En estos últimos días se está hablando en todos los medios de comunicación y en todas las tertulias radiotelevisivas, del espionaje indiscriminado que según parece ha realizado la NSA (Agencia de Seguridad Nacional estadounidense), utilizando sus sistemas de vigilancia PRISM. Se habla incluso de la colaboración que entre otros estados ha prestado España. Con gran cinismo, la Canciller Merkel protesta, el gobierno americano calla y el Sr. Rajoy echa balones fuera.Para poder situarnos en el problema conviene empezar diciendo que además del sistema PRISM americano, hay un sistema ECHELON que funciona a escala mundial gracias a la cooperación de distintos Estados (el Reino Unido, los Estados Unidos, el Canadá, Australia y Nueva Zelanda). Nosotros, en España, desde 2004 tenemos implantado un primo hermano del PRISM americano. Es el sistema SITEL para interceptar las telecomunicaciones, que empezó a desarrollarse en 2001 tras el atentado de las Torres Gemelas, cuando la colaboración entre el presidente americano Bush y nuestro presidente Aznar, era muy estrecha. De este sistema propio se habló mucho hace varios años. De hecho yo en 2009 escribí dos artículos que tuvieron bastante trascendencia mediática y en los que ponía de manifiesto las insuficientes garantías jurídicas que tenía el sistema. Pero, después, tras varios rifirrafes políticos, SITEL cayó en el olvido.
Nadie discute las grandes ventajas de un sistema informático que permite la eficaz persecución de la delincuencia organizada, pero que por el contrario se discuten las insuficientes garantías jurídicas y técnicas tanto para preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del adecuado control judicial, como para garantizar la destrucción de datos no necesarios para un Tribunal, la exactitud de los archivos que se pongan a disposición judicial, y a la seguridad en la custodia y funcionamiento del sistema que debería de estar asignado a un órgano del Estado y no a una empresa externa."
Por principio de buena fe, puedo entender que la Policía y la Guardia Civil hagan un uso profesional del sistema, e investiguen bajo el preceptivo control judicial. Pero ¿qué pasa cuando el sistema es utilizado por el CNI?. Cuando el sistema lo utiliza el CNI (Centro Nacional de Inteligencia) ya no estamos hablando de persecución de la delincuencia mediante control judicial. Estamos hablando de los servicios de inteligencia del estado y a esto, lisa y llanamente se le llama "espionaje". El CNI usado no para perseguir la delincuencia, sino para prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones, como todo el mundo puede entender, va a quedar fuera del control judicial y esta carta blanca lógicamente, va a permitir el control indiscriminado de cualquier ciudadano.
Ahora que están tan de moda los avisos legales para la implantación de cokies en nuestros ordenadores, ¿alguien puede creer que los agentes del CNI no nos van a instalar uno de esos cokies en remoto y tras esto vigilarnos las 24 horas del día?. Frente a esta poderosa herramienta tecnológica para interceptar las telecomunicaciones, con sus carencias legales al no estar regulada por una Ley Orgánica, la privacidad de los ciudadanos está en peligro.
Y no voy a ser yo el que denuncia el gran riesgo para nuestra privacidad por el uso de estos sistemas de espionaje. Lo ha hecho la Sra Pillay, Alta Comisionada para los Derechos humanos cuando en su discurso de apertura, el pasado 9 de Septiembre dijo: Se deben de adoptar leyes y políticas destinadas a la prevención de la intrusión en la vida privada de las personas, la cual se ha convertido en una realidad a causa de las nuevas tecnologías de comunicación. "Los avances tecnológicos han sido una poderosa herramienta para la democracia, dando acceso a todos a participar en la sociedad, pero el uso cada vez mas frecuente de la minería de datos por parte de los organismos de inteligencia, desdibuja las líneas entre la vigilancia legítima y la vigilancia masiva y arbitraria".´
En la misma línea, el Relator Especial de la ONU, Frank LaRue, en su último informe para el Consejo de Derechos Humanos, habló de la relación directa que existe entre la vigilancia (espionaje) del estado y la privacidad y libertad de expresión de los ciudadanos. Dijo concretamente: " Antes, la vigilancia se llevaba a cabo con objetivos específicos, pero internet ha cambiado el contexto y proporciona la posibilidad de efectuar vigilancias masivas. Este es el peligro. "El derecho a la privacidad es con frecuencia entendido como un requisito esencial para la realización del derecho a la libertad de expresión. La interferencia indebida en la privacidad de los individuos puede de manera directa e indirecta limitar el libre desarrollo y el intercambio de ideas...La infracción de un derecho puede ser la causa y consecuencia de la violación de otro derecho."
Al hilo de todo esto, la pregunta es: ¿Prevalece mi derecho constitucional a la privacidad, frente a los intereses ocultos del estado para realizar espionajes indiscriminados?. Mi respuesta es no. Sin privacidad no hay libertad y sin libertad no hay sociedad. Por tanto no nos callemos, no aceptemos estoicamente el espionaje del estado como algo necesario para el funcionamiento del sistema, luchemos y persigamos nuestro derecho constitucional a la privacidad. El estado somos nosotros, los ciudadanos y por ello nuestro derecho constitucional ha de estar por encima de todo.
