ALGO QUE CONVIENE RECORDAR AL SR MAS

Hoy, el Sr. Mas ha tomado posesión como Presidente de la Generalitat, y como era de esperar, en diferentes medios de comunicación siguió alardeando de su loco proyecto soberanista. Por eso, y como igual el Sr. Rajoy sigue estando muy ocupado en seguir aplicando recortes a los ciudadanos, que es lo que a el le importa, voy a tratar de sugerirle que tiene que hablar con el Sr. Mas para recordarle algunos preceptos de la Constitución Española y del Código Penal.

 

Artículo 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.   Por tanto, la soberanía catalana reside en el pueblo español y en los poderes del Estado.

 

Artículo 4.2:  Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bendera de España en los edificios púbicos y en sus actos oficiales.  Así que Sr. Mas, vaya poniéndose manos a la obra y colocando la bandera española en todos los sitios.

 

Artículo 8.1: Las Fuerzas Armadas tienen como misión.....defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Así que Sr. Mas, ándese con tonterías que le mando al ejército para que actúe.

 

Artículo 45:  Los acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas (por ejemplo País Vasco)... necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

 

Artículo 155.1: Si una Comunidad Autónoma no compliere las obligaciones que la Constitución y otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma..... podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquellas al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.  Por tanto, Sr. Mas... a cumplir y sin rechistar eh.

 

Por si fueren pocos los preceptos constitucionales, también tenemos un Código Penal que en el artículo 472 y siguientes, tipifica el delito de Rebelión.

 

Artículo 472.5: Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:

....Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

 

O incluso el artículo 506 que tipifica como delito : La autoridad que careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general será castigado con la pena de prisión....

 

Por todo ello, Sr. Rajoy, hable con el Sr. Mas y dígale que se atenga a las consecuencias,  y que si sigue adelante con su locura, será procesado, encarcelado y enviará al Ejército para que restablezca el orden constitucional, si es que alguno de sus socios pretende seguir adelante con el descabellado proyecto soberanista.

 Igualmente, de instrucciones ya al Fiscal General del Estado para que empiece a intervenir. Ya tiene material mas que suficiente en las hemerotecas para actuar tras sus reiteradas manifestaciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

LA POLITICA ESPAÑOLA ESTA ENFERMA

A mi no me sorprende nada que en Europa se resistan a mandarnos dinero para rescatarnos o que nos exijan duras condiciones para hacerlo. Yo, desde la óptica europea, mantendría esa misma posición.

 

Estamos en manos de unas desprestigiadas castas políticas, aliadas con las poderosas oligarquías financieras y económicas, cada vez mas alejadas de los ciudadanos, que están salpicadas de unos niveles de corrupción insoportables, que nos han endeudado de modo desproporcionado, que han permitido que las diecisiete comunidades autónomas funcionen sin control, como si se tratara de estados independientes y en la misma medida han permitido que la mayoría de los ayuntamientos estén materialmente en bancarrota

 

¿Cómo se ha podido permitir que haya 17 Comunidades Autónomas con todos sus órganos multiplicados por 17? ¿cómo se ha podido permitir que tengamos mas de 70 canales de televisión regionales y locales, con unas pérdidas descomunales? ¿cómo se puede permitir que haya 5.000 empresas públicas con unas pérdidas económicas inasumibles?. Para qué hablar de 17 Defensores del Pueblo o 17 servicios meteorológicos de 180 embajadas autonómicas o de tropecientos coches oficiales o de cientos de diputados autonómicos rodeados de un número aun mayor de asesores.

Ni mas ni menos que unos 130.000 millones, que representan el 12,2% del PIB, se están despilfarrando todos los años para pagar a estas castas políticas y a sus redes clientelares, salpicadas de corrupción por todos lados, rodeadas de opacidad y blindadas cuidadosamente para que no pueden ser juzgadas ante el Tribunal correspondiente. Dos tercios del gasto público provienen de las Autonomías, de las Diputaciones y de los Ayuntamientos.

 

Al menos a mi, los políticos no me pueden engañar diciéndome que hay una crisis porque los ciudadanos nos gastamos mas de lo que teníamos, o que tenemos unos salarios demasiado altos cuando se sabe que el 60% de la población activa gana menos de mil euros al mes. O que las pensiones en España son muy altas y por eso hay que congelarlas, cuando se sabe que el pensionista medio español cobra 785€, frente a la media de 1.145€ que cobran los jubilados europeos. O que trabajamos poco cuando se sabe que el trabajador medio alarga su jornada laboral unas cuantas horas todos los días.

 

En España hay mucho talento, hay capacidad empresarial, hay grandes profesionales de la ingeniería, la sanidad, la gestión,etc. En definitiva, podemos ser competitivos. Pero, entonces ¿Cuál es el problema?. A mi juicio nuestro problema no es  una crisis económica. Lo que tenemos es una crisis del sistema político. Y esto es muy importante para nuestro futuro, porque si no se desmonta este inoperante, ineficaz y corrupto sistema, la enfermedad crónica que estamos padeciendo en España, puede llegar a ser terminal.

 

Nuestro problema es un modelo de Estado regido por politócratas y partitócratas, en connivencia con los poderes financieros económicos, salpicado de corrupción por todas partes y rodeado de una inmensa red clientelar a la que se le pagan favores. Nuestro problema es un modelo de Estado donde se ha eliminado la separación de poderes y se ha hecho desaparecer la independencia del poder judicial. Nuestro problema es que tenemos a unos Diputados y a un Senado inútil, que sólo representan a los partidos que los han puesto en sus listas, pero que dan la espalda a los ciudadanos que los han votado. Nuestro problema es que los  políticos que nos gobiernan, nos llevan a que las clases trabajadoras seamos quienes pagamos los impuestos, mientras que blindan o favorecen a las grandes fortunas y a las grandes empresas para que eludan el pago de los impuestos que constitucionalmente les correspondería pagar (Con estos impuestos fiscalmente eludidos, sin ningún problema se podrían financiar las enormes partidas de la educación y la sanidad).

 

Nuestro problema es que esas Cajas de Ahorro gestionadas por políticos, con Bankia al frente, han dejado tras de sí un agujero monumental que ahora tenemos que pagar todos los ciudadanos. Y que yo sepa, aun no se ha condenado penalmente a nadie.

 

Nuestro problema es que tanto el anterior gobierno de Zapatero como ahora el de Rajoy, se han limitado a aplicar recortes sociales y a subir brutalmente los impuestos y se excusan diciendo que esto nos lo exige Europa.  Pero, sospechosamente, han mirado para otro lado cuando se trata de eliminar los ingentes e injustificados gastos de las Administraciones Públicas.  Poco a poco han ido destruyendo la pujante clase media que se había ido creando y paralelamente han favorecido la mas injusta de las distribuciones de riqueza de la OCDE.

 

Si ya no hay dinero, y no caben mas recortes sociales ni mas subidas de impuestos a las clases trabajadoras y jubilados, ¿cómo es posible que el Estado siga gastando el doble de lo que ingresa y no haga nada para adelgazar ese gran agujero de las duplicadas y triplicadas Administraciones que siguen despilfarrando porque consideran que eso de la consolidación presupuestaria y fiscal, no va con ellos?.

 

En España no sólo tenemos un serio problema de déficit presupuestario. Tenemos un grave déficit democrático y de representación de los ciudadanos. No nos merecemos ser gobernados por unas mediocres castas que no tienen ética política y menos aun, moral.

Soy optimista y estoy convencido que, aunque lentamente, estamos avanzando hacia los Estados Unidos de Europa. Se han dado pasos muy importantes en el Banco Central Europeo y también se están dando en la armonización fiscal y financiera. Cada vez mas, los órganos de gobierno y poder van a estar en Bruselas. Con esta visión de futuro, no hay lugar a duda de que en España se nos exigirá un control estricto del gasto y unas duras condiciones, porque tiene que ser así. Como consecuencia, progresivamente, desde Europa que es donde van a estar los órganos gobernantes, como no puede ser de otro modo, terminarán exigiendo a los políticos españoles una reforma de las estructuras del estado, una regeneración democrática y una verdadera participación ciudadana.

 

Si esto no llega pronto, que Dios nos pille confesados.

 

PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA COMPENSACIÓN POR COPIA PRIVADA

En Diciembre de 2011 quedó suprimido el llamado "canon digital" que gravaba los productos electrónicos y que obligaba a los compradores a pagarlo, independientemente de que se utilizaran o no para copiar materiales sujetos a los derechos de propiedad intelectual. A partir de ahí surgía la necesidad de desarrollar un procedimiento que cumpliera con la normativa comunitaria que exige la compensación por copia privada a los titulares de los derechos de autor.

 

En el Consejo de Ministros del miércoles, se aprobó el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

 

Esta es la reseña del Consejo de Ministros:

Con este Real Decreto se realiza el desarrollo reglamentario previsto en el Real Decreto Ley de 30 de diciembre de 2011, por el que se suprimía el denominado ‘canon digital’ y se cumple con la obligación que imponen la normativa comunitaria y española de establecer una regulación para abonar la compensación por copia privada a los titulares de los derechos de propiedad intelectual.
La decisión de suprimir el “canon digital” estaba motivada fundamentalmente por dos aspectos: por un lado, cumplir con las sentencias del Tribunal Superior de la Unión Europea y de la Audiencia Nacional, como la Sentencia Padawan de 2010, que exigían un mayor esfuerzo a los Estados Miembros de la Unión Europea por tener en cuenta en este pago que los dispositivos y soportes digitales no siempre son utilizados para realizar copias privadas; por otro, aportar una mayor competencia a la Administración General del Estado en cuanto al control de las cantidades recaudadas por las entidades de gestión de derechos de autor por este concepto.
Con este sistema de compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado que  se desarrolla, la repercusión en el ciudadano es progresiva y muy reducida.
El Gobierno ha considerado que los ciudadanos pueden beneficiarse, así, del límite de copia privada como contraprestación a una parte de los impuestos que satisfacen.
Procedimiento para la determinación de la cuantía de la compensación por copia privada y su distribución por modalidades
La determinación de la compensación equitativa por copia privada se basa en el perjuicio causado a los autores.
Entre los criterios objetivos para la estimación de dicho perjuicio, figuran los siguientes:

• la estimación del número de copias realizadas,
• el impacto sobre la venta de ejemplares de las obras;
• el precio medio y la vigencia de los derechos de propiedad intelectual de las obras;
• el daño mínimo;
• la aplicación de medidas tecnológicas o el diferente impacto de la vigencia del límite según el carácter digital o analógico de las reproducciones.

Estos son criterios inspirados en las previsiones de la Directiva comunitaria del 22 de mayo de 2001. En el cálculo quedan excluidas las reproducciones realizadas mediante equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos de copias privadas.
En el primer trimestre de cada año se iniciará el procedimiento de determinación de la cuantía sobre los datos del año anterior.
El Ministro de Educación, Cultura y Deporte será quien resuelva la cuantía correspondiente al ejercicio anterior y establezca su distribución entre cada una de las modalidades de reproducción afectadas por la copia privada: audio, video y libro.
Distribución de la compensación por copia privada
La cantidad asignada a cada modalidad se distribuirá entre los beneficiarios o titulares por cada una de las modalidades.
El Real Decreto prevé que sean las propias entidades de gestión concurrentes en una misma modalidad de reproducción las que acuerden la determinación de sus propios porcentajes de reparto. Para ello, deberán aportar la correspondiente documentación acreditativa con anterioridad al momento de reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago. En caso de que no lleguen a un acuerdo entre dichas entidades para determinar sus propios porcentajes, éstos podrán fijarse mediante laudo de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.
Reparto de la compensación por copia privada a los titulares beneficiarios
El Real Decreto dispone el régimen de liquidación y reparto por el que deberán regirse los titulares de derechos y las entidades de gestión.
Indica, a su vez, que las entidades de gestión deberán dedicar un 40 por 100 del importe de la compensación equitativa por copia privada a la promoción de actividades de carácter asistencial y a la realización de actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes y ejecutantes. Además, prevé expresamente que las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual han de informar a la Secretaría de Estado de Cultura respecto del reparto de las cantidades, de las cantidades abonadas y de las pendientes por abonar, así como de cualquier otra información que se las requiera.
Régimen especial para el pago correspondiente a 2012
El Reglamento aprobado por el Consejo de Ministros indica que la cuantía será fijada y abonada a ejercicio vencido, tomando como base la estimación de perjuicio causado por este concepto y siempre sobre una serie de estadísticas. Esta cantidad se determinará dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio.
Aunque la cantidad a abonar en concepto de compensación equitativa por copia privada para el año 2012 será calculada en el primer trimestre de 2013, se ha establecido una partida de 5 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 que van a permitir facilitar el tránsito del anterior sistema al actual.
Así, una vez que entre en vigor el Real Decreto aprobado el viernes, el Secretario de Estado de Cultura realizará una liquidación provisional como entrega a cuenta de la que se abonará en 2013 para compensar el límite de copia privada de 2012.

MAS LEÑA AL FUEGO DE LAS HIPOTECAS

Prácticamente todos los días, en los diferentes medios de comunicación, blogs, foros y redes sociales, se está hablando del gran problema de las ejecuciones hipotecarias (mal llamados desahucios en los medios). Muchas familias pierden sus viviendas y para colmo de los males, siguen siendo deudores de los bancos que les han concedido el préstamo.

Se buscan culpables e inmediatamente aparecen dos: Los usureros bancos y los inútiles políticos que no hacen nada para resolver el problema.  Pero ¿no hay ningún culpable mas?. Es curioso. Nadie habla del papel que los Notarios han tenido en este problema.

Por eso y por echar mas lecha al fuego, voy a introducir a los Notarios en el problema de las ejecuciones hipotecarias. Los introduzco  partiendo de la base de la honestidad y de la profesionalidad de la gran mayoría de los Notarios. El caso es que, algunos no han sido tan honestos y tan profesionales como se declara en la propia web del Consejo General del Notariado, donde se dice que el Notario da garantía de seguridad,  legalidad e independencia.

Desde mi punto de vista, los Notarios, en el gran negocio que les generó la burbuja inmobiliaria, no siempre actuaron con esa independencia, seguridad y legalidad que les era exigible. En muchos casos, su mejor cliente era un banco determinado, que recurría a sus servicios para formalizar todas las escrituras de los créditos que otorgaban a sus clientes e incluso se llegaba al extremo de que la escritura se formalizaba en la sede de las propias oficinas de la entidad financiera. -¿dónde estaba la independencia?. ¿Quién era el cliente del Notario... el prestatario o el banco?.

En ese procedimiento tan mecánico y a la vez tan rentable para el Notario, se hablaba indistintamente de "crédito" o de " préstamo con garantía hipotecaria". Las consecuencias jurídicas de un "crédito hipotecario", de un "crédito con garantía hipotecaria" o de una "hipoteca abierta", son sustancialmente diferentes, pero los Notarios no siempre alertaron de estas diferencias.

La persona que solicitaba un "crédito" de buena fe y con una ignorancia supina, firmaba cláusulas tales como "el banco queda especialmente facultado por los prestatarios para cobrar cualquier cantidad que le sea debida, con cargo a las cuentas corrientes, de crédito, de ahorro, o depósitos en efectivo, valores o títulos que tenga o, en lo sucesivo puedan tener los prestatarios, aunque sean de forma mancomunada o solidaria con terceras personas, en las oficinas de cualquier entidad bancaria y en general a compensar las cantidades que le sean debidas por cualquier otros derechos de que puedan ser titulares los prestararios, quedando desde este momento constituidos en prenda o garantía a favor del banco, hasta la total cancelación de las obligaciones que resulten del presente contrato".

U otras como "El retraso en el pago de las cantidades debidas, tanto por principal como  por intereses, gastos y honorarios, devengará un interés de demora anual del 28%"

Estos Notarios tan vinculados y tan dependientes clientelarmente de ciertos bancos, se fueron olvidando de muchas advertencias que de modo expreso tenían que haber hecho a las personas que formalizaban el préstamo  con el banco. Así por ejemplo "se olvidaban" de advertir que se trataba de un préstamo personal y que además de la garantía hipotecaria del piso que compraban, iban a responder personalmente con todos sus bienes presentes y futuros, así como los avalistas en el caso de que los hubiere.

Igualmente se olvidaban de advertir que existían unas cláusulas "techo" o "suelo". O que existía una cláusula por interés de demora "leonina o usuraria".

 

En definitiva, que como su cliente era el banco y no el ciudadano que iba a solicitar el crédito, actuaron de modo parcial, no cumplieron con sus deberes legales, no advirtieron fehacientemente a los prestatarios de las consecuencias jurídicas de lo que estaban firmando, y menos aun advirtieron de esas cláusulas que ahora, los Tribunales de Justicia están declarando nulas (cláusulas suelo, intereses usurarios, etc.).

Probablemente por esta parcialidad y por esta dejación de funciones, es por lo que el Gobierno, en la Orden EHA/2899/2011 de 28 de octubre de trasparencia y protección del cliente de servicios bancarios, trata de poner fin a estas prácticas tan perjudiciales para ese ciudadano que de buena fe e incluso atraídos por una interesada publicidad bancaria, recurrieron al auxilio de un préstamo con garantía hipotecaria.

 

CON LAS PENSIONES HACEMOS LO QUE PODEMOS

Después de haber negado de modo reiterado que no iba a tocar las pensiones, el Sr. Rajoy se descuelga ahora privando a los pensionistas de la adaptación al incremento del IPC que legalmente les correspondía.  Yo ya me lo imaginaba, porque ya estoy acostumbrado a que el Presidente del Gobierno diga una cosa para hacer justamente la contraria.

 

 Dice que es una "medida difícil y dolorosa" o que "no hacemos lo que nos gusta sino lo que podemos" o "que el objetivo es equilibrar el presupuesto". En resumen justificaciones, justificaciones y mas justificaciones.

 

Pero en realidad ¿el Gobierno está haciendo verdaderamente lo que puede?.. Pues yo digo categóricamente que no. Sólo está metiendo la tijera en trabajadores, funcionarios, jubilados, autónomos y pymes, pero sigue resistiéndose reiteradamente en aplicar medidas en las castas políticas.

 

A modo de ejemplo, recientemente ha habido una iniciativa popular firmada por mas de 500.000 ciudadanos (mínimo legal exigido para poder formularla), en la que se sometía al Parlamento una Proposición de Ley para eliminar las prebendas que los políticos tenían una vez acabado su mandato. Con todo el descaro del mundo el Presidente del Congreso acordó no admitir a trámite esta iniciativa, escudándose en que el artículo 72 de la Constitución, reserva a las Cámaras, de modo exclusivo, este tipo de iniciativas. Si hubiera habido voluntad política de recortar, seguro que sí se habría admitido a trámite.

 

Y ¿para cuando las reducciones de empresas públicas deficitarias de lo que tanto se habló?. Apenas se ha reducido un 5%. Y ¿para cuando la supresión del Senado que no sirve de nada? Y ¿para cuando el recorte, solapamiento de competencias, y centralización de Administraciones Autonómicas y Ayuntamientos?.

 

Y si hablamos de carga impositiva, en vez de tantas subidas de IVA y otros impuestos, cuando de una vez por todas, va a dar ordenes para que el 80% de los efectivos de la Agencia Tributaria sean orientados a intervenir y fiscalizar las grandes fortunas y las grandes empresas, que es donde están las grandes bolsas de fraude?.

 

No sigo poniendo mas ejemplos porque me indigno aun mas... Sólo decirle Sr. Rajoy que Vd. ha prometido electoralmente unas cosas y está haciendo todas las contrarias. Está actuando como un funcionario de la UE y sólo se limita a cumplir sus instrucciones y para limitarse a hacer sólo esto, nos sobran políticos en España. Funcionarios cualificados que los tenemos y muy buenos, podían gestionar sin problema todas esas instrucciones que nos llegan de Bruselas.

 

Ya no me vale eso de escudarse en la herencia del anterior gobierno socialista. Al igual que el Sr. Zapatero ha sido el peor de los presidentes que hemos tenido, usted se está convirtiendo en el Presidente que está incumpliendo todas sus promesas. Yo a esto lo llamo fraude político.

 

 

 

MANIFIESTO CONTRA EL INDULTO COMO FRAUDE

CONTRA EL INDULTO COMO FRAUDE  EN DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y DE LA DIGNIDAD
             
La Audiencia Provincial de Barcelona condenó en el año 2008 a cuatro agentes de policía como autores de delitos de tortura tras declarar probado que habían realizado unos hechos gravísimos. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que sólo estimó en parte alguno de los recursos. Las penas impuestas, como en cualquier supuesto idéntico, suponían el ingreso en prisión de las personas condenadas. El Gobierno decidió en febrero de este año indultar a los agentes condenados para reducir sus penas a dos años de prisión y sustituir la inicial inhabilitación por la suspensión, permitiendo el reingreso en el cuerpo. La Audiencia Provincial de Barcelona, de nuevo en estricta aplicación de lo previsto en el Código Penal, acordó el cumplimiento de la pena que quedaba tras el ejercicio del indulto por el Gobierno. El Gobierno ha decidido conceder un nuevo indulto a esas personas condenadas para sustituir la pena de prisión por pena de multa.  
Entendemos, y así queremos manifestarlo públicamente, que la actuación del Gobierno en este caso supone un menosprecio a los miles de agentes de policía (de cualquiera de sus cuerpos) que en todo el Estado cumplen a diario con sus funciones democráticas, que no son otras que defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía. Es un ejercicio abusivo por el Poder Ejecutivo de la facultad de indulto alejada de las funciones de esta institución, que supone una afrenta al Poder Judicial. Por último, y sin embargo más importante, supone una actuación contra la dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio.  
Los derechos fundamentales y las garantías procesales no son frenos a la actuación policial. Por el contrario, son el fundamento de su actuación.  Y proteger los derechos de la ciudadanía es la finalidad fundamental de todas las Policías en un Estado Democrático. Así lo entienden la inmensa mayoría de las personas que conforman los diversos cuerpos policiales. Indultar a quienes vistiendo un uniforme policial han realizado hechos tan rechazables es menospreciar a todos los miles de agentes que día a día luchan precisamente contra cualquier acto que vulnere derechos fundamentales. Reducir esas penas, además, parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial. 
El Derecho Penal constituye el recurso más extremo de los Estados para asegurar el cumplimiento de sus leyes. En los Estados Constitucionales, la legitimidad para establecer sus presupuestos sólo puede recaer en el órgano que representa la soberanía popular: el Parlamento. Y la legitimidad para aplicarlas corresponde con exclusividad al Poder Judicial, el cual, además, no puede dejar de imponerlas si en el marco de un proceso equitativo quedan acreditados sus presupuestos. Los principios de legalidad e igualdad así lo exigen. En casos excepcionales, la estricta aplicación judicial de las leyes
penales puede producir resultados injustos. El indulto es un mecanismo que permite dar solución a tales supuestos. Puede discutirse qué poder del Estado debe ser competente para su otorgamiento, y a través de qué procedimiento, pero lo que no es susceptible de discusión es su carácter excepcional y su finalidad correctora de tales resultados. El indulto implica afirmar la falta de necesidad de la ejecución de la pena. Sólo se justifica cuando el cumplimiento de aquélla no desempeñe finalidad preventiva, resocializadora o retributiva alguna, o cuando resulte desproporcionada. En ambos casos, bien debido al cambio sobrevenido en las circunstancias de la persona inicialmente condenada, bien debido a las singulares particularidades del hecho que hacen que no merezca (o no merezca ya) ese reproche. 
No existe motivo razonable alguno para un doble indulto como el que el Gobierno ha concedido. Los hechos declarados probados son muy graves y contrarios a la dignidad humana. Conceder un indulto en estas circunstancias supone realizar un uso grosero y desviado de la institución. Al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a los que lo justifican, el Gobierno dinamita la división de Poderes y usurpa el papel del Poder Judicial, trasladando a la Judicatura un mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional. 
La tortura es uno de los peores actos realizables contra la dignidad de la persona. Esta dignidad es el fundamento de un orden constitucional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado Español por no investigar estos hechos. El Gobierno ha dado un paso más. Cuando la Justicia actúa, investiga y condena, el Gobierno indulta. Desde luego, parece difícil explicar ante ese Tribunal Europeo semejante comportamiento.    Todas las personas, sin excepción, están sujetas a las leyes. Este signo distintivo del Estado Constitucional marca la diferencia con los regímenes autoritarios, donde los detentadores del Poder están exentos del cumplimiento de las normas. La decisión del Gobierno es impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente  inasumible. Por ello no podemos dejar de manifestar nuestro rechazo a un uso tan desviado de la institución del indulto y advertir que sus efectos, en términos comunicativos, son devastadores.   
  29 de Noviembre de 2012