CORRUPCIÓN Y JUSTICIA

Frente a los insoportables niveles de corrupción que tenemos y que tras el paro, constituyen (según las últimas encuestas del CIS),  la preocupación más importante de los españoles, sale a la palestra la señora Cospedal y dice que el PP ya no puede hacer más contra la corrupción, que ellos no pueden meter a los corruptos en la cárcel.

Esta afirmación resulta indignante al igual que resulta también indignante, ver como todos los políticos manejan el “y tú más” para justificarse. Pero ninguno, en ningún momento habla de lo verdaderamente importante que es independizar y reforzar la Justicia con mayúsculas. Claro que ya sé que a ningún político le interesa una justicia imparcial, independiente y con medios, porque entonces muchos de ellos terminarían sentados en el banquillo de los acusados.

Una justicia despolitizada, imparcial, dotada de medios personales y materiales suficientes y un sistema procesal y penal moderno, son los elementos clave para luchar contra la corrupción y para regenerar nuestra maltrecha democracia. Para esto hay que pedir a todos los políticos del arco parlamentario que se pongan manos a la obra, de modo urgente, para llegar a un gran pacto de estado que lleve a una reforma integral de la Administración de Justicia.

El primer paso para alcanzar la despolitización y llegar a la imparcialidad  e independencia, es reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, de modo que todos los cargos tanto del Consejo General, como del Tribunal Supremo, o de los Tribunales Superiores de Justicia, sean elegidos por los propios jueces y no por su adscripción política a uno u otro bando, sino por su trayectoria profesional, sus capacidades y su experiencia. Lo mismo ocurre con una Fiscalía actualmente jerarquizada y dirigida por un Fiscal General del Estado elegido por el propio gobierno. Al igual que los jueces, el Fiscal General debería de ser elegido por los fiscales. Esta reforma del poder judicial debe de pasar también por una reestructuración de las actuales demarcaciones judiciales creadas en 1834 y que siguen vigentes prácticamente sin ningún cambio, así como por la flexibilización de las dotaciones y adscripción de jueces para evitar los desequilibrios que actualmente hay en las cargas de trabajo,  y que llevan por ejemplo, a que en la Audiencia Nacional, haya unos pocos magistrados soportando sobre sus espaldas todos los casos de corrupción más graves. O que sólo la juez Alaya en Andalucía, tenga que asumir ella sola, sobre sus espaldas, todo el proceso de los eres.

El segundo paso es introducir reformas legislativas de calado, como son una nueva ley de enjuiciamiento criminal  y un nuevo código penal, que permitan combatir las modernas formas de criminalidad que hoy tenemos y que no se pueden combatir con una legislación que nos viene de finales del siglo XIX.  Sin duda alguna, estas medidas legislativas y alguna otra, agilizarían los procesos complejos como los de la corrupción. Una justicia ágil y rápida es una verdadera justicia. Dentro de estas reformas de calado habría que reducir también el número de aforados. El aforamiento tiene que estar limitado sólo a los delitos cometidos en el ejercicio de un cargo.

El tercer paso es centralizar todo el sistema judicial con una única cadena de mando,  para evitar la atomización que actualmente existe. No es entendible que en este momento, haya un Ministerio de Justicia del que dependen jerárquicamente los secretarios judiciales y los fiscales, un CJPJ del que dependen los jueces, y trece comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de justicia y de las que dependen los diferentes funcionarios adscritos a los cuerpos de gestión y tramitación procesal, así como de todos los medios materiales puestos a disposición de los tribunales. Esta descentralización nos lleva a unas comunidades autónomas como por ejemplo el País Vasco, que da a la justicia unos medios materiales modernos a unos sistemas informáticos fiables o a unas dotaciones de funcionarios adecuadas, o a otras como Asturias donde las sedes judiciales están dispersas, donde muchas de ellas están ubicadas en una comunidad de vecinos, donde tienen equipos y programas informáticos obsoletos y donde a veces hasta no hay papel para las fotocopiadoras.

Por último, el cuarto paso es hacer que la Policía Judicial o ciertas unidades de la Agencia Tributaria, dependan y queden adscritas y bajo el control de jueces y fiscales, para evitar las interferencias jerárquicas del poder político. Igualmente hay que reestablecer y dotar nuevamente de competencias a los miembros de la intervención general del estado, así como a los secretarios e interventores municipales, para que puedan realizar libre y profesionalmente, sus labores de intervención y control.

En definitiva, a mi juicio, con estos cuatro pasos explicados a grandes rasgos, se podría conseguir el fortalecimiento del poder judicial, necesario para combatir la corrupción y para contribuir con ello a la regeneración democrática. Ya sé que en este momento y en la legislatura actual, no hay tiempo material para introducir estas reformas, pero, al menos, se impone que esos políticos y esos partidos acosados por la corrupción, hagan un frente común, y declaren públicamente que han llegado a un Pacto de Estado para reformar íntegramente la justicia.  Si siguen refugiándose en el cascarón y no afrontando la reforma, igual llega “Podemos” para echarlos a patadas. Y a partir de ahí, que Dios nos pille confesados.