EL CONTRATO SOCIAL SE HA ROTO

Cuando yo hacía derecho hace algunos años (bueno, muchos), estudié que el contrato social, cuyo planteamiento fue concretado por Rousseau, era un pacto o acuerdo realizado por los miembros de una sociedad en el que se establecían los deberes y derechos del Estado y de sus ciudadanos. En este acuerdo, por voluntad propia, los ciudadanos admiten que existe una autoridad y que hay unas normas morales y unas leyes a las que se someten. En base a este contrato, a los ciudadanos se les conceden unos derechos, a cambio de su renuncia a la libertad total que tendrían viviendo en la naturaleza. En esta teoría, vigente hasta nuestros días, todos los ciudadanos íbamos a ser iguales ante la Ley y los poderes del estado iban a ser garantes de esta igualdad. Concretamente, el Poder Judicial iba a garantizar que este contrato se cumpliera.

Hoy en día, creo que esta teoría en la que yo creía firmemente, se ha ido al traste. El contrato social se ha roto. Por un lado tenemos a unos ricos que cada vez son más ricos. Tenemos a los llamados “mercados de capitales” que, gestionados por ricos, desestabilizan de modo sistemático las economías de los estados. Tenemos una “clase política” o “casta” como la llama Pablo Iglesias, llena de politócratas y partitócratas, que es prisionera de sus propias ambiciones personales y que se ponen en manos de los banqueros, que les proporcionan la financiación que necesitan a la vez que los hacen ricos. Esa ambiciosa “clase” o “casta” política, se adueña del poder legislativo que se pone a sus pies y legisla, no sobre lo que le interesa al pueblo, si no a sus propios intereses personales o de partido. A la vez maquina insidiosamente para poner el pie en el cuello al poder judicial, al objeto de que este pierda su independencia. 

Así, los "miembros de la “clase política ", "elite política" o “casta” ,como se les quiera llamar, hicieron que su "poder" dejara de ser un poder delegado, o compartido, donde la soberanía residiera  en el pueblo, y consiguieron que la soberanía residiera en ellos. Los Presidentes, Ministros, Alcaldes, Diputados y demás cargos elegidos en las urnas, dejaron de representar y defender los intereses de sus electores y empezaron a defender sus propios intereses personales y de partido, así como los de la banca y los mercados que los sostienen. En definitiva, secuestraron la voluntad de los electores.

 
En el otro lado tenemos a unos ciudadanos para los que eso de ser iguales ante la Ley es una pura quimera. Se les incrementan los impuestos para financiar a los ricos. Se les recortan los sueldos o las pensiones. Se les recortan los servicios sanitarios. Se les recorta la facilidad de obtener una buena educación. Se les pone una sanción monumental si los pillan a las de 120 por hora. Se les pone una sanción tremenda con su correspondiente recargo de apremio si se les olvida declarar unos pocos euritos a Hacienda. Se les quita su piso si no pueden pagar la hipoteca además de seguir teniendo la deuda pendiente. Se les recortan sus derechos sociales y en definitiva se les hace víctima de las propias Administraciones Públicas.

Y, estos pobres ciudadanos, que con todas las penurias están soportando en sus espaldas todas las cargas fiscales del Estado, están viendo cómo los políticos corruptos se van de rositas a sus casas, forrados. Están viendo cómo todos los poderosos se están cachondeando del poder judicial. Están viendo como los grandes ejecutivos de las Cajas de Ahorro que las han llevado a la ruina, se han asignado unos sueldos y unas primas archimillonarias, así como las famosas tarjetas de crédito de las que tanto hablan los medios de comunicación. Están viendo como grandes empresarios se forran cada vez más al tiempo que alardean de sus grandes yates y sus grandes fortunas. Están viendo cómo la pobreza y la miseria crece a su alrededor. Está viendo como en los países del tercer mundo la gente se muere de hambre.

Ante esta situación tan injusta, ¿quién podría hacer que el contrato social se cumpla?. Incuestionablemente la Administración de Justicia. Pero, claro, un poder judicial auténticamente independiente. Un poder judicial que haga que el contrato de cumpla y que permita que sí o sí, todos los ciudadanos seamos de verdad iguales ante la ley (hasta la casa Real). Una justicia moderna, rápida, dotada de tecnología, que dicte sentencias rápidas y vele porque estas se ejecuten de inmediato, caiga quien caiga. Pero claro, para eso tenemos que contar con un poder judicial verdaderamente independiente, sin presiones del poder ejecutivo y hoy en día, evidentemente esto no es así.

Por tanto sólo tenemos dos opciones, o tiramos a la papelera el contrato social, o  si lo queremos salvar, los ciudadanos tendremos que plantearnos salir a la calle, protestar, exigir, reivindicar que el poder judicial sea verdaderamente independiente. Si no hacemos nada la injusticia social cada vez será mayor....