Sólo han pasado 65 días desde que se promulgó la nueva Ley de Morosidad (BOE del 6 de Julio) y la ilusión que había puesto en ella ya se ha ido al traste. En el momento de su publicación me dije ¡maravilloso! ya no tendré que seguir anticipando el IVA de las facturas que me deben los Ayuntamientos, puesto que en 55 días como plazo máximo que marca esta Ley (30 días a partir del 2013), me van a pagar. Pero, la cruda realidad se ha impuesto, los Ayuntamientos se han pasado esta nueva Ley por "el arco del triunfo" y aquí no pasa nada.
Además de esto, se está incumpliendo de modo manifiesto la Disposición Adicional 4ª que literalmente dice: “El Gobierno, en el plazo de 30 días, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), instrumentará una línea de crédito directa, en condiciones preferentes, dirigida a las Entidades Locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010”.
Como con esta nueva Ley, para que las empresas puedan conservar el anonimato, las organizaciones empresariales pueden iniciar procedimientos judiciales contra los entes públicos morosos, en nombre de la empresa acreedora, tuve la tentación de iniciar el procedimiento de apremio, pero, el Ayuntamiento que lo sabe, ya da un aviso a navegantes, "ojito que sabré que esta demanda es de tu empresa y te sacaré del contrato".
Como con esta nueva Ley, para que las empresas puedan conservar el anonimato, las organizaciones empresariales pueden iniciar procedimientos judiciales contra los entes públicos morosos, en nombre de la empresa acreedora, tuve la tentación de iniciar el procedimiento de apremio, pero, el Ayuntamiento que lo sabe, ya da un aviso a navegantes, "ojito que sabré que esta demanda es de tu empresa y te sacaré del contrato".
Queda claro por tanto que no hay voluntad alguna de cumplir la Ley, máxime cuando son evidentes los problemas de liquidez que tienen las Administraciones, lo que provoca que utilicen la morosidad como forma de financiación propia. Además, entre tanto no se instrumente un régimen sancionador estricto, que aun está pendiente y entre tanto los Tribunales de lo Contencioso Administrativo competentes para la resolución de estos litigios, sigan con tantos retrasos, mal pintan las cosas para las pequeñitas empresas como la mia, que el día 30 de cada mes tienen que pagar el sueldo de estos asalariados que trabajan para los Ayuntamientos y que además tienen que anticipar el IVA de las facturas pendientes, ya que la Agencia Tributaria no perdona.
Conclusión: Con Leyes o sin ellas, las Administraciones seguirán haciendo lo que les viene en gana. Pero, ojito que si fueremos los ciudadanos los que incumplimos estas leyes, caería sobre nosotros el rayo fulminante de la Ley.
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