ESTAMOS ANTE UN CLARO DETERIORO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La fragilidad de la justicia ante los ciudadanos, cada vez es mayor. Se está generando una clara pérdida de derechos constitucionales, cuales son la tutela judicial efectiva o el derecho a una justicia gratuita. Correlativamente, se está produciendo un empeoramiento en las condiciones de los abogados que prestan sus servicios en el turno de oficio y una importante degradación de los medios personales y materiales puestos al servicio de la administración de justicia.

La Ley de Tasas Judiciales, que aparta de la justicia a los ciudadanos con menos recursos, la modificación de la Demarcación y Planta Judicial, la Ley de Justicia Gratuita que va a provocar serios perjuicios para los ciudadanos, además de deteriorar un servicio público prestado por los Colegios de Abogados, la privatización del Registro Civil, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la imposición de costas en los procedimientos Contencioso-Administrativos, o la Ley de Servicios Profesionales, son reformas legislativas que van a provocar un alejamiento aun mayor de la administración de justicia para los ciudadanos, que no van a ser iguales ante la ley, por cuanto que su acceso quedará más limitado para los ciudadanos más débiles.

Además de esto, tenemos que hablar, aun a riesgo de ser injusto con muchos jueces o fiscales, de la manifiesta politización de la Justicia. Hay clara politización desde el momento en el que el Consejo General del Poder Judicial (órgano que controla el funcionamiento de los Tribunales), hay un número de jueces elegidos por los partidos políticos, en razón a su afinidad política o ideológica. Si bien es cierto que hay muchos jueces que mantienen su neutralidad política, también es cierto que en los altos puestos de la judicatura, se están colocando jueces politizados.

Se ha creado un sistema injusto que genera una sólida protección para personas que ostentan el poder político e incluso económico, de la que no gozamos todos los demás ciudadanos. Este sistema, permite que estas personas aforadas terminen con sus procesos judiciales en Tribunales, donde el Consejo General del Poder Judicial ha colocado a los Magistrados que les conviene. Es evidente que las reformas judiciales realizadas en los últimos 25 años, han sido dirigidas a conseguir una mayor politización tanto del Consejo General del Poder Judicial, como de la Fiscalía.

Por el contrario, los gobernantes tanto del PSOE como del PP, igual que han luchado y luchan para alcanzar una mayor politización del sistema,  han dejado a un lado la necesidad de modernizar la administración de justicia, dotándola de más y mejores medios tanto materiales como personales, con sistemas procesales más modernos e informatizados. Han dejado a un lado también la necesidad de valorar el curriculum de los jueces, magistrados y fiscales, no por su afinidad política o ideológica, sino por el mérito, capacidad profesional e imparcialidad a la que se hayan hecho acreedores en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Como ha dicho recientemente el Fiscal del Tribunal Supremo, Sr. Viada, en un artículo publicado en un medio de prensa nacional, “la justicia ha sido colonizada por el poder político que ha conseguido que esta aparezca revestida de la respetabilidad que confiere la intervención de unos pocos jueces y fiscales que tienen a ver de manera natural los problemas jurídicos, de la misma manera que la ven aquellos que los eligen”.

La Justicia necesita una profunda transformación. Necesita un Pacto de Estado de todos los partidos políticos para que mediante rigurosos análisis efectuados por quienes conocen en profundidad el día a día de los Tribunales, desde el Tribunal Supremo hasta el más modesto Juzgado de Paz, se dejen a un lado definitivamente todos esos parches, iniciativas absurdas carentes de rigor, se deje a un lado la injerencia política que recorta y en muchos casos impide el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucionalmente reconocido.  Ya basta de palabrería política hueca. Los políticos tienen que reconocer que así no se puede seguir, que la administración de justicia es un desastre, que los procedimientos judiciales son arcaicos, que la lentitud es exasperante, que muchos edificios judiciales se caen, que sus medios materiales son escasísimos.

A mi juicio, esa profunda transformación, que la Justicia necesita de modo urgente, ha de pasar por un Pacto de Estado entre los partidos políticos, para que, oyendo a jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, abogados, procuradores y usuarios, se inicien los procesos de reforma. Este pacto de estado ha de recoger la independencia de los jueces y del Consejo General del Poder Judicial, así como una Fiscalía autónoma y una Abogacía libre e independiente.

Para impedir el presumible agravamiento de la situación, tanto por la ineficacia de las reformas acometidas como de los proyectos en marcha, de modo inmediato, entre otras muchas cosas, como objetivo prioritario debería de derogarse la Ley de Tasas que de modo manifiesto ha establecido una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo a muchos ciudadanos el acceso a la misma. Debería de reformarse en profundidad la Ley Orgánica del Poder Judicial. Debería de adecuarse la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.  Debería de resolverse de una vez por todas el problema de las deficiencias organizativas del sistema judicial eliminando las sobrecargas de trabajo de los juzgados.  Debería por último mejorarse el servicio a los justiciables, aplicando la Carta de los Derechos de los Ciudadanos aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos el 16 de Abril de 2002.

¿Será mucho pedir?