EL CONSTITUCIONAL Y LA LEY CATALANA DE CONSULTAS

Desde la óptica estrictamente jurídica, la suspensión de la Ley Catalana de Consultas y el Decreto de Convocatoria, estaba cantada. Tras el recurso de la Abogacía del Estado, el Tribunal Constitucional ayer, se limitó a aplicar el artículo 161.2 de la Constitución y en base a la misma, suspende cuantos actos o resoluciones hayan podido dictarse así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta y vinculadas a ella. Punto final. Ha prevalecido el Estado de Derecho y por tanto no hay vuelta de hoja.

En lo que tengo muchas dudas es si además del Estado de Derecho, se ha aplicado el Estado de la Política. Y digo esto porque la extraordinaria velocidad del Tribunal Constitucional para resolver, sólo puede entenderse desde un prisma claramente político. Me sorprende que al igual que siempre se haber mantenido impasible ante urgencias políticas, ahora resuelva en sólo unas horas. Entre tanto que mantiene una lentitud exasperante en actuaciones que afectan a los ciudadanos como son la inconstitucionalidad de la ley de tasas judiciales, o la inconstitucionalidad de recortes, o los cuatro años que tardó en pronunciarse sobre el propio Estatuto de Autonomía Catalán, ahora resuelve sólo en unas horas.

Me sorprende también que la resolución del Tribunal decrete una suspensión genérica, tanto retroactiva como prospectiva. Tengo la impresión que los miembros del Tribunal han pretendido dejar un claro “aviso” a los dirigentes catalanes, al suspender no sólo la ley de consultas y el decreto de convocatoria, sino también “los actos preparatorios, vinculados y similares”. Con esta decisión el Tribunal no tiene en cuenta que cada acto administrativo tiene su tiempo y por seguridad jurídica existen mecanismos de impugnación concreta para cada uno de los actos. Creo que resumen que por razones políticas trata de cerrar las puertas a estos actos, antes incluso de que se produzcan.

Concluyo diciendo que no se precisa de amplios conocimientos jurídicos ni de dotes adivinatorias para saber que el Tribunal, en su momento estimará la inconstitucionalidad de las resoluciones catalanas que ayer ha suspendido. No obstante esto, lo que también tengo más que claro, es que la “política” ha actuado en el Gobierno del Estado, en la Generalitat catalana, en el Consejo de Estado y en el propio Tribunal Constitucional. Se ha montado un circo político que probablemente terminará su función en el momento en que se llegue a una salida negociada del conflicto creado por el Sr. Mas y estoy convencido de que esa salida será aceptada por el presidente catalán, para evitar que caiga sobre sus espaldas la estimación del recurso de inconstitucionalidad de sus resoluciones.

A mi juicio, la credibilidad del Tribunal Constitucional queda cuestionada, desde el momento que hoy se mueve a toda velocidad por razones políticas, entre tanto tarda años para resolver cuestiones estrictamente jurídicas que afectan a todos los ciudadanos.