LEGALIDAD DE LA PROSTITUCION

LEGALIDAD DE LA PROSTITUCION

En estos últimos días, salió a los medios de comunicación la Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, diciendo que en la Dirección General de Trabajo le habían metido un gol, al haber aprobado el sindicado denominado Organización de Trabajadoras Sexuales. Añadió que su gobierno es feminista y partidario de la abolición de la prostitución. La Directora General de Trabajo que había firmado la resolución aprobatoria, aun cuando se trataba de un “acto administrativo reglado” en el que se tuvieron en cuenta las formalidades legales, se vio obligada a presentar su dimisión, acusada de haber utilizado sólo criterios jurídicos y no políticos.

Lo que sale a relucir en este incidente, es el tratamiento jurídico que debería de darse a la prostitución, algo complejo que provoca situaciones legales distintas, como por ejemplo Alemania que la regula y la admite, otros países que como es el caso de España, que ni está regulada ni tampoco prohibida, u otros como Suecia que la castigan.

Es cierto que alguien, políticamente, pueda rasgarse las vestiduras porque un grupo de prostitutas quiera inscribir su sindicado en los registros oficiales, pero lo cierto es que, guste o no guste, la prostitución existe, está ahí, hasta el extremo de que siempre se ha dicho, que es la profesión más antigua del mundo. Pero no sólo es eso, es que estamos ignorando qué en España, ya es reiterada la jurisprudencia que, en el ámbito laboral e incluso penal, está legalizando la prostitución, desde el mismo momento en que se reconoce, que existe una relación de trabajo entre la prostituta y el prostíbulo que la contrata. Toda esta corriente jurisprudencial permite sostener que la prostitución consentida, es totalmente legal.

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo  de 14 de Abril de 2009, dio un importante paso cualitativo en favor del reconocimiento de la legalidad de la prostitución por cuenta ajena, al afirmar que <> 

En esta misma línea, es muy significativa una sentencia del Juzgado Social nº 10 de Barcelona  en la que se declara que existe relación laboral en la prestación de servicios de prostitución, por cuenta de una empresa demandada. Quedó probado que, en la prestación de esos servicios de prostitución, no había ningún instrumento de coacción o presión, para la realización de servicios sexuales que explícitamente se ofrecían en la página web de la empresa demandada, propietaria del centro de masajes eróticos.

Igualmente, en los dos últimos años, en los juzgados asturianos, al igual que en otros tribunales españoles, se han dictado sentencias que condenan a prisión a dueños de clubs de alterne, por un delito contra los derechos de los trabajadores, al tener trabajando en sus locales a chicas que no habían sido dadas de altas en la seguridad social. A mi juicio, estas sentencias están sacando a la luz la controversia sobre la legalización o no de la prostitución, ejercida libremente y por cuenta ajena.

Las últimas sentencias dictadas, en las que se condenan a dueños de negocios por no tener a las chicas dadas de alta en la Seguridad Social, a mi juicio, están reconociendo el fenómeno de la prostitución no forzada. Cuestión muy distinta es la prostitución forzada y la explotación sexual, que sí constituyen claras violaciones de la dignidad humana y que son contrarias a los principios de los derechos humanos. Cuando el ejercicio de la prostitución se realiza de modo libre y no forzado, existe una libertad sexual que claramente está reconocida en la libertad individual que se reconduce al derecho a la intimidad personal que recoge el artículo 18 de nuestra Constitución.

En mi opinión, todas las sentencias que se están dictando, llevan a la conclusión de que no debería de haber obstáculo legal o constitucional, para reconocer la laboralidad de los servicios de prostitución, aun desde la obligada perspectiva de género. Una cosa es el proxenetismo, que genera violencia y atenta abiertamente contra los derechos de las mujeres, y otra cosa distinta es la prostitución consentida en la que la situación de “alegalidad” que no reconocía el carácter laboral de la relación, lo que hacía era agravar enormemente la incuestionable lesión de la dignidad, la libertad y la igualdad que comporta toda relación de prostitución por cuenta ajena, para la inmensa mayoría de las mujeres que la ejercen.

En base a esto, si una mujer ejerce libremente la prostitución, sin coacción y de manera no forzada, no pueden apreciarse motivos de ilicitud penal ni de lesión de los derechos fundamentales individuales, que impidan el reconocimiento de la laboralidad. Está claro por tanto que la jurisprudencia está abriendo el camino a la controversia sobre la legalidad o no de la prostitución libremente consentida en España. Y, para terminar, esta misma jurisprudencia debería de avalar que la Dirección General de Trabajo, inscribiera el denominado Sindicato de Trabajadoras Sexuales.

PODEMOS TAMBIÉN ES CASTA

Va por delante que, en gran medida, yo comparto el diagnóstico que Podemos hace de los problemas políticos, económicos y sociales que tenemos en nuestro país. A mi juicio, el diagnóstico que hace de ese  enfermo que es España, resulta bastante correcto. También puedo estar de acuerdo con su origen, que se encuentra en el manifiesto “Mover ficha: convertir la indignación en cambio político”. En lo que estoy en total desacuerdo es en las terapias y en la medicación que quiere aplicar a ese enfermo. Y estoy aún más, en total desacuerdo con unos dirigentes que entran en el ruedo de la política, investidos de limpieza, honradez y honorabilidad, para con ello legitimar sus acusaciones a la “casta política” española, cuando en realidad se está demostrando que ellos son exactamente igual que los que llaman casta.

No ha pasado mucho tiempo para enterarnos en los medios de comunicación, que entre los dirigentes de Podemos, además de graves y preocupantes contradicciones ideológicas, empiezan a aflorar temas que huelen realmente mal. Me sorprende que por un lado, veamos unas intenciones de voto tremendamente grandes y por otro, veamos cómo se mueven a gran velocidad los casos en los que sus dirigentes están implicados en asuntos tan feos que avocan a fraudes fiscales e incluso a pura corrupción política.

En estos últimos días leemos cómo el dirigente Monedero, caracterizado por sus embestidas contra los ricos, los privilegiados y la casta política, factura 425.000€ en sólo dos meses, no paga IVA por ello, se halla metido en sus bolsillos una buena pasta, y ahora eche botes de humo por todos lados para que nadie conozca a ciencia cierta, cual es el origen de esa gran cantidad de dinero. Si el habla de transparencia, por qué no justifica documentalmente eso que dice de que esas cantidades se las pagaron varios países (qué casualidad, todos en el plazo de dos meses) y entre ellos la República de Venezuela,  por un “informe sobre la moneda única bolivariana”. Yo creía que Monedero era politólogo, pero ahora descubro que tiene grandes conocimientos de macroeconomía –qué burro soy yo que habiendo pasado como pasé por la Facultad, para aprender de esta materia, sea incapaz de meterme en un tema tan profundo como este-.  Una de dos, o estos 425.000 euros cobrados son una financiación ilegal, o estamos hablando de un fraude fiscal.

También tiempo atrás, podíamos leer en los medios, cosas feas que apuntaban a delito de fraude contra la Hacienda Pública, por actuaciones del Secretario General, Pablo Iglesias, que estuvo ofreciendo los servicios de su agencia de servicios audiovisuales, Producciones con Mano Izquierda, como si fuera una empresa, cuando en realidad su estatus jurídico es el de una asociación cultural sin ánimo de lucro. Esta empresa productora realizaba programas para la TV pública iraní Hispan TV, así como documentales y spot televisivos para IU (recientemente también para Podemos). Igualmente, producía para Venezuela. En definitiva, se estuvo beneficiando de las ventajas fiscales de las asociaciones sin ánimo de lucro, cuando en realidad estaba realizando actividades claramente mercantiles. Igualmente, se habló de una serie de facturas irregulares de las de 3,7 millones de euros, sin inclusión de IVA, con lo que al igual que ocurre con Monedero, o estamos en una financiación ilegal o en un fraude fiscal. Y qué decir de los cobros en negro que recibió del Sr. Riobo y de los programas de la Tuerka. Todo dinero B y por tanto fraude fiscal. .

Además de Pablo Iglesias y Monedero, también aparece ese asunto que atufa a corrupción, de la beca de la Universidad de Málaga de la que se benefició Errejón. Todos salieron corriendo a los medios diciendo que para qué exagerar tanto, que sólo se trataba de un papel que faltaba. Vamos a ver, que no, que no se trata de un papel. Que se trata de puro tráfico de influencias o en definitiva corrupción. Que un amigo en la Universidad convoca un concurso para hacer un estudio sobre las viviendas de Andalucía, y qué casualidad, no concursa nadie salvo Errejón, al que se le adjudica. Ni aparece a hacer sus trabajos, ni cumple el horario de trabajo establecido, manda algo que ya tenía hecho antes del concurso y aquí no pasa nada.

Creo en definitiva, que en los dirigentes de Podemos, se están encarnando los mismos problemas de falta  moralidad, ética y corrupción de los que ellos acusan a los actuales dirigentes políticos. Se les llena la boca de democracia, de limpieza o de falta de valores y, como se está descubriendo, ellos llegan a la política adoleciendo de los mismos males. Sin duda son jóvenes, pero en tan poco tiempo ya han aprendido y practican todo lo que los ciudadanos reprochamos a los actuales dirigentes políticos. Así que, con esos mimbres y con tanto populismo, difícilmente podrán resolverse los problemas de España. Muy al contrario, pienso que provocarán otros problemas aún más graves. Con todo lo que los ciudadanos estamos viendo, no entiendo las razones del gran porcentaje de intención de voto que reflejan las encuestas. ¡Qué peligro para nuestra enferma democracia!

LA CREDIBILIDAD DE LOS PODERES DEL ESTADO

Tras la muerte del dictador Franco en 1975, se produjo una loable transición democrática que nos llevó en sólo tres años, a una Constitución y un Estado constitucional ejemplar. Fueron precisas grandes dosis de voluntarismo, entendimiento, pacto, compromiso, perdón y sobre todo grandes dosis de ética en los políticos. El pueblo español empezó a disfrutar de la libertad, de la honradez de los dirigentes, en definitiva de un estado democrático y moderno guiado por un Poder Legislativo asentado en las Cortes Generales, un Poder Ejecutivo encomendado al Gobierno que es fiscalizado y controlado por las Cortes como órgano supremo de la representación popular y un Poder Judicial independiente desempeñado por una organización jerárquicamente organizada.

Han pasado 36 años y con tristeza empezamos a ver que, contrariamente a una evolución positiva, hemos entrado en una gran deriva anticonstitucional y una ostensible evolución de un Estado de Derecho a un llamemos Derecho del Estado, donde la separación de poderes ya es una quimera. A la vez, se vuelve a mirar atrás, se empiezan a olvidar aquellos pactos de compromiso y perdón que nos llevaron a la Constitución y surgen nuevamente los frentismos que nos llevaron a una dramática guerra civil.

Parece como si esa confianza que teníamos en el sistema constitucional, fuere falsa, porque en otro caso no se podría entender esta involución. Hoy, en una medida u otra, los tres poderes, claramente se han corrompido. Hemos entrado en tales aberraciones que nos llevan a que resulte verdaderamente difícil tener credibilidad en nuestro sistema constitucional. A nivel de calle ya se empieza a hablar de que la Constitución es papel mojado, que los políticos son unos personajes que sólo persiguen su propio enriquecimiento y por ello son un problema, que los jueces se pelean unos con otros, que Gobierno y Oposición no pactan ni de casualidad, etc.etc.

Si analizamos el poder legislativo, nos daremos cuanta rápidamente que ya no está separado del Gobierno que, cada vez más, está gobernando a golpe de Decretos Leyes. En las bancadas del Parlamento y del Senado hay muy pocos políticos vocacionales, guiados por la ética parlamentaria. Ahora tenemos a unos diputados y senadores, profesionales de la política, que llegan a los escaños buscando un salario, una posición social cómoda y algunas otras prebendas que los hacen privilegiados frente a otros profesionales y trabajadores asalariados. Si se tiene mayoría absoluta, el partido gobernante legisla como le viene en gana. Y si no se tiene, se hacen pactos aberrantes con partidos nacionalistas o con el diablo si hace falta, y se saca adelante la legislación que el Gobierno de turno quiere. Los Parlamentarios y Senadores ya no representan al pueblo que los ha elegido. Buscan alcanzar los objetivos de sus partidos políticos y su propio beneficio personal, como se decía antes.

Si se trata del poder ejecutivo, sea central, autonómico o municipal, vemos como de modo sistemático trata de controlar al poder judicial y al legislativo, además de las organizaciones sindicales. Los dirigentes políticos nos hablan con discursos huecos, como si fuéremos tontos, ocultan o manipulan informaciones, muchos de ellos ni tan siquiera tienen la mínima cualificación intelectual, mienten, manipulan e intrigan, además de gestionar muchas veces de modo absolutamente deficiente y en muchos casos caciquil. Lo mismo pasa con los partidos de la oposición que, en vez de oposición constructiva, lo que tratan permanentemente es de descalificar al contrario. Bueno, y si hablamos de corrupción qué decir de todos los casos que han ido aflorando y que aflorarán en todo el abanico político. Los dirigentes, sin despeinarse, están instalados en ese juego de ¡has robado... y tu más!. Por ningún lado se encuentra esa ética política y ese espíritu de cortar la corrupción en sus filas.

Si hablamos del poder judicial, sólo hay que ver todas las noticias que están apareciendo en la prensa sobre Jueces, sobre el Tribunal Supremo, sobre el Consejo General del Poder Judicial. La independencia de Jueces y Fiscales hoy es una quimera en cuanto que es el Gobierno y la oposición quienes designan al Fiscal General del Estado y a los miembros del Consejo. Hoy, los miembros de la carrera judicial y fiscal no pueden ser independientes. Presiones de todo tipo hacen que sus decisiones se inclinen a un lado o a otro, habida cuenta de que la interpretación de la ley no es algo matemático y que está sujeta a interpretaciones. Y si nos fijamos en la actual organización judicial, con unos métodos y procedimientos obsoletos, pensar en una tutela judicial efectiva puede ser una quimera.

Aun con este desolador panorama, quiero ser optimista. Confío en que estaremos pasando el Rubicón y que nuestro sistema constitucional se volverá a regenerar, que volvamos a tener políticos no profesionales guiados sólo por la ética parlamentaria, gobernantes que gobiernen para los ciudadanos y no para sus partidos políticos o intereses personales, y una administración de justicia absolutamente independiente. Creo que la Constitución sigue siendo válida, podrán introducirse algunas reformas, pero en conjunto es buena y también creo que una centralización administrativa es absolutamente necesaria. Espero impacientemente a esa necesaria regeneración democrática que probablemente empezará a producirse tras las próximas elecciones municipales y autonómicas, con la entrada en las instituciones de nuevos partidos emergentes como es Ciudadanos, que llegan sin lastres anteriores y con programas regeneradores, creíbles y posibilistas.

LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

Acabo de recibir una carta del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la que me comunica que con efecto 1 de Enero, mi pensión va a ser incrementada en un 0,25%. La leí con resignación al acordarme que a final del año pasado, en una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había admitido que ese 0,25% es un alza modesta, pero que va a tener un mayor efecto en la capacidad de compra de los pensionistas, al coincidir con una inflación igual a O o negativa.  Me acordé igualmente de que, tiempo atrás, el Presidente también había dicho que en el tema de las pensiones, el Gobierno hace lo que puede.

Ese 0,25% que se está aplicando por segundo año consecutivo, es un índice de revalorización de las pensiones que teóricamente tiene como objetivo contribuir a conseguir la estabilidad financiera de las pensiones, a medio y largo plazo. Y probablemente se seguirá aplicando en años futuros ya que, según sostiene la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF), el sistema de pensiones estará en déficit al menos hasta 2020.

Lo cierto es que, incumpliendo sus promesas electorales y después de haber negado de modo reiterado que no iba a tocar las pensiones, el Sr. Rajoy incumplió manifiestamente la propia legislación que en aquél momento existía para regularizar las pensiones y privó a los pensionistas de su adaptación al incremento del IPC que legalmente les correspondía. No me sorprende esto porque ya estoy acostumbrado a que el Presidente del Gobierno diga una cosa para hacer justamente la contraria. Dice reiteradamente que las medidas de pensiones son “difíciles y dolorosas" o que "no hacemos lo que nos gusta sino lo que podemos" o "que el objetivo es equilibrar el presupuesto". En resumen justificaciones, justificaciones y más justificaciones.

Pero, en realidad ¿el Gobierno está haciendo verdaderamente lo que puede?.. Pues yo digo categóricamente que no. Sólo ha metido  la tijera en pensionistas, trabajadores y funcionarios, pero sigue resistiéndose reiteradamente en aplicar medidas en las castas políticas.

A modo de ejemplo, ha habido una iniciativa popular firmada por más de 500.000 ciudadanos (mínimo legal exigido para poder formularla), en la que se sometía al Parlamento una Proposición de Ley para eliminar las prebendas que los políticos tenían una vez acabado su mandato. Con todo el descaro del mundo el Presidente del Congreso acordó no admitir a trámite esta iniciativa, escudándose en que el artículo 72 de la Constitución, reserva a las Cámaras, de modo exclusivo, este tipo de iniciativas. Si hubiera habido voluntad política de recortar, seguro que sí se habría admitido a trámite.

Y ¿para cuándo las reducciones de empresas públicas deficitarias de lo que tanto se habló? Apenas se ha reducido un 5%. Y ¿para cuándo la supresión del Senado que no sirve de nada? Y ¿para cuándo el recorte, solapamiento de competencias, y centralización de Administraciones Autonómicas y Ayuntamientos?

Y si hablamos de carga impositiva, en vez de tantas subidas de IVA y otros impuestos, cuando de una vez por todas, va a dar órdenes para que el 80% de los efectivos de la Agencia Tributaria sean orientados a intervenir y fiscalizar las grandes fortunas y las grandes empresas, que es donde están las grandes bolsas de fraude?

No sigo poniendo más ejemplos porque me indigno aun más... Sólo decirle Sr. Rajoy que Vd. ha prometido electoralmente unas cosas y está haciendo todas las contrarias. Está actuando como un funcionario de la UE y sólo se limita a cumplir sus instrucciones y para limitarse a hacer sólo esto, nos sobran políticos en España. Funcionarios cualificados que los tenemos y muy buenos, podían gestionar sin problema todas esas instrucciones que nos llegan de Bruselas.

Ya no me vale eso de escudarse en la herencia del anterior gobierno socialista. Al igual que el Sr. Zapatero ha sido el peor de los presidentes que hemos tenido, usted se está convirtiendo en el Presidente que está incumpliendo todas sus promesas. Yo a esto lo llamo fraude político.

¿DE QUIEN ES LA MEZQUITA DE CÓRDOBA?

Cuando los políticos tienen graves problemas que no saben resolver, son grandes especialistas en confundir al ciudadano, echando botes de humo y creando otros problemas artificiales, para intentar despistar a la opinión pública. El sábado pasado, en un programa de la Sexta Noche, la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, vino a defender que la Catedral-Mezquita de Córdoba tiene que ser de titularidad pública, al considerar que no es ni legítimo, ni razonable que la Iglesia Católica la haya puesto a su nombre “por 30 euros”. Con estas manifestaciones, cualquier común televidente podría interpretar que, por un módico precio de 30 euros, la Iglesia ha comprado la Mezquita.

En el ánimo de dejar las cosas en sus correctos términos, voy a tratar de situar la cuestión, primero en el aspecto histórico y después en la óptica jurídica:

La Mezquita-Catedral de Córdoba, sin duda, es el monumento más importante de todo el Occidente islámico. Históricamente, el lugar que hoy ocupa la Mezquita-Catedral, hubo construcciones religiosas dedicadas al culto de diferentes divinidades. Bajo la dominación visigoda se construyó la basílica de San Vicente. Llega la invasión musulmana y se construye sobre su solar una primitiva mezquita, mezquita que fue evolucionando hasta representar completamente el estilo omeya de España.  Tras la reconquista, Fernando III el Santo dona la mezquita al Obispado de Córdoba. Empieza una nueva transformación de Mezquita a Catedral. Desde entonces (han transcurrido 700 años) este monumento ha ido evolucionando gestionado por la Iglesia Católica. El resultado de todo este proceso evolutivo es que en este monumento, considerado por la Unesco patrimonio de la humanidad, hay elementos constructivos visigodos, sustituidos después por la gran obra arquitectónica omeya, y completados más tarde con elementos cristianos.

Actualmente, este edificio que ha sido declarado bien de interés cultural en la categoría de monumento, que es uno de los espacios turísticos más visitados de España y que se le considera uno de los doce tesoros españoles, alberga el Cabildo Catedralicio de la Diócesis de Córdoba.

Veamos ahora los aspectos jurídicos de la titularidad de esta grandiosa obra arquitectónica: La  legislación decimonónica tenía establecido que los bienes de la Iglesia no podían inmatricularse a su nombre, pero nadie, ninguna institución, se cuestionaba si los bienes de la iglesia eran de dominio público o no. Todo el mundo entendía que, aunque no estuviesen inscritos en ningún registro, la titularidad era suya.  En 1998 se modifica la legislación de modo que, conforme al artículo 206 de la Ley Hipotecaria y el artículo 304 del reglamento de esta Ley, los obispos de la Iglesia Católica quedaban autorizados a emitir certificaciones de dominio sobre los bienes que la Iglesia considere suyos; y también por un Decreto del Gobierno, con la supresión del artículo 5 del Reglamento, esa facultad se amplió a edificios de culto, templos, ermitas y otros bienes que forman parte del patrimonio religioso.

Este artículo 206 de la Ley y 304 del Reglamento, habilitan un medio privilegiado de inmatriculación, por el que una autoridad eclesiástica –a la que se equipara como fedatario público-  puede expedir la certificación de dominio acreditando que el bien que se pretende registrar es propiedad de la Iglesia, todo ello mediante un procedimiento extraordinario que no requiere información pública, ni notaría, ni publicación de edictos y con un coste de tramitación que oscila entre los 25 y los 30 euros. Desde entonces se permite que los bienes que ya eran de la Iglesia, puedan ser inscritos a su nombre en el Registro de la Propiedad. Se pretendía entonces que la realidad jurídica de la propiedad, coincidiese con la realidad registral. Esta reforma legislativa daba un plazo de diez años para que cualquier institución pudiera reclamar la titularidad. Pasado ese plazo sin controversia, la propiedad quedaba adjudicada de modo definitivo a la Iglesia.

Tras estos razonamientos, me parece por tanto, que las pretensiones de la Presidenta andaluza de atribuir al dominio público algo que durante más de 700 años siempre perteneció a la Iglesia,  carecen del más absoluto rigor, tanto histórico como jurídico. No alcanzo a entender por qué quiere sacar ahora este debate sobre la Mezquita-Catedral.  De otra parte, si lo saca, este debate también tendría que extenderlo a todas las Catedrales, Mezquitas, Iglesias, Capillas, Tempos o Ermitas que tenemos en todo el territorio español.  Una cosa es que esa bella mezquita sea Patrimonio de la Humanidad, y otra cosa muy distinta es que la Junta de Andalucía pretenda que eso sea patrimonio suyo.

Sacando este ridículo debate ahora, apoyándolo además en que la Iglesia no paga IBI u otros tributos, está olvidando que la Iglesia Católica no paga esos impuestos, en virtud de los acuerdos firmados por todos los gobiernos democráticos con el Estado del Vaticano y que entre estos gobiernos fue ratificado concretamente por el Gobierno del Sr. Zapatero.  Y lo que me más me preocupa de esta discusión es que, con todos los problemas yihadistas que tenemos, quizá estemos provocando y abriendo una brecha para que ese mundo yihaidista reivindique como suyo ese Al Andalus soñado. Mejor es que dejemos esto quieto.

NO HAY DERECHO A QUE ME ESPIEN

La utilización de SITEL sin suficientes garantías jurídicas y ahora, las reformas legales que plantea el Gobierno, nos colocan en las antípodas de un sistema verdaderamente democrático

SITEL (Sistema integral de interceptación de las comunicaciones) es un poderoso sistema informático que permite la interceptación sin límite, de todas las telecomunicaciones que tienen lugar en España, y que es utilizado conjuntamente por las Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil, así como por el CNI (Centro Nacional de Inteligencia). Además de interceptar las comunicaciones, permite recoger, sin autorización judicial previa, un paquete de datos conocido como “información asociada a la comunicación”. Tiene dos centros de monitorización y un entramado de redes asociadas y terminales remotos situados en las Comisarías de Policía, Comandancias de la Guardia Civil y dependencias del CNI.

Aun cuando se disponía de este avanzado sistema informático de detección, el gobierno de Aznar, al analizar los informes de los Ministerios de Justicia y de Defensa, y del Consejo General del Poder Judicial, que denunciaban importantes problemas de cobertura legal, decidió no ponerlo en funcionamiento, en cuanto que afectaba directamente al “secreto de las comunicaciones” y a que, además, la información asociada que recogía el sistema, podía afectar tanto a la intimidad personal como a la protección de datos de carácter personal. Nadie discutía en aquél momento la bondad de una tecnología que permitía perseguir la delincuencia organizada, de modo eficaz, pero por el contrario se discutían las insuficientes garantías jurídicas y técnicas tanto para preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del adecuado control judicial, como para garantizar la destrucción de datos no necesarios para un Tribunal, la exactitud de los archivos que se pongan a disposición judicial, y a la seguridad en la custodia y funcionamiento del sistema que debería de estar asignado a un órgano del Estado y no a una empresa externa.

En Marzo de 2004, el Gobierno de Zapatero entendió que “Los avances tecnológicos deben servir para mejorar la eficacia en la actuación de todos los agentes de la Administración en sus múltiples parcelas, desde la información y la inteligencia hasta el diseño y ejecución operativos” y en base a ello, sin dar la adecuada cobertura legal, decide poner en pruebas a SITEL y lo mantiene así hasta diciembre de ese año, que es cuando entra oficialmente en servicio. Llegados ya a esta última legislatura, vuelve a gobernar el PP y Rajoy decide mantener el sistema activo.

 Pero no termina aquí la cosa en cuanto a la insuficiencia de garantías jurídicas de las interceptaciones. El actual gobierno, decide apretar más la tuerca de los derechos fundamentales y saca adelante el proyecto para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta reforma, de ser aprobada, volverá a poner en peligro el derecho al secreto de las comunicaciones,  que reconoce el artículo 18.3 de nuestra Constitución y que impide su interceptación, salvo que exista una previa autorización judicial. Este proyecto abre ostensiblemente el abanico de investigaciones o interceptaciones y lo amplia a los delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente. Y además, mete en un cajón de sastre a “otros delitos que en virtud de las circunstancias del caso puedan ser considerados de especial gravedad y existan razones fundadas que hagan imprescindible la intervención de las comunicaciones”.

¿qué pasará si prospera esta ampliación de supuestos? Pues lisa y llanamente que el legislador, a través de esta reforma, conculcaría los derechos a los que los ciudadanos somos acreedores constitucionalmente, forzando al texto constitucional a decir lo que en realidad no dice e introduciendo nuevos supuestos que la Constitución no recoge.

En efecto, constitucionalmente hablando, la intervención de las comunicaciones sin previa autorización judicial, ha de tener un carácter extraordinario, habida cuenta de que se trata de suspender el derecho fundamental de un ciudadano. Por ello, esta suspensión extraordinaria expresamente queda limitada a los delitos de terrorismo y crimen organizado. Por tanto, el objetivo que persigue el anteproyecto de reforma es introducir una vía por la que se puedan añadir otros supuestos y genéricamente quiere introducir los delitos de especial gravedad, pero sin especificar cuáles deben de comprenderse. No es válido además, que en la regulación que se pretende establecer, las autoridades gubernativas adopten medidas de interceptación y después de tomadas, las comuniquen al juez en el plazo de máximo de 24 horas. Lo correcto jurídicamente es que primero se solicite al juez la intervención de las comunicaciones y que, una vez obtenida esta autorización, se lleve a efecto. En esta línea ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1987. En resumen, que la intervención de las comunicaciones sin orden judicial previa, sólo es posible para los casos excepcionales previstos por la Constitución, pero no para los que ahora pretender introducir el anteproyecto.

Es evidente que esta reforma, lo que pretende, es introducir un control administrativo preventivo del derecho al secreto de las comunicaciones, legitimando al Ministerio del Interior y a sus órganos, a que realicen interceptaciones de comunicaciones y escuchas, sin ningún control judicial previo, habida cuenta que lo que resulta es que ese control judicial va a ser solicitado a posteriori.

Por ello, la utilización de SITEL sin suficientes garantías jurídicas y ahora, las reformas legales que plantea el Gobierno, nos colocan en las antípodas de un sistema verdaderamente democrático.  En definitiva, un derecho constitucional tan trascendental, cual es el derecho que tenemos los ciudadanos a que nuestras comunicaciones no sean interceptadas por nadie, va a ser vulnerado por el propio Estado, que pretende adquirir el derecho, dicho coloquialmente, a espiar a sus ciudadanos.  No olvidemos que el poderoso sistema SITEL puede espiar no sólo los teléfonos convencionales, si no todo tipo de comunicaciones electrónicas, redes sociales, ubicación física del ciudadano mediante sistemas GPS, etc. Tiene que quedar muy claro que la Constitución no solo pretende garantizar la intimidad de las personas, sino algo tan importante como es la inviolabilidad de sus comunicaciones de todo tipo, comunicaciones que forman para de su exclusiva esfera privada.

Para terminar, lo que un Estado democrático tiene que garantizar a los ciudadanos, es que no van a ser espiados, salvo en los casos excepcionales que fija la Constitución. Y que, siempre, en todo caso, será un Juez y sólo el, quien dará expresamente la autorización para interceptar comunicaciones del tipo que sean (espiar). No acepto por tanto que ni este Gobierno ni ningún otro, tenga la facultad administrativa de espiarme, sin ningún control judicial.

CARGO PÚBLICO O CARGA PÚBLICA

Primero empezó el lehendakari Ibarretxe con eso de los vascos y las vascas, después siguió la ministra Bibiana Aído con lo de los miembros y las miembras y ahora nos encontramos ya con todos los políticos y muchos periodistas utilizando de modo insistente los dos géneros: ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas, usuarios y usuarias, etc.

Vamos a ver, yo no soy  ningún experto lingüista,  ni tan siquiera un buen conocedor de la gramática española. Tengo 65 años y desde la escuela, pasando después por el instituto, tuve la suerte de estudiar bajo unos planes de estudio en los que se valoraba  el esfuerzo y se perseguía una formación integral. (viendo lo que veo en los modernos planes de estudio, creo que esa formación que recibíamos en aquellos tiempos era mejor que la actual). De modo concreto recuerdo que, ya en primero de bachiller, una b o una v mal puestas, o una acentuación incorrecta, implicaban una fuerte bajada de la nota de un exámen.

Ciñéndome a la gramática,  aprendí que por economía lingüística, cuando utilizamos el plural, ha de hacerse sólo en género masculino. Hoy en día, la propia Real Academia Española se manifiesta en el sentido de decir que utilizar en plural el género masculino y femenino, es un circunloquio innecesario puesto que emplear el género no marcado, es suficientemente explícito para abarcar a los individuos de uno y otro sexo. Frente al uso de “señoras y señores” o “damas y caballeros”, la RAE sostiene que puede tratarse de un tratamiento de cortesía comúnmente conocido, pero técnicamente, este tratamiento destruye la economía del lenguaje.

Parece por tanto que, una cosa es el género puramente gramatical de nuestra lengua castellana (el masculino es el género no marcado que incluye a individuos de ambos sexos)  y otra cosa distinta es el sexo de una especie. El uso del plural masculino ya tiene antecedentes latinos muy claros y variados: reges (el rey y la reina); filii (los hijos y las hijas; frates (el hermano y la hermana), etc. Y es precisamente esta confusión y también razones de tipo ideológico o sexista, la que lleva a que muchos adopten la práctica del desdoblamiento de género en sus discursos. Aducen para ello que la lengua castellana es machista al referirse en plural, sólo al género masculino, pero ignoran que ese plural genérico derivado del latin, no tiene nada que ver con la composición de nuestra sociedad y sí con la necesidad de simplificar la oratoria. Y una prueba clara de que el género no significa sexo es que, al menos que yo sepa, una mesa no tiene una vagina, al igual que un sol no tiene un pene.

Si yo ahora digo que el oso es una especie en extinción en Asturias, evidentemente me estoy refiriendo a la especie y no a los osos machos o las osas hembras. O si digo que los recortes sociales del gobierno han perjudicado a los españoles, está claro que no me estoy refiriendo sólo a los hombres por contraposición a las mujeres. O si en la calle pregunto a un amigo por sus hijos, es evidente que estoy preguntando por su hijo y su hija. Por tanto, cada vez que los políticos recurren a estos desdoblamientos, es evidente que se están apartando no ya del lenguaje gramaticalmente correcto, si no del propio lenguaje común.

Y si haciendo esas redundancias linguisticas, se quedan tan panchos y creen que son unos genios del discurso utilizando su lógica parda,  centrada en el sexo y no en el género, que me digan si cuando hablan a los vocales de una junta, van a decir señores “vocales” y señoras “vocalas”, porque entonces cuando se refieran a la “presidencia”, también tendrán que referirse al “presidencio”. Y entonces concluirán que si es una mujer será “la presidenta”, pero si es el hombre será el “presidento”. De modo similar, siguiendo su lógica basada en el sexo, en vez de “capilla ardiente” tendrían que decir “capilla ardienta”.

Señores políticos genios de la oratoria, entérense, que se dice estudiante y no estudianta; paciente y no pacienta; independiente y no independienta;  dirigente y no dirigenta; o residente y no residenta. A algunos periodistas también les diría que por el hecho de ser hombres, no son periodistos, que son periodistas.  Termino parafraseando a una profesora que dirigió una carta abierta a un grupo de personas que habían firmado un manifiesto en defensa del género y que decía: Tengo la esperanza de que esta carta llegue a esos ignorantes semovientes (no ignorantas semovientas, aunque ocupen cartas ministeriales) y hacerles ver que esos firmantes del manifiesto eran: el dentisto, el poeto, el sindicalisto, el pediatro, el pianisto, el golfisto, el arreglisto, el funambulisto, el proyectisto, el turisto, el contratisto, el paisajisto, el taxisto, el artisto, el periodisto, el taxidermisto, el telefonisto, el masajisto, el gasisto, el trompetisto, el violinisto, el maquinisto, el electricisto, el oculisto, el policío del esquino y, sobre todo, ¡el machisto!

Concluyo diciendo: No es lo mismo ser “un cargo público” que “una carga pública”  Igual estoy equivocado y pensando bien, sólo son un cargo público.