EL FUTURO DESEADO DE LAS DESCARGAS EN INTERNET

Hace pocos días el Gobierno Suizo hizo público un informe sobre un estudio que había realizado para medir el impacto de las descargas que se realizan en internet. La conclusión fue que "descargar contenidos para uso personal, es legal". Este informe reconoce que la piratería es masiva en el país helvético, pero que, pese a ello, la industria no está perdiendo dinero necesariamente. El problema está en que esta industria en vez de adaptarse, quiere oponerse a las nuevas tecnologías por miedo a los resultados. En el informe también se recoge que la idea de cortar el acceso a la red a los infractores sería considerado ilegal debido a que la ONU declara internet como un derecho de la humanidad.  En la misma línea considera que bloquear contenidos o webs dañaría la libertad de expresión y violaría las leyes de protección de la privacidad.

Coincidiendo bastante en las fechas, el Parlamento holandés rechazó una moción presentada para intentar reducir la piratería. El fundamento del rechazo ha estado en que no se puede restringir el libre flujo de la información ni invadir la privacidad de los ciudadanos.  Holanda quiere alentar a la industria de entretenimiento a que se modernice y centre su atención en la búsqueda de alternativas autorizadas. Así pues, para el Parlamento holandés la descarga de películas y música para uso personal es considerada como "uso justo y no punible por la ley". La moción rechazada en Holanda es una victoria para la gran masa de ciudadanos que realizan descargas para su uso personal.

Mientras que EEUU, Francia y España tratan de apoyar a la industria de contenidos con una legislación restrictiva de los derechos de los cuidadanos, en otros países europeos, como hemos visto, ya se está diciendo que no es necesaria esta legislación y que lo que tiene que hacer la industria es adaptarse a las nuevas tenologías y a los usos que los ciudadanos hacen de ellas.

Las discrepancias son grandes entre los diferentes estados y llega el momento de sacar conclusiones en aras de vislumbrar una solución que aúne intereses de la industria y de los ciudadanos que usan la red. No se trata de dar la razón a unos o a otros, puesto que los argumentos de ambas partes ya nos son conocidos, se trata de hacer un ejercicio de autocrítica por el que unos y otros analicen las causas de esta situación creada, donde y por qué surgió, quienes están involucrados y, sobre todo, como poder volver al equilibrio.

Empecemos por la sociedad, por nosotros. Con el desarrollo de Internet hemos tenido acceso a los contenidos de una forma directa y rápida, sin tener que pasar por intermediarios ni pedir explicaciones, pero nos hemos olvidado que Internet no es un foro para el pillaje, para la invasión sistemática de los derechos de los demás. No solo hablamos de los derechos de propiedad intelectual, sino también los derechos a la privacidad y a la intimidad. Si bien es cierto que los titulares de los derechos de propiedad intelectual han visto una forma de aprovechar y explotar al máximo una obsoleta legislación que no puede satisfacer la realidad actual, también es cierto que nosotros, como usuarios, hemos ido casi tan lejos como ellos en señal de protesta.

 Esto que acabo de mencionar es una de las características que tiene Internet (web 2.0, blogsfera). Los mensajes llegan a todos los puntos de la tierra, los movimientos ya no son nacionales, las reacciones tienen su efecto allá donde llega Internet. La conclusión a la que no podemos llegar es que la cultura ha de ser gratis, ha de ser accesible a todos y en todo momento, ya que esto es una autentica aberración, sino que la idea que tiene que quedar en la retina es que, como bien escribió Carlos Sánchez Almeida “una sociedad en la que el creador no vea retribuido su trabajo es una sociedad condenada a la extinción intelectual”. La idea es clara, hay que llegar a un compromiso entre los intereses de los titulares de derechos y la sociedad.

Los titulares de derechos de propiedad intelectual están en el otro lado del binomio. Las grandes productoras, la industria de los contenidos, y las entidades de gestión colectiva han visto que con Internet su modelo de negocio esta quedando obsoleto, está en peligro. Estos titulares de derechos han dirigido sus esfuerzos a proteger sus derechos a través de sistemas anticopia, de medios de encriptación, de presiones al legislador. En España, Francia o EEUU, se esta intentando, mediante amenazas a los proveedores de servicio, conseguir información que no pueden ni tienen que dar los proveedores de servicios sino es mediante orden judicial basándose en unas atribuciones que la Directiva 2002/58 CE48 no les da.

Embebidos en tal misión, lo que no han tenido en cuenta es que los creadores ya no necesitan intermediarios para llegar al publico, no necesitan grandes infraestructuras para darse a conocer y distribuir sus creaciones. Ven con miedo el movimiento Copyleft y Open source que personas como Lawrence Lessig, a través de Creative Commons, están impulsando y que tantos adeptos esta ganando. Llega el momento de la autocrítica, de aceptar las inquietudes de la sociedad, de satisfacer la demanda de esta.

La piratería comercial, que es en la que ellos se deberían de haber centrado verdaderamente, está condenada a la extinción. En los años 80 y principios de los 90 no existía la piratería comercial, o esta no era rentable por necesitar equipos caros de reproducción que solo las productoras podían poseer. A mediados de los años 90 empieza a haber medios más baratos para realizar copias, pero todavía inalcanzables para los usuarios normales, con lo que la piratería es un negocio emergente, en el que la obra original y la pirata compiten en el mercado. El cambio llega cuando los medios de copia adquieren una calidad y un precio tal que casi todo el mundo puede realizar sus copias a bajo precio, convirtiendo el negocio de la distribución original y la piratería en un fracaso. Con esta evolución la piratería comercial esta herida de muerte, pero la distribución licita de contenidos también atraviesa una crisis. La idea del compromiso entre titular de derechos de propiedad intelectual y sociedad vuelve a emerger.

Así pues llegamos a la conclusión que son necesarias dos cosas: el adaptar la legislación de derechos de propiedad intelectual a la nueva realidad creada por Internet y el plantear nuevos modelos de negocio. No se trata de plantear nuevos modos de protegerse de la piratería,  sino de aprovecharse las posibilidades de Internet para abrir nuevos canales de distribución, nuevas formas de dar publicidad dirigida, de reducir costes...

Hay diversas propuestas que ya han sido planteadas para restablecer el equilibrio, para que los titulares de derechos de propiedad intelectual tengan una remuneración por sus obras y, a su vez, que la sociedad tenga acceso a una cultura sin mas restricciones que las necesarias. Hasta el día de hoy las grandes productoras y distribuidoras no han hecho demasiado caso a estas propuestas, pero pequeñas empresas empiezan a surgir a la luz de estos nuevos modelos de negocio.

Estas son algunas de las formas por las que se puede recompensar a los artistas y titulares de derechos de propiedad intelectual:

• Voluntary Collective Licensing, o licencia colectiva voluntaria. Este es el método que ha permitido la supervivencia de la Radio. Se paga una licencia para poder reproducir contenidos online.

• Individual Compulsory Licences o licencias individuales obligatorias. Los autores y titulares de derechos de propiedad intelectual permiten la copia de Internet a cambio de una cantidad de dinero en concepto de indemnización. Esta cantidad tendría que ser fijada por ley. Con ello se permitiría la creación de empresas que dieran servicios del tipo tarifa plana, por canción bajada o de otra forma a cambio del pago de dicha licencia.

• Ad Revenue Sharing o ingresos por publicidad en el intercambio. A traves de este sistema se posibilitaría bajar y escuchar o ver archivos de una pagina Web, incluso se podría interactuar con los artistas. A cambio, y mientras realizamos tales actividades, estaríamos viendo publicidad en la página. Los ingresos obtenidos por esa publicidad se repartirían entre la página Web y los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Empresas como Emusic.com y Artistdirect.com ya están explotando esta forma de negocio.

• Suscripción a redes P2P. Los creadores de programas P2P podrían cobrar por la utilización de ese servicio. Se pagaría una especie de tarifa plana y los beneficios se repartirían entre los artistas y los titulares de derechos a través de acuerdos de licencia con las productoras y discográficas. Este sistema esta siendo un éxito en el caso de iTunes de Apple.

• Mecenazgo Digital y contribuciones online. A través de este sistema se podrían realizar donaciones directas a los artistas por sus creaciones de manera altruista a través de donaciones de muy escasa cuantía. De esta forma se les remuneraría en función de los gustos del publico.

• Microrefunds o microreembolsos. Brad Templeton introdujo la siguiente idea. Cada material protegido por derechos de propiedad intelectual que nos bajamos esta sometido a una pequeñísima tasa. De esos contenidos que me bajo me quedaré solo con los que me guste...los otros los borrare. A final de mes se realizará un computo de los materiales que me he quedado saliendo una suma de las tasas que tendré que pagar. La ventaja que tiene este sistema es que no tengo que pagar antes de bajarme los materiales, sino que podré ver si me gustan o no y, solo así, comprarlos a través del pago de la tasa.

• Canon a los soportes de grabación. Esto ya se esta practicando en Alemania, España y Canadá. Este canon seria una indemnización a los titulares de derechos de propiedad intelectual por la grabación de audio o video. Esta solución, personalmente, me parece poco acertada ya que grava muchos usos que no vulneran los derechos de propiedad intelectual.
• Conciertos. En el ámbito de la música los conciertos son la mayor fuente de ingresos de los artistas normales.. Si se aprovechan de las ventajas de Internet tendrán el mejor sistema de promoción.

Si los titulares de derechos de propiedad intelectual se basaran en este tipo de propuestas verían satisfechos sus intereses económicos, ya que verían remunerados sus derechos, y la sociedad tendría la posibilidad de un acceso justo a una cultura. Solo de esta manera se podrán llegar a equilibrar los intereses de ambas partes y acabar con la situación actual de crispación, miedo e inseguridad.



QUIEN SOPORTA LA MAYOR CARGA FISCAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

Yo ya tenía muy claro que quien verdaderamente soporta las cargas fiscales del estado español, son los ciudadanos de a pié y no los ricos ni las grandes empresas, pero, por si me quedaba alguna duda, hoy he visto un informe del Sidicado de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) que ya me ha disipado todas las dudas.

Ante las previsiones de la Agencia Tributaria, dadas por la Ministra Sra. Salgado, de recaudar 10.400 millones de euros en la campaña de prevención y lucha contra el fraude, los Técnicos de Hacienda consideran que eso implica dejar impune el 88,4% de la evasión fiscal anual, lo que nos avoca a consolidar aun mas los comportamientos defraudatorios y a incrementar aun mas la economía sumergida española que se ha cuadruplicado en los últimos años.

Los técnicos dicen que como consecuencia de la tibieza que ha tenido el Gobierno  en la lucha contra el fraude, España ocupa la tercera posición en el ranking de economías sumergidas de la UE.

Lo que resulta vederaderamente preocupante es que la Agencia Tributaria está dedicando el 80% de su plantilla a la comprobación e investigación de los pequeños fraudes fiscales que puede realizar ese ciudadano que olvidó declarar unos dinerillos en su declaración de hacienda, o esos gastos algo inflados que declaró el autónomo o la pyme para tratar de reducir su cuota tributaria.  Y frente a esto tenemos el escalofriante dato de que el 71% del total de la evasión fiscal, lo están cometiendo las grandes fortunas y las grandes empresas.

A la vista de estos datos facilitados por los técnicos de hacienda, hay algo que resulta incuestionable y es que el Gobierno, con una vergonzante actitud, está dedicando la mayor parte de su plantilla a perseguir a asalariados, autónomos y pymes, mientras que en sentido contrario se mueve con la mas descarada tibieza para perseguir a quienes verdaderamente realizan la gran masa de la evasión fiscal.

 

Sr. Rajoy, por favor, sea consciente de este problema, y siguiendo sus palabras de que va a dedicarse a lo que verdaderamente importa, dedíquese de verdad a perseguir a esos grandes nichos de fraude fiscal, centre a la gran parte de los técnicos de la Agencia Tributaria  en esa misión y y baje la presión inspectora de los ciudadanos de a pié que son los que de verdad están soportando la carga fiscal  (ya se les quita por la mano de sus nóminas) y que además son los que verdaderamente están siendo castigados por la crisis.  No nos defraude.

 



EL CONTRATO SOCIAL SE HA ROTO

Cuando yo hacía derecho hace algunos años (bueno, muchos) estudié que el contrato social, cuyo planteamiento fue concretado por Rousseau, era un pacto o acuerdo realizado por los miembros de una sociedad en el que se establecían los deberes y derechos del Estado y de sus ciudadanos. En este acuerdo, por voluntad propia, los ciudadanos admiten que existe una autoridad y que hay unas normas morales y unas leyes a las que se someten. En base a este contrato, a los ciudadanos se les conceden unos derechos, a cambio de su renuncia a la libertad total que tendrían viviendo en la naturaleza.

En esta teoría, vigente hasta nuestros días, todos los ciudadanos íbamos a ser iguales ante la Ley y los poderes del estado iban a ser garantes de esta igualdad. Concretamente, el Poder Judicial iba a garantizar que este contrato se cumpliera.

Pues, creo que, esto en lo que yo creía, se ha ido al traste. El contrato social se ha roto. Por un lado, los ricos cada vez son mas ricos, los llamados "mercados" que están gestionados por los ricos, desestabilizan las economías de los estados, los polítocratas, prisioneros de sus propias ambiciones, se ponen en manos de los banqueros que los financian a la vez que los hacen ricos. Estos ambiciosos politócratas amordazan al poder legislativo que lo dejan en sus manos y ponen el pié en el cuello al poder judicial para que este pierda su independencia.

En el otro lado tenemos a unos ciudadanos para los que eso de ser iguales ante la Ley es una pura quimera. Se les incrementan los impuestos para financiar a los ricos. Se les recortan los sueldos o las pensiones. Se les recortan los servicios sanitarios. Se les recorta la facilidad de obtener una buena educación. Se les pone una sanción monumental si los pillan a las de 120 por hora. Se les pone una sanción tremenda con su correspondiente recargo de apremio si se les olvida declarar unos pocos euritos a Hacienda. Se les quita su piso si no pueden pagar la hipoteca además de seguir teniendo la deuda pendiente.

Y, estos pobres ciudadanos, que con todas las penurias están soportando en sus espaldas todas las cargas fiscales del Estado, están viendo cómo los políticos corruptos se van de rositas a sus casas, forrados. Están viendo cómo jueces estrella juzgados, se están cachondeando del poder judicial. Están viendo como los grandes ejecutivos de la banca tienen unos sueldos y unas primas archimillonarias. Están viendo como grandes empresarios se forran cada vez mas al tiempo que alardean de sus grandes yates y sus grandes fortunas. Están viendo cómo la pobreza y la miseria crece a su alrededor. Está viendo como en los países del tercer mundo la gente se muere de hambre.

Ante esta situación tan injusta, ¿quien podría hacer que el contrato social se cumpla?. Incuestionablemente la Administración de Justicia. Pero, claro, un poder judicial auténticamente independiente. Un poder judicial que haga que el contrato de cumpla y que permita que sí o sí, todos los ciudadanos seamos de verdad iguales ante la ley (hasta la casa Real). Una justicia moderna, rápida, dotada de tecnología, que dicte sentencias rápidas y vele porque estas se ejecuten de inmediato, caiga quien caiga.

Pero claro, para eso tenemos que contar con un poder judicial verdaderamente independiente, sin presiones del poder ejecutivo y hoy en día, evidentemente esto no es así.

Por tanto sólo tenemos dos opciones, o tiramos a la papelera el contrato social, o  si lo queremos salvar, los ciudadanos tendremos que plantearnos salir a la calle, protestar, exigir, reivindicar que el poder judicial sea verdaderamente independiente. Si no hacemos nada la injusticia social cada vez será mayor....