EL CIERRE DE GOOGLE NEWS

Hoy Google acaba de comunicar que, como consecuencia de la nueva Ley española de Propiedad Intelectual, el próximo día 16 de Diciembre (antes de la entrada en vigor de la Ley, que se producirá en Enero) procederá al cierre de Google Noticias en España. Argumenta para el cierre, que la nueva legislación obliga a cualquier publicación española a cobrar una remuneración, quiera o no, y dado que el servicio de noticias de Google no genera ingresos, el nuevo enfoque de la ley, que obliga a pagar por mostrar hasta el más mínimo fragmento de una publicación, hace que el servicio sea insostenible.

De modo inmediato a esta noticia, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte lanza un comunicado diciendo que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aporta base jurídica para la negociación entre las partes (agregadores de contenidos y editores de prensa, periodistas y fotógrafos) y considera que el anuncio de Google de eliminar el servicio que presta en España, responde a una decisión empresarial, ya que próximamente se empezará el desarrollo reglamentario de la ley y lo someterá al trámite de información pública.

Ante esta situación, me asalta una duda: ¿Google News cierra porque es insostenible económicamente a causa de esta ley que introduce la llamada tasa google, o, decide cerrar porque considera que tiene otras áreas de negocio más rentables y más interesantes?

 Si leo y trato de interpretar lo que dice la Ley, llego a la conclusión, salvo opinión mejor fundada, que la compensación procederá cuando se produzca una puesta a disposición del público (artículo 20 de la LPI). Es decir, que un agregador de noticias como es Google, entraría de lleno en la obligación de compensar, al permitir que una determinada obra o noticia de prensa, se ponga a disposición del público en general. Cualquier ciudadano, mediante un simple clik en el enlace proporcionado por Google, accedería directamente al contenido de un determinado diario, por ejemplo.

 La cuestión o la pregunta que cabría hacerse es: Ese ciudadano que ha hecho click en el agregador de Google, accede a una noticia que igualmente podría acceder a ella entrando directamente en la web del periódico digital que la edita. Y esta cuestión no es baladí, porque si se accede a la noticia por el conducto del agregador, Google tendría que pagar compensación y en cambio, si se accede a la noticia de modo directo, no habría tasa alguna. Dicho de otro modo, la noticia es la misma y cualquier ciudadano puede acceder libremente a ella, pero según la vía de acceso elegida, procedería o no procedería compensación. En esta línea el Tribunal de Justicia de la UE, ya se ha pronunciado en una sentencia concluyendo que “cuando una noticia se encuentre disponible gratuitamente para todos los usuarios en otro sitio web, con el permiso de los titulares de los derechos de autor, no se produce comunicación pública y por tanto no procede reclamar compensación alguna.

Probablemente, por este aparente contrasentido, es por lo que el Ministerio lanza hoy un comunicado invitando a negociar de cara a la redacción del Reglamento. Y probablemente también Google lanza la noticia de que se va, en vez de esperar a unas posibles negociaciones, quizá para forzar posiciones. Google vino sosteniendo que los editores vieron cómo se reducía la distribución de sus periódicos impresos y que internet cambió todo esto creando enormes oportunidades para los editores, pero también importantes desafíos al aumentar la competencia por el interés de los lectores y los ingresos publicitarios.

El gigante Google tiene una potente maquinaria jurídica para recurrir a los Tribunales y anular las obligaciones de compensación, que le pudieren ser impuestas y a mi juicio, dadas las enormes carencias de la ley, que probablemente tendrán que ser resueltas por el reglamento futuro, tendría un alto grado de posibilidades de que su reclamación en vía judicial, prosperara.  A la vista de la ley y de la jurisprudencia existente, cualquier letrado sabe que cuando Google enlaza, no hay un acto de comunicación pública susceptible de compensación económica. A todas luces, en la redacción reglamentaria esto quedará claramente definido.

Llego por lo tanto a la conclusión que Google anuncia que se va, probablemente con dos objetivos: Uno que decide ir a explorar otras líneas de negocio más productivas o rentables. Otro, presionar al gobierno con este acto de fuerza para obligarlo a que en vía reglamentaria enmiende o clarifique el asunto de la llamada tasa Google. Veremos las consecuencias y los resultados en el futuro.