No es una exageración. Lamentablemente las cosas son así. Contrariamente a estar al servicio del pueblo, las administraciones públicas se están convirtiendo en un enemigo del ciudadano, que necesita coger el escudo y defenderse de ellas como pueda, para evitar su voracidad recaudatoria.
Un día llega la Agencia Tributaria, te hace una declaración paralela y te reclama una deuda tributaria de 24,55€. Gastas tu tiempo en recopilar documentación, hacer un escrito, presentarlo en el Registro con los documentos que quieres aportar y erre que erre, la deuda tributaria es de 24,55€. Formulas recurso porque entiendes que no es conforme y la Agencia decreta: La deuda tributaria es de 24,55€ que Vd. ha de pagar en el plazo de 20 días so pena de incurrir en vía de apremio. Vas, pagas esa cantidad para que no te apliquen recargos de apremio y formulas reclamación al Tribunal Económico Administrativo. Caramba ¡¡qué bien !! el Tribunal Económico Administrativo me da la razón, estima mi pretensión, y declara que no hay deuda tributaria. Genial, todo un éxito. Pero claro, ese éxito, además de haber pagado ya los 24,55€ que me serán devueltos, me habría generado unos gastos en torno a 200€ por los honorarios que habría de pagar a un abogado. Menos mal que yo soy abogado y me ahorré esto.
Otro día llega La Administración del Principado y te dice que has de pagar 4.500€ por hacerte la acometida al colector de saneamiento de la casina de fin de semana que tienes en el pueblo. ¿como? ¡¡no puede ser!! Yo ya llevo un montón de años pagando un canon de saneamiento, destinado precisamente a que me hagan esto. He estado pagando por un servicio que no tenía. Pues nada, nueva batalla de alegaciones, recursos y tribunales para terminar resolviéndose: Sr contribuyente usted no tiene que pagar nada por esto. ¡¡coño!! pero si entre abogado y Procurador tendría que pagar 2.000E. Menos mal que yo soy abogado y me ahorré esto.
Y para rematar ahora me llega el Ayuntamiento y me pone una multa de 200€ y retirada de 4 puntos del carnet de conducir, porque me he pasado un semáforo en rojo. Ala, otra vez, alegaciones por aquí y por alla, el Ayuntamiento erre que erre y, con todo el cabreo del mundo llegas al Juzgado de lo Contencioso. Este te da la razón, ganas y se declara la sanción nula. Pero claro, he tenido que pagar 100€ de tasas judiciales que ya no me serán devueltas y además los honorarios del abogado que me llevó el asunto. Menos mal que yo soy abogado y me ahorré esto.
Esta es la cruda realidad. Si el ciudadano no quiere ser víctima de la voracidad recaudatoria de las Administraciones Públicas, está obligado a contratar a un abogado y un Procurador para que defiendan sus intereses en los Tribunales y esta decisión, en la generalidad de los casos, va a ser muchísimo mas costosa que las los dineros que la administración le pueda estar exigiendo. Como esto, económicamente hablando no es viable, agacha la cabeza, paga y punto final.
El gran problema es que como las Administraciones Públicas saben esto, se limitan a lo fácil que es decir no a los recursos y ala, a hacer caja, porque el administrado, disuadido por los costos de las tasas judiciales y de su defensa, salvo excepciones, no va a recurrir a los Tribunales para tener una tutela judicial efectiva.
No se lo que harán otros ciudadanos. Lo que sí sé es que conmigo, las Administraciones Públicas van a tener un guerrero dispuesto a pelear con espada y escudo contra sus resoluciones arbitrarias y contra su voracidad recaudatoria. Espero seguir ganando mas batallas y ojalá otros ciudadanos hagan lo mismo.
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