VEN A OVIEDO Y SAL SI PUEDES, SIN MULTA.

Está mas que claro. La prioridad del Ayuntamiento de Oviedo no es sancionar a los conductores para velar por la seguridad del tráfico o para facilitar la movilidad. La prioridad es incrementar la recaudación por multas de tráfico, para equilibrar sus maltrechos presupuestos. Y si yo estoy equivocado, que alguien me explique por qué se pasa de 3 millones de euros previstos en los presupuestos del 2011 a 4,1 millones en el 2013 y a 6 millones en los presupuestos previstos para 2014. Ni mas ni menos que se prevé incrementar el presupuesto en un 43% con relación al ejercicio pasado y un escalofriante 100% con relación al ejercicio 2011.

 

Y si pese a esos datos económicos sigo estando equivocado, que alguien me explique por qué en la  autopista Y , tanto en el sentido de entrada como de salida de la ciudad, donde hace escaso tiempo se circulaba a una velocidad genérica de 120 km/h, ahora se ha reducido la velocidad a 50 km/h (igual que si se tratara de una vía urbana) y se instala un radar para capturar fácilmente al peligroso infractor.

 

O que se me explique por qué se están instalando cámaras en semáforos que se activan inmediatamente a la puesta del semáforo en rojo para capturar al infractor, sin aplicar ni el mas mínimo margen de tolerancia que prevé la legislación que regula la metrología de los aparatos de medición. El Ayuntamiento sabe perfectamente que en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo este tipo de sanciones serían declaradas todas nulas de pleno derecho, pero como también sabe que el conductor sancionado, si recurre al juzgado, además de quedar privado de la reducción del 50% de la sanción, tendrá que pagar a un abogado y además de ello pagar unas tasas judiciales que superarán el importe de la sanción, adelante con los faroles y a recaudar, que de eso se trata.

 

O que se me explique por qué el Defensor del Pueblo está investigando sobre la legalidad de las multas de tráfico en las calles peatonales, al no haber ninguna ordenanza o decreto municipal que las regule. Pese a eso, el Ayuntamiento sigue recaudando cada día mas, porque de eso se trata.

 

El Ayuntamiento de Oviedo ya no tiene suficiente con recaudar mas de 11 millones de euros con el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, y con los 3,5 millones de estacionamiento en las zonas azules o con los 1,6 millones de tasas de retirada de vehículos con la grúa. Necesita recaudar mas y qué cosa mas fácil que instalar rádares y cámaras para pillar al conductor. No se necesitan Policías Locales que vigilen. Basta con estos equipos y con un sistema informático que de modo automático inicia la instrucción del expediente sancionador. Y como además esto es un mero trámite administrativo que realiza una empresa externa llamada Auxiliar de Recaudación S.L. la cosa es sencilla.

 

Así que. amigo conductor, cuídate en el 2014 y no te pases ni un pelo, que te puede  costar muy caro.

 

 

 

 

 

 

 

SANCIONADO POR DESPISTADO

Ayer, el Consejo de Ministros ha aprobado el polémico anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, que está siendo duramente criticado en diferentes ámbitos. En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que  "es necesario, conveniente y oportuno" actualizar y mejorar el marco jurídico que regula esta materia con el doble objetivo de garantizar las libertades públicas y responder de manera más eficaz a nuevas conductas que constituyen amenazas para la seguridad ciudadana. El Ministro ha subrayado que la futura ley es consecuencia de una iniciativa despenalizadora del Gobierno, que considera que la respuesta más apropiada a ciertos comportamientos antijurídicos y antisociales no es el Código Penal sino sanciones administrativas.

 

Y yo digo, Sr Ministro, no nos engañe que no somos tontos. Usted no tiene ninguna iniciativa despenalizadora. Muy al contrario, lo que pretende es despenalizar una serie de conductas, para trasladarlas al ámbito de la sanción administrativa de modo que deje a un lado los Tribunales de Justicia para que la administración, actuando como juez y parte, sancione con cuantiosas multas, muchas cosas que le molestan. Y no me sirve que usted diga que los ciudadanos sancionados pueden recurrir al auxilio judicial, ya que previamente el Ministro Sr. Galladón  se encargó de establecer unas tasas judiciales lo suficientemente disuasorias para que los ciudadanos no recurran a los Tribunales de lo Contencioso Administrativos.

Como muestra basta un botón: Si por ejemplo a mi se me extravía o roban el DNI, el carnet de conducir o el pasaporte y no lo denuncio, se me va a aplicar una sanción que puede llegar a 1.000€. Esta misma sanción se me impondrá si pierdo estos documentos tres veces en el plazo de cinco años. O sea que, cuidadín que el ser tan despistado me va a resultar muy caro. Señor Ministro, ¿por qué me va a imponer esta sanción si , cuando vaya a renovar estos documentos, además me van a aplicar unas tasas, carísimas por cierto, por la obtención del duplicado de los mismos?. ¿no son suficiente sanción esas exageradas tasas que cobran a los ciudadanos?.

Señor Ministro, mientras el actual Código Penal tiene un abanico de sanciones económicas que van desde un mínimo de 20€  hasta un máximo de 288.000€ (yo no conozco ninguna sentencia a la que se le haya aplicado esa sanción máxima) usted se descuelga con un escalado de sanciones que van de 100€ como mínimo a un máximo de 600.000.  O lo que es lo mismo, usted despenaliza una serie de ilícitos penales para aplicarles la garlopa administrativa e implantar esas desmesuradas sanciones. Y cuando se apliquen, el que no esté de acuerdo que vaya al Contencioso, que pague las disuasorias tasas y que además se nombre un abogado que lo defienda.

Menos tonterías y menos falacia. Estamos ante un anteproyecto que, si sigue adelante, para nada va a garantizar mas las libertades públicas. Todo lo contrario,   va hacer que el ciudadano esté aun mas indefenso frente al arbitrio y la potestad sancionadora de la administración.

¡¡ESE CIUDADANO PROTESTA. A POR EL!!

Desde que el Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, decidió llevar al Congreso el Proyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, surgieron duras críticas de la oposición, de asociaciones de jueces, periodistas y hasta del mismo sindicato mayoritario de la policía. Paralelamente se fue elevando el tono del clamor popular para tratar de frenar esta ley que, con una manifiesta intencionalidad, pretende acallar las voces de esos ciudadanos que se manifiesten para protestar y  denunciar las picias, los incumplimientos o la corrupción de los políticos. Bajo la excusa de que van a despenalizar delitos tipificados por el Código Penal para convertirlos en sanciones administrativas, pretenden imponer desproporcionadas multas que pueden llegar a los 600.000€ .

 

Ante esta lluvia de críticas, sale el Sr. Rajoy a la palestra para defender este proyecto de ley, diciendo que no es una mordaza para los ciudadanos, que es una norma para garantizar la seguridad y la libertad. Sale también en rueda de prensa la Vicepresidenta Sra. Sáenz de Santamaría diciendo que el objetivo que persigue la ley es "proteger la convivencia y delimitar las manifestaciones al marco legal, para no sobrepasar el derecho del resto de los ciudadanos.

 

Vamos a ver, señores del gobierno, que los ciudadanos no somos tontos. No nos engañen. Ustedes lo que están pretendiendo es "restringir los derechos de los ciudadanos", porque si de verdad quisieran que nadie sobrepasase ese derecho, lo que tendrían que hacer es aprovechar el nuevo Código Penal, (donde ya están recogidas las penas por insultos, agresiones, atentado contra la autoridad, etc.) para introducir en el las correcciones que fueran precisas y punto. Pero claro, eso no les interesa porque saben que entonces la sanción no podría alcanzar las desproporcionadas cifras que pretenden en el ámbito administrativo, ya que se produciría una descomunal incongruencia cuantitativa y además de eso, esa sanción sería aplicada por los Tribunales de Justicia y claro, eso igual se les escapa de sus manos.  Y por su fuera poco el Código Penal, también tienen la ley reguladora del derecho de reunión y de manifestación.

 

Ustedes saben perfectamente que la mayoría de los ciudadanos que se manifiestan, no cometen delitos y que lo que pretenden es expresar su malestar o insatisfacción por la gestión de gobierno, por la corrupción política, o por los recortes sociales. Y como esto no entra en ámbito coercitivo de la legislación penal, pretenden acabar con esas protestas sociales imponiendo estratosféricas y disuasorias sanciones económicas en vía administrativa, sabiendo que el ciudadano común no va a poder defenderse contra eso, porque cualquier recurso administrativo no iba a prosperar y además, si tuvieren que llegar al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, la ley de tasas que el Sr. Gallardón impuso, iba a ser lo suficientemente disuasoria.

 

Señores del Gobierno, como dentro del Parlamento o dentro de sus partido, los ciudadanos no pueden ir a protestar,  les molesta enormemente oír  esas protestas que sólo pueden hacer en la calle y que a ustedes no les gustan nada porque esas verdades dichas a la cara, no gustan a nadie.

 

Concluyendo, si un escrache (palabrejo que se utiliza ahora para referirse a una manifestación), ya ha sido definido por el Tribunal Supremo como un "ejemplo de libertad de manifestación", por qué pretenden coartar mi libertad para que yo junto con otros afectados pueda manifestarme delante de la puerta del banquero que me engañó con las preferentes, o delante de la puerta del político imputado o condenado por prevaricación, para que devuelva al dinero que me robó a mi como contribuyente, o delante de la puerta de su partido para protestar porque me hizo unas promesas electorales y después no las cumplió.

 

Es evidente, ustedes no quieren eso y como no le gusta, legislan con un claro objetivo: "ese ciudadano protesta.. A por el...."

GALLARDON HA DADO UN PASO MAS PARA POLITIZAR LA JUSTICIA

Cuando el Partido Popular acudió a las pasadas elecciones, al considerar que el gobierno de los Jueces estaba excesivamente politizado y que tenía muchos defectos, se proponía regular el sistema para  devolver a la carrera judicial su independencia. Pues lisa y llanamente estamos ante una promesa mas incumplida por el PP.

 

Muy al contrario de ese compromiso de despolitización, el partido gobernante, con el único apoyo de su grupo parlamentario, sacó adelante la reforma del 27 de Junio por la que se establece una nueva regulación de la composición, el nombramiento y las funciones del Consejo General del Poder Judicial. Como consecuencia de esa reforma, algo tan esencial como es el funcionamiento de uno de los tres poderes del estado que ha de controlar a los otros dos, ha quedado aun mas politizado.

 

 El Sr. Gallardón ha diseñado un modelo que refuerza aun mas la politización de este órgano judicial. Y prueba de ello es lo que hemos estado viendo estos últimos días en los que de modo totalmente indecente e impúdico los dos grandes partidos PP y PSOE negociaron y se repartieron la composición del órgano de gobierno del Poder Judicial y no solamente de sus vocales. Ya es vox pópuli  quien va a presidir dicho órgano llegando al extremo  de decidir hoy qué presidente votarán esos vocales cuando en su día tomen posesión de sus cargos. Por consiguiente nos encontramos ante una mayor politización.

 

Los vocales elegidos a dedo, no van a ser convocados al Parlamento como sería preceptivo,  para que expongan sus proyectos, su capacitación jurídica y su trayectoria profesional para ser reconocidos como juristas de prestigio, sino que el partido gobernante y la oposición, tras negociar a puerta cerrada quienes van a ser los doce candidatos, irán al Parlamento para tener la convalidación de la decisión que de antemano ya tienen adoptada. Por tanto, sin duda alguna, estos vocales y quien los presida, van a actuar como meros instrumentos del partido que los ha elegido. En definitiva, serán auténticos testaferros del poder político.

 

 

Y en este escenario tan polítizado ¿qué puede pasar con los Jueces y Fiscales de a pié?.  Estoy convencido que habrá muchos jueces y fiscales que lucharán por su independencia, pero también estoy convencido que llegará un punto en el que sufrirán tantas insatisfacciones profesionales, que decidirán tirar la toalla porque sabrán que si no se alinean con el partido A o el partido B, su carrera profesional puede quedar muy limitada. Y los que no se alineen en la esfera de ningún partido, puede que se encojan de hombros, se acomoden y digan...yo me limitaré a cumplir y punto.

 

Pese a este horroroso escenario, quiero creer que muchos abnegados jueces y fiscales seguirán luchando por su independencia judicial y puedan quitarse de encima las presiones políticas.

¿JURISTA DE RECONOCIDO PRESTIGIO O POLÍTICO RECONOCIDO?

Por si quedaba alguna duda, las cosas ya están mas que claras. Montesquieu ha muerto y eso de la separación de poderes en España es una quimera. Los polítócratas y partitócratas siguen avanzando con paso firme y seguro hacia la total politización y desprofesionalización de la justicia.

 

Es lamentable que mientras la mayoría de los jueces luchan cada día en sus juzgados buscando su independencia, en el Consejo General de Poder Judicial, que es su órgano de gobierno, se están colando con el acuerdo casi unánime de todo el arco parlamentario, politócratas afines a sus respectivos partidos. Para  tratar de explicar qué digo cuando hablo de "politócratas", me voy a referir concretamente al socialista Alvaro Cuesta que acaba de ser elegido vocal del CGPJ, como jurista de reconocido prestigio,  mediante el pacto político alcanzado entre PP, PSOE, CiU, PNV, IU y UPN.

 

Coincidí con Alvaro en la Facultad de Derecho de Oviedo, donde ambos nos licenciamos. Ya en aquellos tiempos era miembro activo del PSOE y junto con su compañera de aquella época a la que llamábamos La Pasionaria, como representante de los estudiantes promovía asambleas y manifestaciones. Finalizados sus estudios universitarios entró directamente en la política activa y se integró en el Comité Federal de los socialistas asturianos. Entre 1978 y 1979 fue secretario de Agricultura de la preautonomía asturiana.  Concurrió a las elecciones generales de 1982 y fue Diputado por Asturias durante casi treinta años (1982 a 2011). En el interín también fue concejal del Ayuntamiento de Oviedo y candidato a la alcaldía en 1995. A lo largo de su extensa vida parlamentaria presidió diferentes Comisiones, fue portavoz en las Comisiones de justicia e interior, Secretario General adjunto del Grupo Parlamentario, etc.etc.

Por tanto, si desde la propia facultad de Derecho estuvo dedicado a la política y si además estuvo treinta años ocupado en sus actividades como Diputado, ocupando cargos parlamentarios relevantes, ¿Cuándo se dedicó a ser jurista?. Porque la Ley de Incompatibilidades es clara desde que dispone que diputados y senadores ejercerán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva. Es decir, si estuvo dedicado con exclusividad a la política, en modo alguno pudo ser jurista y menos aun de reconocido prestigio.

Antes de ser elegido como Vocal del CGPJ, la Federación socialista asturiana ya lo había propuesto para cubrir una vacante de Magistrado de la Sala de lo Civil que por cuarto turno había vacante en la Audiencia Provincial. Esa candidatura generó una gran polémica y quedó sin efecto. Para los legos en derecho ha de aclararse que además de los Magistrados de carrera, pueden ser nombrados Magistrados por una vía llamada del "cuarto turno" regulada en el artículo 313 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  Esta vacante se proveerá por concurso entre juristas de reconocida competencia y con mas de diez años de ejercicio profesional y que además superen el curso de formación que hay establecido. En este concurso los méritos a valorar son: Título de Doctor, años de ejercicio en la Abogacía o como catedrático y profesor de disciplinas jurídicas, publicaciones científico jurídicas, cursos de especialización jurídica o haber aprobado alguno de los ejercicios de la carrera judicial.

El Sr. Cuesta por su reconocida actividad parlamentaria durante treinta años y con su consiguiente incompatibilidad para realizar otras actividades, en modo alguno pudo ser jurista durante diez años y menos aun, jurista de reconocido prestigio, condiciones estas exigibles para entrar en la carrera judicial por el cuarto turno. Pues hete aquí que los partidos políticos se ponen de acuerdo, se reparten entre ellos el pastel, y "cuelan" como vocal del CJPJ a un político reconocido y no a un jurista de reconocido prestigio.

En resumen, un politócrata reconocido, sin ser jurista de reconocido prestigio, va a estar en el órgano de Gobierno de la justicia española. Y dejémoslo claro, que esto no lo digo porque el Sr. Cuesta sea militante del PSOE ya que si hubiera sido militante del PP o de otros partidos, sostendría lo mismo.. Los políticos están logrando sus objetivos. Están acabando con la separación de poderes, politizando y desprofesionalizando a la justicia.

 Sin justicia realmente independiente, no puede haber democracia

 

LA PARTITOCRACIA/POLITOCRACIA AHOGA A LOS CIUDADANOS

Acabo de leer  la última encuesta del INE sobre condiciones de vida y veo que el 21,6% de los ciudadanos españoles vive por debajo del umbral de la pobreza (tiene ingresos anuales inferiores a 7.040€). Según cálculos del Consejo General de Trabajo Social  en 2013 las peticiones de ayuda de clases medias venidas a menos, se incrementaron un 72,1%.A este escalofriante dato hay que añadir que tenemos seis millones de parados, que el 55% de los jóvenes está desempleado, que casi dos millones de esos jóvenes se han marchado a otros países en busca de oportunidades. Hay que hacer notar también, por si fuera poco, que hay mas de un millón de personas (en su mayor parte ancianos) estafados por bancos. 

 

 

Con esta realidad, la clase media cada vez mas empobrecida, está soportando sobre sus espaldas el fuerte peso de la crisis económica, achicharrada a impuestos y sufriendo sobre sus carnes fuertes recortes sociales de todo tipo (A título de ejemplo de 2011 a 2013 los presupuestos destinados a servicios sociales, se han reducido un 33,1%).

 

Y frente a esta preocupante y penosa situación ¿qué hacen nuestros políticos?. Poner todo el peso en las espaldas de los ciudadanos y de ese modo  garantizarse que ellos van a seguir manteniendo sus privilegios, sus prebendas y su red de clientelismo y de ese modo garantizan su poder. Tenemos una casta de politócratas y de partitócratas, muchos de ellos carentes de formación adecuada y con un bajo grado de ética,  que han vivido en connivencia con la gran banca y con los señores del ladrillo, y que literalmente están ahogando a los ciudadanos

 

Los partidos políticos, sindicatos y patronales,  han recibido y reciben dinero a expuertas, tanto a través de partidas presupuestarias directas como de subvenciones para fundaciones de todo tipo, cursos de formación, etc.etc. (estamos hablando de mas de 800 millones de euros en un año y además, para 2014 los presupuestos generales del Estado prevén un nuevo incremento del 28% bajo la excusa de que va a haber elecciones europeas).

 

Resulta indignante que pese a esas escandalosas cifras de dinero público, los principales partidos políticos están en quiebra técnica y pese a ello tienen una red clientelar de enchufados que supera los 145.000 militantes. Las tramas de corrupción alcanzan a todos los partidos, de todos los colores, alcanzan también a los propios sindicatos UGT y CCOO y a las patronales. Resulta indignante que por ejemplo en Asturias, los diputados se hayan subido el sueldo de modo descarado y al mismo tiempo se hayan opuesto a la reducción del número de diputados de la cámara.

 

Resulta igual de indignante que ex presidentes como Camps o Jaume Matas o Urdangarín, implicados en tramas corruptas, sigan teniendo escoltas pagados por las arcas públicas. (al Sr. Camps no lo localizó un Juzgado para declarar, porque había dado permiso a sus escoltas). Resulta indignante que se sigan manteniendo partidas presupuestarias para tener traductores de euskera, catalán y gallego, en el Senado, Cámara que de otra parte resulta totalmente inoperante y habría que eliminarla. Resulta indignante que se sigan manteniendo numerosas empresas públicas deficitarias que habría que haber cerrado ya.

 

Como es evidente, ni al gobierno anterior, ni al actual, le interesa meter mano en estos agujeros públicos tan negros, ya que si lo hicieren, inmediatamente mandarían a las colas del paro a toda su red clientelar de enchufados. Pues qué quieren que les diga, señores políticos, yo prefiero que en vez de un sueldo, pasen a cobrar las prestaciones de desempleo ya que nos ahorraríamos una buena pasta.

 

Tanto privilegio, tanta prebenda y tanto delictivo derroche, son una bofetada para el ciudadano. Señores politócratas y partitócratas, merecen que nosotros los ciudadanos los abucheemos cuando nos los encontremos por la calle, aunque claro, como son muy previsores, ya se están preparando una ley para imponer al ciudadano que haga esto, una sanción económica que puede llegar a 600.000€. Está muy claro que ustedes tienen todo previsto para seguir impunemente en sus poltronas y a los ciudadanos que les den.....Sólo cuando vuelvan a convocarse elecciones saldrán a la palestra para conseguir votos ofreciendo el oro y el moro. Pero, señores politócratas... los ciudadanos no somos tontos... No nos engañen mas que ya no cuela.

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACIDAD FRENTE A ESPIONAJE INDISCRIMINADO

En estos últimos días se está hablando en todos los medios de comunicación y en todas las tertulias radiotelevisivas, del espionaje indiscriminado que según parece ha realizado la NSA (Agencia de Seguridad Nacional estadounidense), utilizando sus sistemas de vigilancia PRISM.  Se habla incluso de la colaboración que entre otros estados ha prestado España. Con gran cinismo,  la Canciller Merkel protesta, el gobierno americano calla y el Sr. Rajoy echa balones fuera.

Para poder situarnos en el problema conviene empezar diciendo que además del sistema PRISM americano, hay un sistema ECHELON que funciona a escala mundial gracias a la cooperación de distintos Estados (el Reino Unido, los Estados Unidos, el Canadá, Australia y Nueva Zelanda). Nosotros, en España, desde 2004 tenemos implantado un primo hermano del PRISM americano. Es el sistema SITEL para interceptar las telecomunicaciones,   que empezó a desarrollarse en 2001 tras el atentado de las Torres Gemelas, cuando la colaboración entre el presidente americano Bush y nuestro presidente Aznar, era muy estrecha. De este sistema propio se habló mucho hace varios años. De hecho yo en 2009 escribí dos artículos que tuvieron bastante trascendencia mediática y en los que ponía de manifiesto las insuficientes garantías jurídicas que tenía el sistema. Pero, después, tras varios rifirrafes políticos, SITEL cayó en el olvido.

Nadie discute las grandes ventajas de un sistema informático que permite la eficaz persecución de la delincuencia organizada, pero que por el contrario se discuten las insuficientes garantías jurídicas y técnicas tanto para preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del adecuado control judicial, como para garantizar la destrucción de datos no necesarios para un Tribunal, la exactitud de los archivos que se pongan a disposición judicial, y a la seguridad en la custodia y funcionamiento del sistema que debería de estar asignado a un órgano del Estado y no a una empresa externa."

 

Por principio de buena fe, puedo entender que la Policía y la Guardia Civil hagan un uso profesional del sistema, e investiguen bajo el preceptivo control judicial.  Pero ¿qué pasa cuando el sistema es utilizado por el CNI?. Cuando el sistema lo utiliza el CNI (Centro Nacional de Inteligencia)  ya no estamos hablando de persecución de la delincuencia mediante control judicial. Estamos hablando de los servicios de inteligencia del estado y a esto, lisa y llanamente se le llama  "espionaje". El CNI usado no para perseguir la delincuencia, sino para   prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones,  como todo el mundo puede entender, va a quedar fuera del control judicial y esta carta blanca lógicamente, va a permitir el control indiscriminado de cualquier ciudadano.

 

Ahora que están tan de moda los avisos legales para la implantación de cokies en nuestros ordenadores, ¿alguien puede creer que los agentes del CNI no nos van a instalar uno de esos cokies en remoto y tras esto vigilarnos las 24 horas del día?. Frente a esta poderosa herramienta tecnológica para interceptar las telecomunicaciones, con sus carencias legales al no estar regulada por una Ley Orgánica, la privacidad de los ciudadanos está en peligro.

 

Y no voy a ser yo el que denuncia el gran riesgo para nuestra privacidad por el uso de estos sistemas de espionaje.  Lo ha hecho la Sra Pillay, Alta Comisionada para los Derechos humanos cuando en su discurso de apertura, el pasado 9 de Septiembre dijo:  Se deben de adoptar leyes y políticas destinadas a la prevención de la intrusión en la vida privada de las personas, la cual se ha convertido en una realidad a causa de las nuevas tecnologías de comunicación. "Los avances tecnológicos han sido una poderosa herramienta para la democracia, dando acceso a todos a participar en la sociedad, pero el uso cada vez mas frecuente de la minería de datos por parte de los organismos de inteligencia, desdibuja las líneas entre la vigilancia legítima y la vigilancia masiva y arbitraria".´

 

En la misma línea, el Relator Especial de la ONU, Frank LaRue, en su último informe para el Consejo de Derechos Humanos,  habló de la relación directa que existe entre la vigilancia (espionaje) del estado y la privacidad y libertad de expresión de los ciudadanos. Dijo concretamente: " Antes, la vigilancia se llevaba a cabo con objetivos específicos, pero internet ha cambiado el contexto y proporciona la posibilidad de efectuar vigilancias masivas. Este es el peligro. "El derecho a la privacidad es con frecuencia entendido como un requisito esencial para la realización del derecho a la libertad de expresión. La interferencia indebida en la privacidad de los individuos puede de manera directa e indirecta limitar el libre desarrollo y el intercambio de ideas...La infracción de un derecho puede ser la causa y consecuencia de la violación de otro derecho."

 

Al hilo de todo esto, la pregunta es: ¿Prevalece mi derecho constitucional a la privacidad, frente a los intereses ocultos del estado para realizar espionajes indiscriminados?. Mi respuesta es no. Sin privacidad no hay libertad y sin libertad no hay sociedad. Por tanto no nos callemos, no aceptemos estoicamente el espionaje del estado como algo necesario para el funcionamiento del sistema, luchemos y persigamos nuestro derecho constitucional a la privacidad. El estado somos nosotros, los ciudadanos y por ello nuestro derecho constitucional ha de estar por encima de todo.