Desde que el Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, decidió llevar al Congreso el Proyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, surgieron duras críticas de la oposición, de asociaciones de jueces, periodistas y hasta del mismo sindicato mayoritario de la policía. Paralelamente se fue elevando el tono del clamor popular para tratar de frenar esta ley que, con una manifiesta intencionalidad, pretende acallar las voces de esos ciudadanos que se manifiesten para protestar y denunciar las picias, los incumplimientos o la corrupción de los políticos. Bajo la excusa de que van a despenalizar delitos tipificados por el Código Penal para convertirlos en sanciones administrativas, pretenden imponer desproporcionadas multas que pueden llegar a los 600.000€ .
Ante esta lluvia de críticas, sale el Sr. Rajoy a la palestra para defender este proyecto de ley, diciendo que no es una mordaza para los ciudadanos, que es una norma para garantizar la seguridad y la libertad. Sale también en rueda de prensa la Vicepresidenta Sra. Sáenz de Santamaría diciendo que el objetivo que persigue la ley es "proteger la convivencia y delimitar las manifestaciones al marco legal, para no sobrepasar el derecho del resto de los ciudadanos.
Vamos a ver, señores del gobierno, que los ciudadanos no somos tontos. No nos engañen. Ustedes lo que están pretendiendo es "restringir los derechos de los ciudadanos", porque si de verdad quisieran que nadie sobrepasase ese derecho, lo que tendrían que hacer es aprovechar el nuevo Código Penal, (donde ya están recogidas las penas por insultos, agresiones, atentado contra la autoridad, etc.) para introducir en el las correcciones que fueran precisas y punto. Pero claro, eso no les interesa porque saben que entonces la sanción no podría alcanzar las desproporcionadas cifras que pretenden en el ámbito administrativo, ya que se produciría una descomunal incongruencia cuantitativa y además de eso, esa sanción sería aplicada por los Tribunales de Justicia y claro, eso igual se les escapa de sus manos. Y por su fuera poco el Código Penal, también tienen la ley reguladora del derecho de reunión y de manifestación.
Ustedes saben perfectamente que la mayoría de los ciudadanos que se manifiestan, no cometen delitos y que lo que pretenden es expresar su malestar o insatisfacción por la gestión de gobierno, por la corrupción política, o por los recortes sociales. Y como esto no entra en ámbito coercitivo de la legislación penal, pretenden acabar con esas protestas sociales imponiendo estratosféricas y disuasorias sanciones económicas en vía administrativa, sabiendo que el ciudadano común no va a poder defenderse contra eso, porque cualquier recurso administrativo no iba a prosperar y además, si tuvieren que llegar al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, la ley de tasas que el Sr. Gallardón impuso, iba a ser lo suficientemente disuasoria.
Señores del Gobierno, como dentro del Parlamento o dentro de sus partido, los ciudadanos no pueden ir a protestar, les molesta enormemente oír esas protestas que sólo pueden hacer en la calle y que a ustedes no les gustan nada porque esas verdades dichas a la cara, no gustan a nadie.
Concluyendo, si un escrache (palabrejo que se utiliza ahora para referirse a una manifestación), ya ha sido definido por el Tribunal Supremo como un "ejemplo de libertad de manifestación", por qué pretenden coartar mi libertad para que yo junto con otros afectados pueda manifestarme delante de la puerta del banquero que me engañó con las preferentes, o delante de la puerta del político imputado o condenado por prevaricación, para que devuelva al dinero que me robó a mi como contribuyente, o delante de la puerta de su partido para protestar porque me hizo unas promesas electorales y después no las cumplió.
Es evidente, ustedes no quieren eso y como no le gusta, legislan con un claro objetivo: "ese ciudadano protesta.. A por el...."
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