LA ELUSION FISCAL QUE PLANTEA EL GOBIERNO ES ANTIJURÍDICA

Supongo que el Gobierno, con la mejor intención, mediante el Real Decreto que ha promulgado recientemente, pretende que las grandes fortunas, a cambio del pago de un impuesto de solo el 10%,  afloren el dinero negro que tienen oculto en sus casas o en paraísos fiscales y de paso evitar que huyan hacia esos paraísos si ejercitaran presión inspectora sobre esos dineros ocultos al fisco. No discuto que desde un aspecto puramente práctico, esta medida pueda ser útil para mejorar la recaudación. El problema es que, a todas luces, resulta antijurídica.

El articulo 31 de nuestra Constitución establece que: "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso tendrá alcance confiscatorio". Por tanto, incluso para cualquier persona que no sea jurista, queda mas que claro que no encaja muy bien, que por un lado de suba el IRPF a todos los asalariados y por otro se rebaje el tipo impositivo de los evasores fiscales, al 10%. Pero es que hay mas, esa rebaja al 10%, de paso lleva a que, como la deuda tributaria puede ser inferior a 120.000€, desaparezca el delito fiscal previsto en nuestro Código Penal.

Resulta evidente que ese principio constitucional de la progresividad ha sido roto por el reciente Real Decreto del Gobierno, habida cuenta que se está incrementando el tipo impositivo de los asalariados a la par que se reduce al 10% el tipo de los que mas dinero tienen. De otra parte se están eliminando sanciones tributarias por declarar fuera de plazo y entre ellas el delito penal. y esto lleva a pensar que eso de que todos somos iguales ante la ley, no es cierto.

A mi me parece muy bien que el Gobierno pretenda recaudar mas, pero entiendo que hay otros caminos mas adecuados para conseguirlo, respetando la legalidad. Un camino puede ser que en vez de destinar el 80% de los efectivos de la Agencia Tributaria ( como ahora ocurre), a perseguir los pequeños fraudes tributarios de los asalariados y autónomos que se "olvidan" de declarar un alquiler o una factura, se destinen a investigar la tributación de grandes empresas, grandes corporaciones y grandes profesionales (incluidos los deportistas de élite). Otro camino puede ser que el Gobierno empiece a presionar en Bruselas para que se luche y se ponga coto a los paraísos fiscales (algunos como Gibraltar, Andorra, Luxemburgo o Liechtenstein, los tenemos en Europa).