herramienta. Utilicémoslas y que nuestra voz se oiga.. Seguir callados no nos conduce a otra cosa que no sea lo que ya tenemos. Es decir, que los políticos nos sigan utilizando para sus fines personales y de partido.