EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO NO ES LA FISCALIA

Una cosa es el Fiscal General del Estado, que es nombrado directamente por el Gobierno y otra cosa muy distinta es la Fiscalía o Ministerio Fiscal,  que es un órgano constitucional integrado funcionalmente en el Poder Judicial y que tiene encomendada la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley. En definitiva es el Ministerio Público, y por tanto se debe de entender que los Fiscales han de tener independencia de criterio para perseguir una justicia imparcial.

Consecuencia de esa independencia, tras el anuncio del Fiscal General del Estado de que iba a dar instrucciones para formular querella contra los dirigentes de la Generalitat catalana por esa ilegal consulta que realizaron el 9 de Noviembre, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia catalán consideró que esa instrucción era improcedente, ya que no encontraba indicios de delito y por esa causa decidió no aceptar la orden de su superior jerárquico. Ante esta situación, el Fiscal General, al no considerar satisfactorias las razones alegadas, recurrió al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y reunió a la Junta de Fiscales de Sala que se manifestó prácticamente por unanimidad, favorable a la interposición de la querella.

Es cierto que el Fiscal General del Estado es nombrado directamente por el Gobierno y que por tanto cabría pensar, que seguía instrucciones del mismo para iniciar acciones legales contra el Sr Mas y su gobierno de la Generalitat catalana, pero, como se ha podido ver en este caso, la Fiscalía, aunque finalmente haya decidido conforme a lo que le interesaba al Gobierno, lo ha hecho de modo autónomo, basándose en los  procedimientos legales establecidos y no en criterios políticos. Es verdad que  ha habido discrepancias entre la fiscalía catalana y la Junta de Fiscales, pero eso no debe de sorprender  a nadie, ya que el derecho no es una ciencia matemática y por eso todos los días, en los Tribunales se ven sentencias que son recurridas a Tribunales superiores que las invalidan en todo o en parte. Es por eso que, para evitar indefensión por errores o defectos en las primeras instancias, los ciudadanos pueden recurrir en apelación a instancias superiores.

Lo que sí ha quedado patente en este conflicto, es que una cosa es el Fiscal General del Estado que puede dar instrucciones bajo criterios políticos y otra muy distinta es  el Ministerio Fiscal que ha de actuar bajo criterios jurídicos. Es posible y yo lo pienso así, que la Fiscalía catalana ciertamente actuó de modo correcto siguiendo su procedimiento estatutario, y mantuvo un criterio opuesto al Fiscal General, probablemente influenciada por las presiones ambientales que hay en Cataluña, que pesaron más que la lógica jurídica, lógica que sí utilizó la Junta de Fiscales que, al estar alejada de Cataluña, quizá no sintió esa presión ambiental y pudo ser más objetiva.

El resultado final es que, hoy, siguiendo el procedimiento estatutario establecido, la Fiscalía ha presentado querella contra el Sr. Mas y otros dirigentes del gobierno catalán, por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, desobediencia y obstrucción a la justicia. No hacía falta ser jurista para adivinar que todo ese montaje y ese juego trilero, para bordear e incluso saltarse directamente la legalidad, para con todo tipo de estratagemas y argucias y de modo absolutamente unilateral, llegar a esa ridícula consulta, tarde o temprano, terminaría chocando con la ley.

A mi juicio, la querella presentada hoy, ya no obedece a una voluntad política. Obedece a la autoridad jurídica, no del Fiscal General del Estado, sino del Ministerio Fiscal. Ahora le toca el turno a los jueces que, confío, en esa justicia imparcial, terminarán sentando al Sr. Mas y a los miembros de su gobierno, en el banquillo de los acusados.