Reiteradamente aparecen en los medios de comunicación todos los escándalos de corrupción que tenemos en nuestro país, las estafas gigantescas, los fraudes de todo tipo, el dinero que se roba a espuertas. Pero, con todo eso, son escasísimos los ladrones de guante blanco -y menos si son políticos-, que terminan condenados por sentencia firme. Las potentes maquinarias de prestigiosos despachos de abogados se ponen en marcha y consiguen que sus clientes eludan la condena. Como vulgarmente se dice, se van de rositas.
Pero ¿qué pasa cuando un pobre sin recursos económicos, hurta 8€?. Pues pasa que todo el rigor de la ley cae sobre el. El Fiscal, rigurosamente, interesa la condena del denunciado y el Juez de Instrucción correspondiente dicta una sentencia ejemplar. ¿Qué no se lo creen? ¿exagero?. Pues no. Esto es tan real como la vida misma. Voy a comentar el caso de una usuaria de la ONG Cauce donde colaboro como voluntario, para que cada uno saque sus propias conclusiones.
Soledad es una mujer, víctima de violencia de género, que trabaja a salto de mata en el servicio doméstico y que convive en un pequeño apartamento con su hija de 20 años, la pareja de esta y un bebé de seis meses. Los ingresos mensuales conjuntos de esta familia ascienden a no mas allá de 500€ y como no pueden pagar el alquiler que tienen estipulado de 300€, en este momento están en proceso de desahucio y se quedarán en la calle.
Un buen día, seguramente agobiada por su situación económica, entra en Mercadona, retira de las estanterías dos latas de conservas y una bolsita de detergente. Un vigilante que controla las cámaras de seguridad del supermercado, ve como Soledad introduce en su bolso de mano estos productos e inmediatamente, sin esperar ni tan siquiera a que pasara por las líneas de caja para ver si iba a pagar los productos o no, la intercepta en el área de la carnicería y procede a retenerla. A la llamada del vigilante acude la Policía Nacional que procede a su detención. En el atestado se hace constar que el valor de los productos hurtados, asciende a 8,87€. Se hace constar también que la detenida pidió que la dejaran pagar los productos en la caja y que la dejaran libre, pero que la encargada del supermercado no accedió ya que tenía instrucciones de sus superiores de denunciar todo para que sirviera de escarmiento.
El siguiente paso es que el Juzgado de Instrucción abre el procedimiento correspondiente, se celebra juicio oral, el Ministerio Fiscal interesa la condena de Soledad como autora responsable de una falta de hurto. Resulta condenada a la pena de un mes de multa a razón de seis euros de cuota diaria, con un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas y con la imposición de las costas del juicio. O lo que es lo mismo, como es insolvente y no puede pagar esos 180€ de multa será privada de libertad durante 15 días.
Yo no voy a cuestionar aquí al procedimiento instruido, la solicitud de condena ejercitada por el Fiscal y la sentencia dictada por el Magistrado Juez, ya que en todo esto se ha observado la mas absoluta aplicación de la legalidad vigente. Lo que cuestiono es que si esta mujer hubiere tenido recursos económicos, se habría podido pagar un abogado que la defendiera (al ser un juicio de faltas no es preceptiva la intervención de Letrado y por eso no se lo designaron de oficio), y lo mas probable es que hubiere resultado absuelta, o bien por falta de pruebas (aun no había pasado la línea de caja), o por la eximente de estado de necesidad. También me cuestiono que por un hurto de 8€ se ha puesto en marcha un procedimiento judicial que ha movilizado unos ingentes recursos tanto de la Policía Nacional como de la Administración de Justicia, que a mi juicio resultan desproporcionados.
Ya sé que alguien me puede decir hay que aleccionar a la gente y que no se pueden consentir estos pequeños hurtos. Pero yo les diría que entonces no se quejen cuando protestan porque la justicia está colapsada, porque es lenta y porque esos grandes defraudadores no son condenados. Todos los recursos que se invierten en perseguir estos pequeños hurtillos, perfectamente pueden ser resueltos por la propia Policía, porque si se trata de escarmiento y de lección ejemplar, qué mayor escarmiento que por hurtar productos por valor de 8€ es el de estar en los calabozos de la comisaría 24 horas.
Y dicho esto, concluyo como empecé con el título de este artículo: El rigor de la ley sólo se aplica a los pobres sin recursos. Qué injusta puede ser la Justicia.
Soledad es una mujer, víctima de violencia de género, que trabaja a salto de mata en el servicio doméstico y que convive en un pequeño apartamento con su hija de 20 años, la pareja de esta y un bebé de seis meses. Los ingresos mensuales conjuntos de esta familia ascienden a no mas allá de 500€ y como no pueden pagar el alquiler que tienen estipulado de 300€, en este momento están en proceso de desahucio y se quedarán en la calle.
Un buen día, seguramente agobiada por su situación económica, entra en Mercadona, retira de las estanterías dos latas de conservas y una bolsita de detergente. Un vigilante que controla las cámaras de seguridad del supermercado, ve como Soledad introduce en su bolso de mano estos productos e inmediatamente, sin esperar ni tan siquiera a que pasara por las líneas de caja para ver si iba a pagar los productos o no, la intercepta en el área de la carnicería y procede a retenerla. A la llamada del vigilante acude la Policía Nacional que procede a su detención. En el atestado se hace constar que el valor de los productos hurtados, asciende a 8,87€. Se hace constar también que la detenida pidió que la dejaran pagar los productos en la caja y que la dejaran libre, pero que la encargada del supermercado no accedió ya que tenía instrucciones de sus superiores de denunciar todo para que sirviera de escarmiento.
El siguiente paso es que el Juzgado de Instrucción abre el procedimiento correspondiente, se celebra juicio oral, el Ministerio Fiscal interesa la condena de Soledad como autora responsable de una falta de hurto. Resulta condenada a la pena de un mes de multa a razón de seis euros de cuota diaria, con un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas y con la imposición de las costas del juicio. O lo que es lo mismo, como es insolvente y no puede pagar esos 180€ de multa será privada de libertad durante 15 días.
Yo no voy a cuestionar aquí al procedimiento instruido, la solicitud de condena ejercitada por el Fiscal y la sentencia dictada por el Magistrado Juez, ya que en todo esto se ha observado la mas absoluta aplicación de la legalidad vigente. Lo que cuestiono es que si esta mujer hubiere tenido recursos económicos, se habría podido pagar un abogado que la defendiera (al ser un juicio de faltas no es preceptiva la intervención de Letrado y por eso no se lo designaron de oficio), y lo mas probable es que hubiere resultado absuelta, o bien por falta de pruebas (aun no había pasado la línea de caja), o por la eximente de estado de necesidad. También me cuestiono que por un hurto de 8€ se ha puesto en marcha un procedimiento judicial que ha movilizado unos ingentes recursos tanto de la Policía Nacional como de la Administración de Justicia, que a mi juicio resultan desproporcionados.
Ya sé que alguien me puede decir hay que aleccionar a la gente y que no se pueden consentir estos pequeños hurtos. Pero yo les diría que entonces no se quejen cuando protestan porque la justicia está colapsada, porque es lenta y porque esos grandes defraudadores no son condenados. Todos los recursos que se invierten en perseguir estos pequeños hurtillos, perfectamente pueden ser resueltos por la propia Policía, porque si se trata de escarmiento y de lección ejemplar, qué mayor escarmiento que por hurtar productos por valor de 8€ es el de estar en los calabozos de la comisaría 24 horas.
Y dicho esto, concluyo como empecé con el título de este artículo: El rigor de la ley sólo se aplica a los pobres sin recursos. Qué injusta puede ser la Justicia.
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