Ayer, el Consejo de Ministros ha aprobado el polémico anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad
Ciudadana, que está siendo duramente criticado en diferentes ámbitos. En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que "es necesario, conveniente y oportuno" actualizar y mejorar el marco
jurídico que regula esta materia con el doble objetivo de garantizar las
libertades públicas y responder de manera más eficaz a nuevas conductas que
constituyen amenazas para la seguridad ciudadana. El Ministro ha subrayado que la futura ley es consecuencia de una
iniciativa despenalizadora del Gobierno, que considera que la respuesta más
apropiada a ciertos comportamientos antijurídicos y antisociales no es el Código
Penal sino sanciones administrativas.
Y yo digo, Sr Ministro, no nos engañe que no somos tontos. Usted no tiene ninguna iniciativa despenalizadora. Muy al contrario, lo que pretende es despenalizar una serie de conductas, para trasladarlas al ámbito de la sanción administrativa de modo que deje a un lado los Tribunales de Justicia para que la administración, actuando como juez y parte, sancione con cuantiosas multas, muchas cosas que le molestan. Y no me sirve que usted diga que los ciudadanos sancionados pueden recurrir al auxilio judicial, ya que previamente el Ministro Sr. Galladón se encargó de establecer unas tasas judiciales lo suficientemente disuasorias para que los ciudadanos no recurran a los Tribunales de lo Contencioso Administrativos.
Como muestra basta un botón: Si por ejemplo a mi se me extravía o roban el DNI, el carnet de conducir o el pasaporte y no lo denuncio, se me va a aplicar una sanción que puede llegar a 1.000€. Esta misma sanción se me impondrá si pierdo estos documentos tres veces en el plazo de cinco años. O sea que, cuidadín que el ser tan despistado me va a resultar muy caro. Señor Ministro, ¿por qué me va a imponer esta sanción si , cuando vaya a renovar estos documentos, además me van a aplicar unas tasas, carísimas por cierto, por la obtención del duplicado de los mismos?. ¿no son suficiente sanción esas exageradas tasas que cobran a los ciudadanos?.
Señor Ministro, mientras el actual Código Penal tiene un abanico de sanciones económicas que van desde un mínimo de 20€ hasta un máximo de 288.000€ (yo no conozco ninguna sentencia a la que se le haya aplicado esa sanción máxima) usted se descuelga con un escalado de sanciones que van de 100€ como mínimo a un máximo de 600.000. O lo que es lo mismo, usted despenaliza una serie de ilícitos penales para aplicarles la garlopa administrativa e implantar esas desmesuradas sanciones. Y cuando se apliquen, el que no esté de acuerdo que vaya al Contencioso, que pague las disuasorias tasas y que además se nombre un abogado que lo defienda.
Menos tonterías y menos falacia. Estamos ante un anteproyecto que, si sigue adelante, para nada va a garantizar mas las libertades públicas. Todo lo contrario, va hacer que el ciudadano esté aun mas indefenso frente al arbitrio y la potestad sancionadora de la administración.
Como muestra basta un botón: Si por ejemplo a mi se me extravía o roban el DNI, el carnet de conducir o el pasaporte y no lo denuncio, se me va a aplicar una sanción que puede llegar a 1.000€. Esta misma sanción se me impondrá si pierdo estos documentos tres veces en el plazo de cinco años. O sea que, cuidadín que el ser tan despistado me va a resultar muy caro. Señor Ministro, ¿por qué me va a imponer esta sanción si , cuando vaya a renovar estos documentos, además me van a aplicar unas tasas, carísimas por cierto, por la obtención del duplicado de los mismos?. ¿no son suficiente sanción esas exageradas tasas que cobran a los ciudadanos?.
Señor Ministro, mientras el actual Código Penal tiene un abanico de sanciones económicas que van desde un mínimo de 20€ hasta un máximo de 288.000€ (yo no conozco ninguna sentencia a la que se le haya aplicado esa sanción máxima) usted se descuelga con un escalado de sanciones que van de 100€ como mínimo a un máximo de 600.000. O lo que es lo mismo, usted despenaliza una serie de ilícitos penales para aplicarles la garlopa administrativa e implantar esas desmesuradas sanciones. Y cuando se apliquen, el que no esté de acuerdo que vaya al Contencioso, que pague las disuasorias tasas y que además se nombre un abogado que lo defienda.
Menos tonterías y menos falacia. Estamos ante un anteproyecto que, si sigue adelante, para nada va a garantizar mas las libertades públicas. Todo lo contrario, va hacer que el ciudadano esté aun mas indefenso frente al arbitrio y la potestad sancionadora de la administración.
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