El arbitraje electrónico de consumo

En el BOE de ayer 25/2/2008 se ha publicado el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo. Y en los artículos 51 a 55 de dicho Real Decreto, se regula expresamente el Arbitraje de consumo electrónico.

El origen de esta regulación hemos de encontrarlo en el artículo 51 de la Constitución Española donde se insta a los poderes públicos a garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces, su seguridad, salud y sus legítimos intereses económicos. Igualmente, la Ley de 19 de Julio de 1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, así como la recientemente publicada en Noviembre de 2005, preveían que el Gobierno debía establecer un sistema arbitral que, sin formalidades especiales, atendiera y resolviera con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, las quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios.

Por último, el Real Decreto 636/1993 de 3 de Mayo reguló el Sistema Arbitral de Consumo, y la Ley 44/2006 de 29 de Diciembre de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, dejó previsto en su disposición final sexta que en el plazo de un año desde su entrada en vigor, el Gobierno, contando con el parecer de las comunidades autónomas, dictará una nueva regulación del Sistema Arbitral de Consumo y regulará el arbitraje virtual.

En cumplimiento de estos mandatos, se promulga este decreto que en la parte que interesa, literalmente nos dice:

Artículo 51:El arbitraje de consumo electrónico es aquél que se sustancia íntegramente, desde la solicitud del arbitraje hasta la terminación del procedimiento, incluidas las notificaciones, por medios electrónicos, sin perjuicio que alguna actuación arbitral deba practicarse por medios tradicionales.

2. El arbitraje de consumo electrónico se sustanciará, conforme a lo previsto en esta norma, a través de la aplicación electrónica habilitada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en los términos que conste en los respectivos convenios de constitución, se adscribirán a la administración del arbitraje de consumo electrónico incorporándose a la aplicación prevista ven el párrafo anterior.

3. Las Administraciones públicas competentes en materia de consumo fomentarán la utilización del arbitraje de consumo electrónico para resolver los conflictos a que se refiere el artículo 1.2

Artículo 52. Determinación de la Junta Arbitral competente. La competencia para conocer de las solicitudes de arbitraje se determinará conforme a las reglas previstas en el artículo 8 entre las Juntas Arbitrales adscritas al arbitraje de consumo electrónico.

Artículo 53. Firma electrónica. Sin perjuicio de la utilización de otras técnicas que aseguren la autenticidad de la comunicación y la identidad del remitente, el uso de la firma electrónica garantiza la autenticidad de las comunicaciones y la identidad de las partes y del órgano arbitral.

Artículo 54. Notificaciones y cómputo de los plazos. Las notificaciones se realizarán en la sede electrónica designada por las partes a tales efectos, entendiéndose realizadas a todos los efectos legales el día siguiente a aquél en que conste el acceso al contenido de la actuación arbitral objeto de notificación.

No obstante, si el notificado no hubiera accedido al contenido de la actuación arbitral transcurridos diez días desde la fecha y hora en que se produjo su puesta a disposición, la notificación se considerará que se ha intentado sin efecto, procediéndose a la publicación edictal en las sedes electrónicas de las Juntas Arbitrales de Consumo adscritas al arbitraje de consumo electrónico.

Artículo 55. Lugar del arbitraje. El lugar de celebración del arbitraje de consumo electrónico es aquél en el que tenga su sede la Junta Arbitral de Consumo o la delegación territorial de la Junta Arbitral competente para conocer el procedimiento, salvo que en el laudo dictado figure un lugar distinto, en cuyo caso se entenderá como lugar de celebración del arbitraje aquél en el que se hubiera dictado el laudo.

Tras la transcripción literal de los artículos indicados, podemos terminar concluyendo que la defensa de los consumidores y usuarios se moderniza y se integra de pleno derecho en la sociedad de la información.